Margarita Toledo Villalobos
Expediente 299/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Toledo Villalobos
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio 28638/2018, signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; mediante el cual acusa recibo del oficio con el que este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Margarita Toledo Villalobos, contra actos de este Juzgado, y de otras autoridades; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada Ahora, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, y el estado de autos, en atención a que el quejoso, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en este juicio de garantías, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, asimismo, díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve MARGARITA TOLEDO VILLALOBOS, contra actos del titular de este Juzgado y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 299/2018. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, es menester que este tribunal se pronuncie acerca de su competencia para conocer de dicha demanda. Lo anterior, con apoyo en la tesis número 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Así como en los artículos 37 párrafo primero, 38 y 48 párrafos primero y quinto, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Conforme a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, será competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse el acto reclamado. Bajo ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se advierte presuntivamente que el acto reclamado trata de ser ejecutado en Chahuites, Oaxaca, lugar que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. Sin embargo, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, en razón de que fue señalado como autoridad responsable. Así las cosas, ante la notoria incompetencia legal de este tribunal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en razón de haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora; con apoyo en las reglas de competencia que prevén los artículos 38 y 48 párrafos primero y quinto, de la Ley de Amparo, este Tribunal declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, y se declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, a quien desde luego deberá remitirse el original y las ocho copias de la demanda de amparo de que se trata, exhibidas por la quejosa, así como el original de la papeleta de turno de demanda de amparo, para que proceda conforme a sus facultades legales. Sin que en el caso, se decline competencia a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en razón de que también fue señalado por la quejosa como autoridad responsable ordenadora. Se invoca en apoyo la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108 del tomo 181-186 Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez. En el entendido que los criterios jurisprudenciales aplicables en este auto, se citan de conformidad a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno respectiva. Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse con relación a la suspensión del acto reclamado que solicita la promovente, en atención a que no se trata de alguno de los mencionados en el artículo 15, de la Ley de Amparo, tal y como lo dispone el diverso artículo 48, párrafo primero, del multicitado ordenamiento legal. Como la quejosa señala los estrados de este Juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, y el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publica en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide la quejosa las notificaciones que les correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Alejandro López López, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y únicamente por autorizado para recibir notificaciones e imponerse de autos a Víctor Manuel de los Reyes Peña, porque en esos términos lo solicita. Ahora, en relación a la solicitud que realiza la parte quejosa, en el sentido de que se le autorice, así como a sus autorizados, la reproducción de los autos, constancias y proveídos del presente expediente a través de medios electrónicos, así como el acceso al expediente electrónico, para lo cual dice, señala como nombre de usuario Jose90emilio@gmail.com. En consecuencia, se autoriza a la quejosa y a las personas designadas para recibir notificaciones, para imponerse de los autos, acuerdos y del contenido del presente expediente, mediante el uso de aparatos de tipo óptico, electrónico o de comunicación, como son, entre otros, cámaras, grabadoras, lectores ópticos y teléfonos celulares, que permitan la captura y reproducción de imágenes y documentos. En el entendido que tal herramienta deberá ser utilizada con lealtad procesal y que no se deberán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener una reproducción, previa solicitud verbal en cada acto, y por seguridad jurídica se deberá dejar constancia en autos por la Actuaria Judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.3º.C.725 C, visible a página 2847 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. En otro aspecto, no ha lugar a autorizarle el acceso al expediente electrónico, como lo solicita, en razón de que el dato que proporciona como nombre de usuario, a juicio de este Juzgado, corresponde a un correo electrónico; por lo que se considera que no proporciona el nombre de USUARIO que creó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior en términos de artículo 79, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece: Artículo 79. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa ante el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite en asunto de su interés, podrán solicitar se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es necesario que las partes lo soliciten expresamente a través de una promoción impresa o electrónica en el asunto de que se trate, al órgano jurisdiccional donde se tramita en la que señalen el Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, tratándose de otras personas que deseen autorizar en términos de la legislación aplicable, para que se notifiquen electrónicamente, lo harán en los mismos términos. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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