Margarita Yolotzin González Lugo

Expediente 1070/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1070/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Margarita Yolotzin González Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Alicia Mata Galindo autorizada en términos amplios por la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, expídanse las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que obre en autos, teniéndose por autorizado a la persona que señala para tal efecto.

  3. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice:Agréguese el oficio con anexo, signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de veinte de octubre del año en curso, remite copia certificada de la constancia de notificación que se le practicó a la quejosa Margarita Yolotzin González Lugo, el veintiuno de octubre del año en curso, dentro del convenio 131/2014-A de su índice, respecto de la resolución dictada el diecinueve de ese mes y año, del recurso de revisión de actos de ejecución contra actos del Actuario Judicial adscrito al citado tribunal; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante, se advierte que mediante oficio 1405/2016 presentado ante este Juzgado Federal el diecinueve de octubre del presente año, exhibió copias certificadas del convenio 131/2014-A de su índice, de las que se desprende que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictó la resolución correspondiente, respecto al recurso de revisión de actos de ejecución contra actos del Actuario Judicial adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la cual se notificó a la parte quejosa, el veintiuno de octubre siguiente. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución correspondiente y practicar su notificación, cesó la omisión de dictar la resolución correspondiente, respecto al recurso de revisión de actos de ejecución contra actos del Actuario Judicial adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que se promovió dentro del convenio 131/2014-A del índice del citado tribunal; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La omisión de dictar la resolución correspondiente, respecto del recurso de revisión que se promovió dentro del convenio 131/2014-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, contra actos de ejecución del Actuario Judicial adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitieron copia certificada de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el convenio 131/2014-A de su índice, misma que le fue notificado a la parte quejosa, el veintiuno de octubre del año en curso, circunstancia que se acredita con las copias certificadas de la referida resolución y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se dictó la resolución correspondiente, respecto del recurso de revisión que se promovió dentro del convenio 131/2014-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, contra actos del Actuario Judicial adscrito a dicho tribunal, misma que le fue notificado a la parte quejosa. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Margarita Yolotzin González Lugo, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; en atención a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante, dando cumplimiento al requerimiento del trece de octubre de dos mil dieciséis, y al efecto remite copias certificadas del convenio 131/2014-A de su índice, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. En otro aspecto, de las constancias que remite la citada autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de octubre del año en curso, dictó la resolución correspondiente, respecto al recurso de revisión de actos de ejecución contra actos del Actuario Judicial adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, materia del acto reclamado; sin embargo, omitió remitir copia certificada de la constancia de notificación que se hubiere practicado a la quejosa Margarita Yolotzin González Lugo, respecto de dicha determinación. En consecuencia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación de la resolución de diecinueve de octubre del año en curso, dictada dentro del convenio 131/2014-A de su índice, practicada a Margarita Yolotzin González Lugo, o bien manifieste su imposibilidad de hacerlo, toda vez que se estima necesaria para resolver el presente juicio conforme a derecho. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano