Margarita Vázquez Zorrilla

Expediente 848/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
848/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Margarita Vázquez Zorrilla

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dos de los actuales, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 848/2017-VIII, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda de amparo dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles del mismo y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dos de octubre de dos mil diecisiete: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Margarita Vázquez Zorrilla, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, y al efecto manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, que no ha presentado ningún otro medio de impugnación dentro del expediente 1558/2010 del índice de la responsable, asimismo señala como acto reclamado la inexistente o ilegal notificación de dieciséis de junio de dos mil quince y como consecuencia todas las actuaciones posteriores a esa fecha, así como la sentencia de la planilla de liquidación de cinco de agosto de dos mil quince y requerimiento de pago de ocho de octubre de dos mil diecisiete. No obstante, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La fracción señalada, establece la improcedencia del juicio de amparo respecto de aquellos actos que la legislación ordinaria conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento, por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto; salvo los casos de excepción relacionados con los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, deportación, destierro, con la libertad de las personas, -siempre que no se trate de sentencias definitivas en proceso penal- y terceros extraños a juicio. Al respecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produzca afectación. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, pues de lo contrario, éste medio de control de regularidad constitucional de los actos de autoridad se convertiría en un recurso ordinario y suplantaría las facultades de la administración de justicia local. En el caso, se tiene que la quejosa reclama la notificación del acuerdo de doce de junio de dos mil quince, dictado dentro del expediente 1588/2010; relativo a la planilla de liquidación presentada el veinticuatro de abril de dos mil quince, por medio del cual se le dio vista por tres días respecto a la planilla de liquidación presentada por la parte actora. Entonces, al haberse emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso es parte, debe concluirse que contra la notificación reclamada procede el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala el cual tiene por objeto analizar la legalidad de las notificaciones y, en su caso, declarar su nulidad, dejando sin efectos todo lo actuado a partir de la notificación hecha indebidamente. Lo anterior es así, ya que de los antecedentes que narra la propia quejosa, se advierte que: 1.- El día diez de agosto de dos mil diez los señores HILDA VELASCO CORTES, UBALDO VELASCO HERNANDEZ, MARCO ANTONIO VELASCO Y VELASCO y JULIO CESAR VELASCO Y VALASCO promovieron Juicio Ordinario Civil en contra la aquí quejosa y otros, reclamándoles entre otras prestaciones secundarias el pago solidario de la cantidad de $975,274.42 (novecientos setenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos, cuarenta y dos centavos, mnoneda nacional). 2.- Una vez emplazadas al juicio las demandadas presentaron su contestación, y se ordena abrir el periodo de pruebas y formularón alegatos. 3.- Seguida la secuela procesal, se dictó sentencia definitiva el cuatro de febrero de dos mil catorce, condenado a las demandadas a pagar a favor de la parte actora la cantidad de $975,274.42 (novecientos setenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos, cuarenta y dos centavos, mnoneda nacional). 4.- Inconformes con la determinación, presentaron recurso de apelación en contra de la sentencia, radicado con el Toca 137/2014 y resuelto el diecinueve de Junio de dos mil catorce, modificando la sentencia apelada, y dejando en los mismos términos los puntos resolutivos. 5.- En desacuerdo con lo anterior, las demandadas acudieron al Juicio de Amparo, mismo que fue negado. Asimismo, de las constancias remitidas por el Juez responsable a requerimiento de este órgano jurisdiccional, se advierte que la aquí quejosa y otras demandadas en el juicio de origen, presentaron alegatos el nueve de enero de dos mil catorce, dentro de la audiencia de alegatos señalada para las nueve horas del nueve de enero de dos mil catorce (fojas 835 y 836). Por tanto, en la especie a la quejosa no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio, pues ella misma es parte demandada en el juicio de origen, ante el juez señalado como responsable; entonces, tiene total y pleno conocimiento de la tramitación del expediente que originó el acto que reclama. En esta tesitura, conforme a las consideraciones expuestas previamente a la interposición del juicio constitucional en que se actúa, la quejosa debió agotar el incidente de actuaciones previsto como medio ordinario de defensa contra las notificaciones mal practicadas en los procedimientos jurisdiccionales civiles y familiares; por lo que al no haber agotado el principio de definitividad y al no actualizarse alguno de los supuestos de excepción al citado principio -los cuales con de aplicación estricta- el presente juicio de amparo resulta improcedente. En razón de lo anterior, y atendiendo al análisis integral de la demanda de amparo, así como a los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, se estima que la notificación reclamada, no le produce a la quejoso una afectación de imposible reparación, pues en todo caso, dicha afectación le sería generada por la liquidación de la sentencia que se ventila en el expediente de origen. ... A mayor abundamiento, en el caso, también se actualizaría la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: ... Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la quejosa fue requerida para el pago correspondiente de la suerte principal e intereses generados, en el expediente del que emanan los actos reclamados, (fojas 185 a 187). Con ello, se obtiene que la quejosa consintió de alguna forma la notificación practicada, ya que si bien, no atendió el citatorio de espera domiciliaria, dicha notificación se efectuo con la persona que atendió en el domicilio señalado para tal efecto. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XIII de la Ley de Amparo, y con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Margarita Vázquez Zorrilla, por propio derecho contra los actos precisados en párrafos precedentes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, remite copias certificadas del expediente 1558/2010 de su índice. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en auto de dieciocho de los actuales.

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