Margarita Soriano Cervantez O Mrgarita Soriano Cervantes
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Soriano Cervantez O Mrgarita Soriano Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 26/2022, promovido por Margarita Soriano Cervantez o Margarita Soriano Cervantes. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad señalada como responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, omitió acordar su escrito el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al expediente 106/2018, relativo al juicio de pensión alimenticia, guarda y custodia promovido por Margarita Soriano Cervantez o Margarita Soriano Cervantes contra de Flavio Hernández Arrollo, donde solicitó a dicha autoridad requiera al demandado para que se pusiera al corriente en las pensiones alimenticias adeudadas de octubre de dos mil veinte, a julio de dos mil veintiuno. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Margarita Soriano Cervantez o Margarita Soriano Cervantes, presentó un escrito el siete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 8º, 9º segundo párrafo, 17 y 35 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y por auto de diez de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 26/2022; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: La omisión de acordar su escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al expediente 106/2018, relativo al juicio de pensión alimenticia, guarda y custodia promovido por Margarita Soriano Cervantez o Margarita Soriano Cervantes contra Flavio Hernández Arrollo, donde solicitó a dicha autoridad requiera al demandado se pusiera al corriente en las pensiones alimenticias adeudadas de octubre de dos mil veinte, a julio de dos mil veintiuno. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamado, en relación con la autoridad responsable. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, en los términos que enseguida se describen: Autoridades responsables Sentido La secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca. Niega Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la responsable al momento de rendir su informe justificado, de las cuales se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre dedos mil veintiuno, a solicitud de la aquí quejosa requirieron al demandado Flavio Hernández Arroyo, para que dentro del plazo de tres días acreditara encontrarse al corriente con el pago de las pensiones alimenticias que adeuda a sus acreedores, o bien dentro del mismo plazo se pusiera al corriente con el pago de las mismas y lo apercibió que de no hacerlo se daría vista al representante social de su adscripción, acuerdo recaído que le fue notificado a la impetrante del amparo el trece de octubre siguiente, mediante cédula de notificación; esto es, antes de la presentación de la demanda de amparo (siete de enero de dos mil veintidós). Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Margarita Soriano Cervantez o Margarita Soriano Cervantes, en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Teposcolula, Oaxaca, y las pruebas que acompaña para tal efecto. Con el informe y las documentales referidas con antelación, dése vista a las partes. En otro aspecto y para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe de cuenta, con la debida oportunidad de los ocho días como lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, desde este momento la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con cuarenta minutos del once de febrero de dos mil veintidós, se reprograma para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Teposcolula, Oaxaca, y las pruebas que acompaña para tal efecto. Con el informe y las documentales referidas con antelación, dése vista a las partes. En otro aspecto y para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe de cuenta, con la debida oportunidad de los ocho días como lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, desde este momento la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con cuarenta minutos del once de febrero de dos mil veintidós, se reprograma para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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