Margarita Ricardez Pacheco y Otros.
Expediente 697/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Ricardez Pacheco y Otros.
- Margarita Ricardez Pacheco
Actuaciones
- Principal
Mesa II-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del mismo acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
" . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por . . carácter que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 53,199, volumen 707, del protocolo del Notario Público 25. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 697/2017. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por las razones que se exponen a continuación En la demanda de amparo se reclama de la presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Agraria de Ocotlán, Oaxaca, lo siguiente: "La falta de respuesta que hizo mi poderdante . . . a la autoridad señalada como responsable, mediante escrito recibido por dicha autoridad el día 22 de junio de 2017". Según la información proporcionada por la propia quejosa en su demanda, en el mencionado escrito se pidió lo siguiente: "[.] MARGARITA RICARDEZ PACHECO, poseedora de una fracción de terreno que se ubica en el paraje EL MIRADOR, LOCALIZADO AL NORTE DEL TEMPLO CATÓLICO DE OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA, ante usted con el debido respeto me dirijo por lo siguiente: Tengo conocimiento que se están realizando los trámites para la lotificación y titulación de cada uno de los lotes que resulten del terreno del cual soy poseedora, descrito en el proemio del presente; sin embargo, le vengo a informar que yo en ningún momento he autorizado la lotificación de mi terreno que tengo en posesión, por tal razón vengo a solicitarle que el trámite para la titulación de mi terreno sea en un solo título por toda la superficie de mi terreno que es de 22,411.33 M2. [.]" Esto es importante destacarlo, por lo siguiente: los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; LEY DE AMPARO "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De la transcripción anterior, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad en la concepción del mismo carácter encaminada por el juicio de amparo, o de particulares en los términos específicos determinados en la Ley de Amparo. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan derechos los derechos humamos, al colocarse el gobernado como titular de los mismos, frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que, concretamente, tratándose del derecho de petición consagrado en el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la naturaleza jurídica de la relación entre el formulante de la petición y el servidor público a la que ésta se dirige, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. De donde se sigue que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la trasgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. En la especie, Guillermina Isidra Zárate Amador, como apoderada general para pleitos y cobranzas de Margarita Ricardez Pacheco, promueve amparo contra actos de la presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Agraria de Ocotlán, Oaxaca, que hace consistir en la omisión de acordar su escrito recibido el veintidós de junio de dos mil diecisiete, señalando como antecedentes del acto reclamado (hechos), bajo formal protesta de decir verdad, que en la fecha mencionada, solicitó por escrito a la autoridad responsable que el trámite para la titulación de su terreno sea en un solo título por toda la superficie, que es de 22,411.33 metros cuadrados. De ahí que si la quejosa elevó su petición a la presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Agraria de Ocotlán, Oaxaca, como representante de dicha entidad a la que pertenece la fracción de terreno de la cual la peticionaria de amparo es poseedora, es evidente que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúa como particular, lo que provoca que se actualice la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Política y 1º, fracción I, de la misma ley reglamentaria. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P/J 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Cabe precisar que no es la primera vez este Juzgado de Distrito desecha una demanda con base en estos razonamientos. Anteriormente ya lo había hecho, sirve de ejemplo el juicio de amparo indirecto 43/2015. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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