Margarita Rosa Gantus Castro
Expediente 1595/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1595/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luisa Carolina Sosa Gantus
- Margarita Rosa Gantus Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede y toda vez que hasta el día de hoy, las autoridades responsables con sede en la Ciudad de México, y San Francisco de Campeche, Campeche, no han rendido sus respectivos informes previos ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les solicitaron los mismos; por tanto, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con dos minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, a fin de dar oportunidad a las referidas autoridades responsables de rendir sus informes previos, toda vez que tienen su domicilio fuera de la residencia de este juzgado. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por el secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda el escrito de la parte quejosa, presentado con cuatro copias del escrito de ampliación presentado con anterioridad, tres copias de la demanda de amparo y veinte copias del escrito de cuenta, con el que amplía la demanda de amparo en contra de los actos y autoridades responsables siguientes: Sin embargo, la parte quejosa no manifiesta si dicha orden de publicación, refrendo y publicación los reclama por vicios propios, y en su caso, cuáles son estos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, II III y IV, en relación con el 108, fracción III y IV, ambos de la Ley de Amparo vigente, prevéngase a la parte quejosa, para que, por escrito y dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Aclare si la orden de publicación, refrendo y publicación reclamados con respecto al Decreto en el Diario Oficial de la Federación, que contenía los artículos 1, 2 y 2 bis de la Ley de Expropiación, los reclama por vicios propios, y de ser así, refiera cuáles son. b) Exhiba las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, en el entendido que son una para cada una de las autoridades que señale como responsables y una para el agente del Ministerio Público de la adscripción. Con el apercibimiento a la parte quejosa que de no cumplir dentro del plazo y forma señalados, se entenderá que no los reclama por vicios propios y se proveerá sobre la ampliación de la demanda en dichos términos. Se estima aplicable al caso, las jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes: Número P.J 36/2001, publicada en el folio 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Visto el presente expediente del que se advierte que la parte quejosa quedó debidamente notificada del auto de prevención de seis de octubre de dos mil veintitrés, lo cual cumplió mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda y ampliación de demanda realizada por la parte quejosa respecto de las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, por los mismos actos, hechos y conceptos de violación señalados en el escrito inicial de demanda. ******************** Tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa.********************Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo solicítese el informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; asimismo, en el término señalado, deberán acompañar la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar sus informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en los mismos; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo.********************Asimismo, con relación a la autoridad responsable Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, señalada por la parte quejosa en el escrito aclaratorio de demanda, se hace de su conocimiento ésta se encuentra integrada por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, autoridades a las que se les está solicitando su respectivo informe justificado. ********************Se señalan las once horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. (...) Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. ********************Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente, promovido por ******************** y ******************** contra actos de la Cámara de Diputados, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión. Requerimiento de informes previos. Solicítese informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo aplicable, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el diverso 260, fracción I, del mismo ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo. Fecha de audiencia. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las once horas con veintidós minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Precisión de las autoridades, actos reclamados y su naturaleza. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se observa lo siguiente: La parte quejosa señaló como actos reclamados, los que a continuación se señalan: Asimismo, de las autoridades responsables denominadas Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, autoridades por las que la parte quejosa amplió la demanda de amparo, se reclama: 1.- Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 2 bis de la Ley de Expropiación, procede negar la medida cautelar provisional, toda vez que resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada contra la expedición de leyes, porque ciertamente la materia de la suspensión es la ejecución y aplicación del mismo, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la parte quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis VI.2º.C. J/174, de la Novena Época, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Julio de 1999, página 775, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXII, página 1192, que es del tenor siguiente: "LEYES, SUSPENSION CONTRA LAS. Es de la naturaleza de la suspensión, que las leyes no pueden ser suspendidas sino en cuanto a sus efectos o actos de aplicación, pues no se concibe que pudiera decretarse el beneficio contra el acto legislativo de su expedición o del administrativo de su promulgación y publicación. En el caso de leyes que no afectan directamente derechos personales, sino que para ello se requieren actos concretos de aplicación, la suspensión cabe, en términos generales, cuando no se han realizado dichos actos, pues una vez llevados a cabo, debe negarse el beneficio, pues de otorgarse, no permanecerían las cosas en el estado que guardan que es el fin que persigue la institución, sino que se le darían efectos restitutorios, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de verificarse los actos reclamados." 2.- Análisis de la procedencia de la medida cautelar respecto de los actos omisivos reclamados. Por cuestión de método, en primer término se analizará la solicitud de la suspensión de los actos que se reclaman a las autoridades que les reclama actos omisivos o de abstención, esto es, la inexistencia a la fecha de una indemnización justa por los actos que pretenden realizar las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional que se solicita; lo anterior dado que por su naturaleza dichos actos reflejan una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables y, por ende, no requiere de ejecución material alguna. En efecto, atendiendo a la naturaleza de los actos materia de análisis en este apartado, la suspensión instada resulta inconducente ya que sólo puede ser suspendido lo que se viene desarrollando en forma positiva, en esas condiciones es incuestionable que no existe materia de suspensión cuando lo que se combate, como en el caso, diversas omisiones atribuidas a las autoridades responsables. Esto es así, ya que la suspensión tiene por objeto evitar la consumación del acto reclamado con el consecuente perjuicio irreparable para el quejoso; en ese sentido, con base en el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, omisiones como las que se reclaman, por su naturaleza misma, entrañan la imposibilidad de consumación y, por lo tanto, decretar su suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, no produciría efecto alguno, y de concederse con efectos provisionalmente restitutorios haría nugatoria la materia del amparo, cuando el efecto de la suspensión es precisamente la de conservar la materia del amparo. En apoyo de lo anterior se cita, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, del Tomo XIjunio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 216236, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Cabe mencionar que al resolver la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: "(...) Para esta Primera Sala, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar si la medida suspensiva debe consistir en el mantenimiento de las cosas en su estado actual o si debe restituirse provisionalmente en el goce de un derecho violado, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, que es lo que estaba a debate en los casos que dieron lugar en los criterios contendientes. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior (.)." La ejecutoria en mención dio origen a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2021263, del texto siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Inclusive en la ejecutoria se estableció que el criterio de uno de los Tribunales Colegiados contendientes no debía participar de la contradicción relativa pues partió de la base que al reclamarse la negativa de dar contestación a un escrito, ese acto omisivo se restituye mediante una actuación única de la autoridad que no podría distinguir a la suspensión de la concesión del amparo. Situación que como se ha visto guarda similitud con el caso en el que se reclama una abstención a las autoridades responsables, de modo que para conceder la suspensión existe un impedimento jurídico consistente en dejar sin materia el juicio de amparo. 3.- Análisis de la medida cautelar respecto de los actos reclamados con efectos positivos consistentes en: La declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 215,530.00 m2 correspondiente a setenta y siete inmuebles de propiedad privada en los municipios de Escárcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el proyecto Tren Maya, derivado del expediente de expropiación número ********************contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, entre los cuales se encuentra incluido el polígono ********************, con 289.57 metros cuadrados, enlistado bajo el número 68 del citado decreto, el cual es parte de un inmueble propiedad de la quejosa ********************con número de expediente ******************** y folio ******************** y el diverso polígono ********************, con 520.97 metros cuadrados, enlistado bajo el número 69 del citado decreto, el cual es parte de un inmueble propiedad de la quejosa ********************, con número de expediente ******************** y folio ********************, inmuebles cuyo despojo le reclaman a diversas responsables; con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional, toda vez que esos actos tienen la naturaleza de consumados y en relación con los mismos, no procede conceder la mencionada medida cautelar, ya que esto equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal de donde derivan estos autos. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1413, Tomo XVI, Novena Época, julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
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