Margarita López López

Expediente 1456/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1456/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Margarita López López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno V I S T O S los autos del presente juicio de amparo indirecto 1456/2019 para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo solicitado respecto del acto reclamado a Margarita López López, consistente en: "1. El acto que se reclama por parte de la H. Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo es la omisión de proporcionar al quejoso la Justicia pronta y expedita, al señalar una fecha para la celebración de la audiencia en su etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. 2. El acto que se reclama por parte del C. Actuario adscrito a la H. Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo es la omisión de proporcionar al quejoso la justicia pronta y expedita, al no realizar la diligencia de emplazamiento a las demandadas en los domicilios señalados en el escrito inicial de demanda." SEGUNDO. Por oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y el actuario de su adscripción, informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con los referidos oficios y anexos adjuntos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. En la sentencia ejecutoria dictada en autos, se concedió el amparo y protección para restituir al impetrante su garantía de seguridad jurídica, para el efecto de que la autoridad responsable actúe en los siguientes términos: Para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el caso de que no haya acontecido, dicte de inmediato las medidas necesarias para que tenga lugar la notificación y el emplazamiento de las demandadas en el juicio natural. Asimismo, celebre en la fecha señalada la audiencia de ley fijada el diez de febrero de dos mil veinte, y solamente en caso que sea necesario diferir la audiencia trifásica en el juicio laboral número 529/2019, promovido por la aquí quejosa Margarita López López, señale nueva hora y fecha respetando los términos y plazos legales que establece para ello la Ley Federal del Trabajo. Del examen de las documentales antes descritas, que tiene pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende lo siguiente: En el juicio laboral 529/2019 la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, notificó y emplazó a las demandadas en el mismo. Asimismo, el uno de octubre de dos mil veinte, celebró la audiencia trifásica en el juicio laboral número 529/2019, promovido por la aquí quejosa ***************. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo tercero transitorio; y por consecuencia, al no advertirse de la autoridad responsable exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 2145/2020 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, autoridad responsable en los presentes autos, al que anexa diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de cuenta y anexo, así como los diversos oficios 1199/2020 y 1200/2020 de diecisiete de agosto del año en curso y sus anexos, suscritos por la citada autoridad responsable y el Actuario adscrito, los cuales ya obran en autos, a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, hágase del conocimiento del Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, que deberá entregar a la parte quejosa copia autorizada de las documentales con las que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, debiendo asentar en la razón actuarial que se entrega la referida documentación completa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO . Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 2145/2020 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, autoridad responsable en los presentes autos, al que anexa diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de cuenta y anexo, así como los diversos oficios 1199/2020 y 1200/2020 de diecisiete de agosto del año en curso y sus anexos, suscritos por la citada autoridad responsable y el Actuario adscrito, los cuales ya obran en autos, a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, hágase del conocimiento del Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, que deberá entregar a la parte quejosa copia autorizada de las documentales con las que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, debiendo asentar en la razón actuarial que se entrega la referida documentación completa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con cincuenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1456/2019-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, dentro de las que destacan el escrito de demanda, auto admisorio de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y constancia de emplazamiento a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Se abre el período de pruebas en el que la Secretaría da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que la parte quejosa ofreció en su escrito de demanda y con las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, acompañó a su respectivo informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría da cuenta que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, formuló el alegato ministerial 757/2019, con el cual solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal, o en su caso, se sobresea en el presente juicio de amparo; por lo que el Juez acuerda que se tenga por formulado el alegato ministerial de mérito; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 1456/2019-V, promovido por Margarita López López contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad; y Resultando: Primero. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitido el mismo día, a este Juzgado por razón de turno, compareció Margarita López López, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario de su adscripción; mismos que hizo consistir en: "1. El acto que se reclama por parte de la H. Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo es la omisión de proporcionar al quejoso la Justicia pronta y expedita, al señalar una fecha para la celebración de la audiencia en su etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. 2. El acto que se reclama por parte del C. Actuario adscrito a la H. Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo es la omisión de proporcionar al quejoso la justicia pronta y expedita, al no realizar la diligencia de emplazamiento a las demandadas en los domicilios señalados en el escrito inicial de demanda." Segundo. La demanda se registró bajo el número de expediente 1456/2019-V, se admitió a trámite dicha demanda en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Posteriormente, previos los trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos que se reclaman derivan de un juicio laboral tramitado ante una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Bajo esa premisa, en el presente juicio de amparo, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la quejosa reclama: De la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario de su adscripción, la dilación en la tramitación del juicio laboral 529/2019, derivada del señalamiento de la fecha y hora lejana para la celebración de la audiencia trifásica de Conciliación, Demanda y Excepciones, ante la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el Actuario de su adscripción, manifestaron que sí son ciertos los actos que se les reclaman, por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades en cita. Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Presidenta y el Actuario de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, hicieron alusión a la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, refiriéndose a la establecida en la jurisprudencia con registro 2011580, que es en relación con los actos que no son de imposible reparación, como interpreta la tesis de número 48/2016 (10a.), que fue aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, visible en la página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación materia a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Al respecto, cabe señalar que del contenido de la tesis señalada por la autoridad responsable, se determinó que por excepción será procedente el juicio de amparo cuando exista una abierta dilación del procedimiento. Entonces, al ser precisamente el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio la dilación en la tramitación del juicio laboral 529/2019, derivada del señalamiento de la fecha y hora lejana para la celebración de la audiencia trifásica de Conciliación, Demanda y Excepciones, debido que las agendas electrónicas de esa autoridad se encuentran saturadas, dadas las cargas de trabajo existentes y del escaso personal con que cuenta; es evidente que no se actualiza la causa de improcedencia invocada con base en aquél criterio, pues de las constancias remitidas por la junta de origen se puede advertir una dilación abierta; por tanto, es infundada la causal de improcedencia planteada por las responsables. De igual manera, no es posible tener por acreditada la causal de sobreseimiento invocada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. A continuación se pasa al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, visible en la página 830, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, suplido en su deficiencia por tratarse de la parte trabajadora quien acude a solicitar el amparo, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que consiste básicamente en la violación por parte de las responsables del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Junta responsable no ha tramitado el juicio laboral 529/2019 en los términos y condiciones que marca la Ley, ya que de las constancias del juicio de origen se puede advertir la dilación con la que ha emitido sus determinaciones: Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la aquí quejosa Margarita López López, promovió juicio laboral en contra de Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (foja 16 a 17). El dos de agosto de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, tuvo por admitida la demanda laboral que presentó la referida parte actora en contra de las partes demandadas, y citó a las partes para que comparezcan a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual tendría como verificativo el día diez de febrero de dos mil veinte, a las nueve horas con treinta minutos (foja 18). En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que no ha dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTÍCULO 17.- "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Por otra parte, los diversos artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, disponen en lo conducente que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley" "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." De lo anteriormente narrado salta a la vista la omisión de la junta responsable de ajustar su actuación para tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo que indefectiblemente ha tenido como consecuencia que dentro del juicio laboral de origen no se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, si se toma en cuenta que las actuaciones que lo rigen son de tracto sucesivo y, con la omisión de las responsables de llevar a cabo el procedimiento respetando los plazos señalados por la ley, se produce una continuidad en el incumplimiento de la garantía cuya violación se duele la parte quejosa, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, porque, a la postre, retarda la expeditez que debe regir en los procedimientos laborales, impidiendo su culminación mediante el oportuno pronunciamiento del laudo respectivo. Bajo esta perspectiva, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, ha dilatado el procedimiento de origen, toda vez que desde la admisión de la demanda laboral la realizó fuera de las veinticuatro horas de que disponía para ello de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la misma la recibió el veintiuno de junio de dos mil diecinueve y la admitió hasta el dos de agosto del mismo año. De igual manera, fijó la celebración de la audiencia trifásica para el diez de febrero de dos mil veinte, esto es, fuera del término de quince días que tenía para ello. Asimismo, la Junta y Actuario responsables no realizaron diligencia alguna a efecto de notificar y emplazar a los demandados en el juicio de origen. De ahí, es evidente que las autoridades laborales han tramitado el juicio reclamatorio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque las autoridades responsables no llevan a cabo el procedimiento dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Se afirma lo anterior, tomando en cuenta que si bien, el artículo 17, interpretado sistemáticamente con el 1º, ambos de la Constitución Federal, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, el cual a su vez es integrado por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007; también cierto es que el derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado por diversas especies de subgarantías o mecanismos para hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional que consiste en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. Así, las referidas garantías subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y detallan sus alcances al establecer lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que tienden a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, con el propósito de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, atento al principio pro homine o pro personae. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Sexto Circuito, consultable en la página 1096 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de dos mil doce, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.". Al advertirse la violación al artículo 17 de la Constitución Federal es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Margarita López López. Sexto. Efectos del amparo. Tomando en cuenta que la violación a la garantía de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al haber actuado fuera de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y que de las constancias en consulta se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del día diez de febrero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 18), y atendiendo a la fecha en que se resuelve el presente asunto, tomando en consideración que deben transcurrir una vez dictado el fallo, diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia, para que cause ejecutoria y así se esté en posibilidad legal de requerir el cumplimiento del fallo protector, aunado a que aun no está notificada la parte demandada y que las autoridades responsables gozaran de su segundo periodo vacacional; se procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: Para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el caso de que no haya acontecido, dicte de inmediato las medidas necesarias para que tenga lugar la notificación y el emplazamiento de las demandadas en el juicio natural. Asimismo, celebre en la fecha señalada la audiencia de ley fijada el diez de febrero de dos mil veinte, y solamente en caso que sea necesario diferir la audiencia trifásica en el juicio laboral número 529/2019, promovido por la aquí quejosa Margarita López López, señale nueva hora y fecha respetando los términos y plazos legales que establece para ello la Ley Federal del Trabajo. Sin que constituya un obstáculo a la anterior determinación el hecho de que este juzgado, en aplicación de la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 y rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES", en resoluciones emitidas con anterioridad a la presente fecha, en juicios de amparo en que se reclamaban actos u omisiones de los tribunales laborales en el Estado, aun cuando los efectos de las omisiones reclamadas hubieren cesado durante la tramitación del juicio de amparo, este tribunal, en estricto apego a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita en líneas que anteceden, cuando se acreditaban violaciones a la garantía de una administración de justicia pronta y expedita, concedía el amparo y protección de la Justicia Federal contra las posibles dilaciones futuras que se cometieran en el juicio laboral correspondiente, esto es, contra los "actos subsecuentes." Sin embargo, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonaron el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, al considerar que los alcances por los que en su caso se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, considerando la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral correspondiente, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo la nueva Jurisprudencia 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Al pronunciarse sentencia en contrario, la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 de la Segunda Sala del más alto tribunal del país, ha dejado de tener carácter obligatorio de conformidad con el artículo 228 de la Ley de Amparo Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Margarita López López contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario de su adscripción, por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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