Margarita Ramírez Liceaga
Expediente 492/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/10/2021
Partes del expediente
- Margarita Ramírez Liceaga
- Margarita Ramírez Liceaga y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual, devuelve los autos del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; y remite el testimonio de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se advierte que el órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de quince de abril de dos mil veintiuno que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio, registrado con el número de queja *****, de su índice. Lo que este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales procedentes, tal como lo solicita el tribunal de alzada, realícese el acuse respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); y glósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado medio de impugnación. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en una de las hipótesis previstas en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo del año en curso); por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que contiene inserto el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, del cual se advierte que el citado órgano colegiado, admitió el recurso de queja interpuesto por la solicitante del amparo contra el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, registrándolo con el número de expediente ****/2021 de su índice; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguense a autos el oficio y anexos de cuenta, remitidos por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla por el cual informa que no se ha llevado a cabo la convivencia entre la menor y su padre, en atención al informe de la Subdirectora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, con sede en Ciudad Judicial, pero señaló el domingo dos de mayo de diez a once horas para el desahogo de la visita virtual; del contenido del oficio este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Por tanto, atendiendo que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copa certificada del acta relativa a la visita de convivencia virtual entre la menor **** y su padre, la cual se señaló para el domingo dos de mayo de dos mil veintiuno de diez a once horas. En el entendido que subsiste el apercibimiento con multa con que se le previno en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte.
- Principal
.Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, de la ley de la materia; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, contra los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. Ello, pues a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Bajo ese análisis, en los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar materialmente aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, el acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 105/2020, a través del cual el Tribunal Agrario responsable se declaró incompetente por razón de materia para conocer de la demanda presentada por la quejosa, y declina competencia al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que por su conducto lo remita al Juez correspondiente; no trae como consecuencia una ejecución irreparable, contra el que procede el juicio de amparo biinstancial; puesto que no implica una afectación directa y material a los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física o alguna garantía judicial de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Federal y Tratados en Derechos Humanos en los que México sea parte. Si bien en términos del artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es procedente contra la resolución de declina competencia de un asunto (como en el presente asunto), lo cierto es que ello se concreta al momento en el que órgano declinado acepte tal competencia, esto es así, en estricto cumplimiento. Por tanto, si el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el cual el Tribunal Agrario responsable se declaró incompetente y declinó competencia al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que por su conducto lo remita al Juez correspondiente; dicho acto no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, pues no hay constancia ni manifestación de que el órgano a favor del cual se declinó la competencia la haya aceptado, pues será en ese momento y no antes, cuando se produzca la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete, de declararse incompetente y declinar competencia al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que por su conducto lo remita al Juez correspondiente, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, pues se considerará como una resolución de carácter definitivo cuando el órgano ante quien se declina la competencia, acepte la misma, y respecto de la cual será procedente la acción constitucional biinstancial. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al no tener el acto que hoy se reclama la naturaleza de irreparable, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción V, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio. .. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona por así manifestarlo expresamente. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. VII. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (****), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.
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