Margarita Quíriz Herrera

Expediente 1927/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1927/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Margarita Quíriz Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que las partes omitieron recurrir la sentencia de dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, párrafo segundo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá´ destruirse por haberse sobreseído en el juicio de amparo, transcurrido el plazo de tres años. Con respecto al original del incidente de suspensión, se señala que mediante oficio *** de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación, al aclarar la consulta formulada por un diverso órgano jurisdiccional, determinó que de conformidad con el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" de agosto de dos mil veinte, únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se conceda la suspensión definitiva, o en su caso, ambas medidas cautelares, atento a lo cual, en caso de concederse la suspensión provisional y negarse la definitiva, lo procedente será ordenar su destrucción. En consecuencia, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, se negó´ la suspensión definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la referida codificación, así´ como en el punto 7.1.1, apartado 2, del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que es susceptible de destrucción. Asimismo, por lo que respecta al duplicado del referido incidente, es susceptible de destrucción, en cumplimiento al inciso a), fracción II, del artículo 20 del acuerdo en comento, por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Para finalizar, dado lo acordado en párrafos precedentes, devuélvase a la autoridad responsable, Oficina de Defensa del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor -PROFECO-, Delegación Puebla, el anexo I que se ordenó formar en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, consiste en copia certificada del expediente administrativo *** de los del índice de la autoridad responsable.

  2. Principal

    ... se admite la demanda de amparo que promueve ***, por su propio derecho, contra los actos atribuidos a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación en Puebla y otras autoridades. IV. Incidente de suspensión. Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio, por haber solicitado su apertura la parte quejosa, al cual deberá glosarse copia certificada de este acuerdo. V. Intervención del representante social. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita, la intervención legal que le corresponde, por lo que acorde con lo establecido en la fracción I, inciso K, del numeral 26 del propio ordenamiento... VI. Informe justificado. Se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, el cual se computará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 22, 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrán las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias que integran el expediente del que deriva el acto reclamado para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido arábigo. Se les apercibe que de ser omisa en rendir su informe con justificación o de rendirlo sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá multa por el importe de cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, se les hace saber que aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, requiérase a dicha autoridad, para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó el mismo. Por otro lado, se requiere a las responsables a fin de que proporcione correo electrónico institucional y número telefónico a fin de que pueda ser contactada por este tribunal y así se agilice el trámite y notificación de los acuerdos que se tomen en el presente juicio, además de acatar la medidas de seguridad establecidas con motivo de la contingencia sanitaria que actualmente acontece en territorio nacional. VII. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la ley en mención, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. VIII. Causas de sobreseimiento. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causal de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa por el importe de treinta días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según lo prevén los numerales 251 de la mencionada legislación, 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. IX. Tercero Interesado. En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a la ***; para que esté en aptitud de comparecer al presente asunto con dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de dicha ley, emplácesele mediante oficio, remitiéndole copia de la demanda. X. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjuntó a la demanda de amparo; sin perjuicio de ser relacionadas con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. XI. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (***), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.

  3. Incidental

    . Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda con anexos, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ***, que promueve ***, por su propio derecho, contra actos atribuidos a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla y otras autoridades. II. Informe previo. De conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia fotostática de la demanda. Se le apercibe que, aludir hechos falsos en su informe previo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. III. Audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. IV. Pruebas y cotejo. Se tienen por anunciadas las documentales adjuntadas a la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia incidental, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, aún sin que exista gestión expresa de la parte interesada. Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación sólo de los documentos originales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, para que consten en ambos cuadernos incidentales. V. Suspensión provisional. Para resolver sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, es conveniente precisar que del escrito de demanda, se tiene que la quejosa reclamó, lo siguiente. De ahí que, solicitara la suspensión provisional y en su momento la definitiva para el efecto de que no se le cobre el pago de reconexión, así como el ajuste del pago al incremento de la tarifa por consumo de luz que se encontraba pagando antes del cambio de medidor por consumo de luz. Ahora bien, de la resolución consistente en la audiencia de conciliación de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se desprende que la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, acordó dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que más convenga a sus intereses, sin que se advierta que haya ordenado la ejecución de algún acto. Al margen de lo anterior, cabe precisar que de conformidad con el artículo 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, con lo que se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por la quejosa. De ahí que conforme a esas facultades se hará el pronunciamiento respectivo considerando los efectos de los actos reclamados, susceptibles de suspensión. Al respecto, conveniente mencionar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevé que en el juicio de amparo los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, por lo que el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. En primer orden, se precisa cuáles son los requisitos para suspender el acto reclamado. En el análisis de la suspensión deben abordarse de forma escalonada estos temas: a) Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; b) Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; c) Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, d) Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión. A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que, la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión, que deben examinarse de forma independiente, son los siguientes: I) Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. II) La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto jurídico de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. La suspensión a petición de parte da origen a la suspensión provisional y a la definitiva. Tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formule el promovente del amparo. En cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y su análisis. III) Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera), así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión. Establecido lo anterior, se analiza la pretensión de la quejosa al solicitar la suspensión, que fue en el sentido de que no se le cobre el pago de reconexión, así como el ajuste del pago al incremento de la tarifa por consumo de luz que se encontraba pagando antes del cambio de medidor por consumo de luz, sin embargo, la resolución que en esta vía combate fue en el sentido de dejar a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía y en la forma que estimaran pertinentes, sin revolver sobre algún cobro por consumo de energía eléctrica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, por tratarse de un acto declarativo que no conlleva ni ordena alguna ejecución, pues dicha resolución simplemente dejó a salvo los derechos de las partes para hacerlo valer en la vía legal correcta, sin que se ordenara ejecutar algún acto; de ahí que, contrario a lo que estima el quejoso, el acto reclamado carece de ejecución, por lo que no existe algún efecto o causa que pudiera ser susceptible de suspenderse. Sin que obste a lo anterior que ante la Procuraduría Federal del Consumidor se haya denunciado el cobro excesivo por parte de la Comisión Federal de Electricidad por consumo de energía eléctrica, pues tal circunstancia no es el acto reclamado en este juicio, sino la determinación de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que dejó a salvo los derecho de las partes para hace valer lo que a su derecho e interés convenga en la vía legal correspondiente. VI. Expedición de copias. Ahora bien, se le informa a la parte quejosa, para que la expedición de las copias certificadas que solicita, deberá generar una cita en la modalidad del programa "Agenda OJ" el cual esta disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de que acuda a liquidar el coste que generen las copias solicitadas en el centro de fotocopiado disponible al público, y con posterioridad, genere nueva cita para para recogerlas previa razón de entrega, ello a fin de dar oportunidad al personal de este juzgado a realizar el cotejo y certificación correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexo del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual adjunta el acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, del que se advierte que se admite a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que fue radicado con el recurso de queja ***/2022; del contenido del oficio de cuenta este juzgado se da por enterado para los efectos legales a que haya lugar.

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