Margarita Mendoza Miguel
Expediente 34/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Mendoza Miguel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL. 34/2018 M6-A#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el quince del mes y año en curso (fojas 262 a 270), en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y el ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Publicación de datos personales. Finalmente, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la RESOLUCIÓN estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. En otro orden de ideas, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Incidental
INC. 34/2018 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Archivo. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente de suspensión, en esta fecha se dictó un acuerdo en el que causó estado la determinación de quince del mes y año en curso, en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Margarita Mendoza Miguel; y que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar. Por tanto, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se comunica a las partes que, por haberse concedió la suspensión provisional a la parte quejosa (fojas 15 a 17), el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria respectiva (fojas 69 a 73), procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la caratula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.
- Incidental
INC. 34/2018 M6-A#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal número 34/2018, del índice de este Juzgado, promovido por Margarita Mendoza Miguel, por propio derecho, contra actos del juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y de otras autoridades; por haber aceptado este órgano jurisdiccional la competencia declinada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, avocándose al conocimiento del asunto, agréguese la carátula correspondiente al incidente de suspensión remitido, que lo identifique con el juicio de amparo del que ahora deriva. Hágase del conocimiento de las partes, que subsiste la interlocutoria dictada el nueve de enero de dos mil dieciocho, en el diverso incidente de suspensión 1428/2017, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, en la que se negó dicha medida cautelar. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del numeral 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a las siguientes personas: 1) Adrián Ismael Luna Pastrana , 2) Mario Martín Cruz Galicia, 3) José Luis Luna Pastrana, 4) Tenoch Meléndez Morales y 5) José Alberto Peto Márquez, por no haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante el acceso informático a la página servercjf3/regprof. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 34/2018 M6-A#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil dieciocho. Se acepta competencia. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 1428/2017, promovido por Margarita Mendoza Miguel, por propio derecho, contra actos del juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y de otras autoridades, al haberse declinado competencia, por razón de turno, a favor este juzgado, en virtud de haber conocido del juicio de amparo 419/2017. Ahora, tomando en consideración que dicho órgano jurisdiccional declina competencia, por razón de turno, conforme al artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, hágasele saber que este Juzgado comparte su determinación; por lo cual, se acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; además, se reconoce la validez de todo lo actuado en ese juicio, por haberse hecho por una autoridad competente; asimismo, acúsese el recibo correspondiente. Compensación. Se ordena enviar oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, para que tenga a bien realizar la compensación correspondiente, en el sistema computarizado de tal oficina; a fin de equilibrar la carga de trabajo; además, solicítese la boleta correspondiente. Registro. Con las constancias que remite la autoridad declinante, fórmese expediente; mismo que deberá quedar registrado con el número 34/2018; además, respecto a este auto y los subsecuentes que se dicten, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Incidente de suspensión. Por lo que se refiere al incidente de suspensión relativo a este juicio, toda vez que el juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, ya resolvió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo, de la ley de la materia, díctese el acuerdo respectivo en el cuaderno incidental que ahora deriva de este juicio de amparo; asimismo, glósese copia certificada de este auto. Desechamiento. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, pues conforme a la lectura integral de la misma queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudablemente improcedente, actualizándose la causa que más adelante se mencionará. En efecto, el numeral 113 de la ley de la materia establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que se ve actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". El numeral transcrito clarifica que se está en presencia de la figura procesal "litispendencia", cuando los actos reclamados son materia de un juicio de amparo diverso, que está pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, independientemente de que las violaciones constitucionales alegadas sean diversas. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una sola vez. Ahora, de la lectura de las constancias que remitió la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, específicamente de la demanda de amparo (fojas 13 a 16), se advierte lo siguiente: a) El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población y turnada a ese órgano jurisdiccional en la misma fecha, se recibió la demanda de amparo promovida por la quejosa Margarita Mendoza Miguel contra actos del juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y de otras autoridades, de quienes les reclamó la orden verbal o por escrito de despojarla o desalojarla de un lote de terreno ubicado en el polígono comunal de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, ubicado en el paraje conocido como "Camino del Tarrastro" de la comunidad de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, así como su ejecución material (foja 13 a 14). b) A consecuencia de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se aprecia que la citada peticionaria promovió diversos juicios de amparo ante este Juzgado (419/2017 y 536/2017). En lo que interesa, se hará referencia sólo al primer juicio (419/2017), pues en el 536/2017, la quejosa reclamó lo siguiente: (Imagen escaneada). Así el treinta de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y turnada a este Juzgado, en el mismo día, la quejosa Margarita Mendoza Miguel promovió demanda de amparo contra el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca, y de otra autoridad, de quienes reclamó la orden verbal o por escrito de despojarla o desalojarla de un lote de terreno ubicado en el polígono comunal de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, ubicado en el paraje conocido como "Camino del Tarrastro" de la comunidad de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, y su ejecución material (foja 117 a 124). El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo (fojas 133 a 144); interponiendo la parte quejosa recurso de revisión contra la misma. Por lo que, en proveído de nueve de agosto del año pasado, este Juzgado ordenó remitir los autos originales del citado juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en este municipio (foja 145), para la substanciación del referido medio de impugnación; sin que a la fecha se haya resuelto. Ahora bien, la confrontación respecto al contenido de los juicios de amparo relacionados, permite afirmar que se acreditan los supuestos que configuran la causa de improcedencia en estudio (litispendencia), pues: La parte quejosa en ambos juicios es Margarita Mendoza Miguel. Las autoridades responsables ordenadoras son las mismas en ambos juicios, juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y el ejecutor adscrito a dicho órgano judicial; sin que obste lo anterior, el hecho de que en el expediente 1428/2017, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, también la parte quejosa señaló como responsables al juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, y a su ejecutor, pues el órgano declinante ordenó la separación de juicios (fojas 253 a 256), por lo que hace de dichas responsables y siguió conociendo de las mismas. Los actos reclamados en dichas demandas consistieron en la orden verbal o por escrito de despojarla o desalojarla de un lote de terreno ubicado en el polígono comunal de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, ubicado en el paraje conocido como "Camino del Tarrastro" de la comunidad de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, y su ejecución material. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Así como la diversa XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 817, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 202059, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Por otro lado, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Es aplicable la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis 15 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del numeral 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a las siguientes personas: 1) Adrián Ismael Luna Pastrana , 2) Mario Martín Cruz Galicia, 3) José Luis Luna Pastrana, 4) Tenoch Meléndez Morales y 5) José Alberto Peto Márquez, por no haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante el acceso informático a la página servercjf3/regprof. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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