Margarita Mendoza Miguel

Expediente 536/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
536/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Margarita Mendoza Miguel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    P. 536/2017 6-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vinculación de expediente electrónico. Agréguese el oficio 1232/2019, signado por la secretaria del Juzgado Décimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio; en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la vinculación del expediente electrónico 536/2017 de este órgano jurisdiccional al diverso 1053/2018 del inventario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice los ajustes necesarios. Con la precisión de que dicha autorización tiene una vigencia de tres días, contados a partir del siguiente al que la referida autoridad quede notificada de este acuerdo. Notifíquese."

  2. Principal

    PRAL.536/2017-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Se declara consentido auto. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el tercero interesado interpusieran el recurso de inconformidad previsto en el diverso 201, fracción I, de la ley de la materia, contra el proveído de veintinueve del mes que antecede (fojas 323 a 328), mediante el cual, por una parte, se tuvo por cumplida parcialmente la sentencia dictada en este expediente, por lo que hace a las autoridades juez Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, directora del Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; y, por la otra, se declaró la imposibilidad jurídica y material del referido cumplimiento, por lo que concierne a la autoridad judicial responsable, relativo al internamiento voluntario de la parte quejosa en el centro de reclusión correspondiente, sin que lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, se declara consentido el referido auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Archivo del expediente. Ahora, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente no hay asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. De igual manera, comuníquese a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devolución de documentos. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, copia certificada del expediente penal 167/2013, de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado y con el que se ordenó formar por separado el anexo I (foja 72). No es inadvertido que la parte tercera interesada exhibió un documento certificado notarialmente; sin embargo, conforme al capítulo I, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, al no ser considerado como documento original, se ordena su permanencia en el expediente, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitar su devolución (fojas 64 a 67). 7. Destino del incidente. Finalmente, del auto inicial se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este expediente, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    INC.536/2017-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. 1. Archivo del expediente. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana el presente incidente, con esta fecha se dictó un acuerdo en el que se declaró consentido el proveído mediante el cual, por una parte, se tuvo por cumplida parcialmente la sentencia dictada en ese expediente, por lo que hace a las autoridades juez Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, directora del Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; y, por la otra, se declaró la imposibilidad jurídica y material del referido cumplimiento, por lo que concierne a la autoridad judicial responsable, relativo al internamiento voluntario de la parte quejosa en el centro de reclusión correspondiente. 2. Archivo del expediente. En esas condiciones, y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. 4. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva a la quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. 5. Archivo reciente. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRSL.536/2017-6A-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Antecedentes. Vistos los autos, de los mismo se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito recibido el ocho de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Margarita Mendoza Miguel solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el juez Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, de quien reclamó la orden de reaprehensión librada en su contra, dentro de la causa 167/2013 (fojas 4 a 12). En cuanto al ejecutor de ese órgano jurisdiccional reclamó la falta de notificación y requerimiento del proveído que ordena su internamiento voluntario. 2. Por acuerdo de nueve de mayo del año pasado se recibió el escrito de demanda, y se previno a la parte quejosa para que la aclarara la misma en los términos ahí precisados (fojas 21 a 25). 3. El dieciséis de ese mismo mes y año, al haber cumplido la quejosa con la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de reaprehensión librada en su contra, dentro de la causa 167/2013; así como la falta de contestación a los escritos presentados el veintidós de febrero, treinta de marzo y siete de abril del año en curso, dentro de ese mismo expediente; y el requerirle el internamiento voluntario; además, la falta de notificación a esos proveídos (fojas 36 a 38). 4. Mediante sentencia dictada el doce de julio de dos mil diecisiete, engrosada el catorce siguiente (fojas 95 a 114), por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó y se concedió la protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ". 1). Deje insubsistente lo relativo a la orden de reaprehensión dictada en el proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en la causa penal 167/2013. 2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra determinación en la que resuelva lo relativo a la orden de reaprehensión, pero purgando el vicio formal destacado en esta determinación, esto es, invocando los preceptos legales aplicables al caso. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado a la encargada de la Dirección del Centro Penitenciario Femenil en Tanivet, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. (.) En el entendido que la concesión de amparo, no tiene como efecto dejar en libertad a la quejosa Margarita Mendoza Miguel, ya que en el caso, sólo se hizo un análisis de las cuestiones de forma advertidas en el auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, que constituye el acto reclamado." 5. Por auto de siete de agosto de dos mil diecisiete (foja 140), se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo y el veinticinco siguiente (fojas 147 y 148), se remitió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito en el Estado, residente en este municipio, para la substanciación del citado medio de impugnación. 6. En acuerdo de veinticinco de mayo de esta anualidad (fojas 281 a 283) se agregó el oficio 746, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, al que anexó, entre otras constancias, copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 799/2017, de la que advirtió que el tribuanl de alzada, por una parte, dejó firme el sobreseimiento en el juicio por lo que concierne a los considerandos tercero y quinto en relación con el punto resolutivo primero de la sentencia, al no ser impugnados por la parte quejosa y, por otra, revocó la misma, concediendo únicamente el amparo y protección a la quejosa MARGARITA MENDOZA MIGUEL, para los efectos que, para su mayor apreciación, enseguida se escanean: 7. Por lo que, en ese mismo proveído (veinticinco de mayo de dos mil dieciocho) se requirió el cumplimiento de dicha resolución a las autoridades responsables, 1) juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, 2) encargada del Centro Penitenciario Femenil en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y 3) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca (fojas 281 a 283). 8. Mediante oficio SSP/DGRS/CPFT/STJ/927/2018 (fojas 294), el director del Centro Penitenciario Femenil en Tanivet, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, informó estar imposibilitado para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, en virtud de que el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro no le había notificado resolución alguna encaminada a la ejecutoria de amparo; asimismo, indicó que si la parte quejosa llegara a internarse voluntariamente a ese Centro de Reclusión, informaría a esta autoridad de inmediato. 9. Por oficio 1906, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 297 y 298), el servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, señaló que ordenó al encargado del Grupo de Aprehensiones dejar insubsistente la orden de reaprehensión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 167/2013, por el juez Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por lo que respecta a la quejosa Margarita Mendoza Miguel, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo; y, para acreditar su dicho, remitió el acuse de recibo del oficio 1901, de veintinueve de mayo de esta anualidad. 10. La secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, mediante oficio 2127 de cuatro de este mes y año (fojas 304 a 316), remitió copia certificada de la resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, en el incidente no especificado de remisión parcial de pena (expediente de ejecución 2T/2017) y del auto de treinta y uno de mayo último, emitido en el expediente penal 167/2013, del índice de la autoridad oficiante, en el cual se declaró insubsistente y sin efecto alguno la orden de reaprehensión de veintisiete de abril del año pasado, girada contra la aquí quejosa Margarita Mendoza Miguel; lo anterior, en atención al requerimiento formulado en proveído de veinticinco del mes que antecede. Documentales que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. 11. En proveído de cinco del mes que transcurre (fojas 318 y 319) se ordenó notificar y dar vista con lo anterior a la quejosa Margarita Mendoza Miguel y al tercero interesado Hugo Sergio Gómez Ortigoza o Hugo Gómez Ortigoza, por conducto de su apoderado legal, en los domicilios que señalaron para oír y recibir notificaciones; quedando legalmente notificados el seis siguiente (fojas 321 y 322). Cumplimiento parcial de la ejecutoria. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, se advierte que mediante sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 306 a 315), el juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, declaró procedente el incidente no especificado de la primera remisión parcial de la pena de prisión tramitado por la aquí quejosa, redimiendo un mes con veintiocho días a la pena de prisión de tres años, arrojando un resultado de dos años diez meses con dos días, siendo la pena reducida, computable a partir del seis de enero de dos mil catorce, por lo que obtuvo su libertad el siete de septiembre de dos mil diecisiete, por compurgación de pena redimida, únicamente por lo que concierne al delito de despojo agravado cometido en perjuicio de Hugo Sergio Gómez Ortigoza o Hugo Gómez Ortigoza, dentro del expediente penal 167/2013, por lo que se ordenó librar a la directora del Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, la boleta de libertad respectiva. En tanto que, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la citada secretaria judicial declaró insubsistente y sin efecto alguno la orden de reaprehensión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Por su parte, el servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, mediante oficio de veintinueve de mayo de esta anualidad (foja 298), ordenó al encargado del Grupo de Aprehensiones dejar insubsistente la orden de reaprehensión reclamada en la causa penal 167/2013, del índice del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por lo que respecta a la quejosa Margarita Mendoza Miguel. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, respecto a dichas autoridades y por ese único efecto. Imposibilidad jurídica y material del cumplimiento respecto a la autoridad ordenadora. Por otro lado, en virtud de que mediante resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, la juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro declaró procedente el incidente no especificado de la primera remisión parcial de la pena de prisión y ordenó la libertad inmediata de la quejosa Margarita Mendoza Miguel, quien obtuvo su libertad el siete de ese mismo mes y año (foja 315); ello impide a la juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro hacer el requerimiento a la aquí quejosa para que en un plazo considerable se interne voluntariamente en el centro de reclusión correspondiente y mucho menos, apercibirla que de no cumplir con lo anterior se librará orden de reaprehensión en su contra; pues, como ya se estableció en párrafos precedentes, compurgó la pena impuesta. En ese tenor, ante la libertad definitiva de la quejosa Margarita Mendoza Miguel el siete de septiembre de dos mil diecisiete, por compurgación de pena redimida dictada por el juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, y al haberse extinguido la pena corporal que le fue impuesta en la causa penal 167/2013, esta autoridad estima que existe imposibilidad jurídica y material para requerir el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo por lo que hace al segundo efecto. Es aplicable la jurisprudencia PC.XVI.P. J/2 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 1496, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2016660, con el rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD. Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesado. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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