Margarita Leticia Quintanilla Nava

Expediente 999/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
999/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
  • Margarita Leticia Quintanilla Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos de los que se desprende que el cinco de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que compareciera ante este Juzgado Federal a recibir los documentos originales que anexó a la demanda de amparo; asimismo, se le apercibió que de no hacerlo así, dichas documentales podrían ser destruidas con el presente expediente. En esas condiciones, se hace efectivo dicho apercibimiento, se ordena la destrucción de los aludidos documentos junto con el expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.AVMM

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el veintiséis de septiembre pasado causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos como constancia, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo ******consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de hacer efectivo el laudo dictado en el juicio 01/146/06. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado. Lo anterior, en el entendido que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en el que además manifestó que ha llevado a cabo las diligencias de requerimiento de pago, así como diversa medida de apremio, para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó con su informe justificado, relativas a las actuaciones que integran el juicio de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efectos, dado que la solicitante de amparo reclama la omisión de hacer efectivo el laudo emitido el seis de abril de dos mil once, en el expediente 01/146/06; en el entendido que combaten dicha omisión de forma genérica, pues no señalaron acto u omisión en concreto; ya que se limitaron a referir genéricamente la inejecución de dicha determinación. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se aprecia lo siguiente: Auto de dos de septiembre dos mil trece emitido en atención a la petición formulada por la parte actora -aquí quejosa- (de dos julio de dos mil trece), la responsable ordenó la apertura del incidente de liquidación de laudo y señalo fecha a efecto de que se llevará a cabo la diligencia de reinstalación. Por escrito de tres de septiembre de dos mil veinte, la peticionaria de amparo solicitó la ejecución del laudo. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento por cuanto a la condena establecida en el laudo, el cual fue notificado a la parte demanda el cuatro de diciembre de dos mil veinte. En diligencia de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno el actuario adscrito al Tribunal responsable, requirió infructuosamente a la parte demandada el cumplimiento al laudo definitivo. De igual forma, previa petición de la parte actora de diez de marzo de la anualidad pasada, la autoridad responsable dictó diverso auto el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, por el cual despachó auto de ejecución, apercibiendo de nueva cuenta a la parte demandada y ordenó dar cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal responsable para que se pronunciaran sobre el apercibimiento consistente en una multa de quince unidades de medidas de actualización. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, declararon procedente la aplicación de la sanción decretada por auto de quince de octubre del mismo año. En las apuntadas circunstancias, se colige que la autoridad responsable ha actuado dentro de la etapa ejecutiva del juicio laboral de origen, decretando medidas tendentes a la ejecución o cumplimiento del laudo; asimismo se ha pronunciado con relación a las solicitudes efectuadas por la parte actora y relativa a dicha ejecución. De ahí, que el último pronunciamiento realizado por la autoridad fue el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, sin que de las constancias agregadas en el expediente de origen se advierta diversa promoción de la parte actora que dé impulso a la ejecución del laudo, y ante tal panorama es evidente que la responsable ha actuado para lograr su ejecución, con independencia que a la fecha en que se resuelve no se haya logrado su cumplimiento. Al respecto, el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de conformidad con su artículo 11, que regula la ejecución de los laudos, dispone lo siguiente: "Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." En ese contexto, debe decirse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone que la parte que obtuvo una resolución favorable, será la encargada de impulsar las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución. Luego, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de dicha parte, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo cual se colige que el impulso de la ejecución no corresponde a la junta responsable o presidente ejecutor en su caso, sino a la parte actora, pues -se insiste- es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Al caso tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 16/2011 (10a.), de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Así como la tesis XVIII. 1o.2 L (10ª), de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de laparte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." En razón de lo expuesto, no podría constreñirse al Tribunal responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues como se dijo, ese impulso precisamente corresponde a la parte que obtuvo y no al Presidente ejecutor del Tribunal; por tanto, dada la necesaria intervención del actor, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se reclama. En ese contexto, el presente juicio es improcedente en términos la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de constitucional (dieciséis de agosto de dos mil veintiuno). Asimismo, da sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Décima Época, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones, al actualizarse la causal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se debe sobreseer en el presente juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe hoy veintiséis de agosto de dos mil veintidós, de julio de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron.

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