Margarita Fraire Martinez

Expediente 1940/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1940/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Margarita Fraire Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1940/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina Postal de Correos en Cuernavaca, Morelos, por el que remite copia certificada de la constancia de notificación del oficio 48913; sin mayor acuerdo, porque el comprobante original ya obra en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1940/2018-V-B, promovido por MARGARITA FRAIRE MARTÍNEZ, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida en la misma fecha a este juzgado, MARGARITA FRAIRE MARTÍNEZ, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de las autoridades, 1) Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2) Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 3) Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Morelos (denominación correcta de la autoridad designada por el quejoso como Director de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 4) Santander Consumo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom, Entidad Regulada Grupo Financiero Santander México, así como de 5) Corporativo de Servicios LEGAXXI. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, luego de subsanar la prevención realizada, se admitió a trámite la demanda, con excepción de los actos reclamados a Santander Consumo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom, Entidad Regulada Grupo Financiero Santander México, así como de Corporativo de Servicios LEGAXXI, por quienes se desechó; por las restantes autoridades, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve se aclaró la denominación correcta y se tuvo como autoridad responsable al Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Finalmente se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional que se inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y donde reside la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Morelos, una de las autoridades a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados, que en el caso consisten en: La omisión de normar los métodos de cobro de los bancos y despachos de cobranza, permitiendo actos de molestia, hostigamiento, amenazas y amedrentamiento; que atribuye a las autoridades, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Morelos; y La omisión de regular dentro del procedimiento de queja 2018/170/10944, desahogado ante la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Morelos, los actos que la quejosa cataloga como de molestia, hostigamiento, amenazas y amedrentamiento llevados a cabo por Santander Consumo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom, Entidad Regulada Grupo Financiero Santander México, así como de Corporativo de Servicios LEGAXXI. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados precisados en el numeral anterior. En principio, en virtud de que el 1) Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la 3) Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Morelos al rendir sus respectivos informes así lo señalaron. Incluso, a pesar de que el 2) Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores omitiera rendir informe y se surta la presunción de certeza del acto reclamado prevista en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, ya por las razones que se apuntarán enseguida, ésta queda desvirtuada. Para explicarlo, debe señalarse que tratándose de actos de naturaleza omisiva, para estar en aptitud de precisar su certeza o falsedad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para determinar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Época: Novena Época, Registro: 196080, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 1a. XXIV/98, Página: 53, que se cita enseguida: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". En ese sentido, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que fue publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el quince de junio de dos mil siete, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que es del orden federal y cuyas disposiciones son de orden público y de interés social, que tienen por objeto regular las comisiones y cuotas de intercambio así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza que realicen las Entidades, con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los intereses del público, por así señalarse en el artículo 1o de ésta, como se observa de su trascripción literal: "Artículo 1. La presente Ley es del orden federal y sus disposiciones son de orden público y de interés social. Tiene por objeto regular las Comisiones y Cuotas de Intercambio así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza que realicen las Entidades, con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los intereses del público.". Los artículos 2 Bis, 17 Bis 1 a 17 Bis 4 de dicha Ley regulan la actividad de cobranza de las entidades financieras, tanto la que realizan los despachos externos, como la que llevan a cabo a través de sus propias unidades administrativas, y que establecen la facultad regulatoria de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en ese rubro. Tales disposiciones son del tenor siguiente: "Artículo 2 Bis. La supervisión y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México respecto de Entidades Financieras, en el ámbito de sus respectivas competencias; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los Participantes en Redes; al Banco de México respecto de las Cámaras de Compensación, en términos de la Ley del Banco de México, y a la Procuraduría Federal del Consumidor respecto de las demás Entidades Comerciales. Artículo 17 Bis 1. Las Entidades a través de medios electrónicos y en sucursales, deberán tener a disposición de sus Clientes, los datos suficientes de identificación de los despachos externos, que incluirán a terceros o representantes que realicen la cobranza de los créditos que otorguen, así como de aquellos que apoyen en las operaciones de negociación y reestructuración de créditos con sus Clientes o con aquellas personas que por alguna razón sean deudores frente a las Entidades. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 17 Bis 2. Las Entidades deberán tener la información citada en el artículo anterior debidamente actualizada y contener al menos los siguientes datos: nombre del despacho, dirección, teléfonos, y nombre de los socios. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 17 Bis 3. Las Entidades supervisarán constantemente las actividades realizadas por sus despachos de cobranza, así como también el estado de los reclamos presentados, permitiéndole al Cliente dar seguimiento a los mismos. Al momento de realizar los cobros, el despacho de cobranza y la Entidad deberán ser identificables plenamente. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 17 Bis 4. En el ámbito de sus competencias, tanto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como la Procuraduría Federal del Consumidor, podrán emitir disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza.". En ese sentido, también se invoca que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil catorce, las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras en Materia de Despachos de Cobranza, expedidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en donde específicamente en las tercera, cuarta y quinta disposición, se prevén deberes de dichos entes, que tienen como finalidad evitar el abuso a los usuarios de servicios financieros y procurar la equidad en las relaciones entre éstos y las instituciones financieras, al otorgar a los primeros, elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas. A continuación se trascriben: ".TERCERA.- Las Entidades Financieras tendrán las siguientes obligaciones: I. Contar con la siguiente información de los Despachos de Cobranza: a) Tratándose de personas físicas encargadas de realizar la Cobranza: i. Nombre; ii. Registro Federal de Contribuyentes; iii. Domicilio y teléfono utilizados para realizar sus gestiones, y iv. Correo electrónico. b) Tratándose de personas morales encargadas de realizar la Cobranza: i. Denominación o razón social; ii. Registro Federal de Contribuyentes; iii. Domicilio y teléfonos utilizados para realizar sus gestiones; iv. Correo electrónico y en su caso, página electrónica; v. Nombre de los socios y en su caso, principales representantes legales, y vi. Nombre de las personas físicas encargadas de llevar a cabo las actividades de Cobranza. II. Actualizar cada tres meses los datos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción anterior, y tenerlos a disposición de sus clientes a través de medios electrónicos y en sus sucursales o establecimientos, para que puedan identificar y localizar a los Despachos de Cobranza; III. Recibir, registrar, tramitar y responder las quejas que les sean presentadas directamente o las que le remita la Comisión Nacional relacionadas con la gestión de sus Despachos de Cobranza en un plazo que no exceda de treinta días hábiles a partir de su recepción; IV. Supervisar que las actividades de Cobranza realizadas por sus Despachos de Cobranza se apeguen a los contratos de prestación de servicios que suscriban con éstos; V. Rendir a la Comisión Nacional trimestralmente, un informe que contenga lo siguiente: a) Número de quejas recibidas directamente o remitidas a través de la Comisión Nacional relacionadas con la gestión de sus Despachos de Cobranza, con sus respectivos folios; b) Motivos de las quejas; c) Estatus en que se encuentran las quejas; d) Respuesta que se dio a las quejas, y e) Penalizaciones impuestas. VI. Tomar las medidas necesarias para que los datos de identificación de sus Deudores estén actualizados y correctos y tener a disposición de la Comisión Nacional, en tanto se concluyen las acciones de Cobranza, las quejas presentadas y sus respectivas respuestas; VII. Mantener a disposición de la Comisión Nacional los contratos de prestación de servicios que suscriban con sus Despachos de Cobranza a efecto de supervisar que éstos cumplan con lo previsto en la Disposición CUARTA, y VIII. Recibir y suscribir los acuerdos de pago, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos a los que lleguen los Despachos de Cobranza con los Deudores. CUARTA.- Las Entidades Financieras al contratar Despachos de Cobranza, para que realicen gestiones de cobro, negociación o reestructuración de sus créditos, préstamos o financiamientos, serán responsables de que éstos se sujeten a las siguientes condiciones: I. Establecer mecanismos que permitan la plena identificación del Deudor, obligado solidario o aval, antes de establecer el primer contacto. II. Indicar al Deudor, en el primer contacto que establezcan, ya sea por escrito o verbalmente, según sea el caso: a) Nombre, denominación o razón social del Despacho de Cobranza y de la persona encargada de realizar dicha actividad; b) Domicilio, número telefónico y nombre de las personas responsables de la Cobranza; c) Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento de que se trate; d) Contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de Cobranza; e) Monto del adeudo y fecha de cálculo; f) Condiciones para liquidar el adeudo; g) Domicilio, correo electrónico y número telefónico de la unidad administrativa de la Entidad Financiera que recibirá las quejas por malas prácticas de Cobranza, y h) Que el o los pagos sólo podrán ser realizados a la Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento. III. Dirigirse al Deudor de manera respetuosa y educada; IV. Comunicarse o presentarse en un horario de 7:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los husos horarios en que se encuentre el Deudor; V. Documentar por escrito con el Deudor el acuerdo de pago, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos; indicando los términos y condiciones que permitan identificar la oferta, descuento, condonación o quita, si el acuerdo incluye cualquiera de estos conceptos, así como la aplicación del importe a pagar, desglosando el monto principal, intereses ordinarios, moratorios y en su caso cualquier otro costo que sea exigible de acuerdo al contrato incluyendo los cálculos respectivos, y si con ello se obtendrá el finiquito o liquidación del adeudo, o sólo se cubrirá un pago parcial; y, señalar el número de cuenta de la Entidad Financiera en el que se realizará el pago, con referencia al número de crédito de que se trate; VI. Entregar a la Entidad Financiera los documentos que contengan los acuerdos referidos en la fracción anterior; VII. Abstenerse de llevar a cabo los siguientes actos: a) Utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas; b) Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como "confidencial", "oculto", "privado" o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación; c) Amenazar, ofender o intimidar al Deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda; d) Realizar gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios, con excepción de Deudores solidarios o avales; e) Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad; f) Establecer registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones, o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los Deudores; g) Recibir por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo; h) Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo que en el último supuesto se trate de los Deudores, y i) Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración, de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval. VIII. Tratar los datos personales de conformidad con la normativa aplicable en la materia. Las penalizaciones por el incumplimiento a lo previsto en la presente disposición, deberán estar contenidas en los contratos de prestación de servicios que las Entidades Financieras suscriban con los Despachos de Cobranza. QUINTA.- Cuando las Entidades Financieras realicen gestiones de Cobranza a través de sus unidades administrativas, procurarán sujetarse en lo aplicable a lo establecido en la CUARTA de las presentes Disposiciones.". De acuerdo con las reglas anteriores, las entidades financieras al contratar despachos de cobranza para que realicen gestiones de cobro, negociación o reestructuración de sus créditos, préstamos o financiamientos, tienen entre otros deberes, en todo momento, dirigirse al deudor de manera respetuosa y educada y comunicarse o presentarse en un horario de 7:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los husos horarios en que se encuentre éste; además, deben abstenerse de amenazar, ofender o intimidar al Deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda; así como evitar realizar gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios, con excepción de Deudores solidarios o avales. Por lo tanto, contrario a lo que afirma la parte quejosa, no existe la omisión combatida de regular los métodos de cobranza tanto las que llevan a cabo las propias entidades financieras, como las que llevan a cabo los Despachos de Cobranza, al advertirse que las reglas citadas emitidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros están orientadas a evitar lo que la quejosa señala como hostigamiento, amenazas y amedrentamiento. En las condiciones apuntadas, es claro que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, treinta de noviembre de dos mil dieciocho, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la omisión de normar los aspectos que la quejosa aduce, es inexistente, ya que al reclamarse actos omisivos, la carga de la prueba recae en la autoridad, pero al tratarse de disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación no hace falta prueba expresa, al encontrarse publicadas desde el siete de octubre de dos mil catorce, las indicadas Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras en Materia de Despachos de Cobranza, expedidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; quien de acuerdo ya señalado artículo 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, tiene facultades para ello, no así las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a quien también se atribuye dicha omisión. Es aplicable la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994 Página: 15 Tesis: 2a./J. 3/94 Materia(s): Común, del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En efecto, no se soslaya que la omisión indicada también se la atribuye a las autoridades, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que éste último no rindió informe; sin embargo, a la luz del referido artículo 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, únicamente está en el ámbito de la competencia tanto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como la Procuraduría Federal del Consumidor, emitir disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza, aplicables también a las propias entidades financieras; razón por la que es válido concluir que no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni la omisión que se combate, atribuible a las citadas autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación, lo que en el particular no acontece. En ese mismo tenor, resulta inexistente también la omisión reclamada en particular a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Delegación Morelos, de regular dentro del procedimiento de queja 2018/170/10944, los actos que MARGARITA FRAIRE MARTÍNEZ cataloga como de molestia, hostigamiento, amenazas y amedrentamiento, que atribuye a Santander Consumo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom, Entidad Regulada Grupo Financiero Santander México, así como de Corporativo de Servicios LEGAXXI; puesto que al amparo de las disposiciones citadas de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros citada en párrafos precedente, el deber impuesto para regular la actuación de las entidades financieras respecto de la cobranza a sus clientes, por cuanto a la indicada Comisión, se cumplió con la expedición de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras en Materia de Despachos de Cobranza, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil catorce. Además, de las disposiciones que contiene el TÍTULO QUINTO, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que norman los procedimientos de conciliación y arbitraje, no aprecia facultad alguna de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Delegación Morelos, para obrar en el sentido de normar la actividad de cobranza del banco, dentro de los procedimiento en concreto; como sí las tiene para expedir, como se vio que lo hizo, las aludidas Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras en Materia de Despachos de Cobranza. En tal virtud, tampoco se estima que la Comisión señalada como responsable, inobservara un deber al desarrollar el procedimiento 2018/170/10944, razón suficiente para concluir que tampoco se configura una omisión de su parte, pues es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; lo cual por las razones apuntadas no ocurre. En conclusión, dado que el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación, lo que en el caso no se acredita, debe considerarse inexistentes las omisiones combatidas en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Consecuentemente, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARGARITA FRAIRE MARTÍNEZ, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones indicadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso navarro, que da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1940/2018-V y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda MARGARITA FRAIRE MARTINEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Director de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de quienes reclama la omisión de regular el actuar de los bancos en los casos de adeudos, así como la omisión de responder la solicitud de que no se realicen actos de cobranza y molestia y/o hostigamiento de parte del Santander Consumo Sociedad Anónima de Capital Variable, y la diversa moral SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander de México y Corporativos de Servicios LEGAXXI.. II.- CERTEZA DEL ACTO. El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Director de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, manifestaron no ser ciertos los actos reclamados. Sin embargo, se tienen por presumiblemente ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de no haber rendido su informe previo correspondiente y, al haber sido notificada del requerimiento de éste, tal y como se aprecia de las constancias que obran en autos, de conformidad con lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Amparo. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1940/2018-V, se desprende que la parte quejosa ofreció como medio de convicción las siguientes documentales: Acuse de recibo del escrito de veintidós de abril de dos mil dieciocho, dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Estados de cuenta a nombre de Margarita Fraire Martínez, del mes de septiembre de dos mil diecisiete y febrero de dos mil dieciocho, respectivamente de la institución bancaria Santander Consumo Sociedad Anónima de Capital Variable. Tres constancias de movimientos a nombre de Margarita Fraire Martínez, respecto de la tarjeta con número 5470467006557509. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por la institución bancaria Santander Consumo Sociedad Anónima de Capital Variable. Constancias a las que se les concede valor probatorio indiciario en razón de haberse exhibidas en fotocopia simple, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Director de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al rendir su informe previo negaron el acto reclamado, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." V.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. Entonces, los actos reclamados son de naturaleza negativa, pues implica la omisión de las autoridades responsables a actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos; Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la definitiva. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, se está ante una abstención, esto es, un no actuar de la autoridad Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el hecho de que como lo manifestó la quejosa en su escrito de demanda, reclama la omisión de regular el actuar de los bancos en casos de cobros de adeudos. Por lo expuesto, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que por su naturaleza son de carácter negativo, pues como ya se dijo, implican abstenciones de las autoridades que se generan al no actuar de determinada manera; por tanto, conceder la medida suspensiva no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, sino que otorgaría efectos restitutorios, al obligar a las autoridades responsables a actuar en la forma que a la parte quejosa pretende. Orienta el criterio anterior la tesis del rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.", emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y su Gaceta Volumen: Tomo XV, Pagina 1468 de la Novena Época. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por MARGARITA FRAIRE MARTINEZ, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el puntos cuarto y quinto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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