Margarita Diaz Jiménez

Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
201/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Margarita Diaz Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de julio de dos mil veintiuno. Vistos: I. El oficio signado por el Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 72/2021, orden 96/2021, que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara a la aquí quejosa+++ , el contenido del acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, lo cual aconteció el diez de junio siguiente. II. La certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído de veintiocho de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos para que obren como correspondan, y dése de baja del libro de gobierno la comunicación de mérito. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara FIRME el acuerdo de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, con fundamento en su ordinal 18, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano y posteriormente se desechó en el juicio. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la depuración del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Sin que sea el caso proveer al respecto toda vez que la parte quejosa no las exhibió. NOTIFIQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 58/2021, con número de orden 76/2021, remitido para notificar el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que la directa quejosa Margarita Díaz Jiménez, ratificara la demanda de amparo telegráfica. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos para que obren como corresponda, y dése de baja del libro de gobierno la comunicación de mérito. Asimismo, se tiene por ratificada la demanda de amparo, por ende, se procede a realizar al pronunciamiento respectivo en los términos siguientes: II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."2 En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Director del Centro de Reinserción Social Número 17 Diecisiete "El Bambú". Con sede en Catazajá-Palenque, Chiapas, lo siguiente:  La orden de traslado del Centro de Reinserción Social Número 17 Diecisiete "El Bambú", sito en Catazajá- Palenque al diverso Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 5 Cinco, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  Y su ejecución. 2 El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo En el contexto anterior, oficiosamente, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.3 Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así las cosas, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición de un recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Dicha Ley Nacional de Ejecución Penal establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes (o excepcionales), estos últimos son impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. El traslado involuntario tanto de procesados como sentenciados, conforme al artículo 51, de la Ley de Ejecución, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Por otro lado, los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria sin autorización previa del Juez, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52, de la ley de ejecución,4 notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro 4 Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. del plazo de 48 horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa y de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la ley de ejecución prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, un análisis oficioso y otro a petición de parte: I.- La Ley de Ejecución en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la detención dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. II.- Cuando el juez competente omitió calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52, en relación con los diversos 116 a 119, de la ley de ejecución. Del análisis de la ley de ejecución, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesoria al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53, de la ley de ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121, de la ley de ejecución), la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentre el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contiene una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contiene una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación. Del artículo 120,5 de la ley de ejecución se deduce que la controversia judicial, se inicia a través del ejercicio de una acción, de los artículos 120 al 129, de dicha ley, se advierte que el ejercicio de esa acción da inicio a un procedimiento jurisdiccional accesorio, al señalar que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral; además, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; incluso, el interno debe contar con un defensor durante la tramitación de ese procedimiento accesorio, desde el ejercicio de las acciones incluyendo el trámite de los recursos judiciales. d) El procedimiento es independiente y al mismo tiempo accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción depende de que la persona se encuentre recluida, con motivo de un proceso penal ya sea dentro de juicio o en ejecución de la 5 Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. pena (artículos 1 y 2, de la ley de ejecución). La tramitación del proceso accesorio es facultativa, pues depende de que la autoridad ordene el traslado de un interno a otro centro penitenciario, y que este no esté de acuerdo con tal decisión por estimar que agravia sus derechos (artículos 116, fracción I y 117, fracción III y último párrafo de la ley de ejecución). e) En el proceso penal la litis está limitada a determinar si existe un hecho que la ley señale como delito y si el interno es responsable de su ejecución; en la etapa de ejecución de sentencia se pretende que el sentenciado compurgue la sanción privativa de libertad y lograr la reinserción social del sentenciado. Mientras que el objetivo del proceso accesorio es resolver una controversia que surgió con motivo de la ejecución penal, determinar si el traslado respeto o no los derechos del interno. Todo lo anterior es suficiente para considerar que el procedimiento denominado por la ley de ejecución como "controversias ante el juez de ejecución" que se tramita a través de un "procedimiento jurisdiccional", constituye un procedimiento accesorio del proceso penal. Esta situación es importante para sustentar la improcedencia del juicio de amparo pues de estimarlo así, conlleva a determinar que la orden de traslado se dictó dentro de un proceso penal, incluso la resolución administrativa dictada por autoridades administrativas por estar autorizada por la propia ley en casos excepcionales y urgentes, por supuesto con la autorización judicial posterior. Para abundar en la última parte del párrafo anterior, ese procedimiento accesorio es de naturaleza penal, porque está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere a personas recluidas en un centro penitenciario sujetas a un proceso penal, y el hecho de que intervengan autoridades administrativas, no significa que por esa circunstancia el procedimiento pertenezca a otra materia. Corrobora lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18/2012 (10a.), Registro 2001982, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 17, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL." Del criterio mencionado se advierte la intervención de autoridades administrativas durante la reclusión de procesados o sentenciados, y los actos que realicen con ese motivo serán considerados de materia penal. De allí que resulte irrelevante la circunstancia de que la orden de traslado sea de naturaleza administrativa, al calificarlo de esa manera el artículo 52,6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dictada por autoridades administrativas, pues de acuerdo 6 Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: . con el artículo 3, fracción I, de dicha ley, las autoridades penitenciarias son autoridades administrativas, porque al estar previstos en una ley penal, cuyo ámbito de aplicación es sobre procesos penales, entonces se trata de un procedimiento accesorio de naturaleza penal. Sentados los antecedentes expuestos es dable sostener lo siguiente: del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que, contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación", es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, la fracción IV, del mismo numeral, dispone que contra actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En esas condiciones, cuando un interno se duele de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, ocurrida dentro de un proceso penal (en prisión preventiva) o en ejecución de sentencia (para compurgar una pena privativa de libertad), el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17, Constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Atento a lo expuesto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra la orden de traslado, al tratarse de un acto ocurrido dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, más bien constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de que el Juez de instancia analice si dicho acto reclamado está o no apegado a derecho. En el caso a estudio, si la Ley de Ejecución prevé un procedimiento por el cual es dable analizar la legalidad de la orden de traslado, entonces, los internos deberán atender a lo establecido en ese procedimiento ordinario, es decir, acudir ante el juez de instancia quien determinara si fue o no dictada en apego al respeto de sus derechos humanos. Lo anterior encuentra respaldo, por las razones que la sustentan, en lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Asimismo, es importante recalcar que el pasado diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se publicó el comunicado de prensa 100/2021, en el que se hace del conocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, dentro del expediente 448/2019, de su índice, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover juicio de amparo sino controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea un juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo incluso suspenderlo. En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión de los ahora quejosos; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXI/2021 (10a.),7 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA 7 Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Registro digital: 2023063. LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Así como la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.),8 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se 8 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, Materias(s): Común, Penal, Registro digital: 2018548. advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. III. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."9 Ahora bien, tomando en consideración que la aquí quejosa se encuentra recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número Cinco ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 298 al 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la legislación de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, gírese atento despacho al Juez Penal de San Cristóbal de las Casas, con sede esa localidad, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se constituya a dicho centro carcelario, y notifique a la quejosa antes mencionada, el contenido íntegro de este auto. 9 De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Se faculta al Juez de orden común, para que habilite días y horas inhábiles, a fin de efectuar la notificación de que se trata, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 21, de la Ley de Amparo. Significándole que una vez cuente con las constancias de la diligencia aquí ordenada, las remita de inmediato a este órgano jurisdiccional, a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción en el teléfono 961 61 7 02 07, extensión 1041, en un horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ MULTA de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR DESPACHO A LA QUEJOSA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 35/2021, con número de orden 48/2021, remitido para notificar el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que la directa quejosa Margarita Díaz Jiménez, ratificara la demanda de amparo telegráfica. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos para que obren como corresponda, y dese de baja del libro de gobierno la comunicación de mérito. Asimismo, dadas las manifestaciones vertidas en la razón actuarial de veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno, por el actuario adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, en el sentido de que no le fue posible realizar la diligencia encomendada en el Centro Estatal para la Reinserción de Sentenciados Número Diecisiete, "el Bambú", sito en Catazajá, Chiapas, dado que fue informado por el jurídico de dicho centro, que la directa quejosa Margarita Díaz Jiménez, fue trasladada el veinte de marzo del año en curso, al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número Cinco ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en obvio de mayores dilaciones y atento a que el domicilio de dicho centro de reclusión se encuentra fuera de la residencia de este juzgado; gírese atento despacho al Juez Penal de San Cristóbal de las Casas, con sede esa localidad, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se constituya a dicho centro carcelario, y notifique a la quejosa antes mencionada, el contenido íntegro del auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno y el presente proveído, así como de la demanda de amparo y la requiera personalmente para que EN EL MOMENTO de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente a aquél en el que le surta efectos la legal notificación de este proveído, ratifique la demanda telegráfica de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por NO PRESENTADA y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente juicio. Se faculta al Juez de orden común, para que habilite días y horas inhábiles, a fin de efectuar la notificación de que se trata, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 21, de la Ley de Amparo. Significándole que una vez cuente con las constancias de la diligencia aquí ordenada, las remita de inmediato a este órgano jurisdiccional, a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción en el teléfono 961 61 7 02 07, extensión 1041, en un horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ MULTA de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, tomando en consideración que se trata de obtener la ratificación de la demanda de amparo, por parte de la directamente quejosa, la cual fue presentada de manera telegráfica, lo que se considera una cuestión de tramitación urgente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 23, fracción III, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, prorrogado por el 1/2021; se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado para realicen la notificación de la comunicación oficial referida, a través del correo institucional del Juzgado Penal de San Cristóbal de las Casas, con sede esa localidad, debiendo asentar la razón correspondiente; con independencia de que la puedan realizar mediante correo certificado con acuse de recibo. NOTIFIQUESE POR LISTA Y A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE DESPACHO VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto; el pedimento signado criptográficamente por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en el presente juicio y proporciona nombre de usuario edith.salgado; de igual forma, señala el mismo para oír y recibir notificaciones electrónicamente. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el pedimento de cuenta. Ahora, atento a lo peticionado por dicha representante social, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrada con el nombre de usuario edith.salgado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario edith.salgado; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano