Mardoqueo Vázquez Magariño
Expediente 739/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/05/2019
Partes del expediente
- Mardoqueo Vázquez Magariño
- Leonardo Morales Méndez
- Eleazar Pineda Galvez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria en el presente juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda; toda vez que el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto, el estado actual que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante oficio TTB/0681/2ªS/D/2018, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa Leonardo Morales Méndez, Modesto Aurelio Gutiérrez Ramos, Eleazar Pineda Gálvez, Mardoqueo Vázquez Magariño, Ángel Pineda Paz y Rolando Ventura Cruz. Al efecto, se acuerda: Tomando en consideración que mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a los quejosos el veintisiete de septiembre del año en curso, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo concedido; en consecuencia, este tribunal procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento 1) Deje sin efectos el acto reclamado; y, Mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 473/E/2011, la sala responsable dejó sin efectos el proveído de dieciséis de mayo del año en curso, que constituía el acto reclamado en este juicio de amparo. 2) Dicte otro, en el que atendiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, con libertad de jurisdicción provea sobre la petición de la parte interesada relacionada con la eficaz e inmediata ejecución del laudo. Para ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la ley aplicable, y las que a su juicio sean procedentes, con lo que quedará cumplido el amparo. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria, con libertad de jurisdicción proveyó sobre la petición de la parte interesada relacionada con la eficaz e inmediata ejecución del laudo; para ese efecto, comisionó al actuario de su adscripción para que el cinco de octubre del año en curso, se constituyera en compañía de la parte vencedora de la contienda, en el domicilio de la entidad vencida y le requiriera el cumplimiento del laudo, entre otros, la reinstalación, el pago de salarios caídos y aguinaldos, con el apercibimiento de embargo de bienes de su propiedad que no interfirieran en el desempeño del servicio público. Así también, apercibió al Presidente, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento demandado, que en caso de no cumplir con lo anterior, se aplicaría a cada uno, multa de trescientos días de salario mínimo vigente en la Entidad; incluso, se daría vista al ministerio público por desacato a una orden judicial y se ordenaría el arresto por cuarenta y ocho horas. De igual manera, facultó al actuario de su adscripción, para que en caso de que embargara cuentas bancarias, se cerciorara que aquellas correspondan a la demandada e informe a los gerentes y/o encargados de las instituciones bancarias del embargo realizado a las mismas a fin de que no se realice ningún movimiento en las mismas. Finalmente, ordenó girar oficio al Ayuntamiento demandado, a la Secretaría de Hacienda del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que informen la lista de prelación o registros de deudas provenientes de liquidación e indemnización de laudos y salarios caídos del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas; así como, la posición o lugar que le corresponde al cumplimiento del laudo emitido y requerido, en el expediente laboral 473/E/2011; así como, todo lo relacionado con la partida o partidas presupuestales destinadas para la liquidación de salarios e indemnización por laudos y salarios caídos, del citado Ayuntamiento, como lo son número de partidas, año de inclusión en los presupuestos, presupuestos asignados en dichas partidas, etcétera. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la responsable atendió los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, en razón de que dejó sin efectos el auto de dieciséis de mayo del año en curso, dictado en el juicio laboral 473/E/2018 y, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, proveyó la petición de la parte interesada relacionada con la eficaz e inmediata ejecución del laudo, para lo cual, dictó las medidas necesarias para lograr su inmediato cumplimiento, como lo fueron: el auto de ejecución de diecinueve de septiembre de esta anualidad, en el que entre otras cosas, ordenó la reinstalación de los trabajadores actores y el requerimiento de pago de salarios caídos y aguinaldos, con el apercibimiento de embargo de bienes; multas, vistas al ministerio público por desacato a una orden judicial y arresto por cuarenta y ocho horas. Así también, ha solicitado informes respecto de las partidas presupuestales que corresponden al Ayuntamiento demandado, a fin lograr el cumplimiento del laudo definitivo. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que la parte quejosa puede hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. ARCHIVO Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que se advierte que el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió un tomo de prueba consistente en copia certificada del tomo I, del expediente laboral 473/E/2011, el cual a criterio de este juzgador, no guarda ningún fin practicó seguir conservándolo, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, remítase el mismo a su lugar de origen, sin necesidad de acusar de recibo correspondiente, dado que se trata de copia certificada.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y anexos, córrase traslado y dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Visto, el estado actual que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante oficio TTB/0681/2ªS/D/2018, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa Leonardo Morales Méndez, Modesto Aurelio Gutiérrez Ramos, Eleazar Pineda Gálvez, Mardoqueo Vázquez Magariño, Ángel Pineda Paz y Rolando Ventura Cruz; insertando en el oficio de cuenta, el acuerdo de la misma data, dictado en el expediente 473/E/2011. Al efecto, se acuerda: Tomando en consideración que mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa el seis de septiembre de dos mil dieciocho, sin que hiciera manifestación alguna dentro del plazo concedido; en consecuencia, este tribunal procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable ordenadora, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento 1) Deje sin efectos el acto reclamado; y, Mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 473/E/2011, la sala responsable dejó sin efectos el proveído de dieciséis de mayo del año en curso, que constituía el acto reclamado en este juicio de amparo. 2) Dicte otro, en el que atendiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, con libertad de jurisdicción provea sobre la petición de la parte interesada relacionada con la eficaz e inmediata ejecución del laudo. Para ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la ley aplicable, y las que a su juicio sean procedentes, con lo que quedará cumplido el amparo. En el mismo proveído dictó auto de ejecución, en el que comisionó al actuario de su adscripción, para que en la fecha y hora ahí señalados, se constituyera en compañía de la parte actora al domicilio del ayuntamiento demandado, y le requiriera a través de su representante legal, el cumplimiento de los puntos resolutivos quinto, sexto y séptimo del laudo de cuatro de septiembre de dos mil doce, consistente en reinstalación, pago de salario caídos y aguinaldos, los cuales actualizó en ese momento. Así también, apercibió a la demandada que en caso de incumplimiento se le embargarían bienes de su propiedad que no interfirieran con el desempeño del servicio público que presta; además, aplicaría al Presidente, Síndico y Tesorero Municipal de ese Ayuntamiento, una multa de trescientos días de salario mínimo vigente en esta entidad e inclusive, daría vista al Ministerio Público por desacato a una orden judicial; con independencia de que en su momento podría ordenar arresto por cuarenta y ocho horas contra el responsable del Ayuntamiento demandado. De igual manera, instruyó al fedatario de su adscripción para que en caso de que embargara cuentas bancarias, debería cerciorarse de que aquellas únicamente correspondieran a las partidas presupuestales que estén destinadas a indemnizaciones por laudos y se constituyera al domicilio de las instituciones bancarias correspondientes, e informara a sus gerentes y/o encargados del embargo realizado, con la finalidad de que no se realice ningún movimiento en dichas cuentas. De la exposición anterior, se advierte que la autoridad responsable está en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en autos. Ello es así, pues si bien dejó sin efectos el proveído de dieciséis de mayo del año en curso, que constituía el acto reclamado en este juicio de amparo, con lo que se tiene por cumplido el punto número uno de la ejecutoria de mérito; no sucede lo mismo, con el segundo de los efectos de ese fallo. En efecto, este órgano de control constitucional advierte que en la parte que fue materia de concesión de amparo, relativa al pago líquido de condena, la autoridad responsable facultó al actuario de su adscripción para que en caso de embargar cuentas bancarias del ayuntamiento vencido, se cerciorara de que correspondieran a las partidas presupuestales específicas que estuvieran destinadas a la indemnización por laudos y a nombre de la demandada, lo que se estima ilegal, pues no atendió a los lineamientos abordados en la ejecutoria que se analiza; esto es, que el embargo que en su caso llegara a decretarse, debería realizarse conforme a la prelación que correspondiera y, el propio órgano jurisdiccional se cerciorara de que únicamente se aplicara sobre la partida presupuestaria específica que estuviera destinada a la indemnización por laudos. Es decir, de manera subjetiva y sin prever el resultado de la diligencia respectiva, delega al fedatario adscrito al órgano laboral, la función de investigar y justificar que las cuentas bancarias estén destinadas a la partida presupuestaria específica para el pago de indemnización por laudos, ello, sin mayores elementos, pues pretende que al constituirse el actuario en compañía de diversos actores de la contienda de origen, en el domicilio del ayuntamiento demandado sito en la localidad de Cacahoatan, Chiapas, sin comisión o indicaciones específicas se asegure de datos que evidentemente no son de fácil acceso o cercioramiento; máxime, que la función de un Actuario consiste en dar fe de lo que tenga a simple vista. Actuación que lejos de dar eficaz cumplimiento a la ejecutoria de amparo, genera la presunción de que a la postre resultará ociosa por no contener los mínimos lineamientos que el fedatario debe seguir en su comisión; contrario a lo dispuesto en la ejecutoria de amparo, en donde se hizo referencia a los dispositivos 160, 161, 162, 163 y 164, de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, que establecen lo relativo a la facultad que se otorga al tribunal de trabajo burocrático para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para su cumplimiento; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada ese cumplimiento; además, para hacer cumplir sus determinaciones, el tribunal está obligado a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la ley, y las que a su juicio sean procedentes. Es decir, ante la acreditada negativa de cumplir el laudo de manera voluntaria, el tribunal puede y debe preparar el embargo que solicitó la parte trabajadora interesada, allegándose de toda la información actualizada que estime necesaria (listas de prelación, informes de la partida presupuestaria destinada para la indemnización por laudos, así como el número específico de la cuenta y banco respectivo, etcétera) para que de manera efectiva y eficaz, el Actuario solo cumpla con dar fe de las medidas impuestas por el titular de su adscripción que obligadamente y de manera previa debió preparar. En la parte conducente de la sentencia de amparo, literalmente se precisó lo siguiente: ". En ese aspecto, no se desatiende que la petición de parte vencedora relativa a la modificación, ampliación y adecuación necesaria del presupuesto para el ejercicio fiscal respectivo, equivale a la orden de registro de la deuda proveniente del laudo para que sea cubierta con cargo a los importes de las partidas presupuestales designadas para ese concepto (Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos y Liquidaciones e Indemnizaciones) y, en caso de que éstas se agoten, para que sea incluida en el ejercicio fiscal siguiente. Lo anterior, porque los recursos de esas partidas son destinadas al cumplimiento de las condenas decretadas en laudos a favor de los servidores públicos, por lo que su afectación está orientada al pago de aquéllas acorde con los artículos 1, 5, fracción III, 6 y 13, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; ello implica, que el embargo que en su caso llegara a decretarse, deberá realizarse conforme a la prelación que corresponda y cerciorarse de que únicamente se aplique sobre la partida presupuestaria específica que debe estar destinada a la indemnización por laudos. Por las consideraciones que informa, es ilustrativa la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, del contenido siguiente: EMBARGO SOBRE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. SU TRABA EQUIVALE A LA ORDEN DE REGISTRO DE LA DEUDA PROVENIENTE DEL LAUDO PARA QUE SE REALICE EL PAGO DE LOS PASIVOS CONFORME A LA PRELACIÓN QUE CORRESPONDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECISIETE). El embargo realizado en el procedimiento de ejecución del juicio laboral burocrático, conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, sobre las partidas presupuestales "15206 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos" y "15207 Liquidaciones e Indemnizaciones", a las que se refiere el Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio fiscal 2017, equivale a la orden de registro de la deuda proveniente del laudo para que sea cubierta con cargo a los importes de esas partidas presupuestales y, en caso de que éstas se agoten, para que sea incluida en el ejercicio fiscal siguiente. Lo anterior, porque los recursos de esas partidas son destinadas al cumplimiento de las condenas decretadas en laudos a favor de los servidores públicos, por lo que su afectación está orientada al pago de aquéllas. En este sentido, de la interpretación sistemática de los artículos 2, fracciones XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, y XXXIV, 3, fracciones V y VIII, 7, 12, 23, 24, 27, fracción II, 71, 72, 75, 83, 84 y 94 de las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se advierte que el embargo sobre las partidas citadas, se equipara al registro del adeudo para que, conforme a la prelación que corresponda, se realice el pago de los pasivos, sobre la partida presupuestaria específica que debe estar destinada a la indemnización por laudos, especialmente la partida 15206 aludida, al tener los organismos públicos la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos, los riesgos relevantes para las finanzas públicas, como son las deudas inciertas sobre condenas por indemnizaciones y salarios caídos en laudos laborales, acorde con los artículos 1, 5, fracción III, 6 y 13, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Y por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase a la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello implica, que en la actuación relativa, deberá precisar de manera pormenorizada y debidamente relacionada la forma en que deberá darse cabal y eficaz cumplimiento al laudo de condena, previendo cada aspecto a desarrollar y señalando expresamente las medidas atinentes al caso en concreto (solicitud de informes, etcétera), procurando evitar actuaciones ociosas e infructuosas que solo generarán mayor desgaste a la parte trabajadora, aquí quejosa. Apercibida que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos antes mencionados, relacionados con el diverso 258, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el citado numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de las autoridades responsables y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal.
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