Margarita Chan Cano
Expediente 548/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Margarita Chan Cano
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida ********************, contra actos que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número 548/2023-V. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama, medularmente, el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente de origen 6/2011, mediante el cual la parte actora tuvo por designado al abogado ********************, como perito en su representación para el avalúo de un bien inmueble, y se fija a la contraparte un término de tres días para designar un diverso perito, asimismo, se fija un término de tres días a la parte actora para que acredite haber denunciado la sucesión de la finada parte actora. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el citado acto reclamado consistente en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente de origen 6/2011, pues en contra del citado acuerdo reclamado, la quejosa estuvo en aptitud de interponer los medios de impugnación establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, esto es, el recurso de revocación, establecido en los artículos del 364 al 368 o en su caso, el de apelación, establecido en los artículos del 369 al 382, del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, lo cual no aconteció en la especie. Ciertamente, para corroborar lo anterior se transcribe el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo citada: "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la transcripción anterior se desprende, que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso efectivo o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El precepto citado establece en particular que el recurso efectivo implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, uno de los aspectos que garantizan la efectividad de los medios de defensa previstos por las leyes, es que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan resolver la controversia. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos efectivos, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. En sustento de lo argumentado, es dable citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la página 536, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por ende, el Juzgador tiene la obligación de realizar la interpretación en sentido estricto a la norma aplicable, y no debe soslayar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los recursos; mismos presupuestos que resultan ser previos al estudio de fondo, pues esto también garantiza la tutela judicial efectiva, al crear una situación de seguridad jurídica respecto de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, caso que en la especie acontece de manera inexacta por parte de la quejosa. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño (que no ostenta, pues no reclama la falta de emplazamiento al juicio de origen), de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte, que la quejosa no agotó los recursos que otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, esto es, el recurso de revocación o en su caso, el de apelación, ya que uno de dichos medios de impugnación resulta procedente ante la naturaleza jurídica del auto impugnado, el cual es susceptible de ser recurrido con el objeto de que se revise su procedencia, y pueda ser revocado, modificado o, en su caso, confirmado. Por tal motivo, como se indicó en líneas precedentes, en contra del acto reclamado la quejosa debió promover antes de acudir a este juicio de amparo, uno de los medios de defensa establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Toda vez que de la lectura de los artículos 364 al 368 y 369 al 382, del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el legislador estatal implementó dos medios de impugnación para recurrir las determinaciones que se emitan en los juicios civiles, ya sea ante el propio juez que emitió el acuerdo (revocación) o ante el tribunal de alzada (apelación), según corresponda. En esa tesitura, como se aprecia, la parte quejosa no hizo valer ninguno de los dos medios de impugnación aplicables al acto reclamado, antes de acudir a este juicio de amparo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo las anteriores consideraciones, y aunado a que el promovente no hizo valer en la vía idónea el medio de impugnación correspondiente, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, al no ser el acto reclamado en este juicio susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé. Finalmente, en apoyo a lo argumentado, por identidad de razón, es dable citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 12/2016 (10a.), Mayo de 2016, Tomo I, Décima Época, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, sino que es parte demandada en el mismo, como ella misma lo reconoce en la demanda de amparo, aunado al hecho de que no está reclamando la falta del emplazamiento al mismo. En ese orden de ideas, es inconcuso que en contra del acto reclamado consistente en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente de origen 6/2011, mediante el cual la parte actora tuvo por designado al abogado ********************, como perito en su representación para el avalúo de un bien inmueble, y se fija a la contraparte un término de tres días para designar un diverso perito, asimismo, se fija un término de tres días a la parte actora para que acredite haber denunciado la sucesión de la finada parte actora, procedía el medio de defensa que otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual, previamente debió interponerse el recurso que la ley de la materia prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, desechar de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo, y como sus autorizados a las personas señaladas expresamente, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y su autorizado para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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