Margarita Castillo Laviada

Expediente 1583/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1583/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Margarita Castillo Laviada

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; seis de diciembre del dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio 6273, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el toca 251/2021, del índice de dicho Cuerpo Colegiado, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de seis de septiembre del año en curso; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo declaró infundado el recurso de mérito, y en el segundo punto se confirmó el auto recurrido; al efecto, háganse las anotaciones correspondientes en el sistema y en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno Agréguese a los presentes autos el oficio presentado vía electrónica por signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 25078/2021, de veintidós de los cursantes, con el que este Juzgado rindió informe sobre la materia de la queja y se le remitió el escrito de Efraín Antonio Encalada Burgos, apoderado de la quejosa Margarita Casillo Laviada, a través del cual interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de septiembre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo de la que deriva este expediente, formándose por tal motivo, el toca 251/2021. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre del dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, agréguese a estos autos el escrito signado por Efraín Antonio Encalada Burgos, apoderado de la parte quejosa Margarita Castillo Laviada en el presente juicio, con tres copias y sin anexos, mediante el cual interpone el recurso de queja contra el auto de seis de septiembre del dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99, y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de seis de septiembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo de la Ley Amparo. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Efraín Antonio Encalada Burgos, quien se ostenta apoderado legal de pleitos y cobranza Margarita Castillo Laviada, contra el acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se provee: En primer término, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1583/2021-I. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad con la que se ostenta el nombrado promovente, en términos de la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública trescientos sesenta, de trece de septiembre de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Notario Público número cuarenta y dos, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Analizando el acto reclamado, este Juzgado Federal estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que Margarita Castillo Laviada, señala como acto reclamado el auto de trece de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 319/2019 del índice de la responsable, relativo al juicio de divorcio incausado; acuerdo en el que la autoridad responsable le hizo saber que solicitó información necesaria para que pueda allegarse de elementos necesarios, para fijarle una pensión alimenticia provisional a su favor al momento de dictar la sentencia en el referido juicio de origen, lo cual hasta la presente fecha ha omitido. Empero, al respecto debe decirse que en relación al acto que se reclama, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues antes de acudir al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el recurso ordinario que la ley específica impone. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o el trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por su parte, los artículos 421 y 423 del código adjetivo local en materia familiar, disponen: ARTÍCULO 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: Revocación, y Apelación. ARTÍCULO 423.- Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Como se ve de estos artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria que rige el acto reclamado conoce algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento que lo modifique, revoque o nulifique. Asimismo, en el procedimiento oral familiar, únicamente pueden interponerse los recursos de revocación y apelación. El recurso de revocación procede contra autos y decretos emitidos en audiencia o fuera de ella, siempre y cuando no fueren apelables, y el propio juez que los dictó es el encargado de resolver dicho recurso. En principio, cabe decir que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los casos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues no es ninguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto restrictivo de libertad, ni comparece la quejosa como tercera extraña al juicio de origen. En la especie, la quejosa reclama un auto donde se le negó la pensión alimenticia a su favor, en el juicio de origen, donde bajo protesta de decir verdad manifestó ser parte. Así, el acto que por esta vía se pretende impugnar, se encuentra entre los establecidos en el ordinal 423, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, susceptibles de ser recurrido en revisión ante el propio juez federal, pues se reitera, se refiere a una resolución emitida fuera de una audiencia, y la cual no es apelable, pues conforme al ordinal 428 de la referida normatividad, dicho recurso sólo procede contra lo siguiente: Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Como se ve, contra la negativa de fijar una pensión alimenticia provisional fuera de audiencia no procede el recurso de apelación, lo que lo hace impugnable por la vía de la revocación de acuerdo al numeral 423. En ese tenor, por ese medio de defensa puede ser confirmado, revocado o modificado por el propio juez que lo ordenó, previo a la promoción del juicio de amparo; de ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio de impugnación, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser susceptible el acto reclamado de ser revocado, modificado o confirmado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial del cual emana éste último. Al respecto se invoca la contradicción de tesis 277/2011 sustentada por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Contradicción de tesis 277/2011. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 18 de enero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 44/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil doce. Sin que exista la excepción a dicho principio en caso de existir menores, pues el acto que se pretendió combatir por esta vía no involucra el derecho fundamental del menor inmerso en el juicio natural. En esa tesitura, el acto reclamado en la demanda de amparo de cuenta, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por consiguiente, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR MARGARITA CASTILLO LAVIADA, con fundamento en el artículo 113 de la misma norma legal. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la suscrita, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia que a continuación se cita: Registro No. 188643 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Octubre de 2001 Página: 803 Tesis: P./J. 128/2001 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el indicado en la demanda de amparo; y como sus autorizados con las limitaciones que establece el párrafo segundo artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su demanda, y únicamente para oír notificaciones e imponerse se los autos, en los términos de la última parte del segundo párrafo del artículo mencionado, toda vez que no acreditaron contar con autorización para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, pues no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; esto por tratarse de un asunto en materia civil. Asimismo, tómese nota de del correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, a fin de mantener comunicación no procesal con la misma. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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