Margarita Cervantes Hernández
Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Margarita Cervantes Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se concedió la protección constitucional. Es conservable el incidente de suspensión, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. Además de que este asunto no tiene relevancia documental, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, del que se desprende que mediante auto del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutora la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, motivo por el cual es innecesaria la retención de las constancias remitidas por la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en apoyo a su informe justificado, por tanto devuélvasele los cuatro tomos que obran por separado; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el ordinal 237, fracción I, de la legislación de amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpongan recurso de revisión contra la sentencia del treinta de agosto del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, realícense las anotaciones respectivas y glósese el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 775/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, por auto del cinco de julio de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo con el número 775/2023-I; se pidió a las autoridades responsables rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. Por auto del doce de julio de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada. IV. Por auto del veintiuno de julio de dos mil veintitrés se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como "Coordinación de Prestaciones y Mandamientos Judiciales con residencia en Tlalnepantla adscrito a la Fiscalía General de Justicia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México", por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado deriva de un proceso civil y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo, se hacen consistir en: La orden de arresto emitida en su contra el doce de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente ********************del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar con residencia en Cuautitlán, Estado de México, así como su ejecución. Tercero. La Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto, por tanto se tiene por cierto. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley. Cuarto. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte que se actualice alguna; por lo tanto, procede el análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En ellos señala: - Que se violan en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales porque no se le notificó personalmente el arresto reclamado, toda vez que en todo momento ha dado cumplimiento a los requerimientos formulados. - Que la autoridad realiza las notificaciones distintas a las personales, violando con ello lo establecido en el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del estado de México, al no haber sido notificada. - Que de ejecutarse el arresto resultaría en un acto de imposible reparación, resultando un acto de molestia en su perjuicio, violando con ello el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. - Que en el supuesto sin conceder que la medida de apremio se encuentre fundada y motivada, la autoridad responsable no tomó en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económico, Social y Culturales "Protocolo de San Salvador", y de la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores, dado que la quejosa es una persona de la tercera edad, por lo que se pone en riesgo su integridad física y psicológica, así como su libertad, circunstancias que fueron reconocidas internacionalmente y la autoridad no tomó en consideración. Como punto de partida, conviene tomar en cuenta los siguientes antecedentes del asunto: 1. El nueve de diciembre de dos mil veintidós la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México (en el expediente ********************) dictó el siguiente acuerdo: "(.) Por otra parte, mediante notificación personal en el domicilio procesal de ********************, requiérase para que en el plazo de 05 días de cumplimiento sentencia de fecha 09 de agosto de dos mil veintidós, con los lineamientos ordenados en dicha resolución, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a un arresto inconmutable de 14 horas, por desacato a un mandato judicial, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.124 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, en razón de que se considera un aplicación mayor al término mínimo que faculte la ley, esto es, de una hora, dado que se toma en cuenta los dos elementos necesarios para el mismo saber: a).-El objetivo que corresponde a la gravedad de la infracción que se hace consistir en que ********************, de cumplimiento a la sentencia interlocutoria de fecha 09 nueve de agosto de dos mil veintidós, con los lineamientos ordenados en dicha resolución. b) El subjetivo que se refiere a las circunstancias personales del infractor, que en este caso corresponde a una persona adulta que se desarrolla en un ambiente urbano que conoce los deberes y obligaciones que se deben cumplir tratándose de un procedimiento jurisdiccional y que su actuar daña la esfera y el interés de los coherederos en la presente sucesión. Circunstancias objetivas y subjetivas que permiten en el ánimo del Juzgador considerar que el arresto en una duración de 14 HORAS sí se ajusta a la realidad en que se encuentra decretada, pero sobre todo a las del requerido quien por ser una persona adulta entiende a plenitud las consecuencias de sus actos sean estos por acción u omisión al no cumplir con las determinaciones de este Tribunal, debe ser sancionada de acuerdo a sus circunstancias personales". 2. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, quedó debidamente notificada la quejosa del proveído del nueve de diciembre de dos mil veintidós. 3. El doce de mayo de dos mil veintitrés la autoridad responsable dictó el siguiente acuerdo: "Agréguese a sus autos el escrito y anexo que presenta ********************, visto su contenido y el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1.134, 1.135, 1.153 y 1.215 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, como lo solicita, se tiene por prelucido el derecho de ********************, para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 09 nueve de diciembre de 2022 dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se impone a ******************** una medida de apremio consistente en UN ARRESTO DE 14 HORAS, que deberá cumplir la persona antes mencionada en los separos de la Policía Municipal de Tultepec, México, dado que en esta territorialidad tiene su domicilio del apremiado. En atención a lo anterior, para la ejecución del arresto ordenado gírese atento oficio al "Coordinador de Prestaciones y Mandamientos Judiciales, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para que dé cumplimiento en el plazo de cinco días, al arresto ordenado en líneas, que anteceden en la persona de ********************, quien tiene como domicilio particular ubicado en .". Orden de arresto, contenida en el auto del doce de mayo de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De las constancias recién transcritas, se advierte lo infundado de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, es incierto que la juez responsable no haya acatado las formalidades legales que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para imponer la medida de apremio consistente en arresto; pues contrario a lo que alude, se plasman las siguientes consideraciones. La facultad con que cuenta el órgano jurisdiccional para imponer una medida de apremio, deviene de lo preceptuado en el artículo 17 constitucional, párrafo tercero, que a la letra dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." En ese contexto, la voluntad del Constituyente fue hecha valer por la legislación local, al plasmar los artículos 1.124 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, cuyo contenido dice: "Artículo 1.124. Los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, siempre que no existan otros específicos determinados por la Ley, pueden emplear indistintamente, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, que podrá duplicarse en caso de reincidencia. II. Uso de la fuerza pública; III. Rompimiento de cerraduras; IV. Cateo por orden escrita; V. Arresto hasta por treinta y seis horas. Impuesta la medida de apremio y de no ser cumplimentada la determinación judicial, previo apercibimiento, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. "Artículo 1.138. La dirección del proceso está confiada al Juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código; deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias". De tal forma que, el apercibimiento de hacer efectivo tales medidas de apremio, es una advertencia que se dirige a quien se le impone un mandamiento de hacer o dejar de hacer una conducta, con la advertencia, como en el caso, de hacer efectivo un arresto, debe contener como mínimo los siguientes requisitos: a) La existencia de una determinación judicial, fundada en el precepto legal aplicable y debidamente motivada. b) Que deba ser cumplida por el quejoso. c) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicaría una medida de apremio precisa y concreta. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/18 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 193425, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto de 1999, página 687, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe destacarse que los medios de apremio que regula dicho numeral, tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de las determinaciones que dicten los Jueces, obligando a las personas a través de tales medios a que los acaten; pero para ello se requiere en primer lugar que se dé la existencia previa del apercibimiento respectivo; en segundo término que conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta". Formalidades, que en la especie la autoridad ordenadora acató, como en seguida se demuestra: 1. Sí es una determinación judicial, emitida en el caso por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. 2. Como fundamento para la emisión del mismo, la Juzgadora responsable citó los numerales 1.134, 1.135, 1.153 y 1.215 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. 3. Como motivación, si bien la autoridad no expresó en el auto por el que se impuso el arresto la motivación correspondiente, lo cierto es que esa circunstancia no constituye violación alguna a los derechos de aquel a quien se aplica dicha medida, si en el auto precedente, mediante el cual se apercibió, se advierte una suficiente y correcta fundamentación y motivación, requisitos estos que deben entenderse aplicados al acto consecuente como el arresto, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otro, como sucedió en la especie. Sirve de apoyo la tesis I.6o.C.74 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con registro digital 181207, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 1679, de rubro y texto: "ARRESTO. SI EL AUTO EN QUE SE APERCIBE PARA IMPONERLO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, PERO EL QUE ESTABLECE SU IMPOSICIÓN NO CUMPLE CON ESOS REQUISITOS, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE VIOLACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS DE AQUEL A QUIEN SE APLICA DADA LA ESTRECHA VINCULACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNO Y OTRO. El apercibimiento es una prevención especial de la autoridad a la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer, algo que debe cumplirse y que se concreta en una advertencia conminatoria. Por tanto, los requisitos indispensables que debe contener el apercibimiento de arresto son: 1) la existencia de una determinación de un órgano jurisdiccional; 2) que tal determinación se encuentre debidamente fundada y motivada; 3) que deba ser cumplida por las partes o por los terceros involucrados en el litigio; 4) la comunicación oportuna, mediante la notificación personal al obligado; y, 5) el apercibimiento de que en caso de desobediencia se aplicará una medida de apremio precisa y concreta en la que se especifique la temporalidad del arresto con que se apercibe. Desde esta perspectiva, se advierte la estrecha vinculación que existe entre el apercibimiento de arresto y su imposición, a cuyo respecto aquél constituye un requisito mínimo indispensable de ésta, lo cual implica que no obstante que la autoridad no exprese en el auto por el que se impone el arresto la fundamentación y motivación suficientes, respecto de su duración, lo cierto es que esa circunstancia no constituye violación alguna a los derechos de aquel a quien se aplica dicha medida, si en el auto precedente, mediante el cual se apercibió, se advierte una suficiente y correcta fundamentación y motivación, requisitos estos que deben entenderse aplicados al acto consecuente como el arresto, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otro. En este contexto, la circunstancia de que la debida fundamentación y motivación de la orden de arresto se encuentre en un auto anterior y distinto, pero estrechamente vinculado con la misma, no puede llevar a la conclusión de que por ello se dejó al gobernado en estado de indefensión, toda vez que desde el momento en que se le hizo el apercibimiento en los términos ya señalados y se enteró de ellos mediante la notificación pertinente, tuvo conocimiento de los motivos, razones y fundamentos por los que podía ser sujeto a la imposición de tal medida, en caso de incumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional correspondiente". 4. El requerimiento en que se apercibió con la medida de apremio que hoy se hace efectiva, fue dirigida directamente a la quejosa, y le fue notificada en forma oportuna mediante instructivo. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.4o.C. J/4 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 203524, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 157, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento". Dadas las consideraciones expuestas, es infundado lo que aduce la quejosa en su concepto de violación, en el sentido que la Juez Cuarto Familiar de origen, viola en su perjuicio lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es así porque la orden de arresto quedó legalmente justificada en cuanto a su forma legal y de las constancias reseñadas, está acreditada la actitud omisiva de la quejosa para el cumplimiento de las disposiciones ordenadas por la Juez responsable, de conformidad como lo estableció y precisó para su cumplimiento en el auto en que la apercibió. En consecuencia, al no haber acatado la hoy quejosa lo ordenado por ese juzgado, ni informó sobre impedimento alguno para dar cumplimiento al requerimiento formulado para tal efecto; por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, ordenó hacer efectiva la medida de apremio consistente en un arresto por catorce horas, girando el oficio correspondiente al Coordinador de Presentaciones y Mandamiento Judiciales en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para su ejecución. Asimismo, este juzgador advierte que el acto reclamado se ajusta sustancialmente al párrafo primero del artículo 16 constitucional, el cual establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Al efecto, debe decirse que conforme a la jurisprudencia sostenida por el más Alto Tribunal de la República, debe entenderse por fundamentación, la cita con precisión de las normas legales que al respecto la autoridad considere se encuentran actualizadas y que sustentan el acto reclamado; y la motivación consiste en la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para la emisión del mismo, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Sirve de apoyo la jurisprudencia 40 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 390963, visible en el Apéndice al S.J.F. 1917-2000, Tomo III, materia Administrativa, página 46, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En ese sentido, la responsable cumplió con la garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de su determinación, porque en su resolución citó los preceptos legales que sirvieron de apoyo y expresó los razonamientos que llevaron a dicha autoridad a imponer la medida de apremio consistente en el arresto por catorce horas a la ahora impetrante de amparo. Por tanto, el proceder de la responsable no infringe garantía alguna a la ahora inconforme, toda vez que la medida de apremio de que se duele fue resultado de su conducta contumaz, existiendo previamente un apercibimiento, que no es otra cosa que la advertencia que la autoridad hace a la persona de quien se trate, de las consecuencias desfavorables que podrá traerle la realización de ciertos actos o la omisión de ejecutar otros, lo cual permitió a la hoy quejosa, conocer a qué se exponía en caso de desacatar el requerimiento formulado por la autoridad judicial, además de que fue impuesta después de haber sido apercibida, e incluso hechos efectivos diversos arrestos previos mediante autos del treinta de septiembre y nueve de diciembre, ambos de dos mil veintidós. Resolución en la que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, citó los artículos 1.134, 1.135, 1.153 y 1.215 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, para establecer de manera suficiente, los motivos y razones particulares que le permitieron aplicar a la quejosa una medida de apremio consistente en un arresto hasta por catorce horas; con lo que se surte el requisito de fundamentación y motivación exigido en el numeral 16 constitucional. Por tal virtud, este juzgador considera que no se violó garantía alguna a la peticionaria de amparo, habida cuenta que se le notificó por medio instructivo, a fin de que diera cumplimiento a la sentencia del nueve de agosto de dos mil veintidós; así como la medida de apremio que se le impondría en caso de no cumplir con dicho mandato; y pese al requerimiento con apercibimiento de imponerle un arresto de catorce horas, continuó con su conducta renuente, es decir, no cumplió con la obligación que había contraído en ese juzgado, no obstante de que le fue hecho de su conocimiento el proveído en el que se le conminó a que diera cumplimiento al mandato por parte de la autoridad judicial; por tanto, resulta patente que la responsable actuó conforme a derecho al hacer efectivo el arresto reclamado. Además de que, tal medida de apremio tiene la finalidad vencer la actitud contumaz de la quejosa quien con su actitud no permite la prosecución pronta y expedita del juicio familiar relativo, cuya continuación es de orden público; razón por la cual resulta eficaz dicha orden de arresto decretada. Por otra parte, cabe precisar que la finalidad del apercibimiento es dar a conocer, en el caso, concreto a la solicitante de amparo una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se le podría aplicar en caso de incumplimiento, lo que en el presente asunto aconteció según las constancias remitidas a este juzgador, por lo que se estima legal la medida de apremio impuesta a la quejosa consistente en un arresto por catorce horas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 189438, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 122, de rubro y texto: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Finalmente, cabe resaltar que la autoridad judicial responsable se encuentra facultada para emplear de forma indistinta los medios de apremio previstos en la legislación procesal invocada, con plena libertad en el ejercicio de tal facultad para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, la misma tiene como único límite, el irrestricto respeto de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, mismas que observó la juez responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 21/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 200117, materias Constitucional, Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 31, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate". Sin que este órgano jurisdiccional advierta que se encuentre la quejosa en una situación de vulnerabilidad dada su edad, pues si bien es cierto que se trata de un adulto mayor (setenta y cinco años), también lo es que no ofreció pruebas para acreditar una situación económica de pobreza y/o afección en su salud y, por el contrario, de las constancias del sumario se obtiene que se encuentra debidamente asesorada a través de sus abogados autorizados en términos amplios lo que pone en evidencia, que no se encuentra en una situación marginal ni de extrema pobreza; además, no está demostrado que sufra una situación de abandono o discriminación, tampoco que padezca enfermedad alguna, que la obligue a depender de una máquina o instrumento, cuyo funcionamiento eléctrico le permita sobrevivir, que posea alguna discapacidad que le imposibilite proveer su propia subsistencia. Máxime que al haber aceptado y protestado de manera voluntaria el cargo de albacea en la junta de herederos que tuvo verificativo el quince de diciembre de dos mil veintiuno, conlleva determinadas obligaciones que satisfacer dentro del juicio sucesorio de donde emana el acto reclamado, de conformidad con el artículo 6.227 del Código Civil del Estado de México. Resulta aplicable, la tesis aislada 1a. CCXXIV/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, del mes de junio de 2015, tomo I, materia constitucional, página 573, registro digital 2009452, que dice: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja". (énfasis añadido). Asimismo, es aplicable, por las razones que la informan, la tesis aislada XXIV.1o.3 K (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 10, del mes de febrero de 2022, tomo III, página 2434, registro digital 2024122, de rubro y texto siguientes: "ADULTO MAYOR. SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO JUSTIFICA QUE DEJEN DE OBSERVARSE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO ES LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo directo, la parte quejosa solicita que se aplique en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues aduce que, si bien la autoridad ante quien instó la acción pudiera no ser competente, al ubicarse en una situación de vulnerabilidad, dada su condición de adulto mayor, repercute en que se vea limitado su derecho humano de acceso a la justicia, pues se le obligaría a acudir ante una diversa autoridad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la condición de adulto mayor del quejoso y su derecho humano de acceso a la justicia no se ven transgredidos, porque su situación de vulnerabilidad no justifica que dejen de observarse los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la competencia de la autoridad (ante quien se insta la acción). Justificación: Lo anterior, pues si bien es cierto que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, también lo es que su derecho de acceso a la justicia no es ilimitado, pues para que puedan ejercerlo es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, entre ellos, que la autoridad ante quien se inste la acción sea legalmente competente; es por ello que su situación de adulto mayor no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción ni los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia de la autoridad, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, sobre todo, porque las cuestiones de procedencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con las personas". En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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