Margarita Alejandra Mariscal Casillas

Expediente 789/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
789/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Margarita Alejandra Mariscal Casillas
  • Margarita Alejandra Mariscal Casillas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del nueve de diciembre de este año; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes esta determinación, glósense los cuadernos incidentales y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 789/2021-II, promovido por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Estado de México y otras autoridades, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda así como la presuncional legal y humana; las que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, así como el Juez y Ejecutor ambos adscritos al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, todos en el Estado de México, adjuntaron a sus informes justificados. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte tercero interesada los vertió mediante escrito con registro 12121; y que la Agente del Ministerio Pública Federal adscrita no presentó pedimento ministerial. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 789/2021-II; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez el trece de agosto de dos mil veintiuno, y turnado a este Juzgado el dieciséis siguiente, Margarita Alejandra Mariscal Casillas, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Estado de México y otras autoridades. II. En acuerdo del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la misma; se registró en el libro de gobierno con el número 789/2021-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. El once de octubre de este año, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada Aldamaq Maquinaria y Suministros, sociedad anónima de capital variable quien se apersona en mediante escrito con registro 12121. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que los actos reclamados tendrán ejecución dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa reclama la orden para rompimiento de cerraduras con uso de la fuerza pública decretada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México en los autos del expediente 234/2021 de su estadística, sobre el inmueble ubicado en calle Villa Florece, lote 16, manzana II, fraccionamiento Villa Florence, piso 18 y 19, edificio 2-F, Pent House, municipio de Huixquilucan, Estado de México, el cual refiere es de su propiedad. TERCERO. Los Jueces Tercero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, y Noveno Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, así como el Ejecutor adscrito a éste último, todos en el Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que cada una de las autoridades responsables antes indicadas adjuntaron al rendir sus informes justificados, a la cuales se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2o. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente sobre aquel aspecto de acuerdo al artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que en ese orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con base en los anteriores preceptos, se colige que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la justificación del interés jurídico de quien promueve el amparo, es decir, la demostración plena de que existe un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. Así, el interés jurídico del gobernado sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que le asisten, razón por la cual si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a esa esfera jurídica, entonces al acudir a la vía de amparo carece de interés jurídico para impugnarlos y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Sobre el particular, por las razones que informa, se inserta la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 568, Tomo CXX, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías". Atento a lo anterior, es válido extraer los siguientes elementos del interés jurídico, a saber: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo). b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona. c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. De ahí que el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio, como se desprende de lo establecido por el artículo 5, inciso I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1o., de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, a través del juicio de amparo. Bajo ese panorama, se sostiene que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la promovente del amparo omitió acreditar con algún medio de prueba apto e idóneo su interés jurídico, extremo que debe demostrarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. La razón de lo así afirmado estriba en que la quejosa impugna en esta instancia constitucional la orden para rompimiento de cerraduras con uso de la fuerza pública, decretada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México en los autos del expediente 234/2021, sobre el inmueble ubicado en calle Villa Florece, lote 16, manzana II, fraccionamiento Villa Florence, piso 18 y 19, edificio 2-F, Pent House, municipio de Huixquilucan, Estado de México, el cual refiere es de su propiedad. Sin embargo, se estima que dicha orden de aseguramiento, no produce afectación alguna en su esfera jurídica, porque ésta no acredita que sea titular de un derecho legítimo respecto del inmueble objeto de la orden de aseguramiento reclamada, del que se aduce propietaria; tampoco que detente la posesión del mismo, con lo que se hubiere afectado su esfera de derechos. Así es, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo que se acredite la titularidad del derecho a la posesión del inmueble materia del que reclama su aseguramiento con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias; de manera que la promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, porque la posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. Es aplicable a lo anterior en la parte que interesa, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro es "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.". Lo anterior es así, en virtud de que la legislación civil establece que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño; o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, depositario, u otro título análogo. En este sentido, resulta inconcuso que la quejosa necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo de la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Situación que no acontece en el caso a estudio, pues la quejosa no aportó elemento alguno de convicción del que se acredite que es propietaria o posesionaria del bien inmueble en litigio, pues únicamente anexó: Copia simple del testimonio de la escritura pública número 134,439 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve), pasada ante la fe del Notario Público 116 (ciento dieciséis) del Distrito Federal. Copia simple de la escritura pública 42,320 (cuarenta y dos mil trescientos veinte) de veintiséis de noviembre de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 14 (catorce), del Estado de México. Copia simple de una carátula de un recibo telefónico emitido por Teléfonos de México S. A. B. de C. V., a nombre de la quejosa. Sin que con dichos documentos se acredite la titularidad que aduce tener respecto del bien inmueble que defiende, ya que al tratarse de réplicas simples, carecen de valor probatorio pleno. Al caso es aplicable la tesis visible en la página 177 de Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1989, Materia Civil, Novena Época, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. Dentro de un procedimiento judicial, el valor de un documento obtenido en copia fotostática es únicamente presuncional de su existencia e insuficiente para justificar el hecho o derecho a demostrar o ejercitar, ya que de acuerdo a su forma de obtención, sólo son simples reproducciones fotográficas de instrumentos que el interesado coloca en una máquina diseñada para ese fin, por ende, de acuerdo a la naturaleza de la misma reproducción y lo avanzado de la ciencia, cabe la posibilidad de que esa multiplicidad de datos no proceda de un documento realmente existente, sino de uno prefabricado que para efecto de su fotocopiado permita reflejar la existencia irreal del pretendido hacer valer". En relación a las constancias relativas al expediente 234/2021 de donde deriva el acto que se reclaman, únicamente se acreditan que se decretó una orden de para rompimiento de cerraduras con uso de la fuerza pública, sobre el inmueble ubicado en calle Villa Florece, lote 16, manzana II, fraccionamiento Villa Florence, piso 18 y 19, edificio 2-F, Pent House, municipio de Huixquilucan, Estado de México, y del que refiere la quejosa el propietaria, sin que se advierta que la quejosa sea parte en dicha contienda. De lo anterior, que las probanzas que ofreció no son legalmente aptas para acreditar la posesión y/o propiedad de la quejosa respecto del inmueble que defiende. Por tanto, es inconcuso que la promovente del amparo no acredita la afectación a su esfera jurídica con los actos que reclama en el presente juicio de amparo, actualizándose así, la falta de interés jurídico, que como causal de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En virtud de lo expuesto, procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Margarita Alejandra Mariscal Casillas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el veintisiete de octubre pasado, se dio vista a la parte tercero interesada con los informes justificados rendidos en autos y las constancias remitidas en apoyo a estos, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con treinta y ocho minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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