Margarita Camarillo Málaga y Otros.
Expediente 573/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Camarillo Málaga
- Margarita Camarillo Málaga y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
"INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 573/2023, promovido por ***, quien promueve por sí y en representación de sus hijos identificados con las iniciales *** y ***, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. TRÁMITE La parte quejosa señaló como autoridad responsable al juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca. La demanda de amparo se presentó el siete de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y recibida en este juzgado, por razón de turno, el mismo día donde quedó registrada con el progresivo 573/2023; en proveído de trece de noviembre del año en curso, se procedió a la apertura del incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las responsables y se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo en términos del acta que antecede. II. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. III. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente se reclama lo siguiente: Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca El acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, en el juicio del expediente familiar *** IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado. Por tanto, siendo cierto el acto reclamado, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. V. SUSPENSIÓN DEFINITIVA Este órgano jurisdiccional advierte la necesidad de reiterar la decisión tomada en el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, donde se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, pues aún existen las mismas razones que se tomaron en cuenta para la anterior determinación, pero ahora de forma definitiva. Análisis sobre la procedencia de la suspensión. Para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva, primero debe considerarse lo siguiente: El normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. Respecto a la necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. En relación a la exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su ordinal 128, que estatuye: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". Se invoca en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 206395, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible a foja doce, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Texto: Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, dentro del juicio del expediente familiar 190/2022, por el cual, se le niega requerir a su contraparte para que le cubra el cincuenta por ciento de pensión alimenticia que recibió de su AFORE. En ese sentido, debe decirse que no procede otorgar la suspensión para los efectos que solicita la parte quejosa, en el sentido que se le haga el pago del porcentaje de la cantidad que percibió su contraparte por concepto de su AFORE, la cual aduce que es por la cantidad de $496,909.30 (cuatrocientos noventa y seis mil novecientos nueve pesos, 30/100 moneda nacional). Ello, deriva a que por el momento, no existen elementos que permitan concluir la existencia de un buen derecho en favor de la quejosa, ya que no es factible anticipar, ante la poca información con la que se cuenta, que el acto reclamado sea inconstitucional; máxime que tampoco hay datos que revelen a cuánto asciende la pensión alimenticia provisional que le fue fijada a favor de la actora en el juicio natural o que exista cantidad adeudada al respecto, ni información que permita anticipar con cierto grado de acierto que aquélla sea insuficiente. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II , página 1594, registro 2010137, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir." Sin embargo, debido al encontrarse de por medio el pago de alimentos conforme al interés superior del menor establecido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al no seguirse perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que el juez responsable vigile el cabal cumplimiento a la pensión alimenticia provisional que concedió en el juicio familiar 190/2022 de su índice. Para lo cual, con plenitud de jurisdicción, podrá dictar las medidas que considere pertinentes a fin de asegurar el derecho de recibir alimentos de los menores con iniciales K.A.R.C. y S.J.R.C, durante el citado procedimiento y así no dejarlos en estado de indefensión o se vean transgredidos sus derechos de aquéllos. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época , registro: 2019200, libro 63, febrero de 2019, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 14 que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.- De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Es aplicable por analogía, la tesis sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, publicada en la página 2998, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017562, cuyo tenor literal es: "PENSIÓN ALIMENTICIA DE UN MENOR. ANTE LA OMISIÓN DE DECRETARLA Y PONER EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DE AQUÉL, ES PRECISO DICTAR LA MEDIDA PERTINENTE QUE ASEGURE EL DERECHO A RECIBIRLA Y ORDENAR A LA RESPONSABLE QUE LA FIJE PARA SU COBRO Y DARLE PROVISIONALMENTE EL EFECTO RESTITUTORIO AL DERECHO INFRINGIDO DEL INFANTE. Si el acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar sobre la pensión alimenticia a favor de un menor, quien según manifiesta el quejoso, bajo protesta de decir verdad, actualmente se encuentra bajo su cuidado, es claro que esa omisión implica un no actuar de la autoridad en materia familiar que impide que el menor obtenga un medio de subsistencia y se defraude su derecho a los alimentos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En efecto, el acto omisivo -no proveer sobre una pensión alimenticia- por cualquier causa, supone no atender a un estado de necesidad del acreedor alimentario que se presume es inherente a su estado de dependencia por su minoría de edad; por lo que tan grave es suspender una medida que los decreta y que no deba ser excesiva, como el no decretar la pensión en un porcentaje determinado. Por eso, y atento a que la buena fe se presume y basta lo informado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, para establecer que el menor se halle bajo el cuidado del quejoso y mientras se decide sobre la suspensión definitiva y, en su caso, el juicio de amparo, así como la guarda y custodia en el juicio correspondiente, es preciso dictar la medida pertinente que asegure ese derecho a recibir alimentos, y ordenar a la autoridad responsable que de inmediato fije la pensión y ordene su cobro para dar provisionalmente el efecto restitutorio al derecho que se presume infringido en perjuicio del menor. Lo anterior, en virtud de que se trata del pago de alimentos conforme al interés superior del menor establecido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño." La medida cautelar surte efectos desde luego sin fijar garantía, pues como los alimentos constituyen el medio económico por el que se protege la subsistencia del acreedor alimentario y si en el caso se involucran los derechos de dos menores, es claro que no se puede comprometer tal afectación al otorgamiento de una caución, cuando existe la presunción fundada de la necesidad por parte de los peticionarios del amparo, de tal prestación económica para su subsistencia. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 53/2005, de la Primera Sala del Máximo Tribunal el País, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 354, registro 177784, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO. El artículo 125 de la Ley de Amparo dispone que en los casos en que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, dicha medida se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella pudieran causarse si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de garantías. Ahora bien, cuando el acto reclamado consiste en la resolución que decide reducir la pensión alimenticia provisional, para determinar si procede el otorgamiento de alguna garantía, el juzgador debe valorar cada situación particular, ya que debe verificar que con su resolución no se ponga en riesgo la subsistencia del acreedor -de acuerdo a sus necesidades- ni tampoco la del deudor alimentario -según sus posibilidades reales." Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a la responsable la sentencia ejecutoria que se llegue a dictar en el juicio de amparo de donde emana este incidente de suspensión. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ***, quien promueve por sí y en representación de sus hijos identificados con las iniciales *** y ***, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta resolución. Notifíquese por lista"
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo de cuenta; dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual la licenciada ********************, representante especial de los menores quejosos de identidad reservada ******************** y ********************., acepta y protesta el cargo y que le fue conferido. Asimismo, téngase a la promovente por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por contar con cédulas profesionales inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y a las restantes personas en términos restringidos por así solicitarlo expresamente. De igual forma, se autoriza a los usuarios "********************" e "********************" que menciona para la consulta del expediente electrónico y únicamente para que sea notificada por vía electrónica al usuario "********************". En ese orden, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta de los usuarios "********************" e "********************" a fin de que la parte promovente pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado y se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas al usuario "********************". Correo electrónico y número telefónico. Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se toma conocimiento de éstos, únicamente como medios de localización. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, no ha rendido su informe previo ni existe constancia de que haya quedado notificado de la solicitud del mismo, de ahí que no sea factible la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy. Por consiguiente, la audiencia de mérito se difiere y se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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