Margarita Camarillo Málaga
Expediente 472/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Camarillo Málaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia este juicio ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión definitiva, de conformidad a los criterios de valoración a que Alude el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales en relación con lo dispuesto por el capítulo 5, artículo 17, fracción III, inciso b), el presente asunto es conservable. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su trasferencia. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
- Incidental
"Audiencia incidental. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia incidental, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 472/2023 entre las que se encuentran las siguientes: (i) copia simple de la demanda de amparo, (ii) acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, donde se acordó el escrito de demanda y se proveyó sobre la suspensión provisional solicitada, e (iii) informe previo del secretario de acuerdos encargado del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, facultado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para dictar sentencias. El secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con un escrito firmado por Manuel Galván Espinoza, autorizado de la quejosa********************, con registro 5826. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. En otro orden, en atención al escrito de Manuel Galván Espinoza, autorizado de la quejosa********************, respecto al domicilio, autorizados, expediente electrónico y autorización de uso de medios electrónicos, que solicita se autoricen, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de doce de mayo de esta anualidad. Por otra parte, se advierte que promueve incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional por parte de la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, por considerar que fue omisa en cumplir con la respectiva suspensión otorgada; sin embargo, no ha lugar a dar trámite al incidente planteado, dado que en esta audiencia se dictará la interlocutoria en este incidente, en la que se resolverá respecto a la suspensión definitiva, por lo que, las medidas decretadas en la suspensión provisional quedará sin efectos. No habiendo alguna cuestión pendiente de pronunciamiento, se pasa a la siguiente etapa. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de la documental que acompañó la quejosa con su demanda de amparo, así como de la que anexó la responsable como apoyo a su informe previo, se cierra el período probatorio, para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que las partes no formularon alegatos; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 472/2023, promovido por********************, contra el acto de la autoridad que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la quejosa, la autoridad señalada como responsable ha vulnerado en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE El once de mayo de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del siguiente acto reclamado: "IV.-ACTO QUE SE RECLAMA. a).- La dilación en el trámite del expediente familiar número ********************del índice del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca; al no acordar mi promoción presentada con fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés; tratándose de un asunto de alimentos promovido por la suscrita y para mis menores hijos; materia de esta demanda de garantías". La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, admitiéndose a trámite, donde quedó registrada con el número 472/2023, solicitó informe previo a la responsable. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar - por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe previo el secretario de acuerdos encargado del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, facultado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para dictar sentencias, negó la existencia del acto reclamado aduciendo que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente familiar ********************de su índice, proveyó, entre otras cosas, respecto del escrito presentado por la quejosa el veintiséis de abril de dos mil veintitrés; sin embargo, esa manifestación corrobora que al momento de la presentación de la demanda -11 de mayo de 2023- la omisión reclamada existía, de ahí que deba de desvirtuarse la negativa que refiere y tener por cierto el acto reclamado. V. ANALISIS SOBRE LA CONCESIÓN o NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA. Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, donde se concedió la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para conceder la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Estudio de la medida suspensional. Ahora, para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva, debe considerarse el normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado, además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Resulta preciso apuntar que la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia. Evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada. Esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental violado. Como se adelantó, la quejosa en esencia reclama del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, la omisión de acordar su promoción presentada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente familiar ********************de su índice, tal y como se desprende de la copia del escrito que anexa a su demanda, mediante el cual acredita de manera indiciara su interés suspensional. Ahora bien, Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender y dependiendo de la naturaleza del acto reclamado así como del derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Los efectos del acto reclamado son susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo la Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público, permite que se otorgue la medida. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, se advierte que para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. Así es, la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutivos". El artículo 147 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y segundo, establece lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos." Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". Como se puede apreciar, la suspensión del acto reclamado no se limita a mantener las cosas en el estado que guardan, es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos del quejoso, sino que también permite "restablecer" provisionalmente al promovente del amparo en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente la parte quejosa (restricción establecida en el párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo). Dicho en otras palabras, la Ley de Amparo prevé la posibilidad que el órgano jurisdiccional, con el otorgamiento de la medida cautelar, restablezca o restituya al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, para impedir perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". En este sentido, cuando se reclama la inactividad del Estado (omisión) y, con ello, se restringe un derecho, no existe obstáculo jurídico para otorgar la medida cautelar, dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdura durante la substanciación del juicio de amparo. En el caso concreto, los efectos de la medida cautelar solicitados no restituyen a la quejoso en el goce del derecho vulnerado puesto que la suspensión definitiva tiende únicamente a que desaparezca la inactividad procesal con motivo de una falta de proveído. Aunado a que la según el dicho de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, existe una paralización total con relación a lo pedido en su escrito, lo cual justifica establecer medidas de protección del derecho al acceso eficaz de la tutela judicial, de una vez, y no esperar a que se continúe violando ese derecho procesal básico y fundamental. No sólo involucra una cuestión que relativa a la pronta impartición de la justicia, en la medida en la que ese derecho humano se ve potenciado, dada la presencia de otros bienes de igual o mayor jerarquía, como son el derecho recibir la pensión alimenticia decretada a favor de sus menores hijos. En ese sentido, si lo que se reclama es la omisión del Juez Familiar responsable de proveer sobre una promoción de la quejosa, que tiene la calidad de parte actora, y como tal, es parte del procedimiento familiar, y dicha promoción fue presentada quince días naturales antes de solicitar el amparo (la promoción es de 25 de abril de 2023 y la demanda se presentó el 11 de este mes), entonces, la afectación que pudiera producir el acto reclamado versa sobre el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, como una variante del derecho de petición que tiene ligar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento. En este contexto, el efecto restitutorio de la medida cautelar debe ser el de vincular a la autoridad responsable a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con la petición del quejoso, pues de esa forma es posible evitar que la afectación derivada de la omisión reclamada siga incidiendo en la esfera jurídica del quejoso. Por lo expuesto, este juzgador considera que es procedente la suspensión definitiva para el efecto de vincular a la autoridad responsable a que, con plena libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con la promoción de la quejosa. Con este efecto, se evita que la afectación derivada de la omisión aludida siga incidiendo en la esfera jurídica de la impetrante durante la sustanciación del juicio y, en esa medida, la suspensión cumpla con su propósito en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. Respalda lo anterior, la tesis I.2o.P.5 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable con el registro digital: 2025443, dentro de la página de internet del Semanario Judicial de la Federación. que es del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE PROVEER RESPECTO DE UNA PROMOCIÓN PRESENTADA POR LA PARTE QUEJOSA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, PARA EL EFECTO DE VINCULARLO A QUE, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, EMITA UNA DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON ESE ESCRITO. Hechos: La parte quejosa reclamó en el juicio de amparo indirecto la omisión del Juez de Control de proveer respecto de una promoción que presentó en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable, una vez concluida esa etapa del procedimiento penal, lo suspenda hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo; sin embargo, al no estar de acuerdo con los efectos de la medida cautelar, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclama la omisión de la autoridad judicial de proveer sobre la promoción presentada por una de las partes del procedimiento penal en la etapa intermedia, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincularla a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción. Justificación: De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutorios", es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos de la parte quejosa, sino que también permite "restablecer" provisionalmente a ésta en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente (restricción establecida en el párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo). En este sentido, si con motivo de la inactividad del Estado (omisión) se restringe el goce de un derecho, por regla general no existe obstáculo jurídico para otorgar la suspensión provisional dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdure durante la sustanciación del juicio de amparo. Luego, si el acto reclamado es la omisión del Juez de Control de proveer sobre la promoción de la parte quejosa, presentada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincular a la autoridad responsable a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción, pues de esa forma se evita que la afectación derivada de la omisión reclamada siga generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de la solicitante del amparo durante la sustanciación del juicio, específicamente en el derecho de acceso a la justicia, como una variante del derecho de petición que tiene lugar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento." Sin que lo hasta razonado, implique que la concesión de la suspensión apuntada, deje sin materia el juicio, pues desde una apreciación material, el acto reclamado en realidad la constituye una abierta dilación u omisión de acordar una petición en breve término, que sigue generando un impacto presente y actual en la esfera jurídica de la quejosa, y el hecho de que mediante la concesión quede sin materia el juicio, es una situación que sucede en una diversidad de ocasiones en amplio grado (por ejemplo, en asuntos de derecho familiar (con en el presente caso), actos de peligro de privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos de incomunicación, tortura y, en general, actuaciones que puedan consumarse en forma instantánea), de modo que resultaría injustificado que ese hecho impidiera la emisión de las medidas cautelares para la tutela efectiva de los derechos humanos en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, el criterio I.14o.T.9 L (11a.) esbozado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página de internet del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital: 2023885 y que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ABIERTA DILACIÓN U OMISIÓN DE EJECUTAR UN LAUDO EN BREVE TÉRMINO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el auto por el cual el presidente de la Junta fijó fecha lejana para llevar a cabo su reinstalación, ordenada en el laudo que le fue favorable, pues en su opinión, ello constituía una tardanza excesiva de proveer adecuadamente. Por su parte, el Juez Federal negó la suspensión provisional, al considerar que de concederse, los efectos dejarían sin materia una eventual sentencia protectora, dado que la restitución que aquél solicita coincidiría exactamente, en su caso, con los del fallo protector. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o abierta dilación de ejecutar un laudo en breve término. Justificación: Lo anterior es así, pues de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." y del artículo 147 de la Ley de Amparo, se advierte que es factible conceder la suspensión provisional de los actos de naturaleza omisiva, por lo que puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con efectos positivos o negativos. Por tanto, de un análisis ponderado del derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones firmes, derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente a la abierta dilación de cumplimentar un laudo en breve término, se concluye que debe concederse la suspensión provisional para que cese la omisión de la autoridad responsable, a efecto de que señale una nueva fecha para reinstalar a la parte quejosa en cumplimiento del laudo firme. Sin que la consideración de que el acto reclamado se ha consumado por haber transcurrido la fecha original fijada para la reinstalación del quejoso, o que la concesión de la suspensión dejaría sin materia el juicio, sea un argumento válido para negar la medida cautelar, pues desde una apreciación material, el acto reclamado en realidad la constituye una abierta dilación u omisión de cumplimentar el laudo en breve término, que sigue generando un impacto presente y actual en la esfera jurídica del quejoso, y el hecho de que mediante la concesión quede sin materia el juicio, es una situación que sucede en una diversidad de ocasiones en amplio grado (por ejemplo, en asuntos de derecho familiar, actos de peligro de privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos de incomunicación, tortura y, en general, actuaciones que puedan consumarse en forma instantánea), de modo que resultaría injustificado que ese hecho impidiera la emisión de las medidas cautelares para la tutela efectiva de los derechos humanos en el juicio de amparo." Por el momento es innecesario condicionar el otorgamiento de la suspensión, acorde al artículo 132 de la Ley de Amparo, dado que se traduce en ordenar al Juez que provea sobre la petición de una pensión relacionada con los alimentos. Sin que pase por desapercibido para este juzgado que al momento de rendir su informe previo, el juez responsable aduzca que en los autos del expediente familiar ********************de su índice, el dieciocho de mayo último, proveyó respecto del escrito presentado por la quejosa el veintiséis de abril de dos mil veintitrés; empero, el examen de esa situación, está reservada para el análisis del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución ejecutoria que en cuanto al fondo del asunto se pronuncie. En mérito de lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a la quejosa********************, por las razones expresadas en el apartado V de esta interlocutoria. Notifíquese"
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