Margarita Bailón Castrejón

Expediente 1239/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1239/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Margarita Bailón Castrejón

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Margarita Bailón Castrejón, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 1239/2019, y fórmese expediente. INCOMPETENCIA. La parte quejosa reclama del Delegado Estatal en Guerrero y de las Unidades de Medicina Familiar números 9 y 26, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, la negativa de proporcionarle atención médica, en contravención a su derecho a la salud. De los hechos que constituyen sus antecedentes, se obtiene, que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de seguridad social 72654010247; que tal prestación deriva del vínculo matrimonial con Simón Lucas Martínez. Además, al fallecimiento de éste, mediante resolución 12/187523 de doce de julio de dos mil doce le fue otorgada pensión por viudez; pensión que por diversa determinación de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, le fue revocada por el Instituto en cita, en cumplimiento a lo resuelto el seis de agosto de dos mil quince, por el Juez Sexto de Proceso Oral en Materia Familiar, con sede en la Ciudad de México, en el juicio de nulidad de matrimonio 211/2015. En contra de esta última resolución, promovió juicio de amparo, el cual por cuestión de turno correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, ante el cual se radicó bajo el número 718/2016; juicio constitucional que por sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, le fue otorgada la protección constitucional, para que se dejara sin efectos el emplazamiento a juicio, así como las actuaciones posteriores; en su acato, el Instituto Mexicano del Seguro Social, reactivó la pensión por viudez, no así lo relativo a la atención médica. En relación con dicha prerrogativa, acudió ante la Unidad de Medicina Familiar que le corresponde, con la finalidad que le proporcionara la atención médica en forma integral, oportuna, debida y de carácter urgente al padecer hipertensión y diabetes, así como el otorgamiento de medicinas; lo cual, le fue negado por orden de las autoridades responsables señalada como ordenadoras al no contar con la sentencia amparadora, donde se les indique que le tienen que dar dicho servicio. Ahora, de la sentencia dictada por el juzgado de Distrito; la cual, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE"; agréguese a estos autos copias simples. Se obtiene que se concedió la protección constitucional para el efecto ". de que la autoridad responsable, Jueza Sexta de Proceso Oral en Materia Familiar con sede en la Ciudad de México, deje insubsistente el emplazamiento realizado en el juicio de Proceso Oral en Materia Familiar, expediente número 211/2015, de su índice, así como todas las actuaciones practicadas con posterioridad y consecuencias legales; asimismo, la juez responsable proveerá lo necesario para que el fedatario respectivo proceda a efectuar el emplazamiento a la demandada, aquí quejosa, con las formalidades que la ley establece". Asimismo, de la síntesis de los acuerdos de seis de febrero y veintiuno de mayo, ambos del año en curso, publicada en siete de febrero y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se obtiene que, en ejecutoria pronunciada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el recurso de inconformidad civil 27/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, se declaró fundado el recurso de inconformidad, hecho valer por el autorizado de la parte quejosa para que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, quien ahora conoce del asunto, acreditara que proveyó lo conducente para que las consecuencias del oficio UGA/4935/2018 de diecisiete de septiembre de dos mil quince, que se giró al Instituto Mexicano del Seguros Social, queden insubsistentes, ordenando el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada y se tuvo por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Juicios Civiles y Asuntos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, comunicó que se realizaron los cambios en el sistema para la reanudación del pensión de la peticionaria de amparo, para lo cual exhibió copia del comunicado 39.11.66.61.1000/5541, la cual se reflejaría en la nómina del mes de junio del año en curso. De la confrontación de los antecedentes destacados se concluye que si bien no fue emitido dentro del juicio de nulidad de matrimonio 211/2015, se encuentra estrechamente relacionado con aquél que se reclamó en el diverso juicio 718/2016, en el que además hizo un pronunciamiento de manera general sobre aquél tema, como se advierte de las actuaciones que en ejecución de sentencia emitió; por tanto, este juzgado de Distrito estima que corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta ciudad, conocer del juicio de amparo que nos ocupa, a efecto preservar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 Constitucional y así evitar que existan sentencias contradictorias, con lo cual también se aprovecharía sus consideraciones sobre el particular, relacionados con sus antecedentes, en estricto respeto al principio de certeza jurídica para los justiciables. Por los motivos expuestos, se considera que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, no es competente para conocer del presente juicio de amparo, en atención a lo dispuesto en los artículo 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, que establecen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuenten con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o especifico, de los contenidos del propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél". Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace precedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previo o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (.)" De lo anterior, se evidencia que los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de forma aleatoria o relacionada; en el caso que nos interesa la forma relacionada es cuando al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincula con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico de los contenidos en el propio sistema, entonces se turnará al mismo órganos jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Por otra parte, en la reforma que sufrió el artículo 46 del Acuerdo mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, se establece lo siguiente: (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer, recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepto o no el conocimiento del mismo, si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ellos, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano (.) En el caso concreto, el acto que constituye el objeto de estudio está relacionado con el reclamado en el diverso juicio de amparo 718/2016; por lo que, como se adelantó, se estima que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ya transcrito. Por tanto, debe considerarse al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, como el órgano jurisdiccional con conocimiento previo del asunto que nos ocupa. En consecuencia, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el arabio 46, penúltimo párrafo, del invocado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, previa formación de cuaderno de antecedentes debidamente certificado, remítase el original del escrito de demanda y sus anexos, así como papeleta de turno, al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, -por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad- para que decida si acepta o no avocarse al conocimiento de este asunto; solicitando de la manera más atenta, que en su oportunidad envíe el correspondiente acuse de recibo y la manifestación de lo proveído sobre el particular. SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO Ahora, tomando en consideración que se reclama la omisión de proporcionar atención médica, el cual se trata de un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que, conforme con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí es factible que lo ubiquen en uno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Bajo ese contexto, al señalar la peticionaria de amparo padecer diabetes e hipertensión y contar con aproximadamente setenta y un años de edad, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones garanticen y otorguen la atención médica debida y urgente requerida por la quejosa Margarita Bailón Castrejón, así como el seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se le deban aplicar, junto con los medicamentos y tratamientos necesarios de acuerdo con el padecimiento especifico que presente. El cumplimiento a esta determinación no se encuentra supeditado a la comprobación de una acción específica por parte de las autoridades responsables, sino que ello pende del concreto estado de salud que la peticionaria de amparo presente y del tratamiento que para su padecimiento se le haya determinado, en virtud de que no se cuenta con un diagnóstico al respecto, aunado a que este órgano no cuenta con los conocimientos necesarios en la materia; lo anterior a fin de salvaguardar los derechos humanos a la vida y de acceso a la protección a la salud de la quejosa. Apercibidas de que la desobediencia a esta determinación puede ser constitutiva de un ilícito que se sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Para verificar el cumplimiento a estas determinaciones, las autoridades responsables deberán informar dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del siguiente minuto en que les surta efectos la notificación del presente proveído (el cual correrá de momento a momento), sobre el cumplimiento de esta resolución, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida 5 de mayo número 31, despacho 32-C, tercer piso, colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Luis Alejandro Arzate Calvillo, Mario Eduardo Osorio Radilla, Guillermo Bailón Ramos, José Antonio Treviño Meza y Uriel Bailón Mendoza, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Rutilo Martínez Encarnación por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho de hacerlo con posterioridad. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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