Margarita Alcaraz García
Expediente 957/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Margarita Alcaraz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 957/2019. R E S U L T A N D O... Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Margarita Alcaraz García, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 957/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el uno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Celaya, Guanajuato, y remitido ese día por razón de turno al Juzgado Sexto de Distrito, Margarita Alcaraz García, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en Celaya, Guanajuato. ACTO RECLAMADO (.) el acuerdo de fecha 02 de septiembre de 2019, notificado por boletín jurisdiccional en fecha 10 de septiembre de 2019, dictado dentro del expediente en que se actúa del índice de la SALA REGIONAL DEL CENTRO III, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, (.). SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Celaya, Guanajuato, registró la demanda en el libro de gobierno respectivo con el número 896/2019-I y declinó la competencia en razón de territorio en favor de los Juzgados de Distrito en turno, con sede esta ciudad. TERCERO. Mediante oficio recibido el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, remitió la demanda de amparo aludida, la cual fue turnada a este Juzgado Octavo de Distrito, quien por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, la registró con el número 957/2019, y se avocó al conocimiento del asunto, misma que admitió, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se ordenó la notificación por medio de oficio del inicio de este juicio del tercero interesado Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acuerdo emitido en un juicio administrativo en su etapa de ejecución, que se tramita por una autoridad que radica en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede hacer la precisión del acto de autoridad reclamado en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente en que se actúa. En ese sentido, se tiene que el objeto de estudio en este asunto lo constituye el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida en sus términos la sentencia de nulidad dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente número 4203/16-10-01-3-OT. TERCERO. Oportunidad de la demanda. De las constancias que integran el juicio de origen se obtiene que el acto reclamado se notificó a la parte quejosa mediante boletín jurisdiccional publicado el diez de septiembre de dos mil diecinueve (foja 276 del tomo I de pruebas); en tal virtud, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicha notificación surtió sus efectos el trece de septiembre siguiente; por tanto, el término de quince días para promover el juicio de amparo como lo dispone el artículo 17 primer párrafo de la Ley de Amparo, le transcurrió del diecisiete de septiembre al siete de octubre de dos mil diecinueve; descontándose los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre, cinco, y seis de octubre por ser inhábiles, de manera que si la demanda fue presentada el uno de octubre del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, como se advierte del sello respectivo, debe estimarse oportuna. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato, por así manifestarlo el Magistrado Presidente de la misma al rendir su informe con justificación (foja 64), lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento al mismo, relativas al expediente original del juicio contencioso administrativo número 4203/16-10-01-3-OT; la cual dada su naturaleza de documental pública tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; y de las que, se obtiene que el dos de septiembre del año en curso, se declaró cumplida en sus términos la sentencia ahí dictada. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias del juicio contencioso administrativo 4203/16-10-01-3-OT (tomo I de pruebas), cuyo valor se otorgó en el considerando que antecede, se obtienen los siguientes antecedentes: 1.Por acuerdo de siete de julio de dos mil dieciséis, se desechó la demanda de nulidad promovida por la ahora quejosa Margarita Alcaraz García, en contra de la resolución administrativa contenida en el oficio identificado con el número DEG/SP/646/2016, de cinco de abril de dos mil dieciséis, a través de la cual la autoridad demandada declaró improcedente la solicitud de los incrementos a su pensión, pago de diferencias, así como de diversas prestaciones que perciben los trabajadores en activo (fojas 1 a 20 del tomo I de pruebas). 2. Inconforme con tal determinación se interpuso recurso de reclamación, el cual se declaró fundado mediante resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 80 a 90 del tomo I de pruebas). 3. A virtud de lo anterior, mediante proveído de seis de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de nulidad (foja 101 del tomo I de pruebas). 4. Seguido el juicio en todas sus etapas, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se determinó infundado lo demandado por la parte actora respecto de los conceptos bono de despensa, previsión social múltiple, y demás prestaciones reclamadas, y se ordenó la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada proceda a la correcta determinación y cálculo de los incrementos de la pensión de la actora y en su caso, el pago de las diferencias derivadas de éstos, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión, con exclusión de los montos de las diferencias vencidas cuya acción esté prescrita a la fecha de la solicitud de regularización de suspensión presentada el quince de enero de dos mil dieciséis, para lo cual deberá indicar de manera clara y precisa, los elementos que tomó en cuenta para el cálculo de la determinación de las diferencias citadas, precisando por cada anualidad sobre la que se realice el cálculo: "1.- El porcentaje de incremento que en el año calendario anterior, al que corresponda el análisis de la pensión, hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor; 2.- El porcentaje de incremento a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo; 3.- Y de la comparativa a ambos, establezca cuál resulta mayor y sobre éste realice el cálculo del incremento a la pensión de la hoy accionante." Lo anterior dentro del término de cuatro meses contados a partir del día siguiente al en que quedara firme la sentencia. En este punto es importante destacar que la Sala Regional responsable en el considerando sexto de la sentencia puntualizó que para dilucidar lo relativo a la correcta cuantificación de la cuota pensionaria, de conformidad con los artículos 1º y 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente: a) Conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del uno de enero de cada año; empero, b) en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que éstos últimos. c) Y que de no ser posible la identificación del puesto que correspondería al pensionado, a partir de la información oficial proporcionada por las dependencias y entidades al quince de diciembre de cada año, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará como criterio el Índice Nacional de Precios al Consumidor. (fojas 198 a 211 del tomo I de pruebas) 5. Determinación que fue confirmada mediante ejecutoria de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión fiscal 240/2018, emitida en el recurso de revisión fiscal 240/2018 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato (foja 232 a 249 del tomo I de pruebas); recibida por auto de uno de abril de dos mil diecinueve (foja 251 del tomo I de pruebas). 6. Por auto de dos de julio de dos mil diecinueve, se recibió el oficio signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Guerrero, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remitió el diverso número DEG/DP/2076/2019, por el que adujo dar cumplimiento a la sentencia definitiva y se dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 262 del tomo I de pruebas), lo que se notificó a la parte actora por boletín jurisdiccional el uno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 264 del tomo I de pruebas), previos avisos de correo electrónico a la dirección proporcionada de nueve del nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 263 del tomo I de pruebas). 7. Mediante escrito recibido el dos de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa manifestó que la autoridad demandada no dio cumplimiento a la sentencia de nulidad porque (fojas 266 a 272 del tomo I de pruebas): a).- La pensión jubilatoria o la fijación correcta de la misma y de todos los derechos adquiridos derivado de su otorgamiento no prescriben; aunado a que al tratarse de una cuestión relativa a la seguridad social y de un adulto mayor, la autoridad responsable debe allegarse aun oficiosamente, de todos los elementos necesarios para resolver con justicia en el asunto; en tanto que en el caso, la autoridad demandada fundamenta el sentido de su decisión en documentos que no formaron parte del juicio, como lo es la constancia de evolución salarial emitida por la propia dependencia, por lo que materialmente resulta imposible su impugnación en el juicio de nulidad, aunado a que es su obligación contar con sistemas actualizados que le permiten incrementar la pensión conforme a los tabuladores regionales aplicables. Además, dicho documento constituye un hecho novedoso, y si bien no se especificó en la sentencia definitiva que sólo los tabuladores regionales constituyen el único medio para determinar los incrementos salariales en contraste con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ello no significa que la autoridad demandada estuviera en aptitud de apartarse de resolver lo que fue materia de petición a su libre arbitrio. b).- Es obligación de la autoridad demandada demostrar que los incrementos aplicados son correctos, lo que debía demostrar fehacientemente. c).- Es obligación de la sala responsable tener en consideración los tabuladores regionales aplicables por tratarse de un asunto relacionado con la seguridad social. d).- La demandada hizo el cálculo retroactivo únicamente por lo que ve a cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de rectificación, lo cual es contrario a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural. e).- La autoridad demandada debe ponderar el aspecto relativo a los parámetros en los que se otorgó la pensión, particularmente en lo que corresponde a su tope máximo. 8. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, la Sala responsable se limitó a precisar que la autoridad demandada mediante oficio número DEG/DP/2076/2019, desglosó el incremento y pago de las cuotas de pensiones otorgadas al actor, así como el comparativo de incremento entre el índice Nacional de Precios al Consumidor y el puesto de trabajadores en activo, determinando que no existe diferencia a pagar en favor del quejoso, lo que refirió se encontraba acreditado en autos, y por ende, estimó cumplida la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 273 y 274 del tomo I de pruebas). SEXTO. Estudio de fondo. Precisados los antecedentes del acto reclamado y dado que las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación. a) En el primer concepto de violación la parte quejosa refiere que la autoridad responsable omitió revisar de manera exhaustiva el cumplimiento informado por la autoridad demandada, ya que al declarar cumplida la sentencia no hizo un estudio detallado sobre los efectos de la misma con en miras de otorgar certeza y seguridad jurídica al actor. Que la parte demandada determinó su cuantía pensionaria con fundamento en un documento expedido por la dependencia para la cual se retiró del servicio activo denominado "constancia de evolución salarial", documento que carece de valor, ya que no se encuentra soportado por ningún otro documento del que se obtengan los porcentajes anuales de incremento en él consignados, siendo además un documento elaborado unilateralmente por la demandada respectiva por lo que carece de certeza y autenticidad en su contenido, además de que dicha figura no existe en algún ordenamiento legal aplicable. Que los únicos documentos legalmente aptos para determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo, lo constituyen los tabuladores regionales que anualmente o cada vez que existe un incremento, autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales están al alcance de la autoridad demandada para poder determinar los sueldos reales autorizados, y en su caso el porcentaje de aumento aplicado. c) Por su parte en su segundo concepto de violación, sostiene que la Sala responsable no revisó exhaustivamente si el cumplimiento es apegado a derecho, ya que estaba obligada a examinar puntualmente los supuestos cálculos y operaciones realizados por la parte demandada. Asimismo, aduce que de la constancia de evolución salarial no se desprende que la información ahí contenida haya tenido como fuente el tabulador regional aplicable; lo que es de relevante importancia puesto que no existe disposición legal alguna que la regule o autorice, mientras que la utilización del tabulador regional sí está regulado. Asimismo, sostiene que la concesión de la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no contiene detalles sobre el procedimiento seguido para obtener la cuota diaria pensionaria, es decir, no precisa cuáles fueron las prestaciones que se tomaron en cuenta para el cálculo de la referida cuota diaria, ni se mencionaron los datos que permitan establecer con certeza cuál fue el tabulador regional aplicado, ni el manual de percepciones vigente en el último año anterior a la fecha de su baja; asimismo, no se hizo mención de las precepciones de quinquenios y prima de antigüedad, que deben ser incluidas en el cálculo de la cuota diaria pensionaria, y tampoco se dijo nada sobre las prestaciones recibidas por el trabajador periódicamente o sobre las que se hubieran aplicado los descuentos correspondientes para ingresarlos al Instituto. c) En su tercer concepto de violación, manifiesta que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio el principio de congruencia ya que la Sala responsable sólo se limitó a manifestar que el cumplimiento a la sentencia se realizó de forma correcta, sin verificar la forma, cálculos, cantidades, tabuladores y porcentajes que utilizó la parte demandada, con documento alguno; en tanto que la autoridad demandada realizó su cuantificación y determinación, sin justificar plenamente los parámetros que debe utilizar para el comparativo entre ambos criterios . En ese sentido, tenemos que resultan esencialmente fundados los motivos de disenso reseñados y suficientes para conceder el amparo solicitado, aunque suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa tiene el carácter de pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que al pronunciarse la Sala responsable sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad, emitida en el procedimiento de origen incurrió en una deficiente motivación, en atención a las consideraciones que enseguida se exponen. En efecto, en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. A su vez, el diverso precepto 17 Constitucional, consagra el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, que se puede definir como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un procedimiento en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Lo anterior, así fue considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, visible en la página 124, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Asimismo, la propia Sala emitió la tesis aislada 1a. LXXIV/2013 (10a.) publicada en la página 882, Libro XVIII, Tomo I, Marzo de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.", en la que estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que se corresponden a tres derechos bien definidos, de entre los que destaca para el estudio que nos ocupa, el que se presenta con posterioridad al juicio, y que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. El mencionado derecho prevé que los gobernados obtengan de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa. Así, se tiene que el derecho a que se ejecuten las sentencias firmes, conforme con las consideraciones que la integran, impone a los órganos judiciales la adopción de todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución; pero a su vez impide que el órgano jurisdiccional se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible. En relación con lo expuesto, el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que el Tribunal que dicta la sentencia está obligado a velar por su cumplimiento al ser una cuestión de orden público; por lo que, debe realizar todo tipo de actos tendentes a cumplir y hacer cumplir la sentencia de nulidad así como para determinar su debido cumplimiento. Sobre el tema, es pertinente citar la tesis número (I Región) 8o.57 A (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consultable en la página 2382, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU CUMPLIMIENTO DEBE REVISARSE OFICIOSAMENTE, INCLUSIVE EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITA UNA NUEVA DETERMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA INTERLOCUTORIA DE QUEJA. El artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que las Salas, Secciones o el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán requerir y revisar oficiosamente el cumplimiento de sus sentencias. Por otra parte, la fracción II de dicho precepto no establece expresamente que la resolución administrativa emitida por la autoridad demandada en cumplimiento a una interlocutoria que declaró fundada una queja interpuesta por el actor, sea revisada oficiosamente por dicha autoridad jurisdiccional. No obstante, esta última porción normativa debe interpretarse a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, establece el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, que implica que aquellas determinaciones que han causado estado se materialicen en su totalidad; es decir, que cabalmente se realicen las conductas de dar, hacer o no hacer ordenadas por la autoridad jurisdiccional. En estas condiciones, si bien es cierto que algunas legislaciones procesales establecen la obligación del juzgador de velar por el pleno cumplimiento de sus determinaciones, para lo cual llevará a cabo oficiosamente los actos necesarios para lograrlo, como sucede con la Ley de Amparo, también lo es que otras contienen un principio de impulso procesal de las partes, comprensible por su propia naturaleza, como sucede en los procesos mercantiles. Así, el intérprete de la norma habrá de analizar el sistema normativo correspondiente, según sus características, para determinar cuál es la situación que prevé en el caso concreto. De esta manera, la fracción I del precepto 58 citado, que establece la revisión oficiosa del cumplimiento de la sentencia de nulidad, debe servir de base para llenar la laguna normativa de la diversa fracción II. Por tanto, para hacer efectivo el principio señalado, aun cuando el actor no desahogue la vista otorgada para manifestarse sobre el cumplimiento dado a una interlocutoria de queja, ello no es impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revise oficiosamente si la autoridad demandada acató el fallo de nulidad y el de la queja. Esto es, la omisión de desahogar la vista aludida podrá tener repercusiones como la preclusión procesal, pero, se insiste, no al grado de que la Sala, Sección o el Pleno omita analizar si se acató o no su sentencia". Derivado de lo anterior, se tiene que la postura de los órganos jurisdiccionales para hacer realidad los postulados del debido proceso en relación con el cumplimiento de los fallos, debe ser estricta en la ejecución de la cosa juzgada. Respecto de la institución de la cosa juzgada, en nuestro sistema jurídico, se destaca que constituye un acto de voluntad de soberanía del Estado, al regular en forma obligatoria e inmutable las relaciones jurídicas que le han sido sometidas en un juicio para su decisión, mediante el ejercicio de la pretensión correspondiente; aceptar lo contrario implicaría que la autoridad demandada o una diversa, pudiera variar sucesivamente la determinación dictada en cumplimiento a la sentencia de nulidad, no obstante que ya hubiera sido calificada por la Sala Regional del conocimiento; lo que es contrario, al principio de certeza jurídica, porque dicha determinación novedosa no puede prosperar o prevalecer sobre puntos que ya fueron materia de dilucidación en la sentencia emitida en el juicio correspondiente, en la que se han ya delimitado derechos y no puede modificarse unilateralmente, bajo ningún argumento, ni siquiera por la propia autoridad que la emitió. Así, a efecto de respetar los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales, al tiempo que se debe dar certeza a las relaciones jurídicas mediante instituciones como la de la cosa juzgada (que implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en razón de un interés político y público, una vez precluidos todos los medios de impugnación) es que las autoridades no puedan modificar, anular o rebasar lo decidido, pues ello resulta antijurídico e ilegal, porque atenta contra los derechos fundamentales del debido proceso, invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada. En el caso, se tiene que la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo 4203/16-10-01-3-OT, se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, procediera a la correcta determinación y cálculo de los incrementos de la pensión de la actora, y en su caso el pago de las diferencias derivadas de éstos, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión, con exclusión de los montos de las diferencias vencidas cuya acción esté prescrita a la fecha de la solicitud de regularización de suspensión presentada el quince de enero de dos mil dieciséis, para lo cual deberá indicar de manera clara y precisa los elementos que tomó en cuenta para el cálculo de la determinación de las diferencias citadas, precisando por cada anualidad sobre la que se realice el cálculo: "1.- El porcentaje de incremento que en el año calendario anterior, al que corresponda el análisis de la pensión, hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor; 2.- El porcentaje de incremento a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo; 3.- Y de la comparativa a ambos, establezca cuál resulta mayor y sobre éste realice el cálculo del incremento a la pensión de la hoy accionante." Lo anterior dentro del término de cuatro meses contados a partir del día siguiente al en que quedara firme la sentencia. En este punto es importante destacar que la Sala Regional responsable en el considerando sexto de la sentencia puntualizó que para dilucidar lo relativo a la correcta cuantificación de la cuota pensionaria, de conformidad con los artículos 1º y 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente: a) Conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del uno de enero de cada año; empero, b) en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que éstos últimos. c) Y que de no ser posible la identificación del puesto que correspondería al pensionado, a partir de la información oficial proporcionada por las dependencias y entidades al quince de diciembre de cada año, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará como criterio el Índice Nacional de Precios al Consumidor. (fojas 198 a 211 del tomo I de pruebas) Lo anterior quiere decir entonces que la legalidad de la resolución sujeta a examen deriva directamente de que se hayan colmado los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el juicio natural; aspecto que evidentemente conduce por ejemplo, a la comprobación de que las operaciones aritméticas y los valores empleados por la autoridad demandada eran correctos, pues de otro modo, a ningún fin práctico conduciría haber constreñido al Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que fundara y motivara su determinación en torno al pago de los incrementos de la pensión solicitada por la parte actora, aquí quejosa, si ello no será objeto de análisis en la resolución que constituye el acto reclamado. Así, confrontando los efectos a los que constriñó la Sala responsable al declarar la nulidad del acto en la sentencia definitiva, con el contenido del acuerdo reclamado (auto que la declaró cumplida), se estima que éste es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que es de orden público el acatamiento de una sentencia que declara la nulidad de un acto, por lo que la autoridad que la emite, sin perder de vista que se trata de un procedimiento en etapa de ejecución, está obligada a allegarse de elementos probatorios, a efecto de examinar aquellos necesarios para determinar su debido cumplimiento. Bajo esa premisa, de la lectura del auto reclamado no se advierte que la Sala responsable verificara los datos proporcionados por el Instituto demandado en el oficio de cumplimiento, particularmente que hubiera comprobado que la información contenida en la tabla adjunta correspondiera a la información cuyos enlaces electrónicos proporcionó la autoridad demandada, a partir de lo cual entonces pudiera comprobar que fueron correctos los resultados de las operaciones aritméticas ahí concentradas, a efecto de que estuviera en aptitud de dilucidar sobre la exigencia o no de efectuar un pago retroactivo al actor. Consecuentemente, al haberse determinado que la resolución sujeta a examen infringió en perjuicio de la quejosa Margarita Alcaraz García las garantías de legalidad, seguridad jurídica y tutela previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó, para el efecto de que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya Guanajuato: 1. Deje sin efectos el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio contencioso administrativo número 4203/16-10-01-3-OT, y en su lugar, 2. Dicte otro, en el que, previo a declarar el cumplimiento total o no de lo ahí sentenciado, con libertad de jurisdicción pero fundada y motivadamente, compruebe si son correctos los datos que tomó en consideración la autoridad demandada en el juicio natural para emitir el oficio DEG/DP/2076/2019, así como las cantidades contenidas en la tabla anexa, realizando las operaciones aritméticas correspondientes y si cumplió los lineamientos ordenados en la sentencia de nulidad, debiendo contestar además las manifestaciones realizadas por la actora mediante escrito presentado el dos de agosto del año en curso. A virtud de lo anterior, resulta innecesario el estudio de los argumentos en los que se aducen vicios de fondo. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Margarita Alcaraz García, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DO SMIL DIECINUEVE...
- Principal
Acapulco, Guerrero, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe justificado de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Celaya, Guanajuato, y que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le otorgó para ello; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia de mérito se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.
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