Margalit Bailón Miranda

Expediente 1211/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1211/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Margalit Bailón Miranda
  • CLAUDIO BADILLO FERNÁNDEZ y Otros.
  • MARGALIT BAILÓN MIRANDA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el auto de julio de dos mil diecisiete de dos mil diecisiete al tercero interesado, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de doce de julio de dos mil diecisiete, remite el expediente original D-4/13/2010, de su índice. Ahora, en vista de lo anterior y en virtud de que los actos reclamados en esta instancia federal derivan de la dilación de la junta responsable dentro de dicho expediente, y en aras en una pronta impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa copia certificada que obren en autos de las constancias conducentes, devuélvase a su lugar de origen el indicado expediente, para que la autoridad responsable continúe con el trámite en el juicio de origen. De igual manera, dígase a la autoridad oficiante que no es necesario que remita el original de las citadas actuaciones, ya que retardaría el trámite del juicio laboral de origen. Ahora, de las constancias de mérito, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que las quejosas María Alejandra Flores Munguía, Margalit Bailón Miranda, Claudia Badillo Fernández y Norma Lilia Garduño Sánchez, ocurren ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridad responsable: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que estos son: La omisión de acordar lo conducente respecto al escrito presentado dentro del juicio laboral de origen D-4/13/2010. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos, en virtud de que mediante auto de seis de julio de dos mil diecisiete se acordó lo conducente respecto a la solicitud hecha por la parte quejosa mediante escrito presentado ante la junta responsable el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, como se acredita de las copias certificadas del expediente original que remitió y cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la responsable de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que mediante proveído de seis de julio de dos mil diecisiete, la junta responsable acordó lo relativo a las peticiones formuladas por la parte aquí quejosa mediante su escrito de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis [cuya omisión conforma el acto reclamado] dentro del juicio laboral de origen D-4/13/2010; lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente original remitido por la responsable, con valor probatorio pleno en los términos expuestos; por tanto es posible concluir que cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe indicarse que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional estima que los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno e intégrese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE].

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de doce de julio de dos mil diecisiete, remite el expediente original D-4/13/2010, de su índice. Ahora, en vista de lo anterior y en virtud de que los actos reclamados en esta instancia federal derivan de la dilación de la junta responsable dentro de dicho expediente, y en aras en una pronta impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa copia certificada que obren en autos de las constancias conducentes, devuélvase a su lugar de origen el indicado expediente, para que la autoridad responsable continúe con el trámite en el juicio de origen. De igual manera, dígase a la autoridad oficiante que no es necesario que remita el original de las citadas actuaciones, ya que retardaría el trámite del juicio laboral de origen. Ahora, de las constancias de mérito, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que las quejosas María Alejandra Flores Munguía, Margalit Bailón Miranda, Claudia Badillo Fernández y Norma Lilia Garduño Sánchez, ocurren ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridad responsable: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que estos son: La omisión de acordar lo conducente respecto al escrito presentado dentro del juicio laboral de origen D-4/13/2010. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos, en virtud de que mediante auto de seis de julio de dos mil diecisiete se acordó lo conducente respecto a la solicitud hecha por la parte quejosa mediante escrito presentado ante la junta responsable el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, como se acredita de las copias certificadas del expediente original que remitió y cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la responsable de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que mediante proveído de seis de julio de dos mil diecisiete, la junta responsable acordó lo relativo a las peticiones formuladas por la parte aquí quejosa mediante su escrito de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis [cuya omisión conforma el acto reclamado] dentro del juicio laboral de origen D-4/13/2010; lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente original remitido por la responsable, con valor probatorio pleno en los términos expuestos; por tanto es posible concluir que cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe indicarse que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional estima que los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. 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