Marcos Vázquez Guzmán

Expediente 1855/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1855/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2015

Partes del expediente

  • Marcos Vázquez Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la nueva Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de once de noviembre de dos mil quince, dictado en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el perito oficial José Raúl Rafael Lara Taboada, visto su contenido, se le tiene informando la imposibilidad con que cuenta para emitir el dictamen pericial que le fue solicitado, en razón de que existen más de veinte años de diferencia entre la firma cuestionada y las que fueron indicadas como indubitables. Ahora bien, de autos se sigue que se suspendió la audiencia constitucional en este juicio con motivo de la objeción de falsedad hecha valer por la parte quejosa con relación al escrito de contestación de demanda de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres. Así, a fin de demostrar los extremos de sus aseveraciones, la parte quejosa ofreció como prueba la pericial en grafoscopía, caligrafía y documentoscopía; medio de convicción que tiene como finalidad auxiliar al juzgador, en temas y conocimientos científicos o tecnológicos que deba utilizar a través de exposiciones no jurídicas, pero necesarias para resolver la cuestión efectivamente puesta a su conocimiento, al tratarse de información proporcionada por especialistas en la materia de que se trate, que constituye una opinión técnica a la cual el juzgador le otorgará, según su prudente estimación, el valor que estime conveniente. En ese orden de ideas, a fin de evitar mayor dilación en la tramitación del presente juicio y que al momento de dictar sentencia definitiva esta potestad federal cuenta con toda la información necesaria para resolver el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República con relación a los diversos 119 de la Ley de Amparo, 140 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, requiérase a la parte quejosa a fin de que en el término de tres días exhiba en original un documento público en el que conste su firma, contemporáneo a la firma cuestionada (estampada en el año de mil novecientos noventa y tres), a fin de que dicho documento funja como firma indubitable respecto de aquélla que objetó de falsa. Se estima necesario realizar el anterior requerimiento, pues aun cuando en autos ya se han señalado las firmas que servirán como indubitables para el desahogo de la prueba pericial de que se trata, de acuerdo a lo expuesto por el perito oficial en el ocurso de cuenta, una vez que se impuso de autos, advirtió diferencias sustanciales entre la firma cuestionada y las indubitables, al existir más de veinte años de diferencia en aquéllas. Por tanto, tomando en cuenta lo expuesto por el perito oficial, se considera necesario requerir el documento indicado a fin de que los peritos designados en autos cuenten con la información necesaria para emitir el dictamen que les fue solicitado. Una vez que obre en autos el documento público contemporáneo a la firma cuestionada, se proveerá lo conducente para que los peritos designados en este juicio de amparo complementen el dictamen que les fue requerido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Jefe de Actuaria adscrito a ese Tribunal, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la nueva Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Marcos Vázquez Guzmán, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de emitir acuerdo admisorio de la demanda que presentó el veintisiete de abril del presente año, así como la notificación a las partes dentro del expediente radicado bajo el número D-291/2015. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidente, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince, dictado dentro del expediente D-291/2015, acordó el escrito de demanda que el aquí quejoso presentó el veintisiete de abril de dos mil quince. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente D-291/2015, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra el proveído que emitió el veintiséis de octubre del año en curso, en el que acordó el escrito que el aquí quejoso le presentó el veintisiete de abril de la presente anualidad, requiriéndolo para que señalara con claridad las funciones que desempeñó en el encargo de su labor, el cual le fue notificado el seis de noviembre del presente año, por conducto de su abogado Darío García Rojas. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acordara el escrito de demanda que presentó el veintisiete de abril de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de veintiséis de octubre del año en curso, dentro del expediente D-291/2015, la autoridad responsable se pronunció sobre dicho ocurso, requiriéndolo para que señalara con claridad las funciones que desempeñó en el encargo de su labor, mismo que le fue notificado el seis de noviembre del presente año, por conducto de su abogado Darío García Rojas. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, íbidem. Lo anterior, sin que soslaye la existencia de la jurisprudencia de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AÚN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", pues en la especie no se reclamó la violación al derecho petición, sino la denegación de justicia (violación al artículo 17 constitucional) derivada de la omisión del tribunal responsable de pronunciarse dentro del expediente D-291/2015 sobre el escrito presentado por el quejos, por tanto, no es el caso de requerirlo para que manifieste si desea ampliar su demanda. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil quince, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de José Colotl Durán, autorizado de la quejosa Luz María Cárcamo Rosas o Luz María Cárcamo o Lucrecia Munguía Cárcamo, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su artículo 2°, como lo solicita expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores de este juzgado y razón que obre en autos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que no ha lugar a tener por autorizada a la persona que indica para recibir las copias que solicita, toda vez que dicha facultad únicamente la pueden delegar las partes, es decir, el quejoso y el tercero perjudicado, no así los autorizados. NOTIFÍQUESE.

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