Marcos Zapotitla Becerro

Expediente 346/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
346/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Marcos Zapotitla Becerro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 346/2019-IV, promovido por MARCOS ZAPOTITLA BECERRO por su propio derecho y en su carácter de Diputado Integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, turnado el diecinueve de marzo siguiente a este Juzgado de Distrito, MARCOS ZAPOTITLA BECERRO por su propio derecho y en su carácter de Diputado Integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO.- Una vez subsanada la prevención formulada, mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la ampliación de la demanda de amparo (foja 168 a 173), inconforme el quejoso interpuso recurso de queja, el diez de abril de dos mil diecinueve, se dio trámite al referido recurso, se suspendió el procedimiento dejándose sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional (foja 184). CUARTO.- Del referido recurso le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el que por resolución pronunciada en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 133/2019, declaró infundado dicho recurso. QUINTO.- Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la resolución mencionada, se ordenó la reanudación del procedimiento se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radican las autoridades responsables a quienes se les reclaman los actos impugnados en esta vía constitucional. SEGUNDO.- Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos que reclama el quejoso son: 1.- La aplicación y/o ejecución de los artículos 37, 50 fracción III inciso d), VIII, 53, 54, 55, 57 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 2.- La aplicación y/o ejecución de los artículos 51 a 87 y 95 a 100, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 3.- El ilegal emplazamiento para el inicio de un procedimiento de remoción y/o destitución de los cargos que tiene el quejoso dentro del Congreso del Estado de Morelos. 4.- El ilegal inicio y acuerdo de remoción y/o destitución de los cargos que el quejoso tiene dentro del Congreso del Estado de Morelos. 5.- La nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de remoción y/o destitución de los cargos que el quejoso tiene dentro del Congreso del Estado de Morelos. 6.- La reunión de trabajo y/o sesión y/o acuerdo y/o dictamen y/o dictaminación de inició de un procedimiento de remoción y/o destitución del quejoso de los cargos que tiene dentro del Congreso del Estado de Morelos. 7.- La reunión de trabajo y/o sesión del inicio de un procedimiento de remoción y/o destitución del quejoso de los cargos que tiene dentro del Congreso del Estado de Morelos. 8.- El inicio de un procedimiento de remoción y/o destitución de los cargos que el quejoso tiene dentro del Congreso del Estado de Morelos. 9.- Cualquier determinación y/o voto dado en sus respectivas esferas de competencia ya sea como diputado (individual) y/o como integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y/o como integrante del Pleno del Congreso del Estado de Morelos y/o como integrante de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso del Estado de Morelos, para el inicio de un procedimiento de remoción y/o destitución de los cargos que el quejoso tiene dentro del Congreso del Estado de Morelos. 10.- El acuerdo y/o dictamen y/o determinación del inicio de un procedimiento de remoción y/o destitución del quejoso de los cargos que tiene dentro del Congreso del Estado de Morelos. 11.- La determinación y/o acuerdo y/o resolución por medio del cual se determina suspenderlo y/o privarlo de sus emolumentos y prerrogativas que le asisten en el cargo de Diputado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 12.- La determinación y/o acuerdo y/o resolución por medio del cual se determina suspenderlo y/o privarlo de los recursos humanos, materiales, así como de la asistencia técnica y profesional que requiere para el cumplimiento de sus obligaciones como Diputado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. TERCERO.- No son ciertos los actos reclamados, en virtud de que las autoridades responsables al rendir el informe justificado negaron su existencia: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJAS DEL INFORME JUSTIFICADO 1 CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) 333 a 347 5 JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) 302 a 317 6 DIPUTADA ALEJANDRA FLORES ESPINOZA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 214 a 220 7 DIPUTADO ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 292 a 298 8 DIPUTADO JAVIER GARCÍA CHÁVEZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 254 a 260 9 DIPUTADA ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 207 a 213 10 DIPUTADA NAIDA JOSEFINA DIAZ ROCA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 244 a 246 11 DIPUTADO ANDRÉS DUQUE TINOCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 247 a 253 12 DIPUTADA ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLORZANO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 234 a 240 13 DIPUTADA KEYLA CELENE FIGUEROA EVARISTO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 261 a 267 14 DIPUTADO JOSE LUIS GALINDO CORTÉZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 268 a 274 15 DIPUTADA MARICELA JIMENEZ ARMENDARIZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 227 a 233 16 DIPUTADA TANIA VALENTINA RODRIGUEZ RUIZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 285 a 291 17 DIPUTADA BLANCA NIEVES SANCHEZ ARANO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 197 a 199 18 DIPUTADO JOSE CASAS GONZÁLEZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 224 a 226 19 CRISTINA XOCHIQUETZAL SANCHEZ AYALA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 200 a 206 20 DIPUTADA ROSALINDA RODRIGUEZ TINOCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 282 a 284 21 DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPIN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 190 a 196 22 DIPUTADA DALILA MORALES SANDOVAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 275 a 281 23 DIPUTADA ANA CRISTINA GUEVARA RAMÍREZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) 241 a 243 24 1CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) 299 a 301 Ahora bien, en virtud de que los actos que reclama el quejoso son de carácter positivo, tiene carga de la prueba de acreditar su existencia; sin embargo no lo hizo y por ende no se encuentra desvirtuada la negativa que sostuvieron las autoridades responsables. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 3ª./J. 35/90 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207114, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Materia Común, página: 186 del rubro: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS". No se soslaya que de lo informado por las mencionadas autoridades responsables se aprecian las actuaciones siguientes: 1.- El acuerdo aprobado por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, el trece de marzo de dos mil diecinueve, por el que se propone la modificación en su integración las Comisiones Legislativas Ordinarias de Gobernación y Gran Jurado; Transito, Transporte y Vías de Comunicación; Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas; y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad. 2.- El acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, por el que se modifican en su integración las Comisiones Legislativas Ordinarias de Gobernación y Gran Jurado; Transito, Transporte y Vías de Comunicación; Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas; y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad. Sin embargo, por lo que respecta al primer acuerdo, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el quejoso promovió la ampliación de la demanda de amparo; empero en proveído de veintinueve siguiente se desechó dicha ampliación (foja 168 a 173), inconforme el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 133/2019, declarándolo infundado. En tanto que por cuanto al acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, éste fue emitido en fecha posterior a la presentación de la demanda (quince de marzo de dos mil diecinueve) y, por tanto, conforme a la técnica y principios que rigen la tramitación del juicio de amparo, para efectos del presente juicio resultaba inexistente, ya que su existencia debe relacionarse a la fecha de la presentación de la demanda, pues el juicio de amparo no puede ocuparse de actos posteriores a los que le dieron origen. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Octava Época, Registro: 206346, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, Materia(s): Común, Tesis: Página: 15, del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Así como la jurisprudencia 1ª./J. 36/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con número de registro 196072, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Común, Penal, página: 5, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1º., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Se estima oportuno establecer que no es posible considerar que en el momento de la presentación de la demanda (quince de marzo de dos mil diecinueve) el acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, fuese un acto inminente, porque si bien existía el acuerdo aprobado por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, el trece de marzo de dos mil diecinueve; sin embargo, ello no es suficiente para considerar que el acuerdo del Pleno de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve era un acto inminente, pues la aprobación de la modificación en su integración las Comisiones Legislativas Ordinarias propuestas por la Junta Política y de Gobierno del Congreso no era indudable, ello entendido como aquel acto cuya existencia sólo dependía de que se cumplieren determinadas formalidades, pues su aprobación fue sometida al Pleno a votación de los Diputados que lo integran, por lo que su aprobación dependía de lo que determinara la mayoría del Pleno, de ahí que, se reitera, el acuerdo del Pleno del Congreso de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve no era un acto inminente. Son aplicables al respecto: La tesis aislada de la Séptima Época sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación volumen 139-144 tercera parte, pagina 9, con registro 237796 de rubro y texto: "ACTOS INMINENTES, AMPARO PROCEDENTE CONTRA LOS. Es procedente el juicio de amparo en contra de los actos que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos." De igual forma, la tesis aislada de la Octava Época sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación tomo l, segunda parte-1, enero-junio de 1988, pagina 56, con registro 230866 de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." En las condiciones apuntadas, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados relatados en el presente considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee respecto a los mismos. Apoya la anterior conclusión la tesis VII.1º.C.4 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, con número de registro 198320, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, materia Común, página: 433 "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." TERCERO.- Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" todos del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, votación, aprobación y promulgación y publicación, respectivamente, en la esfera de su competencia, de los artículos 37, 50 fracción III inciso d), VII, 53, 54, 55, 57, 61, 62 fracciones IV, V, VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 51 a 87 y 95 a 100, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, toda vez que así lo aceptaron al rendir el informe justificado (fojas 333 a 347, 362 a 366 y 367 a 371) . Lo anterior se encuentra corroborado con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión a las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por los artículos 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2ª./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". CUARTO.- Previo al análisis de la constitucionalidad de las normas reclamadas, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio se advierte que respecto de los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" todos del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, votación, aprobación y promulgación y publicación, respectivamente, en la esfera de su competencia, de los artículos 37, 50 fracción III inciso d), VII, 53, 54, 55, 57, 61, 62 fracciones IV, V, VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 51 a 87 y 95 a 100, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos se actualiza la causa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." A efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima conveniente puntualizar que, cuando una norma se combate con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio que se ha citado está contenido en la Jurisprudencia 90, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60 del Tomo III, del Apéndice de 1995, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación". En ese orden de ideas debe precisarse que no se demostró el acto de aplicación de los artículos 37, 50 fracción III inciso d), VII, 53, 54, 55, 57, 61, 62 fracciones IV, V, VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 51 a 87 y 95 a 100, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por las consideraciones expuestas en el considerando segundo de esta sentencia. Por tanto, al no encontrarse acreditado el acto de aplicación de las normas impugnadas, debe sobreseerse respecto a dichas disposiciones legales, ya que resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través del acto de aplicación, se concretó en perjuicio del accionante la hipótesis normativa combatida, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, de su plena demostración. Orientan el criterio expresado, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación 199-204 Primera Parte, del rubro y texto siguiente: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACION, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Así como la jurisprudencia 2ª./J.71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Tomo: XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese orden de ideas, respecto a los artículos 37, 50 fracción III inciso d), VII, 53, 54, 55, 57, 61, 62 fracciones IV, V, VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 51 a 87 y 95 a 100, 103 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2ª./J.12/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 323, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Consecuentemente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que se refiere a las mencionadas normas impugnadas.Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARCOS ZAPOTITLA BECERRO contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal. Doy fe.

  2. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente establece: Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARCOS ZAPOTITLA BECERRO contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos jurídicos conducentes, el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en la sesión de tres de octubre del año actual en el recurso de queja 133/2019, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: ".ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, por lo que se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea necesario requerir informe alguno a las autoridades responsables, en virtud de que rindieron el informe con justificación en relación a la demanda originaria (fojas 190 a 360 y 362 a 371). Por otra parte, del estado procesal de los autos se advierte que por acuerdos de fechas quince y veintidós de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional se reservó el acuerdo conducente a los informes recibidos, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto, lo cual ya aconteció; por tanto, se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, con los informes justificados rendidos por la totalidad de las autoridades responsables; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Gírese oficio a las autoridades responsables, haciéndoles de su conocimiento la continuación del presente juicio de amparo; de igual forma, notifíquese a través de la lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público adscrita, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa y quedó registrado con el número 133/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.EDIAZ*

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