Marcos Vázquez Rodríguez

Expediente 164/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
164/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
22/05/2015

Partes del expediente

  • Marcos Vázquez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido y se agrega a los autos del presente cuaderno de antecedentes para que obre como legalmente corresponda, el oficio 33589/2015, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los cuadernos de suspensión relativos al presente juicio de amparo, el cual se envió con motivo del impedimento planteado, e informa que desde el cuatro de mayo de dos mil quince, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida; atento a lo anterior, agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes; en consecuencia, previo a las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, en virtud de que en el mismo no existen documentos aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se advierte que la parte quejosa Marcos Vázquez Rodríguez, no dio cumplimiento con la medida impuesta por este Juzgado de Distrito, al concederle la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistente en exhibir garantía por la cantidad de $4,308.85 (cuatro mil trescientos ocho pesos 85/100 m.n.); en esas condiciones, tomando en cuenta que en la resolución interlocutoria dictada, fue apercibida dicha parte quejosa, en el sentido que de no observar la medida de aseguramiento anteriormente señalada, la suspensión definitiva concedida dejaría de surtir sus efectos; por tales circunstancias, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la medida cautelar referida, ha dejado de surtir sus efectos legales. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual solicita se informe si el presente juicio se encuentra relacionado con el acto que se reclama en el asunto 157/2015 de su índice, consistente en la resolución interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil catorce, emitida dentro del juicio laboral 05/188/15, y en caso de ser así, emita copia certificada de dichas constancias, debiendo hacer del conocimiento el estado procesal que guardan los presentes autos. Atento a lo anterior, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda, e infórmese al Juzgado de mérito, que en el presente juicio de amparo se reclamó la resolución interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil catorce, emitida por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente laboral 01/168/08-JE2; sin embargo el veinticinco de marzo de dos mil quince, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo, declaró fundado el impedimento manifestado por el titular de este juzgado, por lo que se ordenó remitir los autos del juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. Finalmente, remítase al Juzgado en cuestión, copia certificada de las constancias pertinentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

  4. Principal

    ... Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que este Juzgado se reservó a acordar lo conducente con relación a la existencia del algún tercero o terceros interesados en el presente asunto, hasta en tanto, obrara en autos el informe justificado correspondiente y, atendiendo a las constancias que remitió la autoridad responsable, se tienen con el carácter de terceros interesados a BRUNO LÓPEZ ZÚÑIGA (parte actora en el juicio laboral de origen), DISTRIBUIDORA REYES VERAMENDI S.A. DE C.V., (patrón sustituido) y MEXXEM MKT, S.A. DE C.V. (patrón sustituto), de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo; reservándose acordar lo conducente a su emplazamiento, por las siguientes consideraciones: De las constancias que integran el informa justificado correspondiente, se advierte que Germán Andrés Ballesteros Cotero, tiene el carácter de apoderado legal de BRUNO LÓPEZ ZÚÑIGA parte actora en el juicio laboral de origen del que deriva el acto reclamado en el presente juicio de garantías; sin que hasta el momento se advierta que haya sido revocado dicha representación legal. Atento a lo anterior, con base en lo dispuesto en los artículos 146, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 51, fracción VII , de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador plantea encontrarse impedido para seguir conociendo del presente juicio de amparo, promovido por MARCOS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, por su propio derecho, por lo siguiente. En el caso existe impedimento para conocer del presente asunto que afecta la imparcialidad en el criterio judicial para resolver este juicio de garantías, ya que reconozco abierta y expresamente que existe aversión o animosidad por parte del suscrito en contra de Germán Andrés Ballesteros Cotero, apoderado legal de la parte actora en el juicio laboral de origen, aquí tercera interesada BRUNO LÓPEZ ZÚÑIGA, ello con motivo de diversas conductas que culminaron con la queja que interpuso en contra del Titular de este Juzgado y Actuario adscrito al mismo, que quedó registrada con el número 1299/2012-II, ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en México, Distrito Federal. Así, con el objeto de preservar entre otros principios, la idoneidad e imparcialidad exigida por la Constitución Federal en la administración de justicia, en virtud de que la imparcialidad es precisamente una cualidad de la que gozan los Jueces en el ejercicio de su función, que consiste en la neutralidad que deben presentar respecto de quien acude a solicitar la tutela jurídica y respecto de aquél frente a quien esa tutela se solicita, por lo que resultaría incongruente y jurídicamente inadecuado, que el suscrito siguiera conociendo del presente juicio de garantías. En efecto, como se precisó, el suscrito debo reconocer abierta y expresamente que la presentación de la queja administrativa en contra del suscrito, fue de manera dolosa, ya que Germán Andrés Ballesteros Cotero, apoderado de la parte tercera interesada, al comparecer por escrito ante el Consejo de la Judicatura Federal, expresó lo siguiente: Que en el juicio de amparo 1691/2012-V, tramitado ante éste órgano jurisdiccional, el suscrito ordenó de oficio emplazar al tercero perjudicado Isauro Ocampo Brito en el domicilio ubicado en Alexander Von Humboldt 26, segundo piso, esquina Fray Bartolomé de las Casas, en la colonia Centro de esta ciudad, partiendo de la circunstancia que ese domicilio fue el señalado por el actor en el juicio laboral de origen, que a las personas autorizadas les fue reconocida personalidad jurídica como apoderados, que con tal carácter pueden ocurrir al juicio de amparo en defensa de los intereses de su representado, ya que al tener reconocida personalidad ante la responsable, así sería admitida en el juicio de amparo; para lo cual se invocó la jurisprudencia del rubro "JUICIO DE AMPARO DIRECTO LABORAL. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL"; adujo que dicho criterio no resultaba apto debido a que el tema tratado se refiere a un juicio de amparo directo y en el caso se trató de uno indirecto, que el suscrito aplicó inexactamente los artículos 13 y 30 de la Ley de Amparo ya que de ninguno de ellos se colige que en un juicio de garantías biinstancial el Juez deba tener por autorizadas a las personas que fungen como apoderadas en un juicio laboral para ocurrir con dicha representación al juicio de amparo a defender los intereses de su representado. Sin embargo, el promovente de la queja no se apoyó en ningún medio de convicción para presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del servidor público denunciado, como en el caso lo exige el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que originó que el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y el Secretario Ejecutivo de Disciplina desecharan la queja por notoria improcedencia el nueve de enero del año que trascurre, lo que hace patente la malicia con que se presentó la referida queja administrativa. Por otra parte, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º, por estar tramitado ante el suscrito, se invoca como hecho notorio que en el juicio de amparo 1161/2012-I-B, el veintinueve de noviembre de dos mil doce, el suscrito juzgador emitió un auto cuya parte conducente dispone lo siguiente: ".Por otra parte, toda vez que por auto de veintisiete de noviembre pasado el encargado del despacho acordó el recurso de revisión interpuesto por GERMÁN ANDRÉS BALLESTEROS COTERO, en su carácter de autorizado del quejoso, el cual contiene el escrito de agravios en el que realiza expresiones que denostan mi función de Juez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del su numeral 2º, prevé que los jueces, magistrados y ministros tienen el deber de mantener el buen orden, y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos, tanto por parte de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales, como por parte de los funcionarios y empleados de éstos, y sancionarán inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. De lo que se sigue, que el suscrito juez debe exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos, por parte de los litigantes, de la personas que ocurran a los tribunales y funcionarios y empleados de este juzgado. Que en el caso concreto, Germán Andrés Ballesteros Cotero, realiza expresiones dentro del escrito mediante el cual interpone recurso de revisión fechado el veintiséis de noviembre de dos mil doce, sin guardar el respeto y consideración debidos para el suscrito juez de Distrito, en virtud de que manifiesta que: "El Juez Segundo de Distrito de manera errónea determinó sobreseer el presente juicio de garantías, pues es claro no analizó de manera correcta la totalidad de los autos del juico natural, ya que el juzgador se limitó a sobreseer el presente juicio de garantías con la única intención de tener menos trabajo, lo cual desde luego deja mucho que desear de un servidor público, ya que no realizó un análisis exhaustivo del acto reclamado y de las constancias del juicio natural, ya que en todo momento perdió la noción como juzgador de la esencia del juicio de amparo, ya que si bien es cierto, la autoridad responsable ha señalado fecha para la diligencia de remate, hasta la fecha no se ha podido desahogar dicha audiencia por omisiones cometidas por la autoridad responsable, lo cual se puede corroborar de las constancias que se anexan al presente recurso, de las cuales se advierte claramente que la autoridad responsable continua vulnerando las garantías individuales del quejoso, pues no realiza las notificaciones respectiva de manera correcta y en ocasiones ni siquiera se hacen sin embargo se denota que el juzgador no estimó esas omisiones como una violación a las garantías individuales de la quejosa, lo cual demuestra la ineficiencia y falta de atención a los asuntos resueltos por dicho juzgador, ya que es claro se vulnera a la quejosa la garantía individual contenida en el artículo 17, actuar por parte de la responsable que demuestra que efectivamente continua vulnerando las garantías individuales del directo quejoso, circunstancia que no valoró el juez a quo, pues se le están vulnerando sus derechos establecidos en la constitución, pues no se está tramitando su procedimiento de ejecución según lo dispuesto por la ley federal del trabajo, por lo tanto no han cesado los efectos del acto reclamado." (LO SUBRAYADO ES PROPIO) En consecuencia, con fundamento en el artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del su numeral 2º, este juzgador exige a GERMÁN ANDRES BALLESTEROS COTERO, que guarde la consideración debida en las subsecuentes peticiones que realice al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, y en virtud de que el propio artículo 54 del Código procesal civil federal, establece que se sancionarán inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga ese precepto, asimismo, que por criterio de la tesis P. CI/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , determinó que dicha imposición de la corrección disciplinaria sin la audiencia de la persona a quien se le imponga, no incumple con la garantía de audiencia, en virtud de que puede ser oído en términos del artículo 56 del propio ordenamiento legal en cita; con apoyo en el artículo 55, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; en esas condiciones como señala el numeral 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su segundo párrafo, se impone a GERMÁN ANDRES BALLESTEROS COTERO, una multa equivalente a diez días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, que da la suma de $623.30 (SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), debido a que el salario mínimo vigente en el Distrito Federal es de $63.33 (sesenta y tres pesos 33/100 moneda nacional)." . Adicionalmente, en la sentencia emitida el veintisiete de septiembre de dos mil doce, en el diverso juicio de amparo 1335/2012-II-B, del índice de este tribunal, promovido por Germán Andrés Ballesteros Cotero, con el carácter de apoderado legal de Alma Delia García Duarte, se estableció que: "Por otra parte, el suscrito juzgador no inadvierte la circunstancia que en el caso específico el apoderado de la parte quejosa" [Germán Andrés Ballesteros Cotero] "-al ser un intelectual del derecho- cobra mayor relevancia la circunstancia la omisión de poner en conocimiento al juzgador la existencia de un diverso juicio de amparo donde se concedió a su poderdante el amparo y protección de la justicia federal contra la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde señaló como actos reclamados la "omisión de justicia por parte de la autoridad responsable, al no tramitar dentro de los plazos y términos establecidos por la ley federal del trabajo en el expediente laboral al rubro citado, toda vez que el procedimiento ordinario ya rebasó los plazos y términos señalados en los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo, sin que hasta la fecha se haya culminado el desahogo de las pruebas, y oportunamente dictado el laudo dentro del juicio natural, lo que evidencia una clara denegación de justicia", y esa condición de letrado en derecho, le impone la obligación de estar enterado de que el juicio de amparo, como genuina institución mexicana, tendiente a mantener un saludable régimen de derecho, evitando las arbitrariedades de ciertas autoridades en perjuicio de los particulares, no debe sufrir menoscabo, por ningún concepto, en tal finalidad, por el contrario omitió hechos que le constaban directamente, al haber impetrado el amparo y protección de la Justicia Federal con dicho carácter en la diversa demanda de amparo origen del juicio de garantías 600/2012-C, donde se concedió la protección constitucional abusando del derecho de amparo, como así lo expresa el legislador en su exposición de motivos a las últimas reformas de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en que se vio precisado a crear el tipo delictuoso que se examina: "La acción del amparo debe ejercitarse lícitamente; el derecho de amparo, y su uso son innegables, pero no su abuso", en esas condiciones como es obligación de este juzgador en términos del artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales , denúnciese los presentes hechos al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción por la posible comisión de hechos delictuosos que le incumbe investigar, sin que para ello sea obstáculo la circunstancia que el promovente del juicio de amparo no le asista la cualificación exigida por el tipo penal previsto por el artículo 211 de la Ley de Amparo , esto es, el elemento normativo denominado "quejoso", pues corresponderá, en todo caso al Agente del Ministerio Público de la Federación investigar a través de las diversas formas de participación que prevé el artículo 13 del Código Penal Federal, en su caso, el grado de participación del mencionado apoderado, e inclusive de quienes hayan participado en la elaboración de la demanda de garantías donde se omitieron los hechos materia de esta denuncia penal.". De igual forma, la licenciada Susana Nayeli Robles Salazar, en aquél entonces Actuaria Judicial adscrita a este tribunal, asentó en las actuaciones judiciales practicadas el veintiuno de enero de dos mil trece, en el juicio de amparo 64/2013-III-B y el veinticuatro de enero de dos mil trece, en los juicios de amparo 2050/2012-II, 1195/2012-III-B, 1737/2012-III-B, 1896/2012-V-B, 1846/2012-I-B y 44/2013-III-B que al acudir al domicilio ubicado en Calle Alexander Von Humboldt número 26, Segundo Piso, Esquina Fray Bartolomé de las Casas, Colonia Centro de esta ciudad, señalado para oír y recibir notificaciones, donde se destaca a Germán Andrés Ballesteros Cotero como autorizado en dichos juicios de amparo, -entre otros- que las personas autorizadas en dichos juicios de amparo, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo anterior, que ahí laboran han dado un mal trato a la entonces fedataria adscrita al juzgado a mi cargo, haciéndola esperar innecesariamente en forma reiterada, dirigiéndose a ella de manera grosera. Así, en las razones actuariales practicadas el veintiuno de enero de dos mil trece en el juicio de amparo 64/2013-III-B y el veinticuatro de enero de ese año, en los juicios de amparo 2050/2012-II, 1195/2012-III-B, 1737/2012-III-B, 1896/2012-V-B, 1846/2012-I-B y 44/2013-III-B, que se aportan en copia certificada como soporte de esta determinación, la entonces Actuaria -que se encuentra dotada de fe pública- por lo que a su dicho debe dársele valor probatorio, hizo constar que al acudir en diversas horas en las referidas fechas al inmueble detallado, las personas que ahí laboran y que se encuentran autorizadas para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, imponen condiciones y exigencias fuera del marco legal para la práctica de las notificaciones encomendadas, con lo que se obstaculiza la práctica de las diligencias encomendadas, entorpeciendo la actividad judicial de notificación no únicamente en dicho domicilio, sino que el retardo con el que atienden a la fedataria implica que las subsecuentes notificaciones a que está encomendada a realizar se vayan desfasando en el tiempo, con la consecuente obstaculización de la debida integración de los diversos expediente que ante este Juzgado se tramitan. Lo anterior debe tomarse también como un hecho relevante como parte de la animadversión que siento hacia el profesionista y personas autorizadas habida cuenta que no debe pasarse por alto que la presencia de la fedataria judicial en el domicilio procesal descrito, no es un acto voluntario o personal sino que deriva de las determinaciones adoptadas por el suscrito como juzgador y, por ende, ocurre en representación del órgano jurisdiccional a mi cargo, por lo que los malos tratos hacia la misma demuestra una ausencia de respeto al cargo que desempeño. Por último, en todos los juicios de amparo en que se encuentra autorizado el citado profesionista Germán Andrés Ballesteros Cotero, entre ellos 1998/2012-I-B, 1846/2012-I-B, 1982/2012-I-B, 1737/2012-III-B, 1195/2012-III-B, por citar algunos y para documentar el presente hecho, los entonces actuarios Susana Nayeli Robles Salazar y Marco Polo Robles Santoyo, han dado fe de la forma sistemática en que se han negado a recibir las notificaciones personales, aun cuando se encuentre alguna persona con facultades procesales para oír y recibir notificaciones, argumentando que ".dejara las notificaciones por citatorio." ya que para notificar ".era necesario que les dejara la copia de la notificación que levantara en forma personal." a lo que se hizo saber que no era posible ya que la autorización de la expedición de copias es una actuación judicial que emite el Juez ante la fe del Secretario y no el Actuario. Lo anterior obliga en todos esos casos, a que se emita un acuerdo diverso para que se ordene practicar la notificación de dicha actuación por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado, e implica que se invierta de forma innecesaria recursos humanos y materiales (captura en SISE, impresión de lista), así como tiempo para realizar dicha notificación, que de suyo podría invertirse de mejor forma en la tramitación y resolución de otros asuntos. En ese orden de ideas, está probado que Germán Andrés Ballesteros Cotero, ha realizado expresiones sin guardar el respeto y consideración debidos para el suscrito Juez de Distrito; adicionalmente, al presentar una demanda de amparo, omitió hacer del conocimiento la existencia de diverso juicio de amparo donde se concedió a su poderdante el amparo y protección de la justicia federal por este tribunal, además de que la conducta desplegada por los autorizados en el domicilio procesal hacia la entonces fedataria de este tribunal retrasa el normal desarrollo de las actividades; por lo que dichas afirmaciones y conductas provocan un sentimiento de enemistad manifiesta, esto es, animadversión hacia dicha persona, que actualiza la hipótesis normativa contemplada en la fracción VII, del numeral 51 de la Ley de Amparo; por tanto, relacionado lo anterior con la acción que intentó dicha persona ante el Consejo de la Judicatura Federal, ahora me causa malestar y enemistad manifiesta que afectan mi imparcialidad en el ánimo de resolver los asuntos en los que tal persona intervenga como quejoso, tercero perjudicado, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo o como apoderado. Cierto es que con las manifestaciones contenidas en la queja 1299/2012-II, las conductas desplegada el veintinueve de noviembre del dos mil doce, en el juicio de amparo 1161/2012-I-B, la desplegada en la demanda que dio origen al diverso juicio amparo 1335/2012-II-B, así como la obstaculización de la función judicial en perjuicio de la entonces Actuaria Judicial adscrita a este tribunal, me causa ofensa y denigra mi imagen como persona, profesionista, como servidor público y miembro del Poder Judicial de la Federación, habida cuenta que las expresiones que infieren no dejan duda respecto de la total ausencia y falta de consideración al cargo que desempeño, con el objetivo tal vez de causar al suscrito un perjuicio personal y laboral; manifestaciones éstas que deben ser valoradas en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo en la especie, ya que tienen validez probatoria plena por tratarse propiamente de una confesión expresa, con lo cual, como se expuso, se actualiza la hipótesis normativa contemplada en la fracción VII del numeral 51 de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que dicho precepto legal en su fracción VII, establece: "Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:: [.]. VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes..." . En tales condiciones, estimo que en el caso está probada la causa objetiva y razonable generadora del impedimento, que debe ser calificada, a fin de no conocer asuntos como el que se trata, en que Germán Andrés Ballesteros Cotero, sea parte, apoderado o autorizado de alguno de los contendientes en los juicios de amparo de los que este juzgado tenga conocimiento; lo anterior, a efecto de seguir preservando los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 2ª/J. 46/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1076 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de dos mil doce, tomo 2 los que se trascribe a continuación: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA EN SU CONTRA POR UNA DE LAS PARTES, SU ABOGADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO DE AMPARO. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 105/2006 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO.", para calificar de legal la causa de impedimento por enemistad manifiesta prevista en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, se debe valorar la manifestación expresa del juzgador en el sentido de que se ubica en dicho supuesto, y el señalamiento que haga de una causa objetiva y razonable que justifique esa circunstancia. De este modo, si manifiesta encontrarse impedido para conocer del juicio de amparo, en cualquiera de sus etapas, por la enemistad respecto de alguna de las partes, sus abogados o representantes, dicha afirmación es suficiente para calificar de legal el impedimento planteado, independientemente de que exista una denuncia penal o querella interpuesta en su contra por alguno de ellos, en que se contengan expresiones injuriosas o calumnias en su contra, o de cualquier otra circunstancia, pues para que se actualice la causa de impedimento señalada, es intrascendente la actitud o la conducta de las partes o sus representantes, siendo única y exclusivamente determinante para valorar dicho impedimento la apreciación subjetiva del juzgador en el sentido de que, en su fuero interno, siente afectada la objetividad o imparcialidad con la que debe conducirse en el juicio." De igual forma, se invoca como sustento de lo anterior la jurisprudencia 2ª/J. 105/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 296 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO. Los requisitos para calificar de legal el impedimento por enemistad manifiesta previsto en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo se traducen, en primer término, en la explícita consideración del funcionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver el asunto y, en segundo, en el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia, a fin de que quien resuelva el impedimento se encuentre en aptitud de decidir si las características en que se ha producido la situación de mérito, apreciadas objetivamente, llevan a concluir que razonablemente se ha actualizado la causal respectiva. En consecuencia, la consideración del Juez en el sentido de que una manifestación hostil, de animadversión, realizada por el quejoso en un juicio de amparo ha afectado su imparcialidad para fallar el asunto respectivo, es suficiente para que se actualice la causal de impedimento referida, siendo los elementos relevantes para ello no la actitud de las partes, sino el ánimo del juzgador, el señalamiento de la causa objetiva y razonable generadora del impedimento, así como la credibilidad y presunción de veracidad de su manifestación, sustentada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, considerando, además, que el deber de los juzgadores de abstenerse de conocer de los asuntos en que se encuentren impedidos, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, constituye un límite a la tolerancia, templanza y fortaleza judicial interna admitido por el propio legislador, al haber previsto el supuesto de impedimento respectivo." Cabe hacer notar que en la jurisprudencia 2ª/J. 46/2011, anteriormente trascrita, se incluye, como intervinientes a los "representantes", sin que al respecto se haga distinción alguna en cuanto a sus alcances, materia, naturaleza o cualquier otro aspecto específico; por lo cual este Juzgador no está en aptitud de distinguir forma alguna de representación; así, debe entenderse que el término representante comprende a la forma de representación a que se contrae el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su forma amplia conforme se dispone en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada en líneas precedentes. Asimismo, se precisa que las tesis que apoyan esta determinación y alude a preceptos de la abrogada Ley de Amparo, se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que impera en el orden jurídico mexicano. En las narradas condiciones, toda vez que el autorizado del directo quejoso Germán Andrés Ballesteros Cotero, no tiene hacia mí persona y encargo la consideración y respeto debidos, mi relación personal hacia dicha persona es de total animadversión, lo que puede influir en mi ánimo interno al tramitar y resolver el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 51, fracción VII y 54, fracción III, inciso c), de la Ley de la Materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno, con las constancias correspondientes, para que se sirva calificar los hechos y determine la procedencia del impedimento planteado, conforme a las razones descritas, considerando que el titular de este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para conocer de este asunto, sin que con ello pueda considerarse que pretendo apartarme del conocimiento de un juicio de amparo sin causa justificada. Para probar lo aquí sostenido, se exhibe copia certificada del oficio 358/2013 signado por el Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal que contiene el acuerdo de nueve de enero de dos mil trece emitido en la queja 1299/2012-II, del auto de veintinueve de noviembre de dos mil doce en el juicio de amparo 1161/2012-I-B, de la sentencia emitida el veintisiete de septiembre de dos mil doce en el diverso juicio de amparo 1335/2012-II-B así como de las razones actuariales practicadas el diecisiete de diciembre de dos mil doce en el juicio de amparo 1998/2012-I-B, el veintiuno de enero de dos mil trece, en el juicio de amparo 64/2013-III-B y el veinticuatro de enero de dos mil trece en los juicios de amparo 2050/2012-II, 1846/2012-I-B, 1982/2012-I-B, 1737/2012-III-B, 1195/2012-III-B, 1195/2012-III-B, 1737/2012-III-B, 1896/2012-V-B, 1846/2012-I-B y 44/2013-III-B. Por otra parte, como el expediente principal se envía a la Superioridad a fin de que determine lo conducente respecto al impedimento que ahora se plantea en los términos mencionados, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, dándose de baja aquél para los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional en el presente asunto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe...

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