Marcos Saul Rosas Guevara
Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2022
Partes del expediente
- Marcos Saul Rosas Guevara
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de diez de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que desechó la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de junio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 388/2022-V. Desechamiento. Una vez analizado el escrito de demanda de amparo, este juzgado federal advierte que los mismos deben desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En efecto, del análisis del ocurso de amparo se advierte que el promovente señala, como acto reclamado el hecho de que la autoridad responsable, Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, hubiere señalado el uno de junio de dos mil veintidós como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 847/2022-4B, el cuatro de agosto de dos mil veintidós a las diez horas con treinta minutos. De ahí que para calificar un acto de imposible reparación, éste necesitaba producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Ello es de esta manera, dado que los actos reclamados no evidencian que existe en el juicio laboral de origen, una paralización total del procedimiento, sino que se trata de violaciones de carácter adjetivo dentro del procedimiento, en el cual, el quejoso es la parte actora. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De igual manera, debe decirse que admitir la demanda en relación con la inconformidad que plantea el quejoso, en el sentido de considerar vulnerado su derecho de acceso a la justicia, con motivo de la fecha señalada para el cuatro de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia en las etapas de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 847/2022-4B, ningún fin práctico tendría, ya que considerando el plazo probable de tramitación del presente juicio de amparo y los posibles medios de impugnación que pudieran surgir en el transcurso del trámite del juicio, una vez dictada la sentencia el recurso de revisión [plazo de seis meses aproximadamente], aun cuando se concediera al quejoso el amparo y protección de la justicia federal existiría una imposibilidad física y jurídica para la responsable de señalar una fecha más próxima que la inicialmente señalada, que es la que precisamente se duele el promovente. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Marcos Saúl Rosas Guevara, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Gerardo Peñalosa Martínez y José Gerardo Peñalosa López, no obstante de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que, al parecer y hasta este momento procesal se advierte que quien promueve el juicio de amparo tiene el carácter de trabajador en la controversia de origen; únicamente para oír y recibir notificaciones a Jennyfer Díaz Ruíz y Valeria Valencia Batres, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente.
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