Marcos Enrique Sanchez Caro
Expediente 394/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2021
Partes del expediente
- Marcos Enrique Sanchez Caro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
hago constar en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a la parte tercero interesada Alicia Fernanda Minjarez Mariscal, en el juicio de amparo 394/2020-IV, por medio de lista de estrados, que en síntesis dice:"Tijuana, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Acuerdo. De la certificación secretarial de cuenta se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si está debidamente cumplido con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro electrónico 192174, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el quince de enero de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria el veinticuatro de marzo del año en curso, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Marcos Enrique Sánchez Caro, contra los actos que reclamó de la Jueza de Control Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para los siguientes efectos: OCTAVO. Efectos de la concesión. En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, que celebró la audiencia de formulación de imputación de siete de julio de dos mil veinte realice lo siguiente: 1.- Celebre una nueva audiencia en la que se cerciore que la defensora Jahzeel Gabriela Jiménez López, persona que se designó como defensora de oficio del imputado Marcos Enrique Sánchez Caro en audiencia de siete de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 54/2018, es licenciada en derecho, para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias para corroborar tal circunstancia, como puede ser requerirla para que exhiba su cédula profesional o copia certificada de ésta, o bien, cualquier otra medida que estime idónea para tal efecto. En caso de acreditarse lo anterior, la jueza responsable dejará subsistentes la audiencia correspondiente, incluyendo la resolución de vinculación a proceso; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. 2.- En caso de que no se acredite la calidad de defensora, entonces la jueza deberá dejar insubsistentes la referida audiencia; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo salvaguardando los derechos fundamentales del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. Por tanto, de darse esa hipótesis, deberá requerir al imputado para que designe defensor y, de no hacerlo, la jueza le designará uno de oficio, y deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, de existir imposibilidad para exhibir la cédula profesional original o en copia certificada, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. Acciones realizadas para cumplir sentencia. Bajo esas premisas, la autoridad responsable Jueza de Control Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, previo requerimiento que le fue efectuado mediante auto veinticuatro de marzo del año en curso, por este órgano jurisdiccional, a través del diverso proveído de ocho de abril pasado, se le tuvo informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, para lo cual remitió registro audiovisual de la audiencia pública celebrada el treinta de marzo del año en curso, del que se advierte que en esa fecha verificó las credenciales de la defensora Jahzeel Gabriela Jiménez López, e indicó que la misma cuenta con cédula profesional federal 4171264, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como nombramiento como defensora pública penal; asimismo, indicó que dejó subsistente la audiencia inicial siete de julio de dos mil veinte, en la que decretó auto de vinculación a proceso a Marcos Enrique Sánchez Caro; igualmente, hizo del conocimiento del antes mencionado que a partir del cinco de abril del año en curso comenzó a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. Documentales y disco compacto a los que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas; además, el disco compacto al contener el registro de audio y video de la audiencia citada en el párrafo anterior, es considerada sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, pues quedaron a disposición de las partes para su consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudenciaemitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, la diversa tesis II.1o.A.21 K, de rubro y texto señala: "PRUEBAS EN EL AMPARO. PARA EL DESAHOGO DE LAS RELACIONADAS CON MEDIOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO ES ADMISIBLE LA IMPOSICIÓN DE CARGA ESPECÍFICA A SU OFERENTE PARA VALORAR SU ADMISIBILIDAD. Además de los medios clásicos o tradicionales de prueba, la rápida evolución de la técnica ha creado nuevos métodos probatorios antaño insospechados que, en parte, debido a su constante innovación y dadas las particularidades que cada uno de ellos pueden presentar, no han sido regulados en detalle por el legislador, pero la posibilidad de aportarlos como elementos de convicción está prevista tanto en el artículo 150 de la Ley de Amparo como en los artículos 93, 188, 189, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla. En razón de ello, el juzgador deberá determinar en cada caso concreto y según sus propias características, la forma más conveniente para el desahogo y valoración de tales medios de convicción; sin embargo, el legislador en ningún caso previó que las peculiaridades de tales probanzas tuvieran como efecto imponer cargas específicas a los quejosos, como sería el caso de solicitar a éstos que aportaran algún tipo de aparato (como televisión o videocasetera), a fin de que se valorara la admisibilidad de su prueba, ya que no es posible tener la certeza de que los quejosos cuenten con la posibilidad real y material de aportar tales aparatos eléctricos o electrónicos, y dado que el juicio de garantías constituye una defensa del gobernado frente a actos arbitrarios de la autoridad, no resulta aceptable que su acceso se haga depender de la posibilidad de disponer de determinados bienes materiales. Por ello, se estima que la imposición a los quejosos de tal carga afecta el derecho a probar y, por ello, implica violación a las leyes del procedimiento. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados en la sentencia de amparo, en razón de que el treinta de marzo del año que transcurre, celebró una nueva audiencia y se cercioró que la defensora Jahzeel Gabriela Jiménez López, que se le designó al imputado Marcos Enrique Sánchez Caro que contara con cédula profesional federal 4171264, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, que la acredita como licenciada en Derecho, así como nombramiento como defensora pública penal. Asimismo, al haberse acreditado la profesión de la defensora designada, dejó subsistente la audiencia de formulación de imputación celebrada el siete de julio de dos mil veinte, incluyendo la resolución de vinculación a proceso; asimismo, hizo saber al quejoso Marcos Enrique Sánchez Caro que a partir del cinco de abril del año en curso, comenzó a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó al quejoso en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando la resolución relativa a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de discos compactos. En otro orden de ideas, devuélvase a la autoridad responsable, dos discos compactos que remitió en vía de justificación y para dar cumplimiento al fallo protector, respectivamente. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad tercero interesada."
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento a ejecutoria. Agréguese a los autos el comunicado remitido por la Jueza de Control Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; atento a su contenido, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, en el sentido de que en audiencia pública celebrada el treinta de marzo del año en curso, verificó las credenciales de la defensora Jahzeel Gabriela Jiménez López, e indica que la misma cuenta con cédula profesional federal 4171264, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como nombramiento como defensora pública penal; asimismo, señala que dejó subsistente la audiencia inicial diecisiete de julio de dos mil veinte, en la que decretó auto de vinculación a proceso a Marcos Enrique Sánchez Caro; igualmente, hizo del conocimiento del antes mencionado que a partir del cinco de abril del año en curso comienza a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. Disco compacto. Guárdese en el secreto del juzgado la probanza consistente en un disco compacto debidamente certificado que contiene la videograbación de la audiencia de treinta de marzo pasado. En el entendido que si las partes desean imponerse de las videograbaciones, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado, previa cita que obtenga a través del portal https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, lo anterior, ajustándose a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -mismo que fue ampliado en su vigencia por el diverso 1/2021, al treinta de junio de dos mil veintiuno-. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por tanto con el contenido del oficio y el disco compacto en cita, dése vista al quejoso y a su defensa, por el plazo de tres días legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo, se practica la notificación de la determinación de ocho de abril de dos mil veintiuno, a la parte tercero interesado ALEXIA FERNANDA MINJAREZ MARISCAL, en el juicio de amparo 394/2020-IV, por medio de lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso a este Juzgado: ...Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento a ejecutoria. Agréguese a los autos el comunicado remitido por la Jueza de Control Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; atento a su contenido, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, en el sentido de que en audiencia pública celebrada el treinta de marzo del año en curso, verificó las credenciales de la defensora Jahzeel Gabriela Jiménez López, e indica que la misma cuenta con cédula profesional federal 4171264, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como nombramiento como defensora pública penal; asimismo, señala que dejó subsistente la audiencia inicial diecisiete de julio de dos mil veinte, en la que decretó auto de vinculación a proceso a Marcos Enrique Sánchez Caro; igualmente, hizo del conocimiento del antes mencionado que a partir del cinco de abril del año en curso comienza a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. Disco compacto. Guárdese en el secreto del juzgado la probanza consistente en un disco compacto debidamente certificado que contiene la videograbación de la audiencia de treinta de marzo pasado. En el entendido que si las partes desean imponerse de las videograbaciones, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado, previa cita que obtenga a través del portal https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, lo anterior, ajustándose a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -mismo que fue ampliado en su vigencia por el diverso 1/2021, al treinta de junio de dos mil veintiuno-. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por tanto con el contenido del oficio y el disco compacto en cita, dése vista al quejoso y a su defensa, por el plazo de tres días legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el quince de enero del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Requerir cumplimiento. Ahora, en la sentencia ejecutoriada se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: OCTAVO. Efectos de la concesión. En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, que celebró la audiencia de formulación de imputación de siete de julio de dos mil veinte realice lo siguiente: 1.- Celebre una nueva audiencia en la que se cerciore que la defensora Hazel Gabriela Jiménez López, persona que se designó como defensora de oficio del imputado Marcos Enrique Sánchez Caro en audiencia de siete de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 54/2018, es licenciada en derecho, para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias para corroborar tal circunstancia, como puede ser requerirla para que exhiba su cédula profesional o copia certificada de ésta, o bien, cualquier otra medida que estime idónea para tal efecto. En caso de acreditarse lo anterior, la jueza responsable dejará subsistentes la audiencia correspondiente, incluyendo la resolución de vinculación a proceso; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. 2.- En caso de que no se acredite la calidad de defensora, entonces la jueza deberá dejar insubsistentes la referida audiencia; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo salvaguardando los derechos fundamentales del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. Por tanto, de darse esa hipótesis, deberá requerir al imputado para que designe defensor y, de no hacerlo, la jueza le designará uno de oficio, y deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, de existir imposibilidad para exhibir la cédula profesional original o en copia certificada, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Sin que sea el caso requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable antes mencionada, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de que se trata, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 192 de la referida ley, toda vez que las autoridades pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Baja California, carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por no encontrarse sometidas a la potestad de autoridad alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis1 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores - cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a las autoridades responsables, ésta deberá, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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