Marcos Martínez Navarrete

Expediente 570/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
570/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Marcos Martínez Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, señalando las ONCE HORAS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la diligencia de inspección judicial, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del diverso 2º, de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente auto, remita copia certificada, el resultado de la diligencia de inspección judicial de trece de abril de dos mil veintitrés; con el apercibimiento que de omitir hacerlo sin manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por el importe de cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración

  2. Principal

    I. Trámite del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 136 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo así como el diverso 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, interpretados de manera conjunta, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ***, que promueve ***, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades. Lo anterior, en el entendido que de momento únicamente se tramitará el original del incidente de suspensión, en atención a la utilización preferente de los medios tecnológicos como eje rector de las actividades del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, la integración y consulta del expediente electrónico. Además de que el expediente electrónico sustituye al expediente físico y en caso de ser necesario, de éste se expedirán las copias para la integración de los recursos presentados así como la expedición de copias. II. Requerimiento de informe previo. De conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia fotostática de la demanda. Se le apercibe que de aludir hechos falsos en su informe previo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En el entendido que la solicitud de informe del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, deberá enviarse a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo tercero, fracción VI, punto 70, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. III. Audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la ley en mención, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. IV. Suspensión provisional. Para resolver sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, es conveniente precisar que de la lectura integral de la demanda, se tiene que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes... El ejercicio de la facultad conferida por el artículo 89 , fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la emisión del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. La promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se crea el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público. El refrendo y publicación del Decreto por el que se crea el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. De los Titulares de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" y Puebla "2", ambos del Servicio de Administración Tributaria. La restricción o cancelación del uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes digitales, el uso y renovación de la firma electrónica del quejoso, así como, el acceso al buzón tributario. De los Titulares de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "1" y Puebla "2", ambos del Servicio de Administración Tributaria. La restricción o cancelación del uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes digitales, el uso y renovación de la firma electrónica del quejoso, así como, el acceso al buzón tributario. La negativa a renovar el uso del certificado de sello digital para le expedición de comprobantes digitales, el uso y renovación de la firma electrónica del quejoso, así como, el acceso al buzón tributario. De los Notificadores adscritos a las Administraciones Desconcentradas de Recaudación de Puebla "1" y Puebla "2", así como, los Notificadores adscritos a las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente de Puebla "1" y Puebla "2", todos del Servicio de Administración Tributaria ambos del Servicio de Administración Tributaria. La omisión de notificar la restricción o cancelación del uso del certificado de sello digital para le expedición de comprobantes digitales, el uso y renovación de la firma electrónica del quejoso, así como, el acceso al buzón tributario. Establecido lo anterior, en su capítulo de hechos, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que... De ahí que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, para el único efecto de que se ordene a la autoridad se proporcionen al quejoso los medios electrónicos o físicos que le permitan el cumplimiento de sus obligaciones formales presentaciones declaraciones y avisos efecto de que no se le sancione ante la imposibilidad de presentarlos por la falta de vigencia de la firma electrónica. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, con lo que se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso... En este contexto, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevé que en el juicio de amparo los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, por lo que el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. Ahora, con relación a las consecuencias del acto impugnado; con el propósito de efectuar el examen de procedencia o improcedencia de la suspensión provisional, se verificará si se satisfacen los requisitos para que se decrete la suspensión en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el agraviado. Donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. Se considera colmado este requisito, en virtud de que la parte quejosa, pues bajo protesta de decir verdad manifestó que contaba con firma electrónica, y que al no haber realizado durante los últimos tres años, movimiento o facturación, el uso de dicha firma se restringía al cumplimiento de las obligaciones formales (presentación de declaraciones y avisos), así como estar al tanto de las notificaciones del Servicio de Administración Tributaria. Por lo que puede inferirse, de manera indiciaria y suficiente para efectos de proveer la medida cautelar provisional, que cuenta con registro ante el Servicio de Administración Tributaria. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive de un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública y por otra parte, al conceder la suspensión se contravienen disposiciones de orden público cuando éstas tutelen los derechos de la colectividad que tiendan a evitar un mal general o busquen satisfacer una necesidad pública y, en estos supuestos, se deben examinar los diversos grados de afectación que cause al interés de la sociedad el otorgamiento de la medida cautelar en relación con los daños y perjuicios que puede sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Asimismo, el acto reclamado, no se encuentra dentro de las hipótesis que prevé el artículo 129 de la Ley de Amparo, en el que se señalan una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará una afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso concreto, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro a la demora, con los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, con la ejecución de los actos reclamados se ocasionarían perjuicios de difícil reparación, ya que, al no poder cumplir con sus obligaciones fiscales, estar cancelados los sellos digitales y tener restringido la renovación de la firma electrónica, podría impedir que cumpla con sus obligaciones fiscales en tiempo, y con ello, que las autoridades sancionen al quejoso... De conformidad con lo dispuesto en los artículos 128, 129 y 147 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional al quejoso Guillermo Tello y Nieto, para el efecto de que las autoridades fiscales responsables permitan que cumpla con sus obligaciones fiscales correspondientes al año dos mil veintidós y de dos mil veintitrés, sin que se haga efectiva alguna sanción. Lo anterior, únicamente si fueron emitidas ante el incumplimiento de las obligaciones de dos mil veintidós y lo que se lleva de dos mil veintitrés, por no contar con su firma electrónica, tomando en consideración que la demanda de amparo, de la que deriva la presente incidencia, fue presentada el veinticuatro de noviembre del año próximo pasado. Pues como ya se mencionó la medida cautelar concedida, no contraviene ninguno de los requisitos para ello, señalados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, consistentes en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, ya que no se exime al quejoso de cumplir con su obligación de contribuir al gasto público, sino que únicamente se concede a efecto de que las autoridades fiscales le permitan utilizar cualquier mecanismo que se encuentre disponible para que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, conforme a las reglas existentes, esto es, sin las limitaciones que el quejoso refiere por no contar con firma digital para cumplir con ello, lo anterior, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Ello, atendiendo a que la suspensión provisional es una medida urgente, cuya finalidad es paralizar y detener la acción de las autoridades responsables mientras se tramita el amparo. Asimismo, es de precisarse que la presente medida suspensional únicamente surtirá efectos respecto de lo solicitado por el quejoso, así como de las consecuencias de los actos reclamados en el presente asunto y derivado de los hechos que bajo protesta de decir verdad manifestó el quejoso; y no por autoridades o actos diversos a los señalados en la demanda. Asimismo, no surte efectos si las cancelaciones de los sellos digitales o de la firma electrónica, se debe a alguna facultad de investigación o es en cumplimiento a un delito fiscal. Sin que en el caso sea procedente exigir un requisito de efectividad, pues atento a la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero a quien se pudiera ocasionar daño o perjuicio; además, la medida cautelar no se solicita en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal -pues el acto reclamado es relativo a la cancelación o imposibilidad de renovación de la firma digital, para que el quejoso pueda cumplir con sus obligaciones fiscales; ni se reclaman actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal. VI. Expedición de copias. Toda vez que la parte quejosa solicitó la consulta y notificación del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dígasele que el presente proveído en dicho portal contiene firma electrónica certificada para tales efectos; pues como lo establece el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. No obstante, en caso de que la parte quejosa lo requiera, expídase copia del presente acuerdo, por sí o a través de las personas que autorizó para tales efectos; previa razón que obre en autos para constancia.

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