Marcos Hazzan Vazquez

Expediente 1463/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1463/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Marcos Hazzan Vazquez
  • Salomon Hazzan Gutierrez, en su carácter de albacea orovisional a bienes, derechos y obligaciones de Marcos Hazzan Vazquez
  • Marcos Hazzan Vazquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese a autos el escrito de la tercera interesada, en el que ofrece pruebas, consistentes en las actuaciones judiciales, el informe justificado y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por admitidas, así como por hechas las manifestaciones que formula a manera de alegatos. Por otra parte, del estado procesal, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, del informe justificado de las autoridades responsables y copia certificada del expediente de origen, se advierte que el acto reclamado, es la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ** del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, emitida en auxilio por la Juez Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, que declaró no probado el incidente de entrega y posesión física del único inmueble que conforma el acervo hereditario, ubicado en calle **, Puebla, en la sucesión intestamentaría a bienes de **, promovido por el albacea provisional, ahora quejoso. Al respecto, resulta importante precisar que, en escrito de demanda y aclaratorio, la parte quejosa refiere ser albacea provisional de la intestamentaría a bienes de **, que denunció el once de noviembre de dos mil dieciséis, en unión de ** y **ambos de apellidos **, y de autos se advierte que el diez de noviembre de dos mil dieciséis, se radicó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró abierta a partir de la defunción ocho horas treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis, ordenándose el trámite correspondiente, en escrito de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se apersonó a la intestamentaría **; los presuntos herederos han realizado objeciones e impugnado la capacidad para heredar, interpuesto recursos ordinarios y aportado pruebas, que se encuentran en la etapa de desahogo-, por lo que no ha sido concluida dicha etapa, pues no ha podido realizarse la declaratorio de herederos, indispensable para proseguir el juicio. El quejoso aduce, que la resolución reclamada, le ocasiona perjuicios, porque la posesión del bien que constituye el acervo hereditario, desde hace más de seis años, la tiene la tercera interesada **, que ha explotado el inmueble y beneficiado del mismo en perjuicio de los demás herederos. Sin embargo, respecto al acto reclamado y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen... En primer lugar, es de destacarse que las resoluciones dictadas en procedimientos judiciales, donde no exista contienda, deben considerarse como emitidas fuera de proceso conforme a lo previsto en el dispositivo 107, fracción IV, de la normativa de la materia y, por consiguiente, no pueden encuadrase en la hipótesis que establece la fracción V del propio arábigo, que regula la procedencia del amparo contra los actos dictados dentro de juicio. Sin embargo, el procedimiento sucesorio sí se considera juicio, puesto que por éste se entiende la controversia y decisión legal de una causa ante y por el juez competente, es decir, la legítima discusión de un negocio entre el actor y el juez competente que lo dirige y termina con su decisión; de ahí que para que exista un juicio es necesaria la existencia de dos o más partes, con intereses opuestos sobre sus respectivos derechos u obligaciones. En ese orden de ideas, la sucesión sí constituye un juicio aunque de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que quienes intervienen en él pueden hacer valer su calidad de herederos contra los demás participantes; oponer excepciones y ofrecer pruebas para acreditarlas, así como impugnar los inventarios y avalúos, y plantear la remoción del albacea, entre otros. Puntualizado lo anterior, resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario; se compone de cuatro secciones independientes, siendo las tres primeras la de sucesión (comprendida por la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos, y la de administración; concluyendo el procedimiento con una sentencia definitiva que se pronuncia en la cuarta y última sección denominada de partición y adjudicación, la que no comprende la totalidad de las actuaciones, sino que cada una de las secciones se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. Por lo que el juicio finaliza con el fallo que se dicta en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres secciones precedentes, en tanto que la adjudicación se realiza a favor de los declarados herederos y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección relativa. En consecuencia, las violaciones procesales cometidas en las tres primeras secciones sólo pueden alegarse al impugnar mediante el juicio de amparo indirecto la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, previo agotamiento del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de hacerse valer de forma inmediata sin esperar el fallo final de la etapa respectiva, el amparo indirecto resulta improcedente con apoyo en el numeral 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, la resolución reclamada fue dictada dentro de la sección primera del juicio sucesorio de primera instancia, la cual aún no concluye, pues incluso, dadas las objeciones planteadas por los intervinientes, dentro de las que se ha objetada la capacidad para heredar, por lo que se han aportado pruebas, promovido recursos, sin que se hayan desahogada la totalidad de las pruebas aportadas por las partes, no se ha determinado o hecho declaración de herederos. De lo precedente, es claro que se encuentra pendiente de pronunciar el fallo respectivo, que cierra la primera etapa y de la cual depende decidir sobre la posesión del bien o bienes que conforman la masa hereditaria; por ende, el acto combatido en esta vía se suscitó en el curso procesal correspondiente y por ello debe reclamarse en el amparo que se promueva contra el fallo que ponga fin a dicha sección... Así, como lo dispone la propia ley, el juicio de amparo contra actos dentro de juicio procede únicamente si tienen como característica efectos de imposible reparación; de modo que tratándose de un acto procesal dentro del juicio sucesorio puede impugnarse cuando los quejosos combatan la resolución con que concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa etapa, los haya dejado sin defensa y trascendido al resultado del fallo, conforme a las mismas reglas que establece el artículo 170 de la ley en estudio, que regula el juicio de amparo directo; las cuales resultan aplicables supletoriamente al amparo indirecto, atendiendo al principio consistente en que donde existe la misma razón, debe regir igual disposición... En consecuencia, con fundamento en las disposiciones invocadas, así como en el artículo 63, fracción V, de la ley reglamentaria, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. La decisión que se alcanza, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable... Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En este orden, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, al tratarse el procedimiento de origen, de un juicio sucesorio, que constituye uno universal de jurisdicción mixta, en los cuales ninguna resolución que se pronuncie en su sustanciación establece declaración de condena o absolución, y en ese sentido, no tienen sobre las personas un agravio directo, ya que su ejecución no es de imposible reparación. En las relatadas condiciones, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en relación al numeral 63, fracción V de la ley en la materia, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo... En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a autos el escrito de la tercera interesada, en el que ofrece pruebas, consistentes en las actuaciones judiciales, el informe justificado y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por admitidas, así como por hechas las manifestaciones que formula a manera de alegatos. Por otra parte, del estado procesal, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, del informe justificado de las autoridades responsables y copia certificada del expediente de origen, se advierte que el acto reclamado, es la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ** del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, emitida en auxilio por la Juez Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, que declaró no probado el incidente de entrega y posesión física del único inmueble que conforma el acervo hereditario, ubicado en calle **, Puebla, en la sucesión intestamentaría a bienes de **, promovido por el albacea provisional, ahora quejoso. Al respecto, resulta importante precisar que, en escrito de demanda y aclaratorio, la parte quejosa refiere ser albacea provisional de la intestamentaría a bienes de **, que denunció el once de noviembre de dos mil dieciséis, en unión de ** y **ambos de apellidos **, y de autos se advierte que el diez de noviembre de dos mil dieciséis, se radicó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró abierta a partir de la defunción ocho horas treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis, ordenándose el trámite correspondiente, en escrito de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se apersonó a la intestamentaría **; los presuntos herederos han realizado objeciones e impugnado la capacidad para heredar, interpuesto recursos ordinarios y aportado pruebas, que se encuentran en la etapa de desahogo-, por lo que no ha sido concluida dicha etapa, pues no ha podido realizarse la declaratorio de herederos, indispensable para proseguir el juicio. El quejoso aduce, que la resolución reclamada, le ocasiona perjuicios, porque la posesión del bien que constituye el acervo hereditario, desde hace más de seis años, la tiene la tercera interesada **, que ha explotado el inmueble y beneficiado del mismo en perjuicio de los demás herederos. Sin embargo, respecto al acto reclamado y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen... En primer lugar, es de destacarse que las resoluciones dictadas en procedimientos judiciales, donde no exista contienda, deben considerarse como emitidas fuera de proceso conforme a lo previsto en el dispositivo 107, fracción IV, de la normativa de la materia y, por consiguiente, no pueden encuadrase en la hipótesis que establece la fracción V del propio arábigo, que regula la procedencia del amparo contra los actos dictados dentro de juicio. Sin embargo, el procedimiento sucesorio sí se considera juicio, puesto que por éste se entiende la controversia y decisión legal de una causa ante y por el juez competente, es decir, la legítima discusión de un negocio entre el actor y el juez competente que lo dirige y termina con su decisión; de ahí que para que exista un juicio es necesaria la existencia de dos o más partes, con intereses opuestos sobre sus respectivos derechos u obligaciones. En ese orden de ideas, la sucesión sí constituye un juicio aunque de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que quienes intervienen en él pueden hacer valer su calidad de herederos contra los demás participantes; oponer excepciones y ofrecer pruebas para acreditarlas, así como impugnar los inventarios y avalúos, y plantear la remoción del albacea, entre otros. Puntualizado lo anterior, resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario; se compone de cuatro secciones independientes, siendo las tres primeras la de sucesión (comprendida por la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos, y la de administración; concluyendo el procedimiento con una sentencia definitiva que se pronuncia en la cuarta y última sección denominada de partición y adjudicación, la que no comprende la totalidad de las actuaciones, sino que cada una de las secciones se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. Por lo que el juicio finaliza con el fallo que se dicta en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres secciones precedentes, en tanto que la adjudicación se realiza a favor de los declarados herederos y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección relativa. En consecuencia, las violaciones procesales cometidas en las tres primeras secciones sólo pueden alegarse al impugnar mediante el juicio de amparo indirecto la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, previo agotamiento del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de hacerse valer de forma inmediata sin esperar el fallo final de la etapa respectiva, el amparo indirecto resulta improcedente con apoyo en el numeral 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, la resolución reclamada fue dictada dentro de la sección primera del juicio sucesorio de primera instancia, la cual aún no concluye, pues incluso, dadas las objeciones planteadas por los intervinientes, dentro de las que se ha objetada la capacidad para heredar, por lo que se han aportado pruebas, promovido recursos, sin que se hayan desahogada la totalidad de las pruebas aportadas por las partes, no se ha determinado o hecho declaración de herederos. De lo precedente, es claro que se encuentra pendiente de pronunciar el fallo respectivo, que cierra la primera etapa y de la cual depende decidir sobre la posesión del bien o bienes que conforman la masa hereditaria; por ende, el acto combatido en esta vía se suscitó en el curso procesal correspondiente y por ello debe reclamarse en el amparo que se promueva contra el fallo que ponga fin a dicha sección... Así, como lo dispone la propia ley, el juicio de amparo contra actos dentro de juicio procede únicamente si tienen como característica efectos de imposible reparación; de modo que tratándose de un acto procesal dentro del juicio sucesorio puede impugnarse cuando los quejosos combatan la resolución con que concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa etapa, los haya dejado sin defensa y trascendido al resultado del fallo, conforme a las mismas reglas que establece el artículo 170 de la ley en estudio, que regula el juicio de amparo directo; las cuales resultan aplicables supletoriamente al amparo indirecto, atendiendo al principio consistente en que donde existe la misma razón, debe regir igual disposición... En consecuencia, con fundamento en las disposiciones invocadas, así como en el artículo 63, fracción V, de la ley reglamentaria, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. La decisión que se alcanza, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable... Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En este orden, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, al tratarse el procedimiento de origen, de un juicio sucesorio, que constituye uno universal de jurisdicción mixta, en los cuales ninguna resolución que se pronuncie en su sustanciación establece declaración de condena o absolución, y en ese sentido, no tienen sobre las personas un agravio directo, ya que su ejecución no es de imposible reparación. En las relatadas condiciones, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en relación al numeral 63, fracción V de la ley en la materia, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo... En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  3. Principal

    De la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se declaró infundada la denuncia de repetición de acto reclamado; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 201 fracción III y 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y vuélvanse los autos al archivo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por medio el cual devuelve diligenciado el despacho *-IV, orden *-IV, del índice de este juzgado. Por tanto, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial para ello, hágase las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En ese sentido, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto al emplazamiento del tercero interesado ********************; toda vez que ya se apersonó a juicio. En otro orden, del estado procesal se advierte que el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se acordó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por lo que se concedió a las partes el plazo de ocho días para que se impusieran de su contenido, el cual transcurre. Por lo que atento a ello, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÈS, para su celebración.

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