Marcos Landero Montuy
Expediente 1946/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1946/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Marcos Landero Montuy
- Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en el Estado de Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. y Otros.
- Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en el Estado de Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mesa 5. VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene al Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando a este Juzgado que se admitió la imposibilidad jurídica decretada por este juzgado, el cual fue radicado bajo el número ***** de su índice. Notifíquese.
- Principal
mesa 5.- TABASCO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS el presente expediente se encuentra debidamente integrado con las constancias de notificación a las partes, remítase el cuaderno original del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar respecto de la imposibilidad material y jurídica del cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada. Notifíquese.
- Principal
MESA 5.- SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA. 8. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL ACUERDO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL VIENTITRÉS.------------------------------------------------- SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, respecto del cumplimiento al fallo protector que la Magistrada Presidente y la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el presente expediente. En ese tenor, a fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: ANTECEDENTES Por resolución de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se determinó en su primer punto resolutivo conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a MARCOS LANDERO MONTUY. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó para que el tribunal responsable, realizara lo siguiente: [.] ? Deje insubsistente la resolución interlocutoria emitida el treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad 209/21-26-01-2, mediante la cual se resolvió improcedente la instancia de queja por defecto interpuesta por el quejoso; y, en su lugar; ? Emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada, en la que declare procedente dicho recurso y resuelva, con libertad de jurisdicción, el fondo en el que deberá considerar lo siguiente: 2.1. Al haberse reconocido en sentencia que Marcos Landero Montuy, cuenta con derecho adquirido a que su pensión sea incrementada, de manera fundada y motivada, detalle de manera pormenorizada la forma en que se cuantificó tal incremento, desde que fue otorgada -veintiuno de agosto de dos mil catorce-. 2.2. Seguidamente, realice un análisis comparativo en donde verifique la aplicación del porcentaje superior, en términos del artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.3. Realice el cálculo y de existir diferencias en favor del quejoso, indique el monto y orden el pago correspondiente. En la inteligencia de que la determinación que tome la responsable deberá atender en su integralidad a lo resuelto en la presente ejecutoria y deberá precisar de manera fundada y motivada las operaciones y cálculos que correspondan. [.] Posteriormente, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia; y por ello, se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de veinte días hábiles diera cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. Consecutivamente, en auto de veintidós de febrero del año en curso, se tuvo a la Magistrada Presidente y la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitiendo copia certificada de la resolución de quince de febrero actual, emitida en el expediente administrativo 209/21-26-01-2, de su índice. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Documentales con las que se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniere, sin que hayan hecho manifestaciones al respecto. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". IMPOSIBILIDAD Ahora, previo a realizar el análisis evaluativo se considera oportuno establecer que debe tomarse en cuenta que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, en tal virtud el artículo 214 de la Ley de Amparo, precisa que no se podrá archivar ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, o no exista materia para su ejecución, luego, es necesario que así se haya determinado por el órgano jurisdiccional en resolución fundada y motivada. Al respecto, resulta indispensable transcribir el artículo 196 de la Ley de Amparo (énfasis y subrayado añadido). "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. Del análisis del aludido precepto, se advierten reglas específicas para que el órgano de amparo se pronuncie sobre la información y documentación proporcionada por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello, pues de la lectura de los párrafos segundo y último del ordinal 196 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando un Juzgado de Distrito reciba informe de que la autoridad responsable ya cumplió la ejecutoria dará vista al quejoso, y en su caso, al tercero interesado, para que dentro el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el referido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Además, señala que cuando se estime que la sentencia no está cumplida; no está cumplida totalmente o correctamente o resulta de imposible cumplimiento, el órgano judicial deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda (ya sea amparo directo o indirecto), siguiendo las pautas del referido artículo 193 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es evidente que se trata de amparo indirecto; en tal virtud, se mandarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y éste notificará a las partes la radicación de dicho asunto, revisará el trámite del Juzgador Federal y dictará la resolución respectiva (si existe o no imposibilidad de cumplimiento). Desde esa perspectiva, debe tenerse presente que el Diccionario de la Lengua Española -Real Academia Española- establece que "imposibilidad" es la falta de posibilidad para existir o para hacer algo; inverosimilitud de que pueda ser o suceder algo, o contradicción evidente entre aquello de que se trata y las leyes de la moral y de la recta conciencia. Asimismo, dicho diccionario dispone que imposibilidad física es la absoluta repugnancia que hay para que exista o se verifique algo en el orden natural. De igual forma, el diccionario en consulta define la palabra jurídica como lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Así, acorde a las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se decreta la imposibilidad material y jurídica parcial para cumplir con el fallo protector, por las siguientes consideraciones. En el caso, la ejecutoria de amparo tenía como finalidad que la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejara insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad 209/21-26-01-2, mediante la cual resolvió improcedente la instancia de queja por defecto interpuesta por el quejoso; y, en su lugar emitiera una nueva determinación debidamente fundada y motivada, en la que declarara procedente dicho recurso y resolviera, con libertad de jurisdicción, el fondo en el que debió considerar lo siguiente: - Al haberse reconocido en sentencia que Marcos Landero Montuy, cuenta con derecho adquirido a que su pensión sea incrementada, de manera fundada y motivada, detallara de manera pormenorizada la forma en que se cuantificó tal incremento, desde que fue otorgada -veintiuno de agosto de dos mil catorce-. - Seguidamente, realizara un análisis comparativo en donde verifique la aplicación del porcentaje superior, en términos del artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. - Realizara el cálculo y de existir diferencias en favor del quejoso, indique el monto y ordene el pago correspondiente. En la inteligencia de que la determinación que tomara la responsable debería atender en su integralidad a lo resuelto en la sentencia de amparo y debería precisar de manera fundada y motivada las operaciones y cálculos que correspondan. En esas condiciones, se aprecia que la autoridad responsable determinó lo siguiente: 1. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós en el expediente 209/21-26-01-2. 2. Por resolución de esa misma fecha emitió una nueva sentencia, en la que: a. Declaró precedente la queja interpuesta por el actor Marcos Landero Montuy -aquí quejoso-. b. Estimó fundados los argumentos de la parte actora por medio de los cuales esgrimió, que la fórmula efectuada por la demandada para el cálculo de las actualizaciones de las diferencias generadas a su favor por el ajuste a su pensión, no sigue el procedimiento que dicta el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que al factor de actualización anual que aplica le resta una unidad. c. Precisó que no puede tenerse por cumplida la sentencia definitiva de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. d. Dejó sin efectos la resolución materia de la queja. e. Concedió a la Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el término de veinte días hábiles, para que emitiera una nueva resolución administrativa en la que dé el debido cumplimiento a la sentencia definitiva de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. De lo anterior, se advierte que la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, si bien dejó insubsistente la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós en el expediente 209/21-26-01-2, declaró procedente la queja interpuesta por el actor Marcos Landero Montuy -aquí quejoso-, y con libertad de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que estimó fundados los argumentos de la parte actora, precisó que no puede tenerse por cumplida la sentencia definitiva de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, y concedió a la autoridad demandada el término de veinte días hábiles, para que emitiera una nueva resolución administrativa en la que dé el debido cumplimiento a la sentencia definitiva. Sin embargo, en dicha resolución de cumplimiento no se aprecia que la autoridad responsable detallara de manera pormenorizada la forma en que cuantificó la pensión de Marcos Landero Montuy, desde que fue otorgada -veintiuno de agosto de dos mil catorce-, el análisis comparativo en donde verifique la aplicación del porcentaje superior, en términos del artículo 8 del referido Reglamento, ni el cálculo y diferencias correspondientes en favor del quejoso; pues estableció que la autoridad demandada aplicó una fórmula que no se encuentra establecida en el artículo 6, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y por tanto concedió a dicha demandada el término de veinte días para el cálculo de las actualizaciones de las diferencias generadas a favor del actor -aquí quejoso- por el ajuste a su pensión, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia definitiva de dos de septiembre de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, es innegable que la autoridad responsable Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no desatendió los lineamientos del fallo protector de amparo, sino que existe una imposibilidad material y jurídica para dar cabal cumplimiento al mismo. Se estima así, al considerar que, en lo substancial, la Sala acató el deber que le fue impuesto en la sentencia protectora desde el momento en que dejó insubsistente la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós en el expediente 209/21-26-01-2, y resolvió, también como se le indicó, con libertad de jurisdicción la queja por defecto en contra de la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia definitiva de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. En esa tesitura, la imposibilidad material y jurídica de cumplimiento de la sentencia de amparo está actualizada y justificada, debido a que la autoridad responsable no puede detallar de manera pormenorizada la forma en que cuantificó la pensión de Marcos Landero Montuy, desde que fue otorgada -veintiuno de agosto de dos mil catorce-, el análisis comparativo en donde verifique la aplicación del porcentaje superior, en términos del artículo 8 del referido Reglamento, ni el cálculo y diferencias correspondientes en favor del quejoso, es decir, existió una causa no imputable a ella, que le impidió hacerlo, como quedó manifestado. Por lo tanto, los obstáculos presentados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo resultan insuperables, por lo que no es procedente aplicarles las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, pues no se comprobó que la autoridad responsable haya incurrido en una conducta contumaz o rebelde para acatar la ejecutoria. En consecuencia, se declara la IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Una vez debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al observarse que el fallo protector en el presente juicio no puede cumplirse, por las razones referidas con antelación en el presente acuerdo; debiendo dejar en autos copia certificada de éste para que quede como cuaderno de antecedentes relativo a este juicio de amparo y hágase del conocimiento a las partes, esta determinación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, visible en la página 490 de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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