Marcos Jesús Pezet Zúñiga

Expediente 74/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
74/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Marcos Jesús Pezet Zúñiga
  • José Antonio Pérez Hernández
  • Tilo Ismael Pezet Zúñiga

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 10.-SE DECLARA QUE EL AUTO A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    MESA 10.- VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, MARCOS JESÚS PEZET ZUÑIGA, TILO ISMAEL PEZET ZUÑIGA y SERGIO GUZMÁN ALONSO, mediante el cual señalan como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones los estrados de este Juzgado. Por otra parte, dígase a los ocursantes de mérito, que en cuanto a la autorización de la licenciada María de Lourdes Herrera Toledo, esta autoridad la tuvo como tal en auto de veinticinco de enero del año que transcurre. Asimismo, toda vez que no existe inconveniente legal alguno, devuélvase a los promoventes los documentos que anexaron a su escrito inicial de demanda, previa copia certificada que se deje en autos y entréguese a la persona que para tal efecto autoriza, previa constancia de recibo que deje en autos. En virtud de que los quejosos comparecieron a través del escrito que se provee, resulta innecesario girar el exhorto ordenado en auto de veinticinco de enero último.

  3. Principal

    MESA 10.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual se declara incompetente y remite el juicio de amparo 52/2019, de su índice, lo anterior para los efectos legales procedentes. Asimismo, en virtud de que por acuerdo de veintidós de enero del año actual, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, estimó que es a este Órgano jurisdiccional a quien corresponde el conocimiento del juicio de amparo 52/2019, de su índice, promovido por JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, MARCOS JESÚS PEZET ZUÑIGA, TILO ISMAELPEZET ZUÑIGA y SERGIO GUZMÁN ALONSO, en el que solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Gobernador del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades; por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo. Ahora, téngase a los quejosos JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, MARCOS JESÚS PEZET ZUÑIGA, TILO ISMAEL PEZET ZUÑIGA y SERGIO GUZMAN ALONSO, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 74/2019-10. DESECHAMIENTO Ahora, como del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, no es procedente admitirla, como se expondrá a continuación. Es de señalarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivos manifiestos e indudables de improcedencia, el de desecharla de plano. Para los efectos del artículo señalado con antelación, por "manifiesto" debemos entender: claro, evidente; y por "indudable", algo cierto, seguro, que no puede dudarse. Así también, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la Jurisprudencia visible bajo el número V.2o. J/75 en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, así como que éste sea manifiesto e indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, se considera existente un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a saber, el previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." (.) En la especie, el acto reclamado proviene de una entidad pública, misma que por su parte pertenece al género de las autoridades administrativas. Atendiendo a dicha circunstancia, cabe sostener que el juicio de amparo promovido en su contra sólo procede contra actos que causen al quejoso un agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, según establece la fracción IV del artículo 107 constitucional, que prevé el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Por su parte, el artículo 157, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco dice: "Artículo 157. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades. Así se tiene, que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de los quejosos de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para los agraviados acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Atento a lo anterior y tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "[.] De las autoridades ordenadoras reclamadas la negatividad de autorizarnos y concedernos la concesión como transportistas del servicio público de pasajeros con incremento de unidad y explotación de una nueva ruta en el municipio de Tenosique, Tabasco, con un recorrido de Tenosique-Villahermosa [.]" Sic. Acto en contra del cual procede el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, conforme el artículo 157, fracción I, de la citada Ley, el cual debió agotar la parte quejosa antes de promover la vía constitucional, no obstante que el medio de defensa se encuentre previsto en una ley distinta a la que rige el acto, cuya tramitación permite la suspensión de sus efectos sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo; por lo que, al no haberse promovido el medio de defensa ordinario aludido, es claro que dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, actualizándose en el particular la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto es aplicable la jurisprudencia marcada con el número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, de Mayo de 2002, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Al respecto conviene señalar que ya se ha dilucidado que el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco no prevé más requisitos para conceder la suspensión que los establecidos en la ley de amparo, como se advierte de la tesis marcada con el número X.1º.15 A, visible en la página 1748, del Tomo XIII, de Febrero de 2011, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. EN EL ESTADO DE TABASCO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO TRATÁNDOSE DE BAJA DE POLICÍAS, AUN CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA NO SE ENCUENTRE PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE EL ACTO.- Tratándose de resoluciones dictadas en procedimientos administrativos de responsabilidad, en que se decrete baja o destitución de policías judiciales, previamente al juicio de garantías el quejoso debe agotar el principio de definitividad que impera en el amparo, establecido en el artículo 73 de la ley en cita, lo aleguen o no las partes, por así disponerlo el último párrafo del citado precepto, no obstante que el medio de defensa se encuentre previsto en una ley distinta a la que rige el acto, pues para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento del principio de definitividad a que se alude, no existe limitación a que el recurso, juicio o medio legal de impugnación se encuentre previsto en la ley que rige el acto reclamado y de donde emana el mismo, sino que basta que en alguna ley, formal y material, se establezca de manera directa e inmediata la procedencia de alguno o algunos de esos medios de defensa que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, para que el quejoso esté obligado a agotar tales medios de impugnación antes de acudir al juicio constitucional. Bajo esa tesitura, si bien es cierto que los quejosos no estaban obligados a agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 71 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tabasco, en virtud de que para el otorgamiento de la suspensión del acto dicha ley exige mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo, no menos cierto es que ello no los exime de que previo al juicio de garantías agotaran el diverso medio de defensa establecido por el artículo 16, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Lo anterior, tomando en consideración que dicho medio de defensa tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de que se duelen en la demanda de amparo y que, además, en los artículos 55, 56 y 57 del mismo ordenamiento se prevé la suspensión de dicho acto sin exigir mayores requisitos que los contemplados por la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo a esta última ley, advirtiéndose que en ambos ordenamientos son sustancialmente los mismos requisitos. Por tanto, si los inconformes no agotaron, previamente a la interposición de la acción constitucional, el medio de defensa ordinario a que alude la fracción V del artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que consiste precisamente en el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo de esta propia entidad, debe considerarse correcta la determinación del Juez de Distrito al sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 idem, sin que en el caso exista contravención a la jurisprudencia por contradicción de tesis del rubro: "POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. EN CONTRA DE SU BAJA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", dado que en ésta se contienen hipótesis totalmente distintas; ya que en dicha jurisprudencia se alude, como primer supuesto, que en contra de la baja de un policía judicial del Distrito Federal, procede el amparo sin necesidad de agotar el recurso de revocación previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomando en cuenta que esta ley, para el otorgamiento de la suspensión, exige mayores requisitos que los establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, llegando a la conclusión de que en la revocación administrativa se condiciona el otorgamiento de la suspensión a que el acto impugnado sea de imposible reparación, mientras que la fracción III del artículo 124 citado, sólo condiciona la medida, en el aspecto de que el acto reclamado sea de difícil reparación; y, como segunda hipótesis señala que el amparo es procedente sin que previamente deba agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, lo que se justifica al comparar los requisitos de la suspensión en el amparo con la del procedimiento contencioso administrativo, ya que el Código Fiscal de la Federación en su título VI, no contempla la suspensión de dicho acto reclamado, sino únicamente prevé la suspensión ante el Magistrado instructor que conozca del asunto, tratándose de dicho procedimiento cuando la suspensión sea negada por la autoridad ejecutora y haya rechazado la garantía ofrecida para asegurar el interés fiscal, reiniciando la ejecución de dicho procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, en relación con el numeral 144, ambos del Código Fiscal de la Federación. Supuestos que resultan ser totalmente distintos al caso que ocupa la atención de este Tribunal Colegiado." En esta tesitura, se considera que los promoventes del amparo están obligados a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte en forma indiscutible que están plenamente capacitados para procurarse una adecuada defensa ante la potestad común, y por lo tanto no es admisible que se acepte su reclamo de amparo en este momento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia firme y obligatoria número XX. J/1, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de 1995, página 94, cuyo rubro y texto rezan: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Es por ello que previo al accionamiento de esta vía de control constitucional se debe acudir a la autoridad contenciosa, así lo ha estimado también el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al sustentar la tesis XXI.1o.6 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, página 991, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Toda vez que los quejosos JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, MARCOS JESÚS PEZET ZUÑIGA, TILO ISMAEL PEZET ZUÑIGA y SERGIO GUZMAN ALONSO, señalaron en su demanda como domicilio para oír citas y notificaciones el ubicado en la Avenida Ameca número 368, fraccionamiento la Victoria de Tuxtla Gutiérrez Chiapas (entrada del fraccionamiento que se encuentra sobre la carretera que conduce hacia el aeropuerto precisamente frente a la gasolinera "Jardines del Grijalva"; en ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese exhorto al Juez de Distrito en tuno, de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el contenido del presente acuerdo a los quejosos de mérito; asimismo deberá requerirlos para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente auto, señalen domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se les harán por lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizada a María de Lourdes Herrera Toledo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DEMEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra pate de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del (Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades, legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido por Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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