Marcos Conde Hernández

Expediente 1188/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1188/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Marcos Conde Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    "...se declara que el auto de desechamiento dictado el veinticinco de noviembre del año en curso, ha causado estado. Archívese como asunto concluido..."

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxx, contra actos de la 1. Dirección General de Investigaciones Ministeriales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Ignacio de la Llave, Veracruz, residente en Xalapa y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 1188/2016-II en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la demanda de amparo se advierte que el promovente de amparo precisa que el acto destacado la inminente orden de integrar investigaciones ministeriales en su contra, con base en denuncias que dice desconocer, sin darle el derecho de una adecuada defensa; aduciendo en el escrito que se provee que la orden es emitida "por otros delitos que me quieren acumular.". Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En la especie, se considera la actualización de la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, y 107, fracción VII (interpretada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El precepto 21 constitucional estipula: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)". Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción VII, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo procede: "VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Tomando en consideración que el artículo 21 constitucional dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquéllas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y en su caso integrar la correspondiente averiguación previa. Es claro que la resolución reclamada no le causa daño o perjuicio. Ahora, el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala los casos en que procede el amparo indirecto contra actos del Ministerio Público, y los cuales son: a) Omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos; b) Resoluciones de reserva y no ejercicio de la acción penal; c) Desistimiento de la acción penal; o, d) Suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo anterior se sigue que contra actos del Ministerio Público distintos de los señalados, no procede el juicio de amparo indirecto, en virtud de que, como se dijo, el artículo 21 constitucional lo faculta llevar a cabo aquéllas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos e integrar la correspondiente averiguación previa. En ese contexto, es claro que el juicio de amparo promovido contra la inminente orden de integrar investigaciones ministeriales, no le causa un daño o perjuicio, pues su consecuencia inmediata no es precisamente que se le prive de su libertad personal, posesiones o derechos; ni se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de la Ley de la materia. Al respecto, también es importante precisar lo que el artículo 151 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Veracruz, establece: "Artículo 151.- En cuanto aparezca de la investigación ministerial que se han acreditado los elementos de integración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales, quienes para el libramiento de la orden de aprehensión se ajustarán a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si el ejercicio de la acción penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignación la radicará de inmediato, quedando el inculpado a su disposición para los efectos constitucionales. Desde la internación, el Ministerio Público dejará constancia de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y entregará copia al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentará día y hora de su recepción. El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue o no apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer caso, la ratificará y, en el segundo, decretará la libertad de aquél con las reservas de ley. No será necesario que estén reunidos tales requisitos, cuando el delito no merezca pena corporal." De la anterior transcripción se aprecia que una vez que se encuentren acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ajustando dicho actuar en lo previsto por el párrafo segundo del artículo 16 de la Carta Magna. De ahí que se aprecie con claridad que, al margen de cualquier consideración al respecto vertida por el accionante en esta vía, su reclamo se contrae a un acto de molestia que no lo deja sin defensa por no ser de aquellos cuya ejecución deba estimarse de imposible reparación, al no afectar de manera directa sus derechos sustantivos, dado que el perjuicio que le pudiera ocasionar se materializará una vez que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente librar la orden de aprehensión correspondiente. Así las cosas, resulta incuestionable que el acto que se reclama en esta vía es de carácter eminentemente intraprocesal. Por tanto el juicio de amparo indirecto es improcedente de conformidad con la citada fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. En las relatadas consideraciones, se concluye que del análisis del acto reclamado que en esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VII del diverso 107 (interpretada a contrario sensu), ambos del cuerpo de leyes invocado; por lo que, con fundamento en el dispositivo 113 de la ley invocada, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO origen de este asunto. Signifíquese al promovente que no obstante haya optado en este sumario por señalar como acto destacado la inminente orden de integrar investigaciones ministeriales en su contra, con base en denuncias que dice desconocer, sin darle el derecho de una adecuada defensa; se encuentra en aptitud de promover diversa demanda de amparo, si así procediera, por el acto consistente en la orden privativa de libertad y su ejecución. Consérvense en la secretaría de este Juzgado las copias de la demanda para mejor manejo del expediente. DOMICILIO. Se tienen por señalados los estrados de este Juzgado como domicilio del amparista para oír y recibir notificaciones de su intención. AUTORIZADO. Como de la certificación de cuenta se desprende que Fernando Rojas Molina, se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; se le tiene como autorizado del impetrante en términos amplios del arábigo 12 de la Ley reglamentaria. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En virtud que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o a través de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, los cuales no causarán contribución alguna. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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