Marcos Alfonso Vazquez Guillén

Expediente 351/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
351/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/04/2016

Partes del expediente

  • Marcos Alfonso Vazquez Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de catorce de abril de la presente anualidad; por tanto, se declara que dicho proveído, ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese el asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de catorce de abril de la presente anualidad; por tanto, se declara que dicho proveído, ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese el asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Notificación personal.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ...., quien dice ser apoderado legal de .........., contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese con el número 351/2016-IV en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El diverso 107, fracciones IV y V, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la fracción IV el juicio de amparo procede contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates, hipótesis dentro de las cuales, sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como acontece, por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida; en la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, en la última hipótesis, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con la fracción V, el amparo procede cuando los actos dictados dentro del juicio natural tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, da pauta para interpretar la fracción IV (ejecución) en el sentido que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio citado encuentra sustento en la Jurisprudencia 608 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, página 674, Novena Época, registro 1002674, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de la parte quejosa con el cual solicitó se ejecutara el laudo dictado a su favor, mismo que presentó el ocho de marzo de dos mil dieciséis. Lo anterior, se considera tiene el carácter de una violación adjetiva. No es de imposible reparación. Versa sobre aspectos relativos a ejecutar el laudo. De ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en ejecución de resoluciones, excepcionalmente, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a dar inicio e impulsar la ejecución del laudo condenatorio. Asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente (Ley Federal de Trabajo y sus reglamentos) para el efecto de obligar a la autoridad a que cumpla con lo solicitado. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial 8/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Administrativa, página 478, Décima Época, registro 2008883, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). A mayor abundamiento, cabe precisar que los artículos 519, fracción III, 521, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establecen la figura de la prescripción, señalando que la acción de los trabajadores para solicitar la ejecución de los laudos es de dos años, contados a partir de la notificación de ellos, indicando además los casos en que dicha prescripción se interrumpe. Por su parte, los preceptos 945 y 950 de la ley obrera citada se desprende claramente que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo laudo favorable lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el artículo 519, fracción III, de la ley laboral, so pena de que su acción se declare prescrita. De ahí que en atención a que de la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende la existencia del término prescriptivo, cuya estipulación en esos términos implica que sea necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario. De no ser así, se contravendría el derecho humano de certeza jurídica tutelado por el artículo 14 de la Carta Magna, ya que si bien es cierto, las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje, por conducto de sus presidentes tienen la obligación de ejecutar los laudos que pronuncien, también es verdad que esa obligación es correlativa y deriva del interés de los particulares en el sentido de que éstos tienen la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción ejercida, lo cual debe hacer dentro del término de dos años, pues, de no hacerlo, se actualiza la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, ello a fin de cuidar que no se cause algún perjuicio social, como lo sería dejar por tiempo indefinido la ejecución, puesto que el principio de certeza jurídica debe prevalecer sobre el interés particular. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Tesis 703, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo VI, Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 - Adjetivo, novena época, materia laboral, página 689, registro 1009498, que a la letra dice: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, aplicados a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ortiz Gómez, quien dice ser apoderado legal de Marcos Alfonso Vázquez Guillén, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 25, 73 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la ley general citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 120 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello, en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el diverso 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, sin soslayar que lo anterior también dependerá de que el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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