Marcos Antonio Dzul Herrera
Expediente 994/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marcos Antonio Dzul Herrera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de cuatro de junio del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Martín Méndez Vargas, quien se ostenta apoderado del quejoso Marcos Antonio Dzul Estrella, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; y con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter con que se ostenta, ya que lo acredita con la copia autógrafa de la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada ante la Junta responsable, en autos del juicio reclamatorio laboral 571/2019, del índice de la responsable Fórmese expediente; y, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 994/2021-VI. Ahora, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Bajo esa óptica, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la audiencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en autos del juicio laboral 571/2019, en la que, la Junta responsable admitió la prueba testimonial marcada con el número 5, ofrecida por la parte demandada, sin apercibir al oferente sobre el alcance y limitaciones de la misma. Precisado lo anterior, es evidente que en el presente asunto se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. Asimismo, al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 172, fracción III, y 174, todos de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. ARTÍCULO 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior." Ahora bien, el acto reclamado antes precisado no ocasiona a la parte quejosa una afectación en grado predominante, superior o trascendental, pues en primer término no afecta ninguno de los derechos sustanciales de ésta, y por otra, su trascendencia dependerá de la forma en que influya al dictarse la sentencia que ponga fin al procedimiento laboral de origen. En efecto se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a "contrario sensu", y el diverso numeral 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues se trata de una violación procesal reclamable hasta el dictado del laudo que ponga fin al juicio laboral, ya que ésta no afecta a las partes en grado predominante o superior, pues se trata de la determinación en la que la responsable admitió una prueba ofrecida por la parte demandada, sin apercibir al oferente sobre el alcance y limitaciones de la misma. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 39/90, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió que la violación procedimental consistente en la indebida forma en que se pretende recibir o desahogar una prueba ofrecida por la parte quejosa (estimándose como caso análogo, cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando se le reciben las que propone en una forma contraria a lo establecido por la Ley), en el momento en que se produce, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales, pero no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental reconocido por la Constitución, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influya o sea tomado en cuenta para que el resultado del fallo que sea favorable a los intereses del oferente de la prueba, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado del laudo para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que, como ya se dijo, haya afectado las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. En el caso concreto el hecho de que en la audiencia reclamada, no se haya apercibido a la parte demandada sobre el alcance y limitaciones de su prueba marcada con el número cinco, o en su caso, desechado, por las razones estimadas por la autoridad responsable, no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte peticionaria de amparo, sino una posible violación de derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el actuar de la autoridad responsable, pues tal acto, se actualiza hasta el dictado del fallo definitivo, y es hasta ese momento que se puede apreciar, si con motivo de no declararse por confesa a la parte demandada respecto de la prueba en comento, se vulneraron las defensas del oferente, trascendiendo al resultado del laudo, por lo que es obvio que dicho acto no es de imposible reparación. Se afirma lo anterior, toda vez que los actos dentro del juicio producen una "ejecución irreparable", solamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos o fundamentales consagrados en la Constitución, o que afecten a las partes en grado predominante o superior, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que no se ubican en esas hipótesis, tal como lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal virtud y de acuerdo con el ya referido artículo 174 de la Ley de Amparo, el acto que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, constituye una posible violación a las leyes del procedimiento que no afecta a las partes en grado predominante o superior, misma que sólo es reclamable mediante el amparo directo, que en su caso se promueva, contra el laudo que se llegare a dictar en el juicio de origen, del cual deriva el acto reclamado, tal como lo previenen los artículos 170, 171 y 174 de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el reclamo de las violaciones dentro del procedimiento mediante el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia con el rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como la diversa jurisprudencia, por identidad de razón, con el rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por lo cual, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, atendiendo a que no se está en alguna de las excepciones que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la tramitación del amparo biinstancial. En mérito de lo antes establecido, y tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Martín Méndez Vargas, apoderado del quejoso Marcos Antonio Dzul Estrella, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a "contrario sensu", en términos del 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó en su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, asimismo, téngase como autorizados de la parte quejosa para tal efecto, a los mencionados en su demanda de mérito, con las facultades expresamente conferidas. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y su autorizado, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Téngase a la parte quejosa, proporcionando su número de teléfono móvil, para los fines legales correspondientes. Ahora, toda vez que consta en la certificación de cuenta que los usuarios "MARTIN1982", que proporciona la parte quejosa, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad la solicitud del promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado usuario, por lo que podrá promover en el mismo con su nombre de usuario. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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