Marcos Adalberto Castillo Reyes

Expediente 332/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 39 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
332/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Marcos Adalberto Castillo Reyes
  • Secretario de Salud Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que se inconformara con el proveído que declaró cumplida la sentencia de amparo; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, ténganse a dicha parte conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio; glósese copia autorizada del presente auto en los cuadernos incidentales. Asimismo, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y se dejó sin efectos la suspensión definitiva del acto reclamado a la responsable, provéase respecto de la DESTRUCCIÓN DE AMBOS INCIDENTES; por tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese vía usuario al Secretario de Salud, por conducto del Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la oficina de la Abogada General de la Secretaria de Salud y vía estafeta al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón de veintisiete de octubre del año en curso, levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, mediante el cual, se advierte el motivo por el que no le fue posible enviar vía correo electrónico el oficio 49064/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dirigido al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la ciudad de México, con el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, reexpídase el aludido oficio VÍA ESTAFETA, dirigido al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la ciudad de México, en el domicilio ubicado en el cuarto piso de la Avenida Marina Nacional número 60, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11410, en la Ciudad de México, a fin de que se éste enterado del contenido del mismo. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que le fuera efectuado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, para el efecto de que informara a este órgano jurisdiccional, si los menores quejosos ya fueron vacunados o no de la dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. No obstante lo anterior, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora federal que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a once años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; y que en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio referido, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado; por lo que no resulta necesario requerir cumplimiento a las responsables, ni dar vista a la parte quejosa como lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al menor quejoso de entre seis y once años, M.C.S., por conducto de sus progenitores. Asimismo, por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, las autoridades estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. El Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su ámbito de facultades, gestionar a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquieran la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Realizado lo anterior, el Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a quien se vincula al cumplimiento, realice los trámites administrativos necesarios a efecto de autorizar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja) en menores de cinco a doce años. Por su parte la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán, el Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar en el Estado, y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos, a quienes también se vincula al cumplimiento, deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres del menor quejoso, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para la edad de la menor quejosa, conforme los estándares internacionales reconocidos, conforme se expuso en esta sentencia. Lo anterior, dado que el criterio de interpretación que se basa en el principio del interés superior del menor, implica que toda decisión que pueda afectar a las personas menores de edad, sea tomada de manera informada, descartando en la medida de lo posible o evitando en mayor grado un perjuicio en su persona, en su bienes y demás derechos, de manera que tomando en cuenta que si las personas menores de edad son aptas para recibir la vacuna, su aplicación puede producirles notorios beneficios, como evitar que la enfermedad COVID-19 les produzcan lesiones de consideración, siempre y cuando se determine clínica y medicamente que son aptos para recibir el biológico respectivo. Así pues, la decisión de aplicar o no la vacuna al menor quejoso, no debe tomarse con base en especulaciones, sino con datos científicos derivados de la opinión de los expertos que en su caso se determine. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 7/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". No es óbice, para la anterior vinculación, la circunstancia de que las citadas autoridades, no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, al cumplimiento de la ejecutoria de amparo está obligada toda autoridad que tenga conocimiento de ella y que por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, tal y como en la especie acontece. Tienen aplicación al caso, las tesis con los rubros siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. No sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, sino que todas aquellas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, los obstáculos que se presenten para el cumplimiento de dichas ejecutorias." "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANTO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." En ese sentido, debe decirse que si desde el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a once años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; y que en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio referido, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad; de ahí que en el caso, deba considerarse que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, habida cuenta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autorizó la aplicación de vacunas para el grupo etario al que pertenece el quejoso. Y si bien, no se tiene conocimiento si el menor quejoso ya cuenta con las dosis de vacuna autorizadas para el COVID-19, lo cierto es que, no puede quedar al arbitrio de la quejosa tener por cumplida la sentencia de mérito, en tanto que con posterioridad a la sentencia, estaba disponible el registro para la vacunación del menor quejoso, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Por tanto, es evidente que, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y vía usuario al Secretario de Salud, por conducto del Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la oficina de la Abogada General de la Secretaria de Salud y vía email al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se aprecia que en el recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, por conducto del Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaria de Salud, con sede en la Ciudad de México, manifestó que desde el veintiuno de junio último, se le notificó la sentencia a sus representadas; en tal virtud, y dado que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; con apoyo en los artículos 356 del Código Federal de Procedimientos Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en relación al artículo 81 inciso e) del propio ordenamiento, se declara que la expresada resolución que en su segundo punto resolutivo amparó a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin embargo, no resulta necesario requerir cumplimiento a las responsables, ya que resulta un hecho notorio que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a once años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; y que en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio referido, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto del registro disponible de la vacuna contra el COVID-19, para el grupo etario en el que se encuentra su menor hijo; apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y vía usuario al Secretario de Salud, por conducto del Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la oficina de la Abogada General de la Secretaria de Salud. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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