Marcos Andres Huerta Sánchez

Expediente 1241/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1241/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Marcos Andres Huerta Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Finalmente, tomando en consideración que el quejoso Marcos Andrés Huerta Sánchez, se encuentra recluido en el CEFERESO número 18 "CPS-Coahuila" con domicilio en Carretera Paredon Kilómetro 16 Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila Centro, en ese sentido, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Coahuila con sede en Saltillo, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda se constituya en el CEFERESO número 18 "CPS-Coahuila" con domicilio en Carretera Paredon Kilómetro 16 Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila Centro, y notifique el presente proveído, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del CEFERESO número 18 "CPS-Coahuila" con domicilio en Carretera Paredon Kilómetro 16 Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila Centro; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Marcos Andrés Huerta Sánchez y se cerciore de su identidad; Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 1241/2021; Le notifique el presente acuerdo. Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. De conformidad con el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez despachado para que habilite al Actuario encargado de practicar la notificación que nos ocupa en días y horas inhábiles.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Marcos Andrés Huerta Sánchez, por derecho propio, contra los actos del Juez de Ejecución Penal de la Región Judicial Sur Oriente y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1241/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso del análisis del libelo constitucional se desprende que el promovente reclama al Juez de Ejecución Penal de la Región Judicial Sur Oriente, Gerardo Gutiérrez Gayosso, la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, a través de la cual se calificó de legal el traslado ejecutado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila" en términos del artículo 52, fracciones I y II de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Respecto de dicho acto se actualizan la causa de improcedencia previstas en el artículo 107 fracción III, inciso b) de la constitución y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En efecto, en los referidos preceptos se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, en el caso es necesario reiterar que la parte quejosa reclama la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, a través de la cual se calificó de legal el traslado ejecutado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila" en términos del artículo 52, fracciones I y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, en contra del acto reclamado procede un recurso -apelación- a través del cual tal determinación puede ser revocada, el cual el quejoso debió agotar previamente a la promoción de este juicio. Cierto, ese medio de impugnación está previsto en el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". De ahí que, al tratarse de la legislación que rige el acto reclamado, su interposición es obligatoria, máxime que no se está en una hipótesis que releve al impetrante de amparo de esa carga. En ese contexto, se afirma que resulta aplicable al caso el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que es apelable la resolución del juez de ejecución que pronuncia sobre la calificación de la orden de traslado emitida en términos del citado precepto legal. En este orden, el quejoso esta obligado a agotar previamente a la promoción de este medio extraordinario de defensa, el medio de impugnación que el legislador estableció de manera concreta para controvertir la legalidad de tal determinación y, en su caso, lograr su revocación, es decir, el recurso de apelación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. En consecuencia, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Lo anterior, sin perjuicio de que el impetrante refiera que es su deseco acogerse a la protección federal y desistirse del recurso de apelación promovido por su defensor y respecto del cual indica ".en ningún momento se le dio trámite."; puesto que tiene a salvo sus derechos para controvertir las omisiones y dilaciones que refiere a través de la vía legal que estime pertinente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que el aquí quejoso Marcos Andrés Huerta Sánchez, se encuentra recluido en el CEFERESO número 18 "CPS-Coahuila" con domicilio en Carretera Paredon Kilómetro 16 Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila Centro, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que se generen en el presente juicio de amparo se realizaran de forma personal en el domicilio señalado para tal efecto en su escrito de demanda y en el lugar de su reclusión, teniendo por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Jessica Adelaida Pérez Guerrero y Raúl González Schiaffini, quienes tienen registrada su cédula profesional profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso Marcos Andrés Huerta Sánchez, se encuentra recluido en el CEFERESO número 18 "CPS-Coahuila" con domicilio en Carretera Paredon Kilómetro 16 Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila Centro, en ese sentido, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Coahuila con sede en Saltillo, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de éste Juzgado Federal, se constituya en el CEFERESO número 18 "CPS-Coahuila" con domicilio en Carretera Paredon Kilómetro 16 Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila Centro, y notifique el presente proveído, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del CEFERESO número 18 "CPS-Coahuila" con domicilio en Carretera Paredon Kilómetro 16 Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila Centro; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Marcos Andrés Huerta Sánchez y se cerciore de su identidad; Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 1241/2021; Le notifique el presente acuerdo. Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. De conformidad con el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez despachado para que habilite al Actuario encargado de practicar la notificación que nos ocupa en días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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