Marcos Alejandro Hernández Bandala
Expediente 865/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcos Alejandro Hernández Bandala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se le otorgó a la parte quejosa para dar cumplimiento al requerimiento de doce de septiembre de dos mil dieciocho, no obstante estar debidamente notificado, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 21 de los presentes autos, sin que haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y se continua el presente asunto solo por las autoridades que existan y en el caso no existen. Ahora bien, cabe destacar que si bien conforme a la técnica que rige la elaboración de una sentencia de amparo, debe existir pronunciamiento respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Sin embargo, atendiendo a que el desarrollo del juicio condujo a que en el caso no se cuente con una autoridad a la cual pueda atribuirse dicho acto, tal pronunciamiento no puede emitirse, pues el mismo debe estar, necesariamente, vinculado a una autoridad, extremo del cual se carece. Atendiendo a ello, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, porque de las constancias que integran este expediente se advierte que las autoridades señaladas como responsables no existen. [...] Conforme a lo transcrito la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la ley que lo regula o de la Constitución Federal y que es parte en dicho juicio, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la causal de improcedencia que resulta de la interpretación de los citados preceptos, el último de ellos a contrario sensu, deviene cuando no existe la autoridad señalada como responsable, pues ante ello no se satisface el requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En el caso, al admitirse la demanda de amparo, se tuvo como autoridades responsables al agente del Ministerio Público Investigador de Delitos en Particular y Notificador, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, mediante acuerdo emitido el doce de septiembre del año en curso en razón de la imposibilidad de notificar a dichas autoridades por no existir con dicha denominación se hizo efectivo el apercibimiento decretado el diez de septiembre de dos mil dieciocho y, por ende, se tuvo como inexistentes a las señaladas como autoridades responsables por la quejosa, referida en el párrafo anterior. Lo anterior hace patente la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, pues si bien la quejosa indicó como tal a la antes citada; sin embargo, las mismas se estimaron inexistentes, de ahí que este expediente carece del requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pese a que se requirió a la quejosa a fin de que hiciera alguna manifestación, pues la misma desatendió tal prevención. Por ende, ante la inexistencia de un ente del Estado al que se pueda atribuir la calidad de autoridad responsable, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del cuatro de octubre del año en curso, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se le otorgó a la parte quejosa para dar cumplimiento al requerimiento de doce de septiembre de dos mil dieciocho, no obstante estar debidamente notificado, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 21 de los presentes autos, sin que haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y se continua el presente asunto solo por las autoridades que existan y en el caso no existen. Ahora bien, cabe destacar que si bien conforme a la técnica que rige la elaboración de una sentencia de amparo, debe existir pronunciamiento respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Sin embargo, atendiendo a que el desarrollo del juicio condujo a que en el caso no se cuente con una autoridad a la cual pueda atribuirse dicho acto, tal pronunciamiento no puede emitirse, pues el mismo debe estar, necesariamente, vinculado a una autoridad, extremo del cual se carece. Atendiendo a ello, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, porque de las constancias que integran este expediente se advierte que las autoridades señaladas como responsables no existen. [...] Conforme a lo transcrito la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la ley que lo regula o de la Constitución Federal y que es parte en dicho juicio, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la causal de improcedencia que resulta de la interpretación de los citados preceptos, el último de ellos a contrario sensu, deviene cuando no existe la autoridad señalada como responsable, pues ante ello no se satisface el requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En el caso, al admitirse la demanda de amparo, se tuvo como autoridades responsables al agente del Ministerio Público Investigador de Delitos en Particular y Notificador, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, mediante acuerdo emitido el doce de septiembre del año en curso en razón de la imposibilidad de notificar a dichas autoridades por no existir con dicha denominación se hizo efectivo el apercibimiento decretado el diez de septiembre de dos mil dieciocho y, por ende, se tuvo como inexistentes a las señaladas como autoridades responsables por la quejosa, referida en el párrafo anterior. Lo anterior hace patente la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, pues si bien la quejosa indicó como tal a la antes citada; sin embargo, las mismas se estimaron inexistentes, de ahí que este expediente carece del requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pese a que se requirió a la quejosa a fin de que hiciera alguna manifestación, pues la misma desatendió tal prevención. Por ende, ante la inexistencia de un ente del Estado al que se pueda atribuir la calidad de autoridad responsable, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del cuatro de octubre del año en curso, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a la parte quejosa *** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas, por las razones expuestas en el considerando único de esta resolución.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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