Marco Tulio Aguilar Fragoso

Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
207/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Marco Tulio Aguilar Fragoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a las partes, mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica al asesor jurídico por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 207/2022, promovido por Marco Tulio Aguillar Fragoso; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós (foja 3), ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Marco Tulio Aguillar Fragoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 207/2022, se admitió mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós (foja 36), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, en proveído de uno de abril de la anualidad que transcurre, se reconoció el carácter de tercera interesada a Neiby Alejandra Ortega Mijangos, en su calidad de actora dentro del juicio familiar del que derivan los actos reclamados. El veintisiete de mayo del año en curso (foja 82) se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico que pudiera fungir dentro del presente juicio, como representante especial de las menores Tulya Renata y Abril Alejandra, ambas de apellidos Aguilar Ortega; razón por la que en proveído de siete de junio de dos mil veintidós (foja 100) se tuvo a Alejandro León Cortés, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrita a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo precisado en el párrafo que antecede. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el quince de julio de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consistente en: *El auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós dictado dentro del juicio oral familiar 846/2021, que sobre divorcio sin expresión de causa promueve Neiby Alejandra Ortega Mijangos frente al quejoso, en el que se decretó pago de alimentos provisionales a favor de la actora, la cantidad equivalente al 5% de la totalidad de percepciones que obtiene el demandado como empleado del Tribunal Agrario. Acto que atribuyó a la Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 47). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en testimonio autorizado del juicio oral familiar 846/2021. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, tanto la juez responsable, como la autorizada de la tercera interesada (fojas 48 y 106), aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que esta medida provisional será revisada oficiosamente al celebrarse la audiencia preliminar relativa al controvertido de origen. Causal que se estima infundada, ya que con independencia de que efectivamente dicha medida se revise oficiosamente e incluso, pueda modificarse en la referida audiencia preliminar, tal cuestión es irrelevante para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que mientras ese momento procesal se actualiza, esto es, desde el dictado de la medida y hasta la revisión de la misma, dicha determinación cautelar surte sus efectos y tiene evidente afectación en la esfera patrimonial del quejoso. De tal forma que, no es posible actualizar la causal invocada, porque ello supondría que hasta en tanto el juicio familiar de origen llega a esa etapa procesal, el quejoso deberá satisfacer los alimentos que provisionalmente ya fueron determinados y por ende, no es posible estimar que dicha revisión tiene la calidad de un recurso que desde el momento propio de su afectación, esto es, inmediatamente a la vigencia del acto reclamado, sea susceptible de modificar, revocar o nulificarlo; de ahí, lo infundo de ese argumento. Finalmente, toda vez que este juzgador no advierte, de manera oficiosa, la existencia de alguna causal ni las partes hicieron valer alguna otra, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tiene aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ellos, el promovente del amparo aduce esencialmente lo siguiente: Que el auto reclamado carece de fundamentación y motivación porque en él, la juez responsable al fijar los alimentos provisionales a favor de su ex esposa omitió considerar lo establecido en el artículo 273 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, así como analizar la necesidad de la urgencia para decretar los alimentos provisionales a favor de la madre de sus hijas, a la luz de lo dispuesto en el propio numeral 273; y, Que también se omitió ponderar que su ex cónyuge puede obtener recurso para sufragar sus propios gastos y que está en una edad adecuada para ejercer un empleo que le permita obtener recursos para satisfacer sus necesidades, ya que cuenta con una carrera universitaria; además, dice, ella no eroga gastos de una renta para satisfacer su necesidad de vivienda, porque vive en un inmueble que él está pagando. Conceptos de violación que son infundados, como se demostrará a continuación. Primeramente, debe señalarse que es falso como lo afirma el quejoso, que para decretar los alimentos provisionales, la juez responsable debió ceñirse a lo dispuesto en el artículo 273 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que para llegar a esa interpretación jurídica, tendría que atenderse únicamente al contenido aislado de la propia porción normativa que al respecto dispone: "Artículo 273. Cuando se soliciten alimentos entre cónyuges, sin que exista convenio al respecto, se fijarán tomando en cuenta las circunstancias del caso, además de las siguientes: I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y, VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor." Como se ve, es cierto que la interpretación individual y aislada de ese numeral, nos conduce a establecer que tratándose de la fijación de alimentos entre cónyuges, inevitablemente deben considerarse la edad, el estado de salud de ellos, su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración al trabajo del otro cónyuge, los medios económicos y sus necesidades. Sin embargo, a juicio del suscrito, dichos requerimientos deben entenderse dirigidos a la decisión de los alimentos definitivos; primero, porque la redacción de los numerales que anteceden a ese artículo, denotan que dichos requerimientos son exigibles para la determinación de los alimentos que se fijan en la audiencia de juicio, esto es, los definitivos, tal y como se lee de ese apartado: CAPÍTULO II DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Artículo 256. Para decretar el divorcio sin expresión de causa, bastará la manifestación expresa de voluntad por cualquiera de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial, sin que exista obligación de precisar causa alguna. A la solicitud se acompañará la propuesta de convenio que contenga los términos en que se habrán de salvaguardar los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio con relación a los consortes, hijos menores de edad o con discapacidad y bienes de la sociedad conyugal. Así como copia simple legible de la solicitud, propuesta de convenio y demás documentos que se anexen, para el cónyuge frente a quien se presenta la solicitud de divorcio, la cual deberá ser por duplicado cuando se tenga que designar tutor especial para los hijos menores de edad o con discapacidad. De no aportarse, se requerirá al solicitante para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación, subsane esa omisión, apercibiéndole que de no hacerlo se desechará de plano. Artículo 257. La propuesta de convenio deberá contener: I. La designación sobre la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio; II. El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no tenga la guarda y custodia de los hijos, tomando en cuenta los horarios de comidas, descanso, estudio, circunstancias personales e interés superior de estos, precisando los días y las horas; III. La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al juez autorizarla, así como la garantía para asegurar su cumplimiento; y, IV. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla después de decretado el divorcio, exhibiendo para ese efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. De no ocuparse la propuesta de convenio de alguno de los puntos precitados o no ser clara y precisa, se requerirá al solicitante mediante notificación personal para que la complete o aclare dentro del término de tres días, apercibiéndole que de no hacerlo, se desechará de plano. Procediéndose de igual manera respecto a la contrapropuesta. Si el solicitante no manifiesta expresamente su voluntad de divorciarse, no se admitirá su escrito inicial. La garantía para asegurar el debido cumplimiento y subsistencia de la obligación alimentaria, deberá ser aprobada por el juez de instrucción según las circunstancias del caso, escuchando para ello la opinión del ministerio público, pudiendo ser otorgada por cualquiera de los medios previstos por la ley sustantiva civil; si se llegase a optar por un fiador, deberá renunciar a los beneficios de orden y excusión. Artículo 258. Al solicitarse el divorcio o dentro de los dos años siguientes de su reclamación, los cónyuges podrán exigir una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio, siempre que: I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El reclamante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el matrimonio el reclamante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de su cónyuge. El juez oral, en la sentencia, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Artículo 259. (DEROGADO, P.O. 25 DE ABRIL DE 2016) Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos. Artículo 261. Si en el procedimiento de divorcio, también se deben determinar cuestiones inherentes a hijos menores de edad o con discapacidad, se les designará un tutor especial desde el auto admisorio, quien tendrá el carácter de parte. Con independencia de que se le designe tutor especial, en la medida en que los hijos menores de edad o con discapacidad puedan emitir una opinión, ésta se escuchará, la que no obligará al juzgador, pero podrá ser orientadora. Artículo 262. Con las copias de la solicitud y propuesta de convenio, se correrá traslado y emplazará al otro cónyuge, para que, dentro del plazo de nueve días, de contestación, manifestando su conformidad con el convenio, o bien, exhibiendo la contrapropuesta, la cual se notificará al solicitante, entregándole copia simple de la misma y documentos que se le anexen, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a sus intereses considere conveniente. Artículo 263. Si al darse contestación a la petición de divorcio se hiciere alguna reclamación inherente a los derechos y obligaciones del matrimonio o a los hijos menores de edad o con discapacidad, también se anexará la propuesta de convenio, así como copia simple de la contestación y propuesta, procediéndose en los mismos términos del artículo que antecede. Artículo 264. A los escritos de contrapropuesta y contestación a esta se deberán anexar los documentos que las funden. Artículo 265. De no presentarse los documentos a que hacen referencia los dos artículos que anteceden, se requerirá al cónyuge que la formuló, para que dentro del plazo de tres días subsane esa omisión, bajo apercibimiento que, de no hacerlo se desechará de plano. Artículo 266. Si una vez transcurrido el plazo del emplazamiento, el demandado no manifiesta su conformidad o inconformidad con la propuesta, o bien expresamente la acepta totalmente, el juez de instrucción de inmediato proveerá ordenando remitir los autos al juez oral, para que señale fecha para la audiencia preliminar, la que deberá tener efecto dentro de los cinco días siguientes a que se reciban, en la que, de ser procedente dictará la sentencia. Artículo 267. No estando en ninguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral, quien citará a los cónyuges a la audiencia preliminar, señalando día y hora para que se verifique en un plazo de cinco días a que aquellos se reciban. Artículo 268. En dicha audiencia se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; de ser así, se pronunciará sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado. Artículo 269. En caso contrario, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia conforme al artículo que antecede, y de persistir esta, se declarará la disolución del vínculo matrimonial y aprobará las prestaciones que hubieren sido convenidas, reservando para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones. Artículo 270. En tal caso, se precisarán los puntos sobre los que las partes no se hayan puesto de acuerdo, mismos que conformarán la litis pendiente; se acordará lo concerniente a las pruebas ofrecidas, mandándose preparar las admitidas, ordenará de oficio las pruebas que considere convenientes para garantizar el interés superior de los hijos menores de edad o con discapacidad y señalará fecha para la audiencia de juicio, en la que se desahogarán y se pronunciará sentencia definitiva, determinando lo concerniente a los puntos de litis pendiente. Artículo 271. El juez fijará en la sentencia la situación de los hijos menores de edad o con discapacidad, habidos en matrimonio, para lo cual, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, los alimentos, custodia y convivencia, atendiendo para ello, tanto el interés superior de estos, como la adecuada capacidad de los padres para su cuidado y con cuál puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral, valorando las especiales circunstancias del caso. Artículo 272. El derecho a los alimentos subsistirá a favor del cónyuge acreedor, por el mismo lapso de duración del matrimonio, siempre y cuando carezca de bienes o ingresos económicos suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y se extinguirá por vencimiento del mismo, o bien, cuando contraiga nuevo matrimonio, forme parte de alguna relación consensuada o le sobrevenga un hijo con persona diversa de su ex cónyuge. Artículo 273. Cuando se soliciten alimentos entre cónyuges, sin que exista convenio al respecto, se fijarán tomando en cuenta las circunstancias del caso, además de las siguientes: I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y, VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. Artículo 274. La muerte de uno de los cónyuges pone término al procedimiento de divorcio y los herederos del fallecido tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera existido dicho procedimiento. Artículo 275. Pronunciada la sentencia que decrete el divorcio, el juez, bajo su más estricta responsabilidad, remitirá copia de ella al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta de divorcio y haga la anotación correspondiente en la de matrimonio. Artículo 276. La modificación o extinción de alguna de las prestaciones materia de convenio o determinadas por el juez, se hará conforme al procedimiento especial oral." De la inserción del capítulo denominado "divorcio sin expresión de causa" podemos advertir, primeramente, que el tema de los alimentos provisionales, está regulado en el artículo 260, en el que se establece que al admitirse la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, entre las que encontramos, el fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas. En ese apartado (artículos 260 y 261) no se contemplan expresamente parámetros a los que el juez debe ajustar la fijación de esos alimentos provisionales; por ello, tal y como lo hizo la juez responsable, debe atenderse a lo establecido en los artículos 445 y 462, que disponen: "Artículo 445. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. El hombre está obligado a proporcionar alimentos a la mujer aún cuando no estén unidos en matrimonio o concubinato, derivado de una relación sexual consensuada entre ambos y la mujer esté embarazada. El presunto progenitor tendrá la obligación de proporcionar alimentos desde que la mujer tenga conocimiento de que está embarazada y hasta seis semanas posteriores al parto o al aborto natural que tuviera la mujer. Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." De hecho, otra razón que permite hacer la distinción entre los requisitos que se exigen para el dictado de los alimentos provisionales y los definitivos, es que los primeros, el legislador tuvo la intención de que fueran decretados por el juez de instrucción, desde la presentación de la demanda y hasta antes de la audiencia de juicio; mientras que, los definitivos son determinados por el juez oral en la propia audiencia de juicio, tal y como se obtiene del propio artículo 266. Tan es así, que es precisamente a partir del artículo 267 y hasta el 270, en los que se dispone lo relativo a la audiencia preliminar; también en el propio numeral 270, segunda parte, se dispone el inicio de la audiencia de juicio señalando que, el juez señalará fecha para la audiencia de juicio, en la que se pronunciará sentencia definitiva, determinando lo concerniente a los puntos de litis pendiente. En el 271, nos sigue hablando de la sentencia que se debe dictar en la misma audiencia de juicio y se establece la obligación para el juez de fijar en la sentencia, la situación de los hijos menores de edad o con discapacidad, habidos en matrimonio, así como de resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, los alimentos, custodia y convivencia. Luego, continúa con la previsión legal de las obligaciones impuestas al juzgador al resolver en la audiencia de juicio y en el artículo 272, establece que el derecho a los alimentos subsistirá a favor del cónyuge acreedor, por el mismo lapso de duración del matrimonio, siempre y cuando carezca de bienes o ingresos económicos suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y se extinguirá por vencimiento del mismo, o bien, cuando contraiga nuevo matrimonio, forme parte de alguna relación consensuada o le sobrevenga un hijo con persona diversa de su ex cónyuge. Y finalmente, en el artículo 273, se insertan los parámetros a los que se debe ajustar la determinación de los alimentos, cuando no exista convenio al respecto; bajo esas consideraciones, se estima que los requisitos legales establecidos en el artículo 273, son exigibles para la determinación de los alimentos a favor del cónyuge, cuando se fijan en sentencia definitiva, dictada en la audiencia de juicio, esto es, para los alimentos provisionales. A esa conclusión interpretativa se llega, del orden establecido en el articulado inserto que antecede al propio numeral 273, del que con claridad obtenemos que primero nos indica las determinaciones y medidas cautelares que le corresponde asegurar al juez de instrucción y posteriormente, al establecer cuáles prestaciones deben quedar resueltas en la audiencia de juicio por el juez oral; de ahí que, contrario a lo aducido por el quejoso, tales requisitos no sean oponibles para decretar los alimentos provisionales. Lo anterior, además tiene lógica si se atiende a que no es posible que en materia de acreditación de hechos, al inicio de la contienda familiar, cuando no se cuenta con gran cúmulo probatorio, se exija al juez que para decretar una medida cautelar de alimentos provisionales, considere o pondere aspectos como la edad, el estado de salud de los cónyuges, su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración al trabajo del otro cónyuge, los medios económicos y sus necesidades, cuando de antemano, todos esos factores están sujetos a acreditación probatoria en la secuela procedimental; de ahí que, se refuerce aún más la conclusión que esos requisitos son exigibles para la determinación de los alimentos definitivos. Por esa misma razón, es también infundado el argumento del quejoso en el que aduce que la determinación reclamada es ilegal, porque la juez responsable omitió ponderar que su ex cónyuge puede obtener recurso para sufragar sus propios gastos y que está en una edad adecuada para ejercer un empleo que le permita obtener recursos para satisfacer sus necesidades, ya que cuenta con una carrera universitaria, así como que ella no eroga gastos de una renta para satisfacer su necesidad de vivienda, porque vive en un inmueble que él está pagando. Lo anterior, porque si como quedó demostrado en los párrafos que anteceden, los requisitos legales establecidos en el artículo 273 son aplicables sólo para la determinación de los alimentos provisionales, es intrascendente que la juez haya atendido a esos aspectos, ya que como también se dijo en párrafos anteriores, el parámetro para la determinación de los alimentos provisionales, establecido en los artículos 445 y 462, solo exige para el dictado, que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. De ahí que, se insista, el tema relativo a la posibilidad de ejercer un empleo y de que su ex esposa cuente con un título universitario, no constituyan aspectos que deban considerarse en este momento procesal, sino en todo caso, en la audiencia de juicio, cuando se resuelva en forma definitiva respecto de su derecho a alimentos y cuando el juez cuente ya con elementos objetivos que hagan patentes los requisitos exigidos en el artículo 273, principalmente, la calificación profesional de cada cónyuge, la posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración al trabajo del otro cónyuge, los medios económicos y sus necesidades; por ello, lo infundado de este concepto de violación. En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por el promovente del amparo y sin que se advierta suplencia de la queja a su favor, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Marco Tulio Aguillar Fragoso, contra el acto reclamado a la Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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