Marco Julio Juárez Ruiz
Expediente 514/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Julio Juárez Ruiz
- Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General de Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de cinco de enero de dos mil veintidos, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que formula la agente del Ministerio Público Federal, toda vez que el veinte de diciembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento y la justicia de la unión no amparó ni protegió a la parte quejosa. Por otro lado, como lo solicita el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la Jueza de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, de la región Zamora, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certificada que únicamente presentó escrito de alegatos la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Con relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, Marco Julio Juárez Ruiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 514/2021; se admitió mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter de terceros interesados. En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a Luis Ernesto Solórzano Navarro, Yolanda Hernández Moreno y Celso Alanís González, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y se ordenó su emplazamiento. En diverso proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, se advirtió que Amyne Tarahesly Aburto El Morsi y Alejandra Tristán Blanco son familiares de las víctimas y Christian López Ávila, es el representante de las víctimas directas e indirectas; por lo que se les reconoció el carácter de terceros interesados y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al Fiscal General del Estado, al Fiscal Regional, al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional y al Coordinador General de la Policía de Investigación, todas con sede en Morelia, Michoacán; a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al Fiscal Regional, al Director Regional de Carpetas de Investigación y al Director de Investigación de la Policía Investigadora, todas de Zamora, Michoacán, son: La orden de aprehensión emitida el uno de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 435/2021, por el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas, en agravio de Esther de los Santos Aburto, Juan Manuel de la Cruz Fuentes y José Arturo Rodríguez Tristán; así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al Fiscal General del Estado, al Fiscal Regional, al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional y al Coordinador General de la Policía de Investigación, todas con sede en Morelia, Michoacán; así como al Fiscal Regional y al Director Regional de Carpetas de Investigación, ambos de Zamora, Michoacán. El Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Regional, el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional y el Coordinador General de la Policía de Investigación, todas con sede en Morelia, Michoacán; así como el Fiscal Regional y el Director Regional de Carpetas de Investigación, ambos de Zamora, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al Fiscal General del Estado, al Fiscal Regional, al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional y al Coordinador General de la Policía de Investigación, todas con sede en Morelia, Michoacán; así como al Fiscal Regional y al Director Regional de Carpetas de Investigación, ambos de Zamora, Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Por otro lado, debe tenerse por cierto el acto atribuido al Director de Investigación de la Policía Investigadora de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, toda vez que la ordenadora aceptó su existencia al rendir su informe justificado; por lo que -en razón de jerarquía- se encuentra obligada a darle cumplimiento. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, consistentes el registro de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de uno de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 435/2021, en la que se emitió la orden de aprehensión reclamada. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso -por las razones que se precisarán más adelante- sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". En ese contexto, este Órgano Constitucional sólo se avocará al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales son infundados. Para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente; Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez penal, se llega a la conclusión de que el mandamiento de captura reclamado, reúne los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución General de la República; a saber: El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Ello además, tomando en consideración que el hecho delictivo aconteció en Zacapu, Michoacán, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 133, fracción I, adjetivos, en relación con el 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que la Juez de Control de la Región Zamora, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado [minutos 21:22:21 al 21:23:14] El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, toda vez que como lo refirió la juez y de lo expuesto por los agentes del ministerio público en la audiencia respectiva, se advierte que presentó denuncia Amyne Tarahesly Aburto El Morsi por lo que ve a Esther de los Santos Aburto y de Alejandra Tristán Blanco respecto de José Arturo Rodríguez Tristén, además aunque no se hubieran presentado no sería necesario porque el delito se persigue oficiosamente [minuto 21:23:04 al 21:24:22]. Asimismo, porque la carpeta de investigación integrada contra el quejoso Marco Julio Juárez Ruiz y otros, fue por el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas, previsto y sancionado por los artículos 27, 28 y 30 último párrafo, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en relación con los diversos 7 fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13 fracción III, del Código Penal Federal, el cual es sancionado con pena privativa de libertad de cuarenta a sesenta años de prisión. El requisito relativo a que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se cumplen. En efecto, al respecto la juez responsable adujo lo siguiente: [minuto 21:30:11 de la audiencia respectiva] "[.] Esta información se advierte de manera conjunta de los actos de investigación proporcionados por parte del agente del ministerio público, en primer lugar porque básicamente tiene dos testigos presenciales de lo que ocurrió el día diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno en la calle Ignacio López Rayón en la colonia centro de Zacapu, Michoacán y esto es, esto se deriva de la entrevista que fue recabada a Julio César Hernández Ríos, él dice ser propietario del negocio de tatuajes al cual ingresó en su momento Javier Paez López, José Arturo Rodríguez Tristán y su diverso acompañante al parecer Daniel Moreno. Él señala que ingresaron estas personas del sexo masculino, de las cuales proporciona una descripción física, dice que llegaron a comprar pipas para consumir cristal, que estas personas ingresaron a su negocio las compraron o las solicitaron y que justo las estaba envolviendo, que esto ocurrió entre las dieciséis y diecisiete horas de esa misma data, que las estaba envolviendo cuando una de las personas que ingresó a esta negociación dijo de manera literal "ya valió madre, esta pendeja traía el jale y ya llegó la policía" y señala que a partir de que uno de los masculinos ingresa y dice esto se retiran del lugar porque incluso señala que le devuelven las pipas, que ya no se llevan estas pipas y se retiran de este lugar con rumbo hacia la calle Venustiano Carranza así lo refiere el señor Julio César Hernández Ríos. [21:31:39] Esta información no es aislada porque efectivamente Javier Paez López, reconoció esta circunstancia, él relata ya de manera más detallada y es quien nos permite conocer cómo ocurrieron estos eventos, que conoce a la víctima Esther de los Santos Aburto así como al señor José Arturo Rodríguez Tristán, que ambos con pareja, que consumen cristal de manera conjunta con ellos, que el día dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno en la madrugada recibió una llamada telefónica del señor José Arturo a quien menciona o refiere como Toto, quien le dijo que si podía llegar a su casa, que venía de Zacapu pero que aún no terminaba el asunto allá, que llegó a bordo de una camioneta toyota Takoma, esto entre las cuatro y cinco de la mañana, que posteriormente acompañaron a Esther a que recogiera algunas cosas a su casa alrededor de esta hora, que posteriormente fueron a la colonia Villas del Pedregal en Morelia, Michoacán, por Daniel Moreno, esto siendo aproximadamente las siete de la mañana, que se fueron y llegaron a Zacapu alrededor de las nueve o nueve treinta de la mañana, nueve o nueve treinta indica, de hecho no señala que de la mañana, que se entrevistaron con una persona de nombre Juan Manuel apodado "el apa" quien ya los estaba esperando y que alrededor de las dieciséis horas, es decir, de manera coincidente con lo que señala Julio César Hernández Ríos acudieron a un negocio que se encontraba en el centro de Zacapu, Michoacán, esto a bordo de una camioneta propiedad del "apa" de la marca path Finder color gris rata y que en este lugar, en un negocio de tatuajes se bajó el moreno, toto y él y que se quedaron a bordo de la camioneta Juan Manuel y Esther que hasta este lugar llegaron para comprar pipas para consumir cristal; sin embargo, que en un momento determinado él se pudo percatar del interior del negocio como llegó hasta donde se encontraba Esther y Juan Manuel dos policías hombres y una mujer, estos uniformados señala que los uniformes eran color azul y los cuales portaban armas que al parecer eran de la policía Michoacán, el los refiere como policías de acuerdo a la vestimenta que pudo observar, las armas y la unidad oficial dentro de la cual arribaron. Él señala que uno de los policías era moreno, robusto y que éste quien se acercó a la puerta del piloto que otro diverso se acercó a la puerta del copiloto y que la policía mujer se quedó detrás de éste, del que se acercó a donde se encontraba Esther, que los bajaron tanto a Esther como a Juan Manuel, que los revisaron les colocaron esposas en las manos, igual la mujer a Esther y los subieron a la patrulla. Que otro de los policías se subió a la camioneta en la cual estaba Esther y Juan Manuel y se retiraron de ese lugar, que esta era una camioneta la de la policía Michoacán, al parecer tipo Pick up, doble cabina, Ford ranger de la policía Michoacán, que no vio a dónde se dirigieron pero que fue este el último momento en el que pudo ver a Esther y a Juan Manuel con el apodo del "apa". Información que vierte el señor Javier me genera credibilidad [21:35:00] porque efectivamente hay datos que permiten inferir de manera razonable que él se encontraba con Esther y con José Arturo al momento que él señala se encontraban en Zacapu, Michoacán pues incluso de las entrevistas que rindieron tanto Magdalena Núñez Estrada como Claudia Liliana Murguía Silva ellos proporcionan información en la cual pues también se advierte que efectivamente Esther salió de este domicilio en la ciudad de Morelia, Michoacán no solo en compañía de su pareja José Arturo sino de una persona más, que salieron alrededor del horario que señala Javier Paez López y que además también el empleado de la negociación de pipas y de tatuajes pues corrobora esta información, incluso él señala que una de personas indica que ya llegó la policía [21:35:57] esto es lo que hace creíble lo señalado por parte de Javier Paez López y además no hay algún elemento objetivo en este momento que contravenga tal información. También Javier aporta diversa información sobre la desaparición de su amigo José Arturo, señala de que luego de que esto ocurrió se retiraron con su amigo José Arturo sobre la misma calle Morelos en la misma ciudad de Zacapu, Michoacán que al pasar por la central la persona Daniel Moreno le dijo que él ya se iba y que tomó un autobús y que se regresó a Morelia, pero que ellos frente a la central tomaron un taxi y se dirigieron a la policía estatal en donde no les pudieron dar noticias de Esther ya que no la tenían detenida en ese lugar ni a Juan Manuel, que posteriormente fueron a Tránsito en donde tampoco obtuvieron información positiva; sin embargo, que cuando salieron del área de seguridad pública él vio que detrás de Toto venía corriendo una persona que incluso él todavía se encontraba a bordo del taxi en el cual llegaron a este lugar que les dijo este persona que le contaran bien lo que había pasado y que en ese momento a ellos les pareció extraña la insistencia de esa persona; sin embargo, que el taxista ya no quiso esperarlos y que ellos se quedaron en este lugar, que en este lugar una persona refiere con la que se entrevistó era muy insistente en preguntarle si había visto lo que había ocurrido, sobre la desaparición de sus amigos, si habían visto quiénes se los habían llevado, que como a ellos les pareció extraño pues trataron ya de no dar tanta información sobre esto. [21:37: 43] Señala que alrededor de las diecinueve con treinta minutos Toto salió para hablar con su suegra y que fue la última vez que vio al Toto que cinco minutos después de que salió su amigo Toto, vio llegar justo a los mismos elementos que se habían llevado a Esther y a Juan Manuel. Señala que los reconoce perfectamente bien, eran los dos hombres policías y la mujer policía y que lo suben a la misma camioneta a donde subieron a Esther y a Juan Manuel y que en ese momento como él en su mente se presentó la posibilidad de que pudieran desaparecerlo o incluso pudiera estar en riesgo su integridad o su vida, trató de ubicar todas aquellas circunstancias que pudieran ayudarle o servirle y se pudo percatar que esta camioneta tenía el número 099-A1, también que le dijeron estas personas que iban a buscar a su amigo, que se fueron en la camioneta y que dieron la indicación, que él escuchó, vía radio, que donde lo vieran, es decir, a su amigo José Arturo pues además pidieron las características de él y la vestimenta que portaba lo detuvieran. Él contestó a partir de ese momento que él no vio nada que él no sabía nada, evidentemente pues ante el temor que pudiera estar en riesgo su integridad, esta información que vierte Javier también me genera credibilidad, porque además luego se realizaron en diversas diligencias con el propio Javier Paez López en las cuales se le pone a la vista señala el agente el ministerio público diversas fotografías y estas fotografías pertenecen a todos aquellos elementos de seguridad pública de la corporación de Zacapu, Michoacán, entre los cuales señala que pudo reconocer precisamente a los ahora investigados señalando que estas son las personas que se llevaron a Esther y a Juan Manuel, pero además que estas son las mismas personas que se lo llevaron a él a bordo de la camioneta. El refiere que luego de que estas personas lo trajeron alrededor de una hora a bordo de la camioneta, finalmente le permiten irse ya que él les indica que es de la ciudad de Morelia, que el no va a dar información que si le permiten irse pues ya no va a regresar a Zacapu, y que entonces lo dejan en la central, le dan setenta pesos y le dicen que se vaya no sin antes amenazarlo a apercibirle que si no les dio toda la información de lo que sabía, bueno, le amenazan que le va a ir mal que si volvía incluso, ya no la contaba. Que luego de esta información que proporciona Javier [21:40:26] pues no solo los reconoce a través de una diligencia, además diligencia que advierto fue realizada, al menos de manera aparente, fue realizada de buena fe bajo las reglas establecidas en la norma nacional vigente pues se le ponen a la vista diversas fotografías de la misma corporación a la que él señala pertenecen quienes lo llevaron a bordo de una camioneta, que se le ponen fotografías tanto de hombres como de mujeres porque [21:40:52] Él señala dos hombres y una mujer y que además señala se trata de personas uniformadas, que estas fotografías al menos no van dirigidas no se advierte esta información, sino que se muestran varias en su conjunto y que de todas éstas se logra ubicar, a las personas a quienes reconoce, es por tanto que es por tanto que se logra determinar la legalidad de esta identificación por fotografía que se ha señalado pues hasta el momento no se tenía de manera cierta una identidad para poder realizar reconocimiento de persona esto es lo que le queda la calidad de la información obtenida por parte del testigo, pero además esto no es aislado porque aunado a que reconoció a estas personas en una identificación por fotografía también le son mostradas fotografías de los vehículos de la corporación de seguridad pública de aquellos que son utilizados por parte de los elementos de esta corporación y que de todas ellas reconoce precisamente aquella que se encuentra (inaudible) aquella fotografía que pertenece al vehículo de la policía marcado con el número 099 A1, y que tiene una placa de circulación MC 099- A1, y señala que este es el vehículo en el que el día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se llevaron a Esther y se llevaron a Juan Manuel, y es el mismo vehículo en el cual lo subieron a él y lo trajeron dando vueltas alrededor de una hora precisamente los elementos a quienes reconoció, y que estos elementos a quienes reconoció, bueno se sabe por los expedientes que fueron proporcionados por parte del Director de Seguridad Pública de Zacapu, Michoacán, que responden a los nombres de Marco Antonio Trejo Montero, Julio Suárez Ruiz y Rosalina Jaimes Arriaga, pero además que de acuerdo a la información que proporcionó el director de seguridad pública y el subdirector de seguridad pública, éstos efectivamente son elementos de la corporación que tienen a su cargo, que son elementos que se encontraban en funciones, tanto el día diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, como el día veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, que además Marco Antonio Trejo Montero, es la persona encargada de esta unidad, y que los elementos que lo acompañan son precisamente Marco Julio (sic) Juárez Ruiz y Rosalina Jaimes Arriaga; es importante destacar que estas personas fueron entrevistadas por parte de la representación social haciendo del conocimiento se indicó los derechos que les asistían, al momento de rendir esta entrevista y que al momento de rendir su entrevista ellos, si bien reconocieron haber realizado la detención del señor José Arturo Rodríguez Tristán, pues no podía ser de otra manera porque había registros de ello de haberlo puesto incluso a disposición, lo cierto es que niegan en todo momento haber detenido a Esther de los Santos Aburto, esto no obstante que haya un testigo directo y presencial que dice se la llevaron detenida en compañía de Juan Manuel de la Cruz Fuentes; que si bien la testigo señala que se trataba de Juan Manuel alias "El Apá", cierto es que el propio director de seguridad pública señala que este Juan Manuel Alias "El Apá" o "El bananas", lo ha tenido ya detenido en otras ocasiones y que sabe que responde al nombre de Juan Manuel de la Cruz Fuentes y es lo que permite establecer la identidad de la víctima señalada por parte de Javier Paez López; esto también es importante destacarlo que los elementos investigados ahora y sobre quienes solicitan esta orden de captura no tenían alguna razón justificable de porqué negar haber detenido a Esther de los Santos Aburto y a su acompañante Juan Manuel de la Cruz Fuentes, si es que esta detención se realizó por alguno de los supuestos establecidos en la norma o ante la posibilidad de estar cometiendo un delito en flagrancia pues incluso señala el propio Javier Paez López y Julio César Hernández Ríos que existía alta probabilidad para que pudieran haber realizado esta detención, si bien no bajo establecimiento de niveles de contacto lo cierto es que señalan que en ese lugar tenían droga en la camioneta que fue ubicada y de que haber sido legal esta detención tendrían que haber sido puestos a disposición de una autoridad por haberse encontrado en flagrancia en posesión de esta droga que señala al parecer se trataba de "cristal"; sin embargo, ni ellos fueron puestos a disposición, ni la camioneta que tripulaban, fueron puestos a disposición de alguna autoridad no obstante contar con un aparente motivo para ello y negar además esta información al momento de ser entrevistados, todo esto me hace suponer de manera razonable que están ocultando información y que el ocultar esta información es con la finalidad de que las víctimas no puedan ser localizadas, tal y como lo prevé el tipo penal señalado por el Ministerio Público; también es importante señalar que para poder afirmar de manera razonable que existe la probabilidad que ellos también hubiesen intervenido en la desaparición de José Arturo Rodríguez Tristán, es necesario hacer una inferencia lógica porque no hay un señalamiento ni siquiera por parte del propio testigo Javier Paez López, sobre que sean estos elementos quienes se llevaron al señor José Arturo; la última noticia que se tiene es que él salió caminando del área de barandilla y que no se supo más de él, y que pudo ser cualquier cosa que le pasara y cualquier persona en su caso quien se lo llevara. [21:46:39] Sin embargo, para poder arribar a esta inferencia tomo en cuenta lo antes acontecido, lo conocido de manera previa en primer lugar que el señor José Arturo Rodríguez Tristán, fue buscado por parte de estos elementos cuando estaba él indagando sobre la desaparición de Esther de los Santos Aburto, que incluso se dio la indicación que si lo veían lo detuvieran, hasta ese momento, sin tener un motivo o una razón para ordenar esta detención y sin tener ellos la facultad o la autoridad para ordenarlo; sin embargo, esto me hace suponer de manera razonable que sí había una intención de, si bien ese momento no de ocultar su paradero, sí por lo menos de ubicarlo y de realizar en con él o en él alguna cuestión de manera ilícita, pues de lo contrario se habría dado una información oficial o legal en un informe policial respectivo, lo cual no se hizo, pero también aunado a esta información y para poder generar la garantía de una inferencia, pondero que al momento en que realiza esta detención del señor José Arturo Rodríguez Tristán, ese mismo día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, no después, no en otra fecha, en esa misma data que se estaba tratando de localizar, solamente algunas horas después, es detenido aparentemente cerca de un vehículo que tiene un reporte de robo, vehículo que ya con anterioridad había sido puesto a disposición de la autoridad con motivo de otro hecho delictivo porque además hay dos informes policiales homologados -inaudible- el agente del ministerio público narran circunstancias de tiempo, modo y lugar diversas sobre la ubicación de este vehículo, sobre el motivo de su aseguramiento y sobre su puesta a disposición. Es decir, que incluso pudieron haber utilizado un vehículo que ya estaba a disposición de la autoridad únicamente para utilizarlo a efecto de poder lograr la detención del señor José Arturo Rodríguez Tristán. [21:48:43] Aunado a esta información también es importante destacar lo que refirió es testigo Javier Paez en relación a que hubo otras personas que probablemente pudieran estar encubriendo u ocultando información en relación a lo que ellos estaban indagando sobre sus amigos pues incluso señala e hizo un reconocimiento por fotografía de dos personas de nombre Armando Hernández Villanueva y Cristián Eduardo Juárez Mendoza señala que estas personas le indicaron cuando estaba en seguridad pública que permanecieran ahí hasta que llegara una unidad por ellos. La lógica me indica y además las máximas de la experiencia que cuando una persona va y presenta una denuncia pues se recibe esta denuncia o se recibe esta información se recibe el reporte, pero en ningún momento se les pide que esperen a una unidad determinada a que pasen por ellos una unidad determinada, tampoco se les lleva a dar una vuelta por aproximadamente una hora cual si estuvieran detenidos. Esta no es una conducta que sea normal o dentro de lo común respecto de una autoridad pues las autoridades tienen la obligación de poner esta información a disposición de la autoridad correspondiente, en este caso, si ellos tenían noticia de que tanto el señor Javier como el señor José Arturo estaban buscando tanto a Esther como a su amigo Juan Manuel pues le informaran a la autoridad correspondiente que en este caso era el agente del ministerio público y en determinado momento si es que querían colaborar con esto o apoyar tanto a Javier como a José Arturo conducirlos o llevarlos al lugar donde se encontraba el ministerio público, pero no la conducta que se presume asumieron. [21:50:43] Todo esto de manera conjunta me permite inferir de manera razonable que con alta probabilidad que también pueden encontrarse involucrados en la desaparición del señor José Arturo Rodríguez Tristán y esto es lo que da la garantía a mi inferencia, no obstante que no hay una información directa; sin embargo, para el estándar que se requiere a efecto de poder generar una forma de conducción no es necesario. Además, lo que destacó el ministerio público es importante, que de todas las unidades que se ponen a la vista al momento de ir a realizar la inspección, la única que es ocultada o al menos no es puesta a la vista es precisamente la unidad que tripulaban Marco Antonio Trejo Montero, Marco Julio Juárez Ruíz y Rosalina Jaimes Arriaga. [21:51:30] Siendo toda esta información hasta el momento suficiente para poder subsumir la hipótesis propuesta por el agente del ministerio público a la hipótesis legal prevista en los artículos 27, 28 y 30 último párrafo de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares esto vinculado a lo dispuesto por los artículos 7 fracción II, 8°, 9° párrafo primero y 13 fracción III todos del Código Penal Federal ya que se trata de un hecho de naturaleza permanente que se efectuó de manera dolosa y de manera conjunta. [21:52:07] En primer lugar, porque se justifica por parte del ministerio público que esta desaparición de que fue objeto Esther de los Santos Aburto; Juan Manuel de la Cruz Fuentes y José Arturo Rodríguez Tristán, se ha hecho con la finalidad de ocultar su paradero pues hasta el momento no se tiene noticia de ellos, se desconoce su paradero y que además esto se ha realizado de manera conjunta por tres elementos, que incluso al momento de ser entrevistados depusieron en similares circunstancias pues también es de destacar y que genera cierta suspicacia el hecho de que los tres indiquen que no tienen información en sus teléfonos celulares porque a los tres se les satura el teléfono celular y pues por ende borran la información y no la tienen disponible, lo cual no es creíble y no es lógico, entonces todo ello me hace suponer que ellos están ocultando información para que la autoridad no pueda dar con el paradero de las víctimas. Esta justificación tanto del hecho como de la probable intervención de los investigados se encuentra ajustada a lo dispuesto en los numerales al inicio precisados para poder emitir una orden de captura". De lo transcrito se advierte que la juez tomó en consideración los actos de investigación expuestos por el ministerio público, incluso manifestó qué información obtuvo de cada uno de ellos para concluir que que se había cometido el hecho atribuido al quejoso y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La necesidad de cautela. Con relación a dicho requisito la juez señalada como responsable determinó: [21:53:24] Y por lo que respecta al numeral 141 en su fracción III perdón en su párrafo tercero, también señala la necesidad de cautela. Respecto a esta pondero dos circunstancias concretas destacadas por el agente del ministerio público. En primer lugar, que puede existir un riesgo para las víctimas de quienes aún no se tienen noticias de su paradero, que en caso de que sean citados ante una autoridad puedan generar incluso o ponerse en riesgo la integridad o la vida de éstas, también del testigo, el único testigo presencial de los eventos como también coincido el ministerio público, ellos tienen el domicilio de esta persona tienen su nombre y podrían ubicarlo para poder atentar contra su propia integridad pero sobre todo que de las propias constancias se advierte que pueden tener personas que faciliten el ocultamiento de la información es decir, que existe un riesgo de obstaculización a la investigación y esto lo pondero por la alteración respecto de los informes policiales homologados, la incongruencia que existe sobre esta información, la imprecisión sobre el tiempo que estuvo detenido el señor José Arturo Rodríguez Tristán, en el cual no se tiene una hora cierta, sabemos que sí estuvo en barandilla pero no se tiene información concreta, al parecer estuvieron ocultando cierta información. Pero sobre todo pues ocultaron uno de los vehículos y si esas autoridades que puedan pertenecer a la corporación de seguridad pública, como pueden ser las dos personas que reconoció el propio testigo y quizá con alta probabilidad otras más pertenecientes también a esta misma corporación, están colaborando o pueden colaborar con ellos, pues esto genera un riesgo latente de la obstaculización a la investigación en caso de que esto sea solicitado o lo puedan solicitar este apoyo por parte de sus compañeros o personal de la misma corporación a la que pertenecen. Y además se pondera que las víctimas hasta el momento no han podido ser localizadas no obstante todos aquellos oficios girados por el agente del ministerio público tanto a los ceresos, hospitales y todas aquellas dependencias donde pueda tenerse noticias de las hoy víctimas. Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Con relación a ello, adujo la juez que de la información proporcionada por el agente del ministerio público se podía establecer lo siguiente: "[.] Por otro lado, de la información proporcionada por parte de los agentes del Ministerio público al momento de referenciar todos y cada uno de los actos de investigación con que se cuenta hasta el momento en su carpeta efectivamente se advierten datos que ponderados en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales justifican el cuadro fáctico expuesto con la hipótesis de cómo ocurrieron los hechos [21:24:39] y bueno que de manera esencial se hace consistir que el día diecinueve de marzo del año 2021 probablemente alrededor de las diecisiete horas la víctima Esther de los Santos Aburto y Juan Manuel de la Cruz Fuentes fueron llevados por parte de elementos de la policía Michoacán a bordo de una camioneta oficial de la misma corporación siendo ésta con alta probabilidad la marcada con el número 099-A1 y cuyas placas se precisó por el agente del Ministerio público eran MC 099-A1 también con alta probabilidad los elementos que tripulaban esta unidad y que se llevaron tanto a Esther de los Santos Aburto como a Juan Manuel de la Cruz Fuentes eran los investigados Marco Antonio Trejo Montero, Marco Julio Juárez Ruiz y Rosalina Jaimes Arriaga [21:25:40] quienes son elementos que pertenecen a la corporación de la Dirección de Seguridad Pública de Zacapu, Michoacán y que esto ocurrió cuando Esther de los Santos Aburto Y Juan Manuel de la Cruz Fuentes se encontraban en la calle Ignacio López Rayón en la colonia centro de Zacapu, Michoacán, a bordo de una camioneta de la marca Path Finder color gris rata en la cual acompañaban a sus acompañantes que en ese momento era el señor Jorge Arturo Rodríguez Tristán y el diverso Javier Paez López así como una diversa persona, al parecer de nombre Daniel Moreno apodado al parecer "el moreno", quienes habían ingresado a un negocio de tatuajes ubicado en esta calle Ignacio López Rayón número 317 de la colonia centro de Zacapu, Michoacán propiedad de Julio César Hernández Ríos donde pretendían comprar pipas como consumir la droga conocida como cristal. Que una vez que se llevaron de este lugar a Esther de los Santos Aburto y Juan Manuel de la Cruz Fuentes a partir de ese momento no se tuvo más conocimiento de su paradero. Que el señor José Arturo Rodríguez Tristán se dio a la tarea de buscar a Esther de los Santos Aburto pues se trataba de su pareja sentimental, que con motivo de ello acudió a diversas corporaciones tanto en la ciudad de Zacapu, Michoacán, siendo éstas en primer lugar la policía estatal, posteriormente la policía municipal, posteriormente el área de barandilla que incluso llegó al área de barandilla en compañía de Javier Paez López y al encontrarse en este lugar alrededor de las diecinueve horas con treinta minutos salió a hacer una llamada telefónica del propio teléfono celular de Javier Paez López, siendo éste el último momento por el cual se le pudo visualizar por este testigo ya que a partir de ese momento ya no tuvo más conocimiento de José Arturo Rodríguez Tristán que no obstante lo anterior, se tiene noticia de que José Arturo Rodríguez Tristán fue detenido por elementos de la corporación de seguridad pública de Zacapu, Michoacán, al parecer, o así se señaló, por una falta administrativa que se señaló también por parte del ministerio público se había informado como que se encontraba bajo el influjo de sustancias tóxicas, pero además que se encontraba escondido y próximo a una camioneta que al parecer tenía un reporte de robo, esto al margen de las precisiones que hizo el agente del ministerio público sobre lo cuestionable de esta información debido a los dos informes policiales homologados de los cuales se advierte que esta camioneta fue puesta a disposición en dos ocasiones diversas por los propios elementos de seguridad pública lo que también hace suponer y llegar a la misma conclusión que el ministerio público, que con alta probabilidad se trata de una simulación respecto al momento en el cual fue detenido el señor José Arturo Rodríguez Tristán, que éste fue puesto a disposición de la autoridad y permaneció al menos, se tiene noticia, alrededor de treinta y seis horas, en el área de barandilla que este fue puesto en libertad de estar en barandilla el día veintiuno de marzo del año dos mil veintiuno sin que se tenga noticia cierta de la hora en que fue puesto en libertad, esto porque no obstante según el ministerio público se precisaba que precisaba que había sido a las once horas con treinta y cinco minutos también lo cierto es que la última persona que señala haberlo visto retirarse de esta área de barandilla que es la encargada de esta área Yesenia Guadalupe Félix Olivares, este indicó que había ocurrido alrededor de la tarde noche y que luego de hacer una operación aritmética sobre las treinta y seis horas partiendo del momento de la puesta a disposición esto es más probable que hubiese ocurrido por la mañana del veintiuno de marzo del dos mil veintiuno y no por la noche; sin embargo, no se tiene noticia cierta de la hora a partir de la cual ya no se tuvo conocimiento del paradero de José Arturo Rodríguez Tristán". Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por el quejoso la orden de aprehensión reclamada cumple con los lineamientos establecidos en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, es infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso señaló que el acto reclamado no está fundado ni motivado, porque como se advierte de lo narrado, la juez responsable vertió las razones por las cuales consideró que sí era procedente otorgar la orden de aprehensión solicitada por el agente del ministerio público e invocó los artículos que estimó aplicables. También es infundado el motivo de inconformidad en el que señala que fue privado de su libertad sin que hubiere cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior es así, porque la obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento y éste numeral no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión. Es aplicable al caso la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1375 del Semanario Judicial de la Federación Quinta época, con registro 302153, tomo XCVI, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, NO SE NECESITA DE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Director de Investigación de la Policía Investigadora de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Julio Juárez Ruiz, por lo que respecta a los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Julio Juárez Ruiz, contra el acto reclamado a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y al Director de Investigación de la Policía Investigadora de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, por las razones expresadas en el considerando sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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