Marco Israel Villegas Sierra
Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Israel Villegas Sierra
- E I V D
- MARCO ISRAEL VILLEGAS SIERRA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: glósese el escrito signado por la tercera interesada Cinthia Duarte Farfán, tercero interesada en este juicio; y en atención a su contenido, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Burgos Herrera y a las demás personas en términos restringidos hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la licenciatura en derecho o abogacía. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el referido sistema registral de profesionales del derecho. Por último, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "Juanmanuel0101" para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio y las notificaciones se realicen por ese medio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada en el presente asunto, el treinta de agosto dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer y segundo puntos resolutivos sobreseyó el juicio HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno de incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, inciso b), del acuerdo general relativo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción de ambos cuadernos, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación de los expedientes destruidos. Por último, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los cuatro legajos de copias certificadas, que en su totalidad integran el expediente ********************del procedimiento especial de divorcio incausado, del índice de la responsable, en tal virtud, devuélvanse los citados tomos, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, con iniciales ********************. y ********************., contra los actos atribuidos a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el tres de abril de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el cuatro siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, con iniciales ********************. y ********************., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad Jueza Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número ********************, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conjuntamente con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el cual, no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que requirió al aquí quejoso, para que señalara el domicilio en donde actualmente viven los menores de edad con iniciales ********************. y ********************. y las personas que se encuentran dentro de éste, así como informara si asisten a terapias psicológicas y la dirección y nombre del profesional que los atiende; y, se le apercibió con la imposición de una multa, en caso de no hacerlo, dictado en el procedimiento especial de divorcio sin causales ********************. La omisión de pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto mediante escrito de dos de marzo del presente año, en contra del auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de origen ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (número de promoción 7312); pues así lo admitió al rendir su informe con justificación; lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo, las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; por lo que así deberán tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, respecto al acto reclamado en el inciso a) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el segundo de ellos aplicado en sentido contrario a su redacción, por los motivos que a continuación se expresan. Ahora bien, para justificar lo anterior, es menester relatar algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se deducen de las copias certificadas del procedimiento especial de divorcio sin causales ******************** de donde deriva el acto reclamado, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley, se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (foja 417 del anexo 4), ******************** solicitó a la Jueza se requiriera a ********************, el domicilio donde actualmente habitan sus hijos menores de edad, además que informara si se encuentran o han acudido a terapia psicológica y en caso afirmativo, señalara el nombre del profesional, el dato de contacto del mismo, su domicilio y la temporalidad de dichas terapias. El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (fojas 419 a 421 del anexo 4), la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, entre otras cosas previno a ******************** para que cumpliera con los requerimientos antes señalados por ********************, en los términos siguientes: "Mérida Yucatán, a veinticuatro de febrero del año dos mil veintitrés. [.] .En otro orden de idead, respecto a las manifestaciones que hace en el segundo de sus ocursos, estese el compareciente a lo proveído en líneas anteriores; de igual forma, en mérito de las diversas manifestaciones realizadas, se previene al ciudadano ********************, para que dentro del término de tres días de notificado del presente auto, señale y acredite de forma fehaciente, el domicilio donde actualmente viven y habitan sus hijos menores de edad, así que señale las personas que se encuentran dentro de este; de igual forma se previene al citado ********************para que manifieste si los menores de edad acuden o han acudido a terapias psicológicas, así como el nombre y dirección del profesional que los atiende, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa consistente en ********************veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional, conforme al artículo 83 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, en relación con los artículo uno, cuatro y cinco de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. [.] .Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma le Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Maestra en Derecho Sandra Isabel Bermejo Burgos, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, Maestra en Derecho Giovany Maribel Carrillo Solís. Lo certifico." Inconforme con dicho acuerdo, el aquí quejoso interpuso en su contra recurso de revocación ante la jueza del procedimiento, mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés (fojas 452 y 453 del anexo 4). En fecha trece de marzo de dos mil veintitrés (foja 460 del anexo 4), la jueza responsable, al resolver el recurso de revocación interpuesto, expuso lo siguiente: "Mérida, Yucatán, a trece de marzo del año dos mil veintitrés. [.] Por otro lado, respecto al primero de los escritos, se tiene por presentado al Licenciado en Derecho ********************, de personalidad reconocida en autos, haciendo las manifestaciones a que se contrae, pretendiendo interponer el recurso de revocación en contra del auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; y por cuanto el auto que pretende combatir no le causa perjuicio alguno, toda vez que es potestad de esta autoridad el tener la certeza de lugar donde actualmente viven y habitan los menores de edad involucrados en este procedimiento, así como todo lo relacionado a su salud física y psicológica, y las prevenciones realizadas en el referido auto son de carácter informativo, declarase que no ha lugar a admitirse como desde luego no se admite dicho recurso de revocación, por ser notoriamente frívolo o improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, el precedente emitido por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán PO.SC.2ª.10.012.Civil, cuyo rubro es el siguiente: "RECURSOS. DESECHAMEINTO POR NOTORIA FRIVOLIDAD E IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL SISTEMA DE IMPUGNACIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN." Esta última determinación, constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Ahora bien, los invocados artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del ordenamiento legal de referencia, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Debe decirse que, estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo, para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el constituyente permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Del primero de los preceptos reproducidos en lo conducente, el juicio de amparo, es improcedente cuando así derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De acuerdo al segundo de los citados numerales, el juicio de amparo indirecto, procede contra actos dictados dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación, por los cuales debe entenderse aquellos que de manera inmediata lesionen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. En ese sentido, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe considerarse a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales, como sería, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa y el decreto de alimentos provisionales o definitivos, entre otros; en razón de los perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueden resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este último caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En este caso, es evidente que el acto reclamado produce efectos meramente intraprocesales, más no afectan materialmente derechos sustantivos del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Esto es, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de una actuación meramente procesal dictada en un procedimiento que no ha concluido, es claro que no le causa perjuicio en sus derechos fundamentales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registro 2006338, del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De la misma forma, se cita en apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Novena Época, registro 185833, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia Común, tesis IX.1o.61 K, página 1324 que se reproduce a continuación: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE UN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA FIRME. Igual razón existe para estimar improcedente el amparo cuando se reclama la admisión de un incidente cuya finalidad es que no se ejecute la sentencia firme, que cuando se trata de un auto encaminado a la ejecución de ese tipo de sentencia, es decir, se respeta el principio establecido en la Ley de Amparo, en el sentido de que, tratándose de actos dictados en la fase de ejecución de aquéllas, sólo procede contra la resolución con la que culmine dicho procedimiento y las violaciones cometidas en el mismo sólo podrán alegarse al reclamar la resolución que en su caso reconozca la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la sentencia." Bajo esa óptica, se colige que no hay una situación excepcional que importe un cambio a la naturaleza meramente formal o adjetiva que tiene el acto reclamado a la jueza responsable, descrito en el inciso a), consistente en el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, con el que, niega el trámite del recurso de revocación que hizo valer en contra del diverso auto de veinticuatro de febrero del presente año, con el que a su vez, el juez de origen requirió al quejoso, para que señalara el domicilio en donde actualmente viven los menores de edad de iniciales ********************. y ********************. y las personas que se encuentran dentro de éste, así como informara si asisten a terapias psicológicas y la dirección y nombre del profesional que los atiende; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el segundo de ellos aplicado en sentido contrario a su redacción y en términos del diverso 63, fracción V, de ese propio ordenamiento, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto al acto y autoridad indicados. QUINTO. Improcedencia del juicio respecto del diverso acto reclamado en el inciso b). En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto mediante escrito de dos de marzo del presente año, en contra del auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de origen ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ********************y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que la jueza responsable remitió mediante oficio ******************** (número de promoción 8065), en vía de alcance a su informe justificado, se advierte que el doce de abril de dos mil veintitrés (foja 492 del anexo 4) la responsable dictó un acuerdo en el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de febrero del presente año, proveído que fue notificado a las partes el catorce de abril siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Actos de autoridad que acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada el tres de abril de dos mil veintitrés; lo que actualiza a plenitud la causal de improcedencia invocada. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditado respecto al acto reclamado en el inciso b), la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. En tal virtud, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer otra diversa, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, con iniciales ********************. y ********************., contra los actos atribuidos a la responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, con iniciales ********************. y ********************., contra los actos atribuidos a la responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
En diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el oficio signado por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, residente en esta ciudad y cuatro anexos registrado con el número 8065. Conste.Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, residente en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de once de mayo en curso, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente ******************** Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace a los anexos que adjunta la responsable al oficio de cuenta, consistente en cuatro legajos de copias certificadas, que en su totalidad integran el expediente ********************; déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo uno, dos, tres y cuatro, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido, en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Notifíquese y cúmplase.
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