Marco Israel Villegas Sierra
Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Israel Villegas Sierra
- E I V D
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en buzón judicial el catorce de julio de dos mil veintitrés, turnado ese propio día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y recibido el diecisiete siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron los menores de iniciales ******************** y ********************., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos a la Juez Segundo de Oralidad Familiar Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y de otra autoridad. SEGUNDO. Prevención y Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de julio del año en curso, se registró la demanda de que se trata con el número 1122/2023-VIII-B y previas prevenciones, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés se admitió a trámite la misma, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, fundamentalmente, lo siguiente: El auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 609/2018 del índice de la autoridad judicial responsable, en el que no se accedió a la cancelación del Régimen de Convivencia Provisional, y por ende, su ejecución. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Oralidad Familiar Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. Por su parte, el Centro de Convivencia Familiar del Estado, no rindió su informe justificado en el presente asunto, omisión que genera la presunción de certeza de los actos reclamados de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo cual se hizo patente en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, así como también fue omisa en remitir las constancias que se le requirieron en el auto ya señalado y en el diverso de cinco de octubre de dos mil veintitrés. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse, lo aleguen o no las partes si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Registro digital: 222780, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2546, Décima Época, Materia Común, con registro 2013461, cuyo rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. A fin de evidenciar lo anterior, es importante destacar que el acto reclamado se hace consistir en la parte conducente del acuerdo dictado el veintidós de junio del año en curso, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 609/2018, en el cual la juez responsable no accedió a la cancelación del régimen de convivencia provisional y por ende, su ejecución por parte del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY). Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez Segundo de Oralidad Familiar Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, derivadas del Divorcio sin causales 609/2018 de su índice, a las cuales se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se desprende, que en el mes de septiembre el quejoso********************, promovió demanda de divorcio sin causales, a la que le correspondió el número 609/2018; seguido el juicio en todas sus etapas el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que la autoridad responsable, resolvió, en lo que interesa, lo relativo al régimen de convivencia de los menores aquí quejosos de manera supervisada en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY). Inconformes con la sentencia, se interpusieron sendos recursos de apelación en su contra, de los que correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la que por resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, determinó entre otros, la reposición del procedimiento y en lo que concierne al Régimen de Convivencia determinó que quedaban subsistentes las medidas provisionales decretadas el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, relativas a la custodia y la diversa de veintidós de mayo de dos mil veinte, respecto de los alimentos. En ese sentido, la responsable emitió el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que a solicitud de la ahora tercero interesada fijó provisionalmente como días y horas de convivencia que la señora Cinthia Duarte Farfán podrá tener con sus hijos menores de edad, los días domingos de cada quince días, de las quince a las diecisiete horas, para que conviva con los menores de edad, las cuales serán supervisadas y se efectuaran en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán. Mediante memorial de cinco de junio del año en curso, se informó a la juez responsable que era voluntad de los menores de no querer convivir con su madre y solicitó que se escuchara su opinión, lo cual les fue negado por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el cual constituye el acto reclamado. Ahora bien, en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés que fijó el régimen de convivencia de la ahora tercero interesada con los menores de iniciales ******************** y ********************. el ahora quejoso********************, promovió diverso juicio de amparo 341/2023-VI del índice de este Juzgado Federal, en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, dejara sin efecto el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial de divorcio sin causales 609/2018, únicamente en la parte conducente de la convivencia y en su lugar emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva respecto a la modalidad del régimen de convivencia de Cinthia Duarte Farfán con sus menores hijos, pudiendo subsistir la establecida en el proveído reclamado, siempre y cuando, funde y motive adecuadamente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que la misma resulta la más adecuada y favorable para los menores involucrados Esto último, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187526, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." De lo anterior se desprende que el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, señalado aquí como acto reclamado, derivaba del diverso de veinticuatro de febrero del año en curso (en el que se fijó la convivencia de los menores con su padre no custodio) fue sustituido procesalmente por el auto de catorce de agosto del presente año, emitido con motivo de la concesión del amparo solicitado por********************, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales ******************** y ********************. Así las cosas, lo cierto es que el acto reclamado se vio superado con la emisión de la resolución de catorce de agosto del presente año, que es el que actualmente rige en cuanto al régimen de convivencia de los menores con su madre. En esas condiciones, no es posible analizar las situaciones jurídicas y materiales derivadas del proveído reclamado de veintidós de junio de dos mil veintitrés emitido en el expediente de origen, pues se reitera, al haber sido sustituido procesalmente el mismo por el diverso de catorce de agosto del presente año, debe de considerarse que dejó de tener efectos legales propios, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Asimismo, dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la diversa autoridad responsable Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), con sede en esta ciudad, por no haberse combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. QUINTO. Ahora bien, toda vez que como se desprende del contenido de la presente sentencia, la autoridad responsable Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), fue omisa en remitir a este juzgado las constancias relativas al acto reclamado, a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de veintisiete de septiembre y cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que se le requirió ello. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, se le impone una multa por el valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar la cantidad de 50 (cincuenta), correspondiente a la multa impuesta, por $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), monto relativo al valor de cada una de dichas unidades en la época de la imposición. Para lo cual, requiérase al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, proporcionen el domicilio actual y correcto de la persona que fungía a la fecha del requerimiento como Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), con sede en esta ciudad; es decir, su domicilio particular, precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación política; o bien, aquél en donde pudiera ser localizado. Asimismo, comunique el nombre completo, fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, especificando día, mes y año de nacimiento del mismo, de quienes fungía o funge con el carácter de Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), a la fecha del requerimiento, mencionado en la presente sentencia. Apercibido el Titular del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), que de no cumplir con lo anterior en el término señalado, se le impondrá, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente al valor de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, moneda nacional), con fundamento en el numeral 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, en relación con el citado numeral 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hecho lo anterior, proporciónese los datos a la Administración Local de Recaudación correspondiente, dándole el seguimiento correspondiente a su aplicación, fin de que se sirva hacer efectiva la sanción impuesta. SEXTO. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, por su propio y personal derecho, y además, en representación de sus menores hijos de iniciales ******************** y ********************., contra el acto que reclamaron de la Juez Segundo de Oralidad Familiar Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se impone multa a la responsable Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY); en los términos del considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintiséis de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos el escrito recibido vía electrónica mediante el uso de la FIREL de Erik Jiménez Contreras, representante especial de los menores de identidad reservada E.I.V.D. y N.I.V.D., y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que refiere el ocursante, mismos que se reservan para ser tomados en consideración y valorados al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. De igual manera, se tienen como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de los mismos se advierte que la autoridad responsable Centro de Convivencia Familiar del Estado, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado en el presente asunto, no obstante haber sido notificado oportunamente según se advierte de las constancias de notificación correspondientes al oficio 20459/2023, de diecisiete de agosto del presente año, que obra agregado en autos; por lo que es dable presumir ciertos los actos que le fueron atribuidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de los actos reclamados, así como también de cualquier otra que guarde relación con los mismos, a efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda en el presente asunto. Apercibido que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, 00/100 M.N). En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito signado por Cinthia Duarte Farfán, tercero interesada en este juicio; y en atención a su contenido, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Burgos Herrera, y en términos restringidos a las demás personas que nombra, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la licenciatura en derecho o abogacía. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el referido sistema registral de profesionales del derecho. Por último, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "Juanmanuel0101" para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio y las notificaciones se realicen por ese medio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese y cúmplase.
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