Marco Froylán Espejel Gómez
Expediente 70/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 37 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Froylán Espejel Gómez
- Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Acapulco, Guerrero, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por Marco Froylan Espejel Gómez, parte quejosa en el presente juicio, en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Hecho lo anterior, y tomando en consideración que el presente juicio es un asunto concluido, se ordena su devolución al archivo.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de once de octubre del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Finalmente, dado que es innecesario que continúen a disposición de este juzgado los tres tomos de prueba que como complemento a su respectivo informe justificado remitió la autoridad responsable Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, sin que desahogara dicha vista; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos de la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, encargada del despacho por ministerio de ley, de quien reclamó el auto de formal prisión dictado en su contra el veinticuatro de diciembre de dos mil quince dentro de la causa penal 130/2015, por el delito de uso indebido de documento, en agravio de la aquí tercera interesada Sucesión Intestamentaria a Bienes de Jorge Antonio Muriel y Melero. En la sentencia materia de esta resolución, se concedió el amparo para el efecto que: ". a) que el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de diciembre de dos mil quince dictado en la causa penal 130/2015 y b) con plenitud de jurisdicción emita otro, el que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, según lo estime pertinente, en el que deberá hacer un estudio por separado de cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de que se trata, estableciendo de manera motivada las pruebas con que se acreditan, el precepto conforme al cual las valore y los hechos que demuestran; además, deberá precisar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución en que según se desprenda de autos, fue perpetrada la conducta atribuida al quejoso, así como la probable responsabilidad de éste, es decir establezca la conducta que éste desplegó, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjo el delito, analizando si existen causas de justificación y de licitud o excluyentes de responsabilidad, por qué se le atribuye un coautoría materia y dolosa, por qué resulta imputable y por qué le era exigible un actuar diverso al que se le atribuye." En cumplimiento a dicha sentencia, el Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares de esta ciudad, mediante el oficio número 644 de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de esa misma data, emitido en la causa penal 130/2015-I, en el que dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, y dictó nuevo auto de formal prisión en contra del Marco Froylan Espejel Gómez por el delito de uso indebido de documentos en agravio de sucesión la bienes de Jorge Antonio Muriel y Melero y dado que existían dato que acreditaban el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Sin embargo, en proveído de ocho de septiembre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable para que dejara sin efectos el auto de formal prisión de veintitrés de agosto del año en curso, y emitiera otro en la cual realizara de manera motivada el lineamiento establecido en el inciso b) de la sentencia de amparo del presente asunto, dado que si bien realizó un estudio por separado de cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito referido y expuso las pruebas con que se acreditaban cada uno de ellos y el precepto conforme al cual las valoró; no se advirtió que hubiera establecido cuáles fueron los hechos que quedaron demostrados con tales medios de convicción, ni tampoco que hubiera precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue perpetrada la conducta atribuida al quejoso, dado que solo reitero lo que ya había sido objeto de análisis en esta instancia constitucional, ni siquiera expuso de manera fundada los argumentos jurídicos para determinar que no existían causas de justificación y de licitud o excluyentes de responsabilidad. Asimismo, no señaló cuál era la conducta, el grado de participación, la forma de intervención o la manera en que realizó el quejoso el delito que se le imputa, y tener elementos suficientes para determinarle la probable responsabilidad. Ya que solo refirió que el quejoso simuló la celebración de un contrato, y que continuaba en posesión de un bien inmueble al amparo de un documento falso, sin exponer por qué arribaba a esa conclusión de que ese proceder se adecuaba a la conducta descrita por el verbo rector (usar un documento falso), esencialmente que ese extremo no era susceptible de llevarse a cabo "tácitamente", conclusión basada en la "sospecha" de que el quejoso, al ser esposo de la persona a cuyo favor se expidió la escritura pública declarada nula, tuvo que saber de las transacciones de aquélla (análisis del tercero elemento del delito), de ahí que resultara incongruente por la indefinición de los hechos acreditados en función del verbo rector, así como de las circunstancias de lugar, modo y ocasión de ejecución del delito. De modo que por diverso comunicado oficial número 720 de trece de septiembre del año en curso, remitió copia certificada del auto de esa misma data, emitida en la causa penal 130/2015-I de la que se advierte que dejó sin efectos las determinaciones de veinticuatro de diciembre de dos mil quince y veintitrés de agosto del año en curso; asimismo, al analizar las pruebas que se ofertaron en la causa penal por el Agente del Ministerio Público Investigador, determinó que no pudo precisar la mecánica en que incurrió el quejoso Marco Froylan Espejel Gómez, por el delito de usó el documento falso o alterado; tampoco se comprobó la conducta que desplegó el quejoso para cometer dicho ilícito, dado que dicho agente investigador no explicó analíticamente de manera separada en la que lo estimaba así; también, la responsable advirtió que no existían pruebas para determinar que fue el quejoso fuera autor material del hecho delictivo, en razón de que no hubo prueba que justificara su conciencia sobre la antijuricidad del hecho y del porqué le fuera exigible. Asimismo, no se acreditó que el inculpado tuviera conocimiento de la existencia de un documento falso, y determinó tener por insuficientes con las pruebas ofertadas dentro de la averiguación previa y por ende, omitió entrar al estudio de la probable responsabilidad del delito de uso indebido de documento, por lo que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso, por el delito antes citado, documental, a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante tales circunstancias y tomando en cuenta que la actuación de la autoridad responsable, es la que precisamente se buscaba obtener con la ejecutoria, se considera que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, y, por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 33 actuaciones en este expediente
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