Marco César Melo Hernández
Expediente 601/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 14/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco César Melo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado federal las constancias deducidas de la causa penal número 103-1/2014, que en copia certificada acompañó a su informe justificado el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, residente en Ayutla de los Libres; en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA AUTORIZADVISTOS, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 601/2017; y RESULTANDOPRIMERO. Por escrito recibido el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo, MARCO CÉSAR MELO HERNÁNDEZ, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona. Autoridad responsable Ordenadora: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de Los Libres, Guerrero. Ejecutoras: Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado. Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, del Distrito Judicial de Allende. Acto reclamado "De la autoridad señalada como ordenadora: Reclamo la ilegal y arbitraria orden de reaprehensión dictada en mi contra y fuera de todo procedimiento legal. De las Autoridades señaladas como ejecutoras: Reclamo el cumplimiento y ejecución que le pretenden dar a dicha orden de reaprehensión dictada en mi contra y fuera de todo procedimiento legal por parte de la autoridad señalada como ordenadora". SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo el libro de gobierno respectivo con el número 601/2017 y se previno a la parte quejosa para que compareciera ante este Juzgado a ratificar su demanda; desahogada la prevención mediante acuerdo de tres de julio de dicha anualidad, se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se ordenó notificar a la parte tercera interesada el inicio de este juicio; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: La orden de reaprehensión librada el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 103-1/2014, que se le sigue por el delito de daños imprudenciales y lesiones imprudenciales por tránsito de vehículos, en agravio, el primero de Javier Palma Pérez y Gila Marisol De la Vega Villagómez y el segundo de Ángel Rosario Lorenzo. TERCERO. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, por así reconocerlo expresamente al rendir su informe justificado; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que se corrobora de las actuaciones que integran el duplicado de la causa penal 103-1/2014 las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva civil en comento y de las que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se dictó la resolución reclamada. CUARTO. Verificada la certeza del acto reclamado y al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo que deba ser examinada de oficio tal o hecha valer por las partes, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de la resolución reclamada, al tenor de los conceptos de violación que se proponen, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se hace nugatoria la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Aduce el peticionario del amparo que la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al emitir la orden de reaprehensión reclamada no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento; asimismo afirma que deviene ilegal en tanto que no existen datos que acrediten el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Resultan infundados los motivos de disenso hechos valer por el peticionario del amparo, sin que este Juzgador Federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para arribar a la anterior conclusión, se tienen en consideración las actuaciones remitidas por la autoridad responsable, las cuales quedaron valoradas en el considerando que antecede, y de las que se obtiene lo siguiente: 1. Mediante comparecencias de veintiséis de noviembre de dos mil trece y de treinta de abril de dos mil catorce, Javier Palma Pérez, Joaquín de la Vega Villagómez (apoderado legal de Gila Marisol de la Vega Villagómez) y Ángel Rosario Lorenzo, acudieron ante el representante social para denunciar los hechos sujetos a debate en la causa penal de origen. 2. Tal evento delictivo esencialmente consistió en que aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil trece, los agraviados mencionados en primer y último término, circulaban sobre la carretera federal Acapulco-Ometepec a la altura del poblado de Cruz Grande, Guerrero, en un tramo recto abordo de un vehículo de la marca Ford, tipo focus, modelo 2000, color guinda, cuando en sentido contrario a esa vialidad circulaba en exceso de velocidad un tráiler de cabina azul de plataforma color roja, rebasando a un automotor tipo torton blanco, invadiendo totalmente el carril y cuyo conductor (del tráiler) al tratar de incorporarse a la vialidad que le correspondía golpeó con la parte trasera de la caja al primero de los autos (focus) en la parte lateral izquierda del frente, lo cual originó que ese vehículo se saliera de la carretera por la lateral derecha y éste al tratar de incorporarse se impactó de frente con el segundo de los automotores (torton), resultando con lesiones el agraviado Ángel Rosario Lorenzo. 3. Seguida que fue la integración de la indagatoria ALLE/SC/03/0204/2013, mediante pedimento 81/2014 el Agente del Ministerio Público fue consignada, la cual por cuestión de turno correspondió su conocimiento al juez responsable, quien la radicó bajo el número de causa penal 103-1/2014. 4.- El diez de julio de dos mil catorce, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, libró orden de aprehensión en contra de César Melo Hernández, por su probable responsabilidad en el delito de daños y lesiones imprudenciales por tránsito de vehículo, el primer ilícito cometido en agravio de Javier Palma Pérez y Gila Marisol de la Vega Villagómez, y el segundo en agravio de Ángel Rosario Lorenzo. 5.- En contra de la orden de aprehensión antes mencionada, el quejoso Marco César Melo Hernández, promovió amparo indirecto del que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien en resolución incidental de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, otorgó la suspensión definitiva del acto que se reclamó. 6.- En diligencia de cuatro de noviembre de dos mil catorce recabó la declaración preparatoria del inculpado (ahora quejoso), quien negó haber cometido los ilícitos atribuidos y refirió que el día de los hechos al circular por ese lugar, se percató que un vehículo, sin poder describirlo debido a que ésta traía las luces altas, zigzagueba y el cual una vez que logró esquivarlo al orillarse siguió su camino, ignorando lo que pasó después; circunstancia que pueden corroborar Marco Antonio Melo Orozco, quien es su chalán y María Isabel Bailón Ascencio Bailón, que viaja todos los fines de semana de Marquelia a las Cruces. Además, agregó que al día siguiente de los hechos, acudieron a su domicilio Rodimiro y Joaquín, de apellidos De la Vega a pedirle que se echara la culpa de un delito que no cometió, a fin de que el seguro de su unidad automotriz respondiera por ello a lo cual se negó, pero sugirió hablar de ese tema con su patrón; asimismo, señaló que el segundo de los citados refirió que el conductor del focus se encontraba en estado de ebriedad; de lo solicitado por Rodimiro y Joaquín, de apellidos De la Vega pueden corroborarlo su esposa Yolanda Jaramillo Suástegui y Marco Antonio Melo Orozco. En la citada diligencia el Juez responsable hizo del conocimiento del acusado que en caso de que se le dictara auto de formal prisión, debería firmar cada viernes el libro de gobierno que se lleva en dicho Juzgado para los procesados que se encuentran bajo fianza y únicamente por cuanto al proceso que se le siguiera, por cuanto a su libertad personal, quedó a cargo del Segundo Juzgado de Distrito que conoció del juicio de amparo 1090/2014. 7.- El diez de noviembre de dos mil catorce, la autoridad responsable decretó en contra del quejoso auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de daños y lesiones imprudenciales en agravio el primero de los ilícitos de Javier Palma Pérez y Gila Marisol de la Vega Villagómez, y el segundo de Ángel Rosario Lorenzo. 8.- Inconforme con tal determinación Marco César Melo Hernández promovió demanda de amparo indirecto de la que conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número de amparo 167/2015, resuelto el veintitrés de julio de dos mil quince, negando la protección constitucional que le fue solicitada. 9.- Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, el Juez responsable requirió al quejoso para que dentro del término de cinco días hábiles solicitara su libertad provisional bajo caución, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión, lo anterior en virtud de que mediante oficio 805-X de veintitrés de febrero del dos mil quince, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, informó que la sentencia que sobreseyó el juicio de garantías 1090/2014, causó ejecutoria. 10.- Por escrito presentado ante el Juzgado responsable el cinco de octubre de dos mil quince, el peticionario del amparo solicitó se le fijara la fianza correspondiente a fin de gozar con el beneficio de la libertad provisional bajo caución, tomando en consideración su situación económica. 11.- Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil quince, el Juez de primera instancia, determinó que en atención a la solicitud hecha por el procesado, para que éste continuara gozando de su libertad provisional, debía depositar a satisfacción de dicho juzgado, la cantidad de $94,377.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS), que dicha cantidad debía ser depositada ante la Institución Bancaria correspondiente a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en cualquiera de las formas previstas por el artículo 149 del Código de Procedimientos Penales de la entidad; dentro de un término de quince días hábiles, término que le correría al día siguiente de la notificación de ese proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría la ejecución de la orden de aprehensión. 12.- Mediante escrito presentado por el quejoso ante el Juez responsable, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, solicitó la reducción de la fianza que se le fijó para poder gozar de su libertad provisional bajo caución. 13.- En proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el Juez responsable acordó la petición del ahora promovente del amparo, y resolvió de plano la reducción de la caución fijada mediante auto de siete de octubre de dos mil quince, quedando el monto en la cantidad de $87,463.90 (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.), determinación que fue notificada al procesado Marco César Melo Hernández el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 14.- En contra de la determinación anterior, el peticionario de amparo promovió juicio de garantías, del que correspondió conocer a este Juzgador, registrándose con el número 352/2017, juicio en el que se sobreseyó el nueve de mayo de dicha anualidad. 15.- Se continuó con la secuela procesal y el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, al haber causado estado la determinación de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo 352/2017, el juez responsable, ante el incumplimiento del quejoso de exhibir la caución que se le fijó en auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, ordenó su reaprehensión. La anterior determinación constituye el acto que por esta vía constitucional se combate. Primero, en atención al acto reclamado que se analiza, es necesario establecer su naturaleza jurídica, fundamento constitucional y requisitos para su libramiento. La orden de reaprehensión tiene como objeto privar de la libertad a un sujeto; sin embargo, los requisitos con los que debe contar son distintos a los de la orden de aprehensión, y lo mismo se puede decir en cuanto a su origen. En efecto, el Juez que conozca de la causa puede decretar la orden de reaprehensión sin necesidad de observar los requisitos establecidos para el libramiento de órdenes de captura, contenidos expresamente en el artículo 16 Constitucional, pues estos actos son disímiles en cuanto a su génesis; de ahí que para el libramiento de una orden de reaprehensión, únicamente son necesarios los requisitos comunes a todos los actos de autoridad. Lo anterior, es así en atención al origen de la reaprehensión, pues siempre que ésta se da, la persona contra la que se dicta se encuentra ya sujeta a un proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a.CC/2012(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Igualmente es aplicable, la tesis aislada de la Primera Sala, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "REAPREHENSIÓN. No toda orden de aprehensión se funda en las prevenciones del artículo 16 constitucional; pues este artículo supone la existencia de la denuncia de un hecho, que la ley castiga con pena corporal, apoyada por declaración digna de fe; pero cuando la orden de aprehensión se funda en motivo diverso, como en el caso de que una persona que está en libertad bajo protesta, se ausenta de la población sin el debido permiso del Juez, éste puede decretar orden de aprehensión en contra de esa persona, sin necesidad de fundarla en los requisitos del artículo 16 constitucional, toda vez que dicha persona ya está sujeta a un auto de formal prisión, por los mismos hechos." Como ya se dijo, el origen de la orden de reaprehensión es diverso al de la orden de captura y, por ende, también lo son los requisitos constitucionales con los que la reaprehensión debe contar, siendo, como regla genérica del origen de esta reaprehensión, el auto que revoca la libertad provisional, o que no cumple con los requisitos de efectividad, como en el caso acontece. Por ello, las circunstancias en las que se dicta la orden de reaprehensión son distintas, pues, en la orden de aprehensión, la persona se encuentra en total libertad sin estar sujeta a la jurisdicción de ningún Juez y, en la que hoy nos ocupa, invariablemente se encuentra sujeto a un proceso y su libertad está restringida, por lo que al instruírsele un proceso, ya se acreditaron, anteriormente, el cuerpo del delito y su probable responsabilidad; de ahí que sea innecesario, en la orden de reaprehensión, cumplir con los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 Constitucional. Por tanto, si, como ya se acotó, tratándose de la orden de reaprehensión únicamente son necesarios los requisitos comunes que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a todo acto de autoridad; entonces, resulta necesario analizar si respecto al acto que se reclama, se actualizan, o no, las siguientes exigencias previstas en el precepto constitucional en comento: a) En virtud de mandamiento escrito. b) Por la autoridad competente. c) Fundando y motivando la causa legal del procedimiento. De un análisis al auto de diecisiete de junio de dos mil diecisiete, se advierte, en primer término, que la orden de reaprehensión fue emitida por escrito, ya que consta dentro de la causa penal que se instruye contra el quejoso; fue dictada por autoridad competente, pues fue el propio juzgador del proceso quien la emitió, siendo el competente para conocer de la citada causa penal, pues el delito se cometió dentro de la demarcación en la que ejerce jurisdicción el juzgador al que se hizo referencia. De igual forma, el proveído que por esta vía se combate, y por el cual se hizo constar que el quejoso no cumplió con los requisitos de exhibir la garantía que se le impuso, se encuentra adecuadamente fundado y motivado. Efectivamente, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Así, la fundamentación y motivación, punto toral de las garantías de legalidad que consagra a favor del justiciable la ley fundamental, consiste en la exigencia de establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de los actos de autoridad, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto, como los razonamientos que lo rigen. En la especie, debe decirse que en la resolución de siete de octubre de dos mil quince, de la que deriva la obligación del peticionario del amparo de depositar la cantidad que se le fijó como caución para gozar de su libertad, se advierte que el juez natural precisó los artículos aplicables al caso concretó, esto es, 20, apartado A, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 147, 148, 149, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. Dichos preceptos legales establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional." CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO. ARTÍCULO 147.- Todo inculpado tendrá derecho a disfrutar de la libertad bajo caución durante la averiguación previa y en el proceso judicial, que se decretará en la misma pieza de autos, siempre y cuando se garanticen el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y no se trate de los delitos graves que prevee el artículo 70 de este Código. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la garantía relativa a la reparación del daño se calculará de acuerdo a las disposiciones de la Legislación Civil y Laboral. En caso de que se niegue la libertad caucional, puede solicitarse de nuevo y ser concedida por causas supervinientes. ARTÍCULO 148.- El monto de la caución deberá ser asequible para el inculpado y se fijará tomando en consideración: I.- Sus antecedentes y características; II.- La naturaleza del delito imputado; III.- El mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la justicia; ARTÍCULO 149.- La caución podrá consistir en depósito en efectivo, prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía formalmente constituido, o cualquier otra forma de garantía que esté autorizada por la ley. La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado, quien al solicitar la libertad manifestará la forma que elige. En caso de que el inculpado o su defensor no hagan la manifestación mencionada, el Ministerio Público o la autoridad judicial, de acuerdo con el párrafo que antecede, eligirá (sic) la forma de la caución. De la interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se advierten los casos en que puede ser revocada la libertad provisional bajo caución, así como las diversas consecuencias de que esto suceda, como en el caso concreto aconteció, dado que el procesado incumplió injustificadamente con la obligación de exhibir la garantía que se le fijó. Ahora, del análisis de las constancias que forman el sumario, se advierte en primer orden, que el siete de octubre de dos mil quince, el juez de la causa hizo del conocimiento del hoy quejoso, el término que tenía para exhibir la cantidad que se le fijó. Además, en el referido acto, le hizo saber que de no cumplir con dicha obligación, se libraría su reaprehensión todo ello fundamentado en el artículo 153 del Código Adjetivo Penal del Estado, por lo que se estima que el apercibimiento decretado fue correctamente realizado. Es importante destacar que en el auto que ordenó su reaprehensión, se estableció que el motivo por el cual se emitió dicha determinación, fue porque el procesado aquí quejoso no exhibió la garantía que se le fijó a fin de garantizar el beneficio que se le concedió, apercibimientos que fueron hechos del conocimiento del peticionario del amparo, máxime si se tiene en cuenta que la cantidad que en principio se fijó para que pudiera gozar del beneficio de la libertad bajo caución, fue reducida mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en atención a la solicitud que realizó el propio procesado; quien incluso, en contra de la determinación adoptada por el Juez de primera respecto a la reducción de la cantidad que se fijó al quejoso para gozar de su libertad, éste promovió el juicio de garantías número 352/2017 del índice de este Juzgado Federal. Luego, si se hicieron del conocimiento del quejoso las consecuencias que traería el incumplimiento a las prevenciones de ley, y el auto que por esta vía se combate se encuentra adecuadamente fundado, además, se explicaron en las razones que tuvo el juzgador de la causa para revocar el beneficio de la libertad bajo caución concedida, es inconcuso que el proveído de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, este órgano de control constitucional estima que no existe violación de derechos fundamentales contra el procesado, aquí quejoso, incluidas las que señala el artículo 14 constitucional sobre lo cual, únicamente se expone que no ha tenido oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Consecuentemente con lo referido, al ser infundados los conceptos de violación, y no advertirse violación de algún derecho humano en perjuicio del inconforme, en el estudio oficioso, realizado en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Negativa que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado y Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, del Distrito Judicial de Allende, por haber sido combatidos en vía de consecuencia y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número ciento uno, visible a páginas sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS.- Los actos de las autoridades ejecutoras, relativas a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorias de garantías." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo se; RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE MARCO CÉSAR MELO HERNÁNDEZ, contra la autoridad y por el acto señalado en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con lo resuelto en el último considerando de la propia sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CITATORIO.- NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: VISTOS, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 601/2017; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo, MARCO CÉSAR MELO HERNÁNDEZ, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona. Autoridad responsable Ordenadora: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de Los Libres, Guerrero. Ejecutoras: Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado. Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, del Distrito Judicial de Allende. Acto reclamado "De la autoridad señalada como ordenadora: Reclamo la ilegal y arbitraria orden de reaprehensión dictada en mi contra y fuera de todo procedimiento legal. De las Autoridades señaladas como ejecutoras: Reclamo el cumplimiento y ejecución que le pretenden dar a dicha orden de reaprehensión dictada en mi contra y fuera de todo procedimiento legal por parte de la autoridad señalada como ordenadora". SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo el libro de gobierno respectivo con el número 601/2017 y se previno a la parte quejosa para que compareciera ante este Juzgado a ratificar su demanda; desahogada la prevención mediante acuerdo de tres de julio de dicha anualidad, se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se ordenó notificar a la parte tercera interesada el inicio de este juicio; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: La orden de reaprehensión librada el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 103-1/2014, que se le sigue por el delito de daños imprudenciales y lesiones imprudenciales por tránsito de vehículos, en agravio, el primero de Javier Palma Pérez y Gila Marisol De la Vega Villagómez y el segundo de Ángel Rosario Lorenzo. TERCERO. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, por así reconocerlo expresamente al rendir su informe justificado; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que se corrobora de las actuaciones que integran el duplicado de la causa penal 103-1/2014 las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva civil en comento y de las que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se dictó la resolución reclamada. CUARTO. Verificada la certeza del acto reclamado y al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo que deba ser examinada de oficio tal o hecha valer por las partes, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de la resolución reclamada, al tenor de los conceptos de violación que se proponen, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se hace nugatoria la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Aduce el peticionario del amparo que la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al emitir la orden de reaprehensión reclamada no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento; asimismo afirma que deviene ilegal en tanto que no existen datos que acrediten el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Resultan infundados los motivos de disenso hechos valer por el peticionario del amparo, sin que este Juzgador Federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para arribar a la anterior conclusión, se tienen en consideración las actuaciones remitidas por la autoridad responsable, las cuales quedaron valoradas en el considerando que antecede, y de las que se obtiene lo siguiente: 1. Mediante comparecencias de veintiséis de noviembre de dos mil trece y de treinta de abril de dos mil catorce, Javier Palma Pérez, Joaquín de la Vega Villagómez (apoderado legal de Gila Marisol de la Vega Villagómez) y Ángel Rosario Lorenzo, acudieron ante el representante social para denunciar los hechos sujetos a debate en la causa penal de origen. 2. Tal evento delictivo esencialmente consistió en que aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil trece, los agraviados mencionados en primer y último término, circulaban sobre la carretera federal Acapulco-Ometepec a la altura del poblado de Cruz Grande, Guerrero, en un tramo recto abordo de un vehículo de la marca Ford, tipo focus, modelo 2000, color guinda, cuando en sentido contrario a esa vialidad circulaba en exceso de velocidad un tráiler de cabina azul de plataforma color roja, rebasando a un automotor tipo torton blanco , invadiendo totalmente el carril y cuyo conductor (del tráiler) al tratar de incorporarse a la vialidad que le correspondía golpeó con la parte trasera de la caja al primero de los autos (focus) en la parte lateral izquierda del frente, lo cual originó que ese vehículo se saliera de la carretera por la lateral derecha y éste al tratar de incorporarse se impactó de frente con el segundo de los automotores (torton ), resultando con lesiones el agraviado Ángel Rosario Lorenzo. 3. Seguida que fue la integración de la indagatoria ALLE/SC/03/0204/2013, mediante pedimento 81/2014 el Agente del Ministerio Público fue consignada, la cual por cuestión de turno correspondió su conocimiento al juez responsable, quien la radicó bajo el número de causa penal 103-1/2014. 4.- El diez de julio de dos mil catorce, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, libró orden de aprehensión en contra de César Melo Hernández, por su probable responsabilidad en el delito de daños y lesiones imprudenciales por tránsito de vehículo, el primer ilícito cometido en agravio de Javier Palma Pérez y Gila Marisol de la Vega Villagómez, y el segundo en agravio de Ángel Rosario Lorenzo. 5.- En contra de la orden de aprehensión antes mencionada, el quejoso Marco César Melo Hernández, promovió amparo indirecto del que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien en resolución incidental de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, otorgó la suspensión definitiva del acto que se reclamó. 6.- En diligencia de cuatro de noviembre de dos mil catorce recabó la declaración preparatoria del inculpado (ahora quejoso), quien negó haber cometido los ilícitos atribuidos y refirió que el día de los hechos al circular por ese lugar, se percató que un vehículo, sin poder describirlo debido a que ésta traía las luces altas, zigzagueba y el cual una vez que logró esquivarlo al orillarse siguió su camino, ignorando lo que pasó después; circunstancia que pueden corroborar Marco Antonio Melo Orozco, quien es su chalán y María Isabel Bailón Ascencio Bailón, que viaja todos los fines de semana de Marquelia a las Cruces. Además, agregó que al día siguiente de los hechos, acudieron a su domicilio Rodimiro y Joaquín, de apellidos De la Vega a pedirle que se echara la culpa de un delito que no cometió, a fin de que el seguro de su unidad automotriz respondiera por ello a lo cual se negó, pero sugirió hablar de ese tema con su patrón; asimismo, señaló que el segundo de los citados refirió que el conductor del focus se encontraba en estado de ebriedad; de lo solicitado por Rodimiro y Joaquín, de apellidos De la Vega pueden corroborarlo su esposa Yolanda Jaramillo Suástegui y Marco Antonio Melo Orozco. En la citada diligencia el Juez responsable hizo del conocimiento del acusado que en caso de que se le dictara auto de formal prisión, debería firmar cada viernes el libro de gobierno que se lleva en dicho Juzgado para los procesados que se encuentran bajo fianza y únicamente por cuanto al proceso que se le siguiera, por cuanto a su libertad personal, quedó a cargo del Segundo Juzgado de Distrito que conoció del juicio de amparo 1090/2014. 7.- El diez de noviembre de dos mil catorce, la autoridad responsable decretó en contra del quejoso auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de daños y lesiones imprudenciales en agravio el primero de los ilícitos de Javier Palma Pérez y Gila Marisol de la Vega Villagómez, y el segundo de Ángel Rosario Lorenzo. 8.- Inconforme con tal determinación Marco César Melo Hernández promovió demanda de amparo indirecto de la que conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número de amparo 167/2015, resuelto el veintitrés de julio de dos mil quince, negando la protección constitucional que le fue solicitada. 9.- Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, el Juez responsable requirió al quejoso para que dentro del término de cinco días hábiles solicitara su libertad provisional bajo caución, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión, lo anterior en virtud de que mediante oficio 805-X de veintitrés de febrero del dos mil quince, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, informó que la sentencia que sobreseyó el juicio de garantías 1090/2014, causó ejecutoria. 10.- Por escrito presentado ante el Juzgado responsable el cinco de octubre de dos mil quince, el peticionario del amparo solicitó se le fijara la fianza correspondiente a fin de gozar con el beneficio de la libertad provisional bajo caución, tomando en consideración su situación económica. 11.- Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil quince, el Juez de primera instancia, determinó que en atención a la solicitud hecha por el procesado, para que éste continuara gozando de su libertad provisional, debía depositar a satisfacción de dicho juzgado, la cantidad de $94,377.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS), que dicha cantidad debía ser depositada ante la Institución Bancaria correspondiente a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en cualquiera de las formas previstas por el artículo 149 del Código de Procedimientos Penales de la entidad; dentro de un término de quince días hábiles, término que le correría al día siguiente de la notificación de ese proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría la ejecución de la orden de aprehensión. 12.- Mediante escrito presentado por el quejoso ante el Juez responsable, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, solicitó la reducción de la fianza que se le fijó para poder gozar de su libertad provisional bajo caución. 13.- En proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el Juez responsable acordó la petición del ahora promovente del amparo, y resolvió de plano la reducción de la caución fijada mediante auto de siete de octubre de dos mil quince, quedando el monto en la cantidad de $87,463.90 (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.), determinación que fue notificada al procesado Marco César Melo Hernández el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 14.- En contra de la determinación anterior, el peticionario de amparo promovió juicio de garantías, del que correspondió conocer a este Juzgador, registrándose con el número 352/2017, juicio en el que se sobreseyó el nueve de mayo de dicha anualidad. 15.- Se continuó con la secuela procesal y el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, al haber causado estado la determinación de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo 352/2017, el juez responsable, ante el incumplimiento del quejoso de exhibir la caución que se le fijó en auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, ordenó su reaprehensión. La anterior determinación constituye el acto que por esta vía constitucional se combate. Primero, en atención al acto reclamado que se analiza, es necesario establecer su naturaleza jurídica, fundamento constitucional y requisitos para su libramiento. La orden de reaprehensión tiene como objeto privar de la libertad a un sujeto; sin embargo, los requisitos con los que debe contar son distintos a los de la orden de aprehensión, y lo mismo se puede decir en cuanto a su origen. En efecto, el Juez que conozca de la causa puede decretar la orden de reaprehensión sin necesidad de observar los requisitos establecidos para el libramiento de órdenes de captura, contenidos expresamente en el artículo 16 Constitucional, pues estos actos son disímiles en cuanto a su génesis; de ahí que para el libramiento de una orden de reaprehensión, únicamente son necesarios los requisitos comunes a todos los actos de autoridad. Lo anterior, es así en atención al origen de la reaprehensión, pues siempre que ésta se da, la persona contra la que se dicta se encuentra ya sujeta a un proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a.CC/2012(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Igualmente es aplicable, la tesis aislada de la Primera Sala, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "REAPREHENSIÓN. No toda orden de aprehensión se funda en las prevenciones del artículo 16 constitucional; pues este artículo supone la existencia de la denuncia de un hecho, que la ley castiga con pena corporal, apoyada por declaración digna de fe; pero cuando la orden de aprehensión se funda en motivo diverso, como en el caso de que una persona que está en libertad bajo protesta, se ausenta de la población sin el debido permiso del Juez, éste puede decretar orden de aprehensión en contra de esa persona, sin necesidad de fundarla en los requisitos del artículo 16 constitucional, toda vez que dicha persona ya está sujeta a un auto de formal prisión, por los mismos hechos." Como ya se dijo, el origen de la orden de reaprehensión es diverso al de la orden de captura y, por ende, también lo son los requisitos constitucionales con los que la reaprehensión debe contar, siendo, como regla genérica del origen de esta reaprehensión, el auto que revoca la libertad provisional, o que no cumple con los requisitos de efectividad, como en el caso acontece. Por ello, las circunstancias en las que se dicta la orden de reaprehensión son distintas, pues, en la orden de aprehensión, la persona se encuentra en total libertad sin estar sujeta a la jurisdicción de ningún Juez y, en la que hoy nos ocupa, invariablemente se encuentra sujeto a un proceso y su libertad está restringida, por lo que al instruírsele un proceso, ya se acreditaron, anteriormente, el cuerpo del delito y su probable responsabilidad; de ahí que sea innecesario, en la orden de reaprehensión, cumplir con los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 Constitucional. Por tanto, si, como ya se acotó, tratándose de la orden de reaprehensión únicamente son necesarios los requisitos comunes que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a todo acto de autoridad; entonces, resulta necesario analizar si respecto al acto que se reclama, se actualizan, o no, las siguientes exigencias previstas en el precepto constitucional en comento: a) En virtud de mandamiento escrito. b) Por la autoridad competente. c) Fundando y motivando la causa legal del procedimiento. De un análisis al auto de diecisiete de junio de dos mil diecisiete, se advierte, en primer término, que la orden de reaprehensión fue emitida por escrito, ya que consta dentro de la causa penal que se instruye contra el quejoso; fue dictada por autoridad competente, pues fue el propio juzgador del proceso quien la emitió, siendo el competente para conocer de la citada causa penal, pues el delito se cometió dentro de la demarcación en la que ejerce jurisdicción el juzgador al que se hizo referencia. De igual forma, el proveído que por esta vía se combate, y por el cual se hizo constar que el quejoso no cumplió con los requisitos de exhibir la garantía que se le impuso, se encuentra adecuadamente fundado y motivado. Efectivamente, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Así, la fundamentación y motivación, punto toral de las garantías de legalidad que consagra a favor del justiciable la ley fundamental, consiste en la exigencia de establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de los actos de autoridad, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto, como los razonamientos que lo rigen. En la especie, debe decirse que en la resolución de siete de octubre de dos mil quince, de la que deriva la obligación del peticionario del amparo de depositar la cantidad que se le fijó como caución para gozar de su libertad, se advierte que el juez natural precisó los artículos aplicables al caso concretó, esto es, 20, apartado A, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 147, 148, 149, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. Dichos preceptos legales establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional." CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO. ARTÍCULO 147.- Todo inculpado tendrá derecho a disfrutar de la libertad bajo caución durante la averiguación previa y en el proceso judicial, que se decretará en la misma pieza de autos, siempre y cuando se garanticen el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y no se trate de los delitos graves que prevee el artículo 70 de este Código. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la garantía relativa a la reparación del daño se calculará de acuerdo a las disposiciones de la Legislación Civil y Laboral. En caso de que se niegue la libertad caucional, puede solicitarse de nuevo y ser concedida por causas supervinientes. ARTÍCULO 148.- El monto de la caución deberá ser asequible para el inculpado y se fijará tomando en consideración: I.- Sus antecedentes y características; II.- La naturaleza del delito imputado; III.- El mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la justicia; ARTÍCULO 149.- La caución podrá consistir en depósito en efectivo, prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía formalmente constituido, o cualquier otra forma de garantía que esté autorizada por la ley. La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado, quien al solicitar la libertad manifestará la forma que elige. En caso de que el inculpado o su defensor no hagan la manifestación mencionada, el Ministerio Público o la autoridad judicial, de acuerdo con el párrafo que antecede, eligirá (sic) la forma de la caución. De la interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se advierten los casos en que puede ser revocada la libertad provisional bajo caución, así como las diversas consecuencias de que esto suceda, como en el caso concreto aconteció, dado que el procesado incumplió injustificadamente con la obligación de exhibir la garantía que se le fijó. Ahora, del análisis de las constancias que forman el sumario, se advierte en primer orden, que el siete de octubre de dos mil quince, el juez de la causa hizo del conocimiento del hoy quejoso, el término que tenía para exhibir la cantidad que se le fijó. Además, en el referido acto, le hizo saber que de no cumplir con dicha obligación, se libraría su reaprehensión todo ello fundamentado en el artículo 153 del Código Adjetivo Penal del Estado, por lo que se estima que el apercibimiento decretado fue correctamente realizado. Es importante destacar que en el auto que ordenó su reaprehensión, se estableció que el motivo por el cual se emitió dicha determinación, fue porque el procesado aquí quejoso no exhibió la garantía que se le fijó a fin de garantizar el beneficio que se le concedió, apercibimientos que fueron hechos del conocimiento del peticionario del amparo, máxime si se tiene en cuenta que la cantidad que en principio se fijó para que pudiera gozar del beneficio de la libertad bajo caución, fue reducida mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en atención a la solicitud que realizó el propio procesado; quien incluso, en contra de la determinación adoptada por el Juez de primera respecto a la reducción de la cantidad que se fijó al quejoso para gozar de su libertad, éste promovió el juicio de garantías número 352/2017 del índice de este Juzgado Federal. Luego, si se hicieron del conocimiento del quejoso las consecuencias que traería el incumplimiento a las prevenciones de ley, y el auto que por esta vía se combate se encuentra adecuadamente fundado, además, se explicaron en las razones que tuvo el juzgador de la causa para revocar el beneficio de la libertad bajo caución concedida, es inconcuso que el proveído de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, este órgano de control constitucional estima que no existe violación de derechos fundamentales contra el procesado, aquí quejoso, incluidas las que señala el artículo 14 constitucional sobre lo cual, únicamente se expone que no ha tenido oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Consecuentemente con lo referido, al ser infundados los conceptos de violación, y no advertirse violación de algún derecho humano en perjuicio del inconforme, en el estudio oficioso, realizado en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Negativa que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado y Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, del Distrito Judicial de Allende, por haber sido combatidos en vía de consecuencia y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número ciento uno, visible a páginas sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS.- Los actos de las autoridades ejecutoras, relativas a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorias de garantías." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo se; RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE MARCO CÉSAR MELO HERNÁNDEZ, contra la autoridad y por el acto señalado en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con lo resuelto en el último considerando de la propia sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Marco Antonio Ureña Adame648/2017
- Marco Antonio Vergara Alarcón626/2020
- Marco Antonio Zaragoza Campos730/2022
- Marco Aurelio Caparroso Cháves332/2015
- Marco César Melo Hernández352/2017
- Marco César Melo Hernández38/2016
- Marco César Melo Hernández236/2017
- Marco Esteban García860/2023
- Marco Froylán Espejel Gómez70/2016
- Marco Froylán Espejel Gómez1251/2015
- Marco Herminio Soto Serna351/2017
- Marco Tulio Aguilar Flores364/2018