Marco Edú Morales Rojas

Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 55 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
536/2021
Año
2021
Actuaciones
55
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Marco Edú Morales Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veintinueve de septiembre al tres de octubre de la presente anualidad. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el treinta de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la citada resolución; por lo que previa integración del presente expediente y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de dieciocho de mayo de la presente anualidad, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por lo que, seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "1. Dejar insubsistente la resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa ******************** instaurado en contra del quejoso y todas las consecuencias que de ella derivaron. 2. Dictar una nueva resolución en la que se reitere las cuestiones que no fueron de materia de esta ejecutoria y determine que en términos del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, ha operado la prescripción de su facultad sancionadora, a favor del quejoso, respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida en los expedientes ********************, ******************** y ********************; y en atención a que se trata de las únicas faltas que se declararon procedentes, deberá de decretar el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa." (sic)." La autoridad responsable Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: Mediante correo electrónico registrado bajo el número de control interno 9668, se hizo de conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante sesión extraordinaria de seis de junio de la presente anualidad, el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, determinó dejar insubsistente la resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************, dictando una nueva resolución en esa misma fecha en la que se determinó reinstalar a la parte quejosa Marco Edú Morales Rojas, en el cargo de Juez de Ejecución de Sanciones Penales, región Apatzingán, a partir del siete de junio de la anualidad que transcurre, lo anterior, en virtud del sobreseimiento decretado en dicho procedimiento ante la prescripción de la facultada para imponer sanciones a favor del servidor público citado en líneas precedentes. Por diverso oficio número SE/2952/2023, remitió copia de la nueva determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; y, entre otras cosas hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la resolución señalada en el inciso que antecede fue debidamente notificada al quejoso de mérito el siete de junio de la presente anualidad. Luego, el ocho de junio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio número SA/2723/2023, del que se advierte que ordenó se realizara la anotación correspondiente en la Hoja de Cargos del expediente personal correspondiente al aquí quejoso; y, requirió al área administrativa de nóminas del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, se incluyera al quejoso en la nómina como Juez de Ejecución de Sanciones Penales con residencia en la ciudad de Apatzingán, a partir del 7 siete de junio del presente año. Del mismo modo, por oficio número SE/4868/2023, de fecha veinticinco de septiembre del año que transcurre, informó que el veintiuno del citado mes y año, se realizó la transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del aquí quejoso, por concepto de salarios y prestaciones que dejó de percibir con motivo de la separación del cargo que desempeñaba; informando además que mediante diversa comunicación oficial número SA/5067/2023, comunicó que se presentó ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, la solicitud de cálculo; y, se realizaron las gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir los importes relacionados con las cuotas obrero patronales generadas por el trabajador durante el referido periodo, a fin de acreditar la inscripción retroactiva del mismo. Finalmente, remitió copia del oficio SE/4851/2023, por el que hizo del conocimiento del Titular de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado, que el diverso oficio número SE/3602/2021, por el que se le dio vista con los hechos materia del procedimiento administrativo de responsabilidad número ********************, seguido en contra del aquí quejoso, fue dejado sin efectos al declararse inconstitucional. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 20, fracción III, normativa invocada, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 19, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los correos electrónicos que contienen los oficios, signados por la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, a través de los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante oficios números SE/2952/2023, SA2723/2023 y SE/4437/2023, signados por la licenciada ********************, Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, informó las gestiones que se ha realizado el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, informando entre otras cosas que mediante sesión extraordinaria de seis de junio de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número CVD/********************/********************, en la que se determinó dejar insubsistente la sentencia emitida dentro del citado procedimiento administrativo el seis de agosto de dos mil veintiuno, así como las consecuencias jurídicas que de ella derivaron, decretando su sobreseimiento por prescripción de la facultad para imponer sanciones al aquí quejoso quien fungía como Juez de Ejecución de Sanciones Penales adscrito a la región Morelia; motivo por el cual se ordenó su reinstalación a partir de las nueve horas del siete de junio de dos mil veintitrés. De igual manera informó que mediante oficios número SA/2720/2023 y SA/2421/2023, de fecha seis de junio de la presente anualidad, dirigidos a las jefas de área de los departamentos de Recursos Humanos y de Nominas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones procedieran de inmediato a dar cumplimiento a resolución emitida por ese órgano colegiado en esa misma fecha. En respuesta a lo anterior, las áreas administrativas señaladas en el párrafo precedente informaron al Pleno del Consejo que se realizó la anotación correspondiente en la Hoja de Cargos del expediente personal correspondiente al aquí quejoso, en la que se asentó que se ordenó su reinstalación en el cargo de Juez de Ejecución de Sanciones Penales, adscrito a la región Apatzingán, a partir del 7 de junio de 2023 dos mil veintitrés, asimismo en la Hoja de Sanciones del expediente del quejoso se efectuó la anotación consistente en que se decretó el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/********************/********************, por prescripción de la facultad de para imponer sanciones al mencionado servidor público, así como que se le incluiría en la nómina del Poder Judicial del Estado de Michoacán, como Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Apatzingán, a partir del 7 siete de junio del presente año, circunstancia que se tomaría en cuenta para los efectos del pago correspondiente. Sin embargo, de la confrontación realizada con el cumplimiento que hasta este momento se ha realizado a la ejecutoria de amparo, y los efectos por los cuales se concedió la misma, este juzgado federal llega al convencimiento de que al día de la fecha la ejecutoria de amparo no ha sido acatada en su totalidad, como se explica a continuación. En efecto, de la sentencia concesoria de amparo, se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, por propio derecho, contra los actos del Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades; para los efectos siguientes: "1. Dejar insubsistente la resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/********************/******************** instaurado en contra del quejoso y todas las consecuencias que de ella derivaron. 2. Dictar una nueva resolución en la que se reitere las cuestiones que no fueron de materia de esta ejecutoria y determine que en términos del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, ha operado la prescripción de su facultad sancionadora, a favor del quejoso, respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida en los expedientes ********************, ******************** y ********************; y en atención a que se trata de las únicas faltas que se declararon procedentes, deberá de decretar el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa." (sic)." Asimismo, de la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, razonó que el quejoso se encontraba en posibilidad de subsanar las faltas administrativas que le fueron atribuidas hasta el uno de octubre de dos mil diecisiete, faltas que consistieron precisamente en no haber dado contestación a ciertos oficios presentados en los expedientes ********************, ******************** y ********************, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la región Morelia, pues precisamente hasta esa fecha fungió como titular de dicho órgano jurisdiccional, y por ende esa fecha (uno de octubre de dos mil diecisiete), es la que debe considerarse como aquella en la que cesó la conducta. Lo anterior, debido a que, al no ser titular del Juzgado en el que se cometieron las faltas y estando adscrito a uno diverso, de manera alguna podía emitir los acuerdos correspondientes pasa subsanarlas; motivo por el cual la referida fecha es la que debió tomarse en cuenta para el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad sancionadora con la que cuenta dicha autoridad administrativa y no la diversa de ocho de febrero de dos mil dieciocho. Motivo por el cual, al dieciocho de diciembre de dos mil veinte, fecha en que se admitió el informe de la presunta responsabilidad, ya había transcurrido el plazo de tres años que se requería para su prescripción, de ahí que se estimara inconstitucional la resolución emitida el seis de agosto de dos mil veintiuno, dentro de los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/********************/********************, instaurado en contra del aquí quejoso, así como todas las consecuencias que de ella derivaron. Ahora bien, del contenido de los oficios números SE/2952/2023, SA2723/2023 y SE/4437/2023, de fechas siete de junio y treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, remitidos por la autoridad responsable por los cuales informó las gestiones relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se desprende lo siguiente: 1. Se dejó insubsistente la resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/********************/******************** instaurado en contra del quejoso. 2. Emitió una nueva determinación en la que decreto el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, por prescripción de la facultad para imponer sanciones, a favor de la parte quejosa ********************. 3. Ordenó la reinstalación del quejoso ********************, a partir de las nueve horas del siete de junio de dos mil veintitrés, en el cargo de Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Judicial Apatzingán. 4. De igual manera, ordenó se realizara la anotación correspondiente en la Hoja de Cargos del expediente personal correspondiente al aquí quejoso; y, 5. Finalmente, requirió al área administrativa de nóminas del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, se incluyera al quejoso en la nómina como Juez de Ejecución de Sanciones Penales con residencia en la ciudad de Apatzingán, a partir del 7 siete de junio del presente año. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable, al día de la fecha y en perjuicio de la parte quejosa ********************, ha sido omisa en dejar sin efectos todas aquellas consecuencias legales que derivaron de la sentencia emitida el seis de agosto de dos mil veintiuno, en el procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/********************/******************** instaurado en contra del quejoso, misma que mediante sesión ordinaria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, fue declarada inconstitucional por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo. Esto es así porque, como se dijo en la sentencia, la autoridad responsable, indefectiblemente, se encuentra obligada a dejar insubsistentes todas aquellas consecuencias legales que de la multicitada resolución derivaron, de entre las cuales se encuentran los diversos procedimientos que con motivo de la separación injustificada resultaron; así como a cubrir los salarios y prestaciones que la parte quejosa dejo de percibir desde el momento de su separación del cargo hasta el siete de junio de la presente anualidad, (fecha en que se reinstalo a la parte quejosa); lo que se estima de esta manera toda vez que al declararse inconstitucional la resolución que separo indebidamente a la parte quejosa del cargo que desempeñaba, el mismo tiene derecho a que se le paguen los salarios que debieron cubrirse en el tiempo en el que ilegalmente estuvo destituido. Sirve de orientación al caso en particular la tesis aislada número II. 1o. C.T.10 L, consultable en la página 573, del Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Laboral, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "SALARIOS CAIDOS, PAGO DE; CASO DE DESTITUCION ADMINISTRATIVA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. Es verdad que en lo referente al ejercicio de las acciones de reinstalación o de pago de indemnización basadas en un despido injustificado, los salarios caídos son una prestación accesoria a la acción principal deducida, sin embargo, ello no implica que solamente en esos casos proceda el pago de salarios, pues la Ley Federal del Trabajo no regula, por no ser su materia, los casos de destitución administrativa en los que el Poder Judicial Federal estime inconstitucional la resolución administrativa que impone la destitución; en tal hipótesis el trabajador de planta o de confianza que resulte protegido por una sentencia de amparo, tiene derecho a que se le paguen los salarios que debieron cubrírsele en el tiempo en que ilegalmente estuvo destituido. Ello es así, porque la relación laboral está protegida en favor de los trabajadores tanto por la Constitución, como por las leyes ordinarias; de modo que, si una persona trabaja, ello es por el elemental instinto de conservación, para alimentarse el trabajador y su prole, lo que hace que el salario, como precio del trabajo, tenga una protección especial que dignifique la relación entre patrones y trabajadores. Estimar que un trabajador burocrático destituido injustificadamente, y por efectos de un amparo otorgado nuevamente reinstalado, no tenga derecho a los salarios que dejó de percibir, llámense salarios caídos o como se les quiera llamar, implica estimular la impunidad de una autoridad administrativa que destituyó ilegalmente a un trabajador y ante la concesión del amparo lo reinstale, quedándose el Estado patrón con el importe de los salarios que hubiere percibido el trabajador, de no mediar la ilegal destitución." En el entendido que la autoridad responsable, igualmente se encuentra obligada a realizar las retenciones fiscales que comúnmente se venían realizando con motivo del pago de impuestos que debe realizar la parte quejosa, así como a realizar todas aquellas aportaciones a los fondos sociales o de pensión a que tenga derecho, misma suerte que corren aquellas aportaciones que dejó de realizar a los servicios de salud que correspondan, las cuales, como ya se dijo deberán ser retenidos de las cantidades que por salarios caídos hayan dejado de pagarse al quejoso con motivo del acto declarado inconstitucional. Finalmente, si bien la autoridad responsable al momento del dictado de la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa estimó innecesario reiterar la vista que se ordenó dar a la Fiscalía General del Estado, en relación con los hechos materia del procedimiento administrativo instaurado en contra de la parte quejosa, bajo el argumento de que en aquella temporalidad se cumplió con dicha determinación; debe decirse que la misma sí se encuentra constreñida a informar a dicha representación social que la resolución administrativa que dio origen a la citada vista ha quedado sin efectos al haber sido declarada inconstitucional. REQUIERE CUMPLIMIENTO. En virtud de lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, cumpla cabalmente la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, debiéndolo acreditar con copias certificadas que adjunte. O en su caso, manifieste la imposibilidad material o jurídica que tuviere para ello, exhortando a la autoridad en comento o a cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo, que se abstenga de realizar cualquier retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. Se apercibe a la citada autoridad, que de no hacerlo, en los términos indicados, con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cuatrocientos días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Además se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. A menos que, tal y como lo previene el párrafo tercero del artículo 193 del ordenamiento jurídico invocado, se demuestre que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o se justifique la causa del retraso, en cuyo caso se podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritara la imposición de los apercibimientos decretados. NOTIFIQUESE Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. INFORMA GESTIONES CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el correo electrónico que contiene el oficio enviado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad informando las acciones tendentes a la observancia del fallo protector. FORMACIÓN NUEVO TOMO. Por otra parte, del estado de autos se advierte que, a la fecha el expediente en que se actúa se encuentra integrado de la foja uno al novecientos treinta y cinco; por tal razón, a fin de facilitar un adecuado manejo de las constancias que lo integran, con fundamento en artículo 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, fórmese el segundo tomo a partir de la foja novecientos treinta y seis. En atención a lo anterior, la Secretaria deberá certificar tal circunstancia al concluir el primer tomo y al inicio del segundo, al que además, deberá agregarse copia del presente proveído. NOTIFÍQUESE.

Quedan 51 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano