Marco Aurelio Ortiz Gonzalez
Expediente 69/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Aurelio Ortiz Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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III. SE TIERNE POR CONSENTIDA LA DETERMINACION EN LA QUE SE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA PROTECTORA...ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENETE CONCLUIDO...
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III. Agréguese a los autos el escrito signado por Alma América Bárcenas Ortega, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones, en torno a la vista que le fue otorgada en auto de veintiuno de noviembre actual (fecha correcta), respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el sentido de que le fue depositado el monto de $6,822.00 (seis mil ochocientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Derecho de Alumbrado Público, respecto al ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete; Circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Al respecto, este juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se establece lo siguiente: En auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 348 a 350), se tuvo al Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, remitiendo el testimonio de la ejecutoria dictada el veinticinco de septiembre del año actual, dentro del amparo en revisión administrativa 57/2018, donde el Tribunal de su adscripción resolvió del recurso de revisión interpuesto, determinando confirmar la sentencia recurrida por el quejoso, dictada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 228 a 249). Por tanto, en ese auto de nueve de octubre pasado este Juzgado determinó requerir a las autoridades responsables ejecutoras, residentes en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que dentro del término de tres días informaran sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, atendiendo a los efectos ahí establecidos, debiendo efectuar lo siguiente: No se le apliquen los preceptos impugnados mientras que estén vigentes, y por tanto, no le sea exigido al quejoso el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama. Se restituya la suma que el quejoso hubiera enterado a la fecha, exclusivamente con motivo del pago del Derecho de Alumbrado Público correspondiente al año dos mil diecisiete, respecto de los servicios que tenga contratados, de los cuales se mencionan de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: 169990505009; 169100802869; y 169070306489. En el entendido de que la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, con excepción del relativo al Derecho del Alumbrado Público aquí analizado. De esta forma, en proveído de veinticuatro de octubre del año actual (foja 359), se tuvo al Jefe de Oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Morelia, Michoacán, informando lo relativo a dicho cumplimiento, en el sentido de solicitar los montos erogados por la parte quejosa, por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP), respecto de los servicios número 169990505009, 169100802869 y 169070306489, a nombre de la moral peticionaria de amparo y remitió las respectivas constancias; ordenándose dar vista de su contenido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. Asimismo, el Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó que se realizó una transferencia al quejoso por la cantidad de $6,822.00 (seis mil ochocientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Derecho de Alumbrado Público, anexando las constancias correspondientes (foja 372 a 374). Lo que así se corrobora de las manifestaciones realizadas por la autorizada en amplios términos del quejoso, en su escrito que se acuerda en esta fecha. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
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III. Agréguese el oficio enviado por el Tesorero Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector y al efecto anexa las respectivas constancias; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.
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III. Agréguese a los autos el escrito signado por Alma América Bárcenas Ortega, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones, en torno a la vista que le fue otorgada en auto de veinticuatro de octubre pasado (fecha correcta), respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Jefe de Oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Morelia, Michoacán, en el sentido de que acudió a la Tesorería Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a efecto de que le hicieran la entrega de los cheques por concepto de reintegro del pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP), respecto de las cantidades que fueron precisadas por la referida Comisión Federal, sin que el personal de dicha dependencia le haya hecho dicha entrega, por los motivos que expone (por la carga de trabajo se encuentran atrasados). Por tanto, con copia del referido ocurso, dése vista a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que de inmediato dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, e informe lo propio a este Juzgado de Distrito, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, bajo el mismo apercibimiento decretado en auto de nueve de octubre pasado, en caso de ser omiso al respecto; a saber: "Con el apercibimiento que de no cumplir sin causa justificada, se procederá de conformidad con el citado artículo, específicamente en los términos establecidos en el párrafo segundo; esto es, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, como lo establecen los diversos numerales 238 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Concatenado con lo anterior, de conformidad con el tercer párrafo del precepto 192 de la ley de la materia, requiérase al Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en cuanto superior jerárquico del referido Tesorero Municipal, para que lo requiera a efecto de cumplir con el fallo protector, lo que deberá acreditar a este juzgado; en el entendido que de no hacerlo, se procederá en su contra en términos del mencionado artículo, además de incurrir en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, acorde con lo dispuesto en el artículo 194, párrafo segundo, de dicho ordenamiento jurídico, que establece: "La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." Apoya a lo anterior, por analogía jurídica la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 3/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196904 1 de 1 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pag. 160 Jurisprudencia(Administrativa) INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél.
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