Marco Arturo Villegas Guardado

Expediente 114/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
114/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Marco Arturo Villegas Guardado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que los quejosos Mónica Alejandra Menes Aguirre, Marco Arturo Villegas Guardado y Roberto Augusto Elizarrarás Ledesma recurrieran el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En atención a lo anterior, devuélvase a la Juez Quinto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, el original del expediente M1022/2021, constante de un tomo, así como un sobre cerrado.

  2. Principal

    Juez Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, devuelve diligenciado el despacho 1452/2021-VIII, orden 2213 de este índice. Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Asimismo, téngase emplazada a la tercera interesada.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 24 DE ENERO DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Visto el oficio 17, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Mónica Alejandra Menes Aguirre, Marco Arturo Villegas Guardado y Roberto Augusto Elizarrarás Ledesma en original y cuatro copias, copia certificada del oficio 3126/2021 correspondiente al informe justificado rendido por la Juez Quinto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, original del expediente M1022/2021 en un tomo y constancias de emplazamiento de la tercera interesada y un sobre cerrado, recibido en la oficialía de partes y registrado bajo el folio. Lo anterior, con motivo de que en acuerdo de cuatro de enero del año en curso, dictado en el amparo directo 7/2022, el titular de ese tribunal colegiado declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del juzgado de distrito en turno en esta ciudad. Aceptación de competencia declinada. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 114/2022-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase del conocimiento de la superioridad que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acuse de recibo. Comuníquese lo anterior al tribunal colegiado oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Desechamiento de la demanda Ahora bien, de conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: Los actos que reclaman los promoventes del amparo no tienen la naturaleza de imposible reparación, pues el simple hecho de no haber realizado de manera personal la notificación del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como darles vista para el ofrecimiento de perito, constituyen actos intraprocesales que puede ser reparados en caso de que la parte actora en lo principal -aquí quejosos- obtengan sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio. Ello es así, dado que las resoluciones como la reclamada no revisten el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues las consecuencias de tal acto, no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dichas resoluciones sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el sólo hecho de que quien se dice afectado obtenga sentencia favorable. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso, acorde con el artículo 172, fracciones III y XII de la Ley de Amparo. En consecuencia, el acto que aquí se reclama, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso, sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo, que en su momento dicte el juez civil. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Juez Quinto Menor Civi, con sede en esta ciudad, en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno concedió la suspensión a los promoventes, y dado que en este acuerdo se aceptó la competencia declinada, se ordena dejar sin efectos dicha medida suspensional.."

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