Marco Antonio Soto Centeno
Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Antonio Soto Centeno
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Marco Antonio Soto Centeno, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 477/2021-IV. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El análisis íntegro de la demanda de amparo, permite advertir que el acto reclamado consiste en la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio sucesorio C602/2018, del índice del Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, en la que confirmó el auto de treinta de abril del año en curso, en el cual se ordenó abrir la segunda sección de dicho juicio sucesorio -inventario y avalúo-, con motivo de la petición que Ana Rosa Soto Centeno formuló en lo individual, como una de los dos albaceas que la de cujus designó en su testamento. El motivo de inconformidad del quejoso consiste en que aquélla debía formular su solicitud en conjunto con Efrén Soto Centeno, que es el otro albacea designado, en atención a que sólo es válido lo que ambos hagan de consuno. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Para oder fijar el acto reclamado, debe distinguirse entre los actos u omisiones susceptibles de control constitucional y los que constituyen violaciones procesales que, dada la técnica del juicio de amparo indirecto, deben enderezarse en contra de un acto concreto terminal, en cuya demanda podrán hacerse valer cuestiones de carácter procesal que hubieran podido tener alguna incidencia en su resultado. La distinción entre violación procesal y acto reclamado autónomo radica en que la violación procesal es un acto u omisión cuyo impacto es incierto en algún proceso o procedimiento, mientras que un acto u omisión susceptible de análisis en el juicio de amparo afecta de manera inmediata derechos sustantivos tutelados en la constitución. Sobre esa base, el acto que el quejoso combate no es de imposible reparación, porque equivale a una violación procesal susceptible de afectar derechos adjetivos, dada la posibilidad de que sus efectos se reparen y desaparezcan en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado. Así, puede ocurrir que el inventario rendido por Ana Rosa Soto Centeno, en lo individual, comprenda todos los bienes que integren la masa hereditaria y que en el avalúo que gestione se asigne el justo valor a cada bien. De modo que, en tal caso, el hecho de que la sección correspondiente se hubiere abierto con motivo de la petición formulada por un sujeto procesal que debía actuar mancomunadamente, sólo supondrá una violación que permanecerá en el campo de lo estrictamente procesal, dada la falta de trascendencia a un derecho sustantivo. En cambio, en caso de que la violación procesal condicione la corrección de lo actuado dentro de la sección, aquélla podrá reclamarse de forma conjunta en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución judicial que apruebe el inventario o avalúo o que convalide el consentimiento que los interesados expongan en relación con ellos, en términos del artículo 630, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Será hasta entonces que las violaciones procesales acaecidas durante la consabida etapa procesal adquirirán relevancia y podrán invocarse como factores condicionantes del sentido de la resolución clausular de la etapa procesal. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo.
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