Marco Antonio Zapata Navarrete
Expediente 2479/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2479/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Antonio Zapata Navarrete
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. (...)
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *******************, en contra de los actos que reclama del Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, exhibida con cuatro copias y cinco anexos. Ahora bien, en la especie lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La orden de cierre del local que ocupa la persona moral denominada "Instituto Neuropsiquiatrico" Sociedad Civil Particular, en donde estaba programado que se practicara al quejoso una cirugía en el mes de noviembre de dos mil veintiuno. 2. La reprogramación de la cirugía del quejoso para el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Pues bien, a criterio de quien esto resuelve en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." (Lo subrayado es propio). Igualmente, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo en vigor, precisa que el plazo para la interposición de la demanda se contará, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la Ley que rige el propio acto, cuando haya tenido conocimiento del mismo o se ostente sabedor. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo promovido fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Como se anticipó en el presente caso, los actos reclamados lo constituyen la orden de cierre del local que ocupa la persona moral denominada "Instituto Neuropsiquiatrico" Sociedad Civil Particular, en donde estaba programado que se practicara al quejoso una cirugía en el mes de noviembre de dos mil veintiuno y, la reprogramación de la cirugía del quejoso para el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, del análisis integral de la demanda interpuesta se infiere que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama en el mes de noviembre de dos mil veintiuno, pues el propio promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su cirugía estaba programada para realizarse en dicho mes y que fue reprogramada para el veintinueve de diciembre de este año, debido al cierre del instituto médico en que se le iba a practicar, de lo que resulta evidente que éste tuvo conocimiento de los actos reclamados relativos al cierre del nosocomio y de la reprogramación de su cirugía, en el mes de noviembre de este año; dicha manifestación del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, analizando lo anterior, se entiende que el quejoso debía acudir en el mes de noviembre a que se le practicara la cirugía correspondiente, sin embargo, la autoridad responsable Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Yucatán ordenó el cierre del Instituto Neuropsiquiátrico Sociedad Civil Particular por incumplir ciertas normas y protocolos respecto del virus SARS-CoV2 (Covid-19), lo que trajo como consecuencia que dicha cirugía se cancelara y se pospusiera para el próximo veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, apreciándose así, que el quejoso tuvo conocimiento del cierre de dicha Institución antes de la primera fecha de la cirugía o incluso el mismo día de la cirugía en el mes de noviembre, y aunque se tomara en consideración el treinta de noviembre de este año, último día del dicho mes, el quejoso sabía la nueva fecha de la cirugía, y el motivo por el que fue nuevamente agendada. Por tanto, el plazo del quejoso respecto del acto reclamado empezó a contarse desde el día siguiente al que tuvo conocimiento del mismo. De ahí, es inconcuso que a partir de esa fecha (30 de noviembre de 2021) fue que el quejoso conoció la existencia del acto reclamado y se encontró en aptitud de combatirlo en juicio constitucional, transcurriendo así los quince días para interponer la demanda de amparo del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, si el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el veintidós de diciembre de este año, es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Zapata Navarrete, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable. Lo anterior, sin que obste el hecho de que el quejoso hubiese solicitado la suspensión de oficio y de plano y que refiera que con los actos reclamados se pone en peligro su salud, dado que no obstante ello, al haber resultado improcedente la demanda de amparo, no resulta posible pronunciarse sobre la suspensión solicitada, aunado a que de lo narrado por el quejoso bajo protesta de decir verdad en su demanda, no se advierte que tenga un padecimiento que ciertamente ponga en peligro su vida o su salud de manera inmediata, al grado que se actualice un caso de excepción para la promoción y procedencia del juicio de amparo en cualquier momento, pues fue este mismo quien señaló que desde el año dos mil dieciocho en que tuvo un accidente ha tenido el problema de salud que le aqueja y que se ha sometido desde eso a diversos tratamientos y cirugías, así como que su cirugía estaba programada en el mes de noviembre y se reprogramó para finales del mes de diciembre, lo que pone aún más en evidencia que no se trata de una enfermedad que ponga en riesgo su salud y su vida de manera inminente. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia aplicable, a las personas que señala en su escrito en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Se tiene por señalados el número telefónico y correo del electrónico del promovente, los cuales se utilizarán únicamente con fines de localización, en caso de que no se logren realizar las notificaciones por las vías ordinarias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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